Compañía Minera Santa Luisa S.A

Mediante Orden de Inspección N° 163-2022-SUNAFIL/DINI se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento de la normativa en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (en adelante, SST)1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 049-2022-SUNAFIL/DINI (en adelante, el Acta de Infracción). En mérito a la denuncia formulada en aplicación del inciso c) del artículo 12 de la LGIT.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 12-2023-SUNAFIL/IRE-ANC de fecha 9 de enero de 2023, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 260-2023-SUNAFIL/IRE-ANC-SIFN de fecha 12 de mayo de 2023 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Sanción de la Intendencia Regional de Ancash, la cual, mediante Resolución de Sub Intendencia N°585-2023-SUNAFIL/IRE-ANC-SISA, de fecha 26 de setiembre de 2023, resolvió sancionar a la impugnante por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 18 de octubre de 2023, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 585-2023-SUNAFIL/IRE-ANC-SISA.

Mediante Resolución de Intendencia N° 009-2024-SUNAFIL/IRE-ANC, de fecha 11 de enero de 2024, la Intendencia Regional de Ancash declaró infundado el recurso de apelación; pero revoca en parte la Resolución de Sub Intendencia N°585-2023- SUNAFIL/IRE-ANC-SISA, dejando sin efecto una infracción grave tipificada en el numeral 27.8 del artículo 27 del RLGIT, adecuando el monto de la sanción impuesta.

Con fecha 02 de febrero de 2024, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Ancash el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 009-2024- SUNAFIL/IRE-ANC.

La Intendencia Regional de Ancash admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORANDUM N°149-2024- SUNAFIL/IRE-ANC, recibido el 12 de febrero de 2024 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1° de la Ley N° 299812, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7° de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15° de la Ley N° 299813, en concordancia con el artículo 41° de la Ley General de Inspección del Trabajo4 y modificatorias (en adelante, LGIT), el artículo 17° del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR5, y el artículo 2° del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR6 (en

El artículo 217° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS y modificatorias (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49° de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55° del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”7.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17° del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes, al derecho, y de conformidad con el Principio de Legalidad, y que caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que la Compañía Minera Santa Luisa S.A., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 009-2024- SUNAFIL/IRE-ANC, que modificó la sanción impuesta por la comisión, entre otra, de una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, tipificada en el numeral 28.11 del artículo 28° del RLGIT; dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 16 de enero de 2024.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por la Compañía Minera Santa Luisa S.A.

El “Glosario de Términos” del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo N° 005- 2012-TR, en adelante (RLSST) define al accidente de trabajo como un “suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo” (énfasis añadido).

Del mismo modo, la doctrina sostiene que “el suceso anormal, resultante de una fuerza imprevista y repentina, sobrevenido por el hecho del trabajo o con ocasión de éste, y que determina en el organismo lesiones o alteraciones funcionales permanentes o pasajeras”8. Además, se señala que “si bien se mira, el término ‘por consecuencia’ indica una causalidad inmediata, en cuanto que el trabajo produce directamente la fuerza lesiva. El término “con ocasión” es más amplio, porque indica una causalidad mediata, en la medida que hay nexo causal, no sólo cuando el trabajo produce directamente la fuerza lesiva, sino también cuando sin provocarla da lugar a que ésta se produzca”9.

De lo señalado, podemos colegir que se denomina accidente de trabajo a aquel que se produce dentro del ámbito laboral, por el hecho o en ocasión del trabajo, tratándose normalmente de un hecho accidental, súbito e imprevisto, que produce daños en la salud del trabajador incapacitándolo para cumplir con su trabajo habitual de forma temporal o permanente. Pudiendo clasificarse en accidente leve, accidente incapacitante (total temporal, parcial permanente, total permanente) o accidente mortal.

Asimismo, debemos considerar que el accidente de trabajo presenta diferentes elementos, los mismos que concurren para su configuración, tales como: “a) Causa externa: Agente productor extraño a la víctima; b) Instantaneidad: Tiempo breve de duración del hecho generador; c) Lesión: El trabajador debe sufrir lesiones externas e internas como consecuencia del hecho”.10

Por su parte, el RLSST señala las causas que dan origen a los accidentes de trabajo; así, el Glosario de términos considera como causas que dan origen a los accidentes de trabajo las siguientes:

Por su lado, la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (en adelante, LSST) tiene como objeto promover una cultura de prevención de riesgos laborales11, a fin de prevenir los accidentes y los daños para la salud que sean consecuencia del trabajo o sobrevengan durante el trabajo. En tal sentido, es el empleador quien garantiza en las instalaciones del centro de trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar tanto de los trabajadores, así como de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de trabajo.

En esa línea argumentativa, la Seguridad y Salud en el Trabajo tiene precisamente un carácter preventivo, anticipándose a la ocurrencia de ilícitos o antijurídicos pues precisamente las consecuencias de su apartamiento, inacción u omisión impactan “en la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores.” Cabe señalar que, la LSST reconoce como un pilar fundamental y transversal al Principio de Prevención, entendido este como la obligación que tiene el empleador de garantizar que la permanencia del trabajador en el centro de labores así como el desempeño de las funciones asignadas no van a significar en él un menoscabo en su salud, en su bienestar o la pérdida de la vida en un caso extremo; por el contrario, las condiciones de trabajo deben de permitirle su realización como persona y garantizar el alcance del bienestar social.

La norma mencionada en el párrafo anterior, en su artículo 21 prescribe que:

Por su parte, el artículo 49 establece: “El empleador tiene las siguientes obligaciones: a) Garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en el desempeño de todos los aspectos relacionados con su labor, en el centro de trabajo o con ocasión del mismo; b) Desarrollar acciones permanentes con el fin de perfeccionar los niveles de protección existentes; c) Identificar las modificaciones que puedan darse en las condiciones de trabajo y disponer lo necesario para la adopción de medidas de prevención de los riesgos laborales; (…) g) Garantizar, oportuna y apropiadamente, capacitación y entrenamiento en seguridad y salud en el centro y puesto de trabajo o función específica, tal como se señala a continuación: 1. Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración. 2. Durante el desempeño de la labor. 3. Cuando se produzcan cambios en la función o puesto de trabajo o en la tecnología”

Asimismo, su artículo 50 establece que, “El empleador aplica las siguientes medidas de prevención de los riesgos laborales: a) Gestionar los riesgos, sin excepción, eliminándolos en su origen y aplicando sistemas de control a aquellos que no se puedan eliminar; b) El diseño de los puestos de trabajo, ambientes de trabajo, la selección de equipos y métodos de trabajo, la atenuación del trabajo monótono y repetitivo, todos estos deben estar orientados a garantizar la salud y seguridad del trabajador; c) Eliminar las situaciones y agentes peligrosos en el centro de trabajo o con ocasión del mismo y, si no fuera posible, sustituirlas por otras que entrañen menor peligro; d) Integrar los planes y programas de prevención de riesgos laborales a los nuevos conocimientos de las ciencias, tecnologías, medio ambiente, organización del trabajo y evaluación de desempeño en base a condiciones de trabajo; e) Mantener políticas de protección colectiva e individual; y f) Capacitar y entrenar anticipada y debidamente a los trabajadores”.

Estas obligaciones se circunscriben a que la prestación del trabajador sea segura y que, durante la relación laboral, dicha actividad no genere riesgos en su integridad física, psíquica y mental. En otras palabras, buscan lograr la eliminación o eventualmente la reducción de los actos y condiciones sub estándar.

En ese entendido, la Corte Suprema de Justicia del Perú en su Casación Laboral 1225 2015, Lima ha establecido:

De acuerdo a lo previsto en el artículo 53 de la LSST, se confiere al empleador el deber de prevención, el mismo que también se encuentra dentro del concepto de empleador diligente, a fin de evitar poner en peligro la vida o la salud de sus trabajadores. Dicho artículo debe ser leído de manera conjunta con el artículo 94 del RLSST, que establece: “para efecto de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley, la imputación de responsabilidad al empleador por incumplimiento de su deber de prevención requiere que se acredite que la causa determinante del daño es consecuencia directa de la labor desempeñada por el trabajador y del incumplimiento por parte del empleador de las normas de seguridad y salud en el trabajo”.

Cabe señalar que, el Principio de Responsabilidad es entendido como la asunción de las “implicancias, legales y de cualquier otra índole a consecuencia de un accidente o enfermedad que sufra el trabajador en el desempeño de sus funciones o a consecuencia de él, conforme a las normas vigentes”12, señalándose de manera expresa que:

En consideración a las disposiciones legales antes acotadas, resulta necesario acreditar si la causa determinante del accidente de trabajo es consecuencia directa de la labor desempeñada por el accidentado, y, del mismo modo, si es consecuencia del incumplimiento por parte de la impugnante de las normas SST.

Es oportuno traer a colación la Resolución de Sala Plena N° 005-2022-SUNAFIL/TFL, que constituye precedente de observancia obligatoria, por medio del cual se determinó:

Como puede comprobarse, las citadas normas despliegan un reproche cualificado, cuando el comportamiento constitutivo de infracción tiene, además, un resultado dañoso determinado (“accidente de trabajo”). Esto afirma al elemento disuasivo de la sanción administrativa ante un hecho “que ocasiona” consecuencias especialmente graves dentro del sistema jurídico. De esta forma, si dos o más incumplimientos son causas suficientes del accidente de trabajo, podrían ser válidamente imputados de forma independiente a través de los numerales 28.10 o 28.11 del artículo 28 del RLGIT, según corresponda, si el inspector expresa los nexos de causalidad correspondientes.

Cabe señalar que, para la configuración de los tipos sancionadores previstos en los numerales 28.10 y 28.11 del artículo 28 del RLGIT —en tanto refieren a un resultado especialmente dañoso— se requiere de la concurrencia de los siguientes presupuestos: i) Para ambos supuestos: Que el incumplimiento a la normativa en seguridad y salud en el trabajo haya ocasionado el accidente de trabajo; y, ii) Para el supuesto establecido en el artículo 28.10 del artículo 28 del RLGIT: que como consecuencia de lo señalado en el literal i) se haya producido daños en el cuerpo o la salud del trabajo que requieran asistencia o descanso médico, conforme al certificado o informe médico legal. iii) Para el supuesto establecido en el artículo 28.11 del artículo 28 del RLGIT: que como consecuencia de lo señalado en el literal i) el accidente produzca el fallecimiento del trabajador.

Así, cuando se invoca alguna de estas normas sancionadoras, todas las premisas indicadas anteriormente deberían ser correctamente determinadas en el acta de infracción, con una expresión adecuada del nexo causal. En ese entendido, podemos establecer los siguientes criterios: i) El nexo causal es el elemento gravitante para determinar la responsabilidad del empleador en los tipos sancionadores previstos en los artículos 28.10 y 28.11; en ese sentido se entiende por nexo causal a la relación causal o causalidad entre la infracción cometida y el accidente sucedido, siendo el evento trágico consecuencia de la inobservancia o incumplimiento de la normativa laboral. ii) Respecto al examen del nexo causal, los tipos infractores materia de análisis, llevan a evaluar los actuados en la fiscalización a partir de la determinación del carácter causal de la infracción respecto a cada uno de los incumplimientos detectados en los que este factor causal se encuentre presente. Así, cada uno de los incumplimientos sancionados bajo los numerales 28.10 o 28.11 del artículo 28 del RLGIT, deben ser susceptibles de producir el accidente o contribuir a que este se desencadene, conforme con lo determinado en la fiscalización y conforme con las condiciones establecidas en ambos tipos normativos. De manera que, si la inobservancia de las normas de seguridad y salud en el trabajo ocasiona un accidente, esta podrá dar lugar a una o a más de una sanción, siendo analizadas de manera independiente cada una de ellas respecto de su carácter causal sobre el accidente ocurrido. Por tanto, corresponderá que, por cada vez donde ese juicio causal se vea satisfecho, se aplique una sanción.” (énfasis añadido)

Por lo expuesto, verificamos que en el presente caso, se sanciona a la impugnante bajo el numeral 28.11 del artículo 28 del RLGIT, por no realizar la vigilancia del cumplimiento de la normativa de SST de su contratista, reprochando las siguientes conductas: a) Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos – IPER Continuo insuficiente; b) Sistema de gestión de SST en las empresas, Supervisión ineficaz; y c) Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en las empresas, Procedimiento Escrito de Trabajo Inseguro.

Al respecto, resulta pertinente establecer que los Principios de Prevención y Responsabilidad también exigibles en el contexto de la subcontratación, así el artículo 68 de la LSST, establece lo siguiente:

Bajo las consideraciones expuestas líneas arriba, corresponde verificar si las conductas reprochadas han sido motivadas por el inspector de trabajo a propósito del nexo causal con el accidente de trabajo.

En el numeral 4.8 del Acta de Infracción, el inspector deja asentado las circunstancias en las que ocurrió el accidente sujeto de investigación, señalando lo siguiente:

Así, se observa que cuando se narran las circunstancias en las que ocurrió el accidente, el inspector deja constancia que no ha podido determinar fehacientemente la sustancia que provoca la intoxicación de las trabajadoras accidentadas, así como tampoco ha podido verificar su procedencia.

Sin embargo, señala como causas inmediatas del accidente la exposición de sustancias nocivas, vinculándolo a la presencia de bebidas gaseosas durante la actividad de limpieza profunda, señalando al alcohol medicinal como sustancia tóxica. Figura N°02

Es pertinente señalar que las personas accidentadas eran trabajadoras de la EMPRESA DE SERVICIOS SANTA MONICA S.R.L., la cual tenía un contrato de locación de servicios por intermediación laboral de servicios complementarios con la impugnante, en su calidad de empresa principal. La empresa contratista brinda el servicio de alimentación, servicio de cuartelería de campamento minero y servicio de desinfección de superficies, oficinas administrativos y campamentos en las instalaciones de la impugnante.

Con lo expuesto, pasamos a analizar las conductas reprochadas que se han subsumido en la infracción muy grave en materia de seguridad y salud en el trabajo impuesta a la impugnante.

Respecto a la conducta reprochada relacionada a la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos – IPER Continúo elaborado por la empresa contratista, el inspector en el punto 1 del numeral 4.11 del Acta de infracción, señala lo siguiente:

De lo expuesto, se observa que la no identificación del peligro de usos químicos ha sido considerada por el personal inspectivo como factor que contribuyó a la ocurrencia del accidente materia de análisis; en ese contexto, el personal inspectivo pese a no tener certeza sobre cual sustancia provocó la intoxicación de las trabajadoras accidentadas, así como, tampoco tener conocimiento de la procedencia de la misma, determina que existió una exposición a químicos que provoca el accidente de trabajo.

De tales antecedentes se tiene que la determinación del nexo causal como elemento de responsabilidad de la impugnante, no se encuentra plenamente acreditado. Ello porque no se evidencian elementos fehacientes que permitan determinar que el accidente de trabajo que causó la muerte de una trabajadora y la incapacidad de otra, se dio en motivo de la falta de identificación de peligros por usos químicos al momento de desarrollar sus funciones, por lo que, no se puede determinar un incumplimiento a la normativa de SST en este extremo, sobre la cual la impugnante haya tenido el deber de vigilancia con su contratista.

Respecto a la conducta reprochada sobre una supervisión ineficaz, el inspector ha motivado en el punto 2 del numeral 4.11 del Acta de Infracción, lo siguiente:

Por lo expuesto, se advierte que el inspector motiva el reproche respecto a la conducta por supervisión ineficaz por parte de empresa contratista, señalando que las trabajadoras accidentadas se quedaron solas por un lapso de dos horas, mientras realizan la limpieza profunda del área del comedor.

Al respecto, es pertinente traer a colación el precedente administrativo de observancia obligatoria aprobado mediante Resolución de Sala Plena N° 011-2022-SUNAFIL/TFL, publicado el 19 de noviembre de 2022, en el diario oficial El Peruano, sobre la supervisión efectiva señala lo siguiente:

Así las cosas, sobre este aspecto, lo que es objeto de sanción para la administración es la ausencia de este complejo y estructural esquema y/o diseño que conlleva la supervisión en materia de seguridad, cuya responsabilidad recae en el empleador, el cual debe llevar y estructurar el mismo, además de verificar su cumplimiento y medir sus resultados.

Por lo anotado, la administración debe diferenciar, como lo hace el Tribunal, (i) la falta de conocimiento de los trabajadores sobre el riesgo; y, (ii) la ausencia de supervisión. Si bien ambos conceptos se complementan en la estructura de la seguridad y salud en el trabajo; no obstante, constituyen supuestos disímiles. La primera está orientada a la falta de formación e información de los trabajadores sobre los peligros y riesgos en la prestación de servicios, y la segunda, a la carencia de un sistema o medio de supervisión por parte del empleador.” (énfasis añadido)

En el presente caso, se verifica de los actuados, que el personal inspectivo motiva la supervisión eficaz en razón de la figura de un supervisor, al señalar que las trabajadoras accidentadas se quedaron solas por un lapso de tiempo; por lo cual, de acuerdo a lo expuesto en el precedente administrativo, esta motivación no resulta acogible, así no se establece un nexo causal entre el accidente y la conducta reprochada en este extremo.

Asimismo, respecto a las deficiencias advertidas por el inspector respecto a las funciones del supervisor de la contratista, en razón del IPER Continuo, se advierte que la motivación surge desde la idea de una posible exposición a agentes que causaron la intoxicación de las trabajadoras accidentadas; así el inspector reitera la existencia de una intoxicación por exposición a sustancias, que como bien ha establecido en el acta infracción no tiene certeza, debido a que no cuenta con información determinante que le permita aseverar ello.

En ese sentido, sobre este extremo, tampoco se encuentra plenamente determinado el nexo causal como elemento de responsabilidad de la empresa contratista. Así, no se puede determinar un incumplimiento a la normativa de SST en este extremo, sobre la cual la impugnante haya tenido el deber de vigilancia con su contratista; por lo que, corresponde sancionar a la impugnante sobre hechos inciertos.

Respecto a la última conducta reprochada subsumida en la infracción imputada, tenemos al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en las Empresas: Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro (PETS) elaborado por la contratista, sobre la cual el inspector mediante el punto 3 del numeral 4.11 del Acta de Infracción, señala lo siguiente:

De lo expuesto, podemos observar que el personal inspectivo motiva como causa del accidente vinculado al Procedimiento de Trabajo Seguro que no se ha prohibido el consumo de bebidas y alimentos mientras se desarrollan las actividades de limpieza y desinfección, concluyendo que con esta restricción se hubiese prevenido la exposición a posibles agentes causantes de la intoxicación.

Así, observamos que el personal inspectivo vuelve a motivar desde la postura de la existencia de sustancias toxicas contaminantes en el área donde se desarrollaron las actividades de limpieza y desinfección, sin embargo, como ya ha quedado determinado, el personal inspectivo no ha podido esclarecer cual fue la sustancia que generó la intoxicación de las trabajadoras, y de dónde provino. Por lo expuesto, sobre este extremo, tampoco se ha podido determinar el nexo causal entre el accidente de trabajo y la conducta reprochada, no siendo posible determinar un incumplimiento a la normativa de SST en este extremo, sobre la cual la impugnante haya tenido el deber de vigilancia con su contratista.

En este punto, es pertinente señalar que de todo el expediente inspectivo y sancionador, no se advierte prueba alguna que permita a esta Sala verificar que la intoxicación que sufrieron las trabajadoras fue producto a la exposición de alguna sustancia entregada por la empresa contratista o la empresa principal, así como tampoco, se tiene certeza que la intoxicación se dio mientras realizaban el desarrollo de sus funciones de limpieza y desinfección.

Por lo expuesto, no ha quedado acreditado el nexo causal entre ninguna de las tres conductas reprochadas subsumidas en el deber de vigilancia de la normativa en seguridad y salud en el trabajo respecto de la impugnante con su contratista, por lo que corresponde dejar sin efecto la sanción impuesta en el numeral 28.11 del artículo 28 del RLGIT.

Respecto a los alegatos vinculados a la solicitud de nulidad del procedimiento administrativo sancionador, por no haber cumplido con la formalidad de consignar su sello en el documento entregado a la impugnante en la visita inspectiva del 27 de setiembre de 2022, y sobre la supuesta falta de competencia por parte del inspector auxiliar de realizar la menciona visita inspectiva; esta Sala advierte que son alegatos reiterativos presentados en sus descargos y recurso de apelación, y que las instancias correspondientes han absuelto.

En ese sentido, la presente Sala se encuentra de acuerdo con lo desarrollado en los fundamentos del 12 al 17 de la Resolución de Intendencia N° 009-2024-SUNAFIL/IRE- ANC de fecha 11 de enero de 2024; al encontrase de acuerdo con lo planteado, siendo que se ha absuelto lo alegado con suficiencia.

La impugnante sostiene que la imposición de dos sanciones por una misma conducta configura la aplicación del Principio de Concurso de Infracciones; sin embargo, del análisis del expediente queda establecido que se han impuesto dos infracciones que subsumen conductas distintas, siendo la infracción grave en materia de SST se

Asimismo, es pertinente señalar que mediante la presente resolución se ha dejado sin efecto la infracción muy grave en materia de SST; y que, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, este órgano no tiene competencia respecto a las infracciones leves y/o graves que se impongan.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a la siguiente infracción:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.