Gestión de Servicios Compartidos S.A.C — Res. 274-2024

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Trabajo remoto; Licencia con goce de haber; Discriminación en el trabajo (Sub materia: Por filiación sindical). 20555195444 soft 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no cumplir con la obligación de otorgar trabajo remoto a trabajadores del grupo de riesgo, pese a que la naturaleza de sus funciones lo permitía, otorgando por el contrario licencia con goce de haber sujeta a compensación posterior, tipificada en el literal b) de la Novena Disposición Final y Transitoria del RLGIT.

i. Si bien ha determinado que los tres trabajadores Ada Cecilia Guerrero Pérez, Mario César Augusto Guerrero Salazar y Augusto Hidalgo La Rosa Llamozas, estén con licencia con goce de haber compensable, dicha decisión no es ilegal, ni arbitraria, ni está basada en su condición de personal del grupo de riesgo; sino que, por la naturaleza de sus labores, estos trabajadores no pueden realizar labores de forma remota.

ii. Como se puede verificar en la relación de personal presentada, no todos los trabajadores que califican como grupo de riesgo se encuentran en Licencia con goce de haber compensable, y no todos los trabajadores a quienes se les ha otorgado licencia con goce de haber compensable son trabajadores del grupo de riesgo, pues el otorgamiento de dicha licencia con goce de haber compensable depende exclusivamente de la imposibilidad de realizar labores remotas, debido a la naturaleza de las labores de cada trabajador.

iii. En el caso del trabajador Mario César Augusto Guerrero Salazar, que se desempeña como Analista I, no pudo ser asignado a labores remotas por cuanto sus labores consisten en Inspeccionar el mantenimiento de edificios, lo que implica la ejecución de inspecciones de rutina en los locales asignados para detectar incidencias que deban ser atendidas.

iv. En el caso del trabajador Augusto Hidalgo La Rosa Llamozas, que se desempeña como Técnico I, dicho trabajador tampoco pudo ser asignado a labores remotas por cuanto sus labores implican el mantenimiento preventivo y correctivo de las unidades vehiculares, así como la administración del fondo fijo de este servicio; sin embargo, dicha actividad se suspendió porque las unidades no tenían movimiento.

v. Con relación a la trabajadora Ada Cecilia Guerrero Pérez, que se desempeñaba como Consultor SAP, no pudo ser asignada a labores remotas por cuanto sus labores consistían en brindar soporte interno en las operaciones y desarrollos SAP al Proyecto

del cliente MINSUR. Estos servicios los brindó hasta el 08/04/2020, fecha en la que concluyó dicho proyecto.

vi. No se acredita con ningún instrumento que fue debidamente notificada, a pesar de que informó por escrito que en la Casilla Electrónica no existía elemento alguno que pudieran descargar.

i. Los Inspectores comisionados han precisado que la inspeccionada no acreditó las características específicas de las funciones de desempeñan los trabajadores antes descritos que impiden que se les otorgue la posibilidad de realizar trabajo remoto, tal como lo exige la normativa vigente; más aún si tal como se ha verificado, existen otros trabajadores que no pertenecen al grupo de riesgo, pero que desempeñan el mismo cargo, están asignados a la misma sede y pertenecen a la misma área de trabajo que realizan sus labores en modalidad remota, razón por la cual se advierte que la naturaleza de las labores realizadas por los antes señalados son compatibles con el trabajo remoto.

ii. El pronunciamiento de la autoridad de primera instancia se encuentra motivada, advirtiendo que se ha expuesto las razones que justifican su decisión para considerar la comisión de la infracción por parte de la inspeccionada, habiendo tomado en cuanta los argumentos de defensa señalados en el escrito de descargo, en torno a las labores especificas alegadas de los trabajadores comprendidos en la investigación, sin que la inspeccionada haya logrado desvirtuar la infracción por la que se le sancionó; habiéndose efectuado el correspondiente razonamiento lógico – jurídico.

iii. No queda duda que la notificación de la Imputación de Cargo N° 668-2020- SUNAFIL/ILM/AI3 que anexó el Acta de Infracción se realizó el 14 de diciembre de 2020, conforme a la Constancia de Notificación Electrónica que obra a folio 20 de estos actuados. En tal sentido, cabe señalar en coincidencia con la autoridad instructora que no se advierte una afectación al derecho de defensa y contradicción, máxime si en su mencionado escrito de fecha 18 de diciembre de 2020, señala que fue notificado vía casilla electrónica con el Acta de Infracción.

2 Notificada a la impugnante el 13 de abril de 2022, ver folio 59 del expediente sancionador.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N°004-2017-TR.

administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE GESTION DE SERVICIOS COMPARTIDOS S.A.C.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con escrito de fecha 6 de mayo de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 596-2022-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

- Se ha omitido emitir pronunciamiento de forma expresa sobre las razones fácticas y jurídicas que, habrían llevado a concluir que los medios probatorios aportados por GSC no son suficientes para acreditar que, los referidos tres (3) trabajadores no realizaban labores compatibles con la modalidad de trabajo remoto.

- En ninguna de las instancias ni resoluciones se señala cuáles serían los medios probatorios que acreditan que los supuestos trabajadores homólogos (Rojas, Baca y Reynalte) realizan las mismas labores que el personal del grupo de riesgo supuestamente afectado.

- No a todos los trabajadores les resulta aplicable la modalidad de trabajo remoto, pues como se observa en este caso, a 3 de los 4 trabajadores listados no era posible otorgarles trabajo remoto.

- El hecho que exista un trabajador con categoría de Analista, Técnico, Consultor SAP, u otra, que sí puede realizar trabajo remoto, no implica que todos los trabajadores de la misma categoría puedan trabajar de forma remota.

- El acta de imputación de cargos no fue notificada, tal y como informó en el escrito de fecha 18/12/2020, en el cual comunicó que no se había adjuntado la resolución que se pretendía notificar.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el otorgamiento de trabajo remoto a trabajadores del grupo de riesgo

“18.1.1. No afectar la naturaleza del vínculo laboral, la remuneración, y demás condiciones económicas salvo aquellas que por su naturaleza se encuentren necesariamente vinculadas a la asistencia al centro de trabajo o cuando éstas favorezcan al trabajador; 18.1.2. Informar al trabajador sobre las medidas y condiciones de seguridad y salud en el trabajo que deben observarse durante el desarrollo del trabajo remoto; 18.1.3. Comunicar al trabajador la decisión de cambiar el lugar de la prestación de servicios a fin de implementar el trabajo remoto, mediante cualquier soporte físico o digital que permita dejar constancia de ello (…)”

“20.1. El empleador debe identificar y priorizar a los trabajadores considerados en el grupo de riesgo por edad y factores clínicos establecido en el documento técnico denominado “Atención y manejo clínico de casos de COVID-19 - Escenario de transmisión focalizada”, aprobado por Resolución Ministerial Nº 084-2020-MINSA, y sus modificatorias, a efectos de aplicar de manera obligatoria el trabajo remoto en estos casos y, 20.2. Cuando la naturaleza de las labores no sea compatible con el trabajo remoto y mientras dure la emergencia sanitaria por el COVID-19, el empleador debe otorgar una licencia con goce de haber sujeta a compensación posterior”.

institucional o corporativo, intranet, extranet, aplicaciones de mensajería instantánea, redes sociales, u otros análogos que permitan dejar constancia de la comunicación individual; 5.2 La comunicación del/la empleador/a debe contener la duración de la aplicación del trabajo remoto, los medios o mecanismos para su desarrollo, la parte responsable de proveerlos, las condiciones de seguridad y salud en el trabajo aplicables, y otros aspectos relativos a la prestación de servicios que las partes estimen necesarias; 5.3 La sola comunicación del/la empleador/a, a través de alguno de los medios indicados en el numeral 5.1 constituye constancia para el/la trabajador/a de la modificación del lugar de prestación de servicios, aplicándose las reglas establecidas en el Título II del Decreto de Urgencia N° 026-2020".

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo sancionador

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito “administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8 de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suyo este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. Nº 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis añadido).

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que: “[…] [E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […] La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos

administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional. El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional. Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de Derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa. En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras). Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido).

alegados por la impugnante en su recurso de apelación, de manera suficiente y congruente. Del mismo modo, atendiendo al desarrollo de la resolución impugnada, se advierte que la instancia de apelaciones establece la fundamentación jurídica que respalda su decisión; asimismo, efectuó el análisis detallado de los medios probatorios que respaldan la misma, así como los hechos constatados en el acta de infracción. En similar sentido, se advierte que las instancias previas han evaluado los descargos presentados por la impugnante en cada oportunidad. Cabe señalar que, de la revisión del acta de infracción se advierte la correcta fundamentación sobre la configuración de la infracción imputada, determinando la conducta infractora y la fundamentación jurídica al respecto.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación

Relaciones Laborales No cumplir con la obligación de otorgar trabajo remoto a trabajadores del grupo de riesgo, pese a que la naturaleza de sus funciones lo permitía, otorgando por el contrario licencia con goce de haber sujeta a compensación posterior. Literal b) de la Novena Disposición Final y Transitoria del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por GESTION DE SERVICIOS COMPARTIDOS S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 596-2022-SUNAFIL/ILM, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente N° 5992-2020-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestas en la presente resolución.

SEGUNDO.- CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 596-2022-SUNAFIL/ILM, en todos sus extremos. TERCERO.- Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa. CUARTO.- Notificar la presente resolución a GESTION DE SERVICIOS COMPARTIDOS S.A.C. y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20240313CEC