Sociedad Minera El Brocal S.A.A.

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Condiciones de seguridad: En lugares de trabajo, instalaciones civiles y maquinaria (Submateria: Condiciones de seguridad); Gestión interna de seguridad y salud en el trabajo (Submateria: Registro de accidente de trabajo e incidentes); Seguro complementario de trabajo de riesgo (Submateria: Cobertura en salud, Cobertura en invalidez – Sepelio); Investigación de accidentes de trabajo/incidentes peligrosos (Submateria: Incumplimiento(s) en materia de SST que cause la muerte o invalidez permanente total o parcial);Sistema de gestión SST en las empresas (Submateria: Incluye todas), Formación e Información sobre seguridad y salud en el trabajo (Submateria: Incluye todas).

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de SST, por no cumplir la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo que ocasionaron un accidente de trabajo, referidas a no realizar la supervisión efectiva; tipificada en el numeral 28.11 del artículo 28 del RLGIT.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de SST, por no haber contado con un procedimiento adecuado para la labor que venían desarrollando los trabajadores al momento del accidente de trabajo, referidas a no brindar formación e información en seguridad y salud en el trabajo; tipificada en el numeral 28.11 del artículo 28 del RLGIT.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de SST, por no cumplir con las condiciones seguras en el lugar de trabajo, referidas a no tener un IPERC, conforme a Ley; tipificada en el numeral 28.11 del artículo 28 del RLGIT.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

2 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 3“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 4 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 5“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión”. 6“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

7 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N°004-2017-TR.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE LA Sociedad Minera El Brocal S.A.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 02 de mayo de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 296-2023-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. Inaplicación del numeral 4 del artículo 248 del TUO de la LPAG, pues se sanciona a su representada por tres infracciones en materia de seguridad y salud en el trabajo en materia de seguridad y salud en el trabajo, imputadas bajo el numeral 28.11 del artículo 28 del RLGIT. No obstante, conforme lo señalado por el Tribunal de Fiscalización Laboral, la Intendencia incurre en una severa inaplicación del principio de legalidad, debido a que se sanciona a la Inspeccionada por tres hechos que configuran una misma conducta sancionable, disgregándola una sola conducta en tres. Asimismo, precisa que el Tribunal Constitucional, ha indicado que únicamente se podrá sancionar al administrado cuando la sanción este legalmente determinada. En esa línea agrega que no existe disposición semejante en la LGIT y RLGIT, por lo que se vulnera los principios aludidos.

ii. Inaplicación del numeral 1.2 del artículo IV del TUO de la LPAG, por afectar el derecho a la debida motivación. La Intendencia concluye sin mayor razonamiento que los incumplimientos sobre la vigilancia de la empresa contratista trajeron como consecuencia el accidente de trabajo, sin embargo, no se observa que establezcan las razones por las cuales dicho incumplimiento trajo como consecuencia que se haya producido el accidente de trabajo.

iii. La infracción imputada bajo el numeral 28.11 del artículo 28 del RLGIT, exige causalidad y debe ser probada por los Inspectores del trabajo, a fin de que la Intendencia pueda acoger la multa. No se ha establecido el nexo causal que exige la norma entra la conducta y la consecuencia mortal o daños en el cuerpo o la salud. Existe amplia evidencia sobre la cual se puede concluir que el accidente fue consecuencia de diversos

factores dentro de los cuales se encuentra un supuesto de caso fortuito, al ser un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, lo cual evidencia la intensión desproporcionada de sancionar. iv. Aplicación indebida del artículo 28.11 del RLGIT. Existió una debida supervisión de labores, la cual se realizó conforme a las inspecciones y lecturas de radar que indicaron que no existió ninguna restricción para labores del turno noche, lo que se puede observar en los reportes diarios y reportes de mina superficial. Así al no generarse alertas geotécnicas para el turno noche, no se tuvo ninguna restricción, a lo que se debe sumar la existencia de supervisión de su representada desde el área de operaciones. Asimismo, la empresa MIMESENSE realiza labores de gestión y administración sobre las subcontratistas San Martín y Contratistas Generales S.A., identificando en tiempo real la cercanía de los equipos hacia las labores que se tienen identificadas. Así también, como labores de supervisión, su representada revisa y autoriza los trabajos de alto riesgo, lo que consta de los permisos escritos de trabajo de riesgo de los días 17 y 18 de marzo de 2022, además, realiza reuniones previas a fin de supervisar los trabajos realizadas por las contratistas. Por otra parte, no se podría afirmar que su representada no realiza inspecciones presenciales, en tanto que la supervisión de operaciones realiza inspecciones para el programa “Plan de contención o enfócate seguro”, que tiene la finalidad de identificar actos, condiciones y oportunidades de mejora, conforme se observa en los documentos consignados en su escrito de revisión. Finalmente, precisa que las contratistas también realizaron la supervisión debida de los trabajos, como el caso de la empresa “San Martin”, en donde mediante de tres jefes de Guardia, tres supervisores de seguridad y dos jefes de mina, lo que reportan riesgos o alertas en el reporte diario, días previos al accidente no generaron alerta alguna, por lo tanto, no se puede negar que su representa ni su contratista realizaban la supervisión debida. v. Su representada contó con los debidos procedimientos escritos de trabajo seguro (PETS), para la presencia de laboreo antiguo entre los años 1930 y 1970 y sondeos de perforación para identificar estas labores, conforme se detalla en el escrito de revisión, cada documento, establece las actividades a realizar, para llevar a cabo las labores de forma segura, en la Unidad Minera Colquijirca, por lo que no corresponde la multa impuesta. vi. Con relación a las condiciones de trabajo seguras. Dicha conducta se divide en una serie de supuestos incumplimientos. Sobre el horizonte alterado de calizas, conforme a la observación geológica del sondaje BRO22-2023, no existía alerta o riesgo al contener una presencia débil de fracturamiento. Sobre las labores antiguas, su representada estableció el “estándar de minado a tajo abierto en proximidad de labores subterráneas y subsidencias” E-EBR-TA-04.01 – V03 21, el mismo que se anexa y vino cumpliéndose para prevenir y evitar incidentes y/o accidentes, prueba de ello y sin escatimar costo alguno, se realizaban perforaciones con longitudes mayores a las normales (perforaciones a doble barra) en proyectos de perforación de producción, para identificar posibles vacíos y restringir áreas de exposición personal y equipo. Sobre las temporadas de lluvias, según los estudios de su representada la pared oeste no presenta nivel freático cercano a la formación calera medio, el taladro que estuvo perforando en la base de la fase 12, identifica un nivel de agua a partir de los 40 metros, este taladro atraviesa la formación calera inferior conformada por intercalación de calizas y margas, las que se presentan como una formación impermeable, asimismo, el taladro que se viene perforando en la cresta o parte superior de la zona deslizada cuyo objetivo es geotécnico – hidrogeológico conforma la información que se presenta, donde se define

el nivel de agua por debajo de los 40m y que por ende, concluye que el agua subterránea no afectaría la zona de evento. Por otra parte, alega que se implemento un sistema de captación y conducción de aguas de lluvia o de escorrentía superficial, el cual se ha estimado tomando en cuenta el análisis hidrológico, así como el caudal de diseño, en donde la sección típica seleccionada es de tipo de estructura hidráulica de forma trapezoidal, así también, que se cuenta con sistema de canales perimetrales en la parte alta de la fase 12 y 13 y una poza de chancado primario para la captación de escorrentía superficial. Todas estas infraestructuras están recubiertas de geo sintéticos para evitar filtraciones y posibles problemas en bancos, lo cual evidencia haber brindado condiciones de trabajo seguras. Sobre las actividades de voladura, se cuenta con dos sismógrafos estacionarios para medir las vibraciones hacia la población de Colquijirca y resguardar la infraestructura de la Chancadora, por lo tanto, es evidente que se cumplió con otorgar condiciones seguras. Sobre la alarma de advertencia, el radar SSR313XT, es altamente calibrado antes de su despacho cuya sede se encuentra ubicada en Australia y de forma trimestral se realiza el mantenimiento respectivo, lo que fue indicado en su oportunidad, con los certificados de calibración. El monitoreo remoto actualmente se realiza 24 horas al día, por lo que es claro que las condiciones de trabajo seguras fueron otorgadas por su representada. Por lo tanto, solicita se determina la inexistencia de la infracción antes detallada, por ser conforme a Ley.

Análisis Del Recurso De Revisión

“4.11 (…) CIRCUNSTANCIA EN QUE OCURRIÓ EL ACCIDENTE (según registro de accidente): El 19 de marzo del 2022 a las 03:25 horas, siendo afectados los trabajadores Ángel Víctor Valera Medina (fallecido), Miguel Ángel Castillo Alfaro (fallecido) y José Mejía Burga (lesiones leves) trabajadores de la empresa EXPLOMIN del Perú S.A.; Rossini Quispe Taipe (fallecido) y Lucio Benito García Otiniano (lesiones leves) de la empresa San Martin Contratistas Generales S.A., cuando se encontraban realizando trabajos de perforación, se produce el deslizamiento de 16 bancos en la fase 12A, afectando las zonas de trabajo de las empresas EXPLOMIN y SAN MARTIN. En el momento del deslizamiento 07 trabajadores de la empresa EXPLOMIN logran evacuar oportunamente saliendo ilesos hacia la zona norte de la plataforma, quedando atrapados dos trabajadores (Sr. Ángel Víctor Valera Medina - mecánico y Sr. Miguel Ángel Castillo Alfaro - ayudante perforista) producto del material deslizado. De la misma forma en la plataforma de trabajo de la empresa SAN MARTIN, al llegar el material deslizado cubre al ayudante perforista Sr. Rossini Quispe Taipe que se encontraba a nivel de piso, a su vez empujó y volcó a la máquina perforadora DM-45; el operador Sr. Lucio García Otiniano, quien se encontraba dentro del equipo, posteriormente salió de la cabina por sus propios medios y dio aviso a la supervisión de lo ocurrido. La supervisión a su vez reportó al Centro de Control, activando el plan de respuesta a emergencias. (énfasis añadido).

“(…) no es simple autonomía moral, sino que es necesario enlazar la propia libertad con las necesidades de los demás. Existe el deber de reflexionar sobre la repercusión de las propias decisiones en el bien ajeno, para “comportarse fraternalmente” con los demás miembros de la familia humana. Apreciamos entonces que la dignidad humana, tal como aparece en la Declaración, no es un himno a la libertad desgajada de responsabilidad, sino un compromiso

de promover el progreso social en libertad, de acuerdo a unos parámetros objetivos delineados por el modo de ser propio de la condición humana8” (énfasis agregado).

“La dignidad humana constituye tanto un principio como un derecho fundamental; en tanto principio actúa a lo largo del proceso de aplicación y ejecución de las normas por parte de los operadores constitucionales, y como derecho fundamental se constituye en un ámbito de tutela y protección autónomo, donde las posibilidades de los individuos se encuentran legitimados a exigir la intervención de los órganos jurisdiccionales para su protección ante las diversas formas de afectación de la dignidad humana”- fundamento 10 (énfasis agregado).

“principio de dignidad irradia en igual magnitud a toda la gama de derechos, ya sean los denominados civiles y políticos, como los económicos, sociales y culturales, toda vez que la máxima eficacia en la valoración del ser humano solo puede ser lograda a través de la protección de las distintas gamas de derechos en forma conjunta y coordinada11”- fundamento 19(énfasis agregado).

“(…) recogiendo y reafirmando la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo (1998), en su versión enmendada en 2022, en virtud de la cual los Miembros reconocen, en el cumplimiento del mandato de la Organización, la importancia y el significado especiales de los derechos fundamentales, es decir: la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, la abolición efectiva del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación, y un entorno de trabajo seguro y saludable (…)” (énfasis añadido).

8 Pacheco, L. (2008). La dignidad humana en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (Ed.). 60 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: Jornadas Universitarias, (pp.9-30).

“Artículo 68. Seguridad en las contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios y cooperativas de trabajadores El empleador en cuyas instalaciones sus trabajadores desarrollen actividades conjuntamente con trabajadores de contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios y cooperativas de trabajadores, o quien asuma el contrato principal de la misma, es quien garantiza: a) El diseño, la implementación y evaluación de un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo para todos los trabajadores, personas que prestan servicios, personal bajo modalidades formativas laborales, visitantes y usuarios que se encuentren en un mismo centro de labores. b) El deber de prevención en seguridad y salud de los trabajadores de todo el personal que se encuentra en sus instalaciones. c) La verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a la normativa vigente efectuada por cada empleador durante la ejecución del trabajo. En caso de incumplimiento, la empresa principal es la responsable solidaria frente a los daños e indemnizaciones que pudieran generarse. d) La vigilancia del cumplimiento de la normativa legal vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo por parte de sus contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios o cooperativas de trabajadores que desarrollen obras o servicios en el centro de trabajo o con ocasión del trabajo correspondiente del principal. En caso de incumplimiento, la empresa principal es la responsable solidaria frente a los daños e indemnizaciones que pudieran generarse” (énfasis añadido).

“(…) el deber de prevención se ejerce frente aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores, lo cual incluye a los visitantes y usuarios, conforme a lo establecido en los artículos 68 y 103 de la LSST”. Asimismo, respecto a la obligación de la empresa usuaria de proteger la seguridad y salud en el trabajo: “En principio, cada empresa es responsable directa de las obligaciones que se hayan delimitado producto de la coordinación; además, la empresa principal tiene a su cargo el deber de vigilancia del cumplimiento de las obligaciones a cargo de la tercerizadora. Sin embargo, si esta última incumple con sus deberes asignados, la empresa principal, en virtud del deber de prevención erga omnes y del deber de garantizar la aplicación del Sistema de Gestión en

9 OSPIINA SALINAS, Estela, y BEJAR CARDENAS, Elio. El deber de Coordinación Interempresarial. Lima: Análisis Laboral. Edición de Aniversario, 2017, p. 43.

Seguridad y Salud en el Trabajo que ostenta, deberá acudir al auxilio directo del trabajador desamparado por la empresa tercerizadora”10 (énfasis añadido).

“4.5.1 Sistema de Gestión SST en las Empresas: Supervisión Efectiva. De la evaluación de la documentación exhibida en la presente Orden de Inspección, relacionada al accidente de trabajo que es materia de inspección, el sujeto inspeccionado no acreditó que se haya efectuado una supervisión efectiva y adecuada para la prevención de los riesgos a los que estaban expuestos los trabajadores, al momento del accidente, que hayan permitido realizar las acciones pertinentes para evitar el accidente de trabajo, en las labores realizadas por los trabajadores Ángel Víctor Valera Medina, Sr. Miguel Ángel Castillo Alfaro y José Mejía Burga trabajadores de la empresa EXPLOMIN del Perú S.A.; así, como de los trabajadores: Rossini Quispe Taipe (SAN MARTIN) y Lucio Benito García Otiniano de la empresa San Martin Contratistas Generales S.A.; es así que, no se contaba con un personal responsable de la lectura de las señales del radar SSR313XT Ground Probe (ubicado en el tajo Sur), las cuales son procesadas por el software geotécnico SSR-Viewer en la computadora ubicada en oficinas Dispacht, según lo describe la inspeccionada en el Informe de investigación del accidente de trabajo de los 03 ex trabajadores fallecidos de las empresas EXPLOMIN y SAN MARTIN, ocurrido el 19 de marzo del 2022. Por lo que la inspeccionada debió contar con un profesional Geotécnista para el turno noche para identificar alarmas y asegurar su adecuado funcionamiento. De igual forma, la inspeccionada exhibe los documentos denominados REPORTE GEOTÉCNICO DIARIO de las incidencias detectadas por el radar, sin embargo, no se realizaban inspecciones visuales de la zona, por lo que en sus medidas de control recién implementará inspecciones mensuales conjuntas a las zonas donde se hayan identificados condiciones de inestabilidad para validar la eficiencia de los controles. Así también la inspeccionada implementará un Ingeniero de Seguridad adicional de SMEB para la supervisión en el tajo abierto a raíz del accidente. El incumplimiento del sujeto inspeccionado al no contar con una supervisión efectiva, no permitió realizar las acciones pertinentes para evitar el accidente, por lo que se considera causa del accidente de trabajo. Este hecho afectó a los trabajadores Ángel Víctor Valera Medina, Miguel Ángel Castillo Alfaro y José Mejía Burga trabajadores de la empresa EXPLOMIN del Perú S.A.; Rossini Quispe Taipe y Lucio Benito García Otiniano de la empresa San Martin Contratistas Generales S.A. Por lo mencionado, la inspeccionada no acreditó haber contado con una supervisión efectiva para la labor que venían desarrollando los trabajadores afectados, al momento del accidente.

10 OSPIINA SALINAS, Estela, y BEJAR CARDENAS, Elio. El deber de Coordinación Interempresarial. Lima: Análisis Laboral. Edición de Aniversario, 2017, p. 43.

que en el Estándar E-COR-SIB-07.03 Control de Rocas y Suelos No se incluyó en el diseño de los taludes los factores de horizontes alterados y presencia de labores mineras antiguas, debido a que en las perforaciones diamantinas realizadas indicaron un espesor menor al que se evidenció luego de ocurrido la falla del talud y que los planos de labores antiguas datan aproximadamente del periodo 1930-1970 y a la fecha, no existe tecnología que permita caracterizar con certeza la presencia de labores minera antiguas. Por lo que, en las medidas correctivas plantean establecer procedimientos para incluir en el diseño de taludes los riesgos adicionales derivados de la existencia de labores antiguas y horizontes alterados, así como el efecto que sobre estos dos factores tienen las lluvias y las voladuras. Lo que evidencia que el sujeto inspeccionado no contaba con el procedimiento adecuado que no permitió realizar acciones pertinentes para evitar el accidente, por lo que se considera causa del accidente de trabajo.

Este hecho afectó a los trabajadores Ángel Víctor Valera Medina, Miguel Ángel Castillo Alfaro y José Mejía Burga trabajadores de la empresa EXPLOMIN del Perú S.A.; Rossini Quispe Taipe y Lucio Benito García Otiniano de la empresa San Martin Contratistas Generales S.A. Por lo mencionado la inspeccionada no acreditó haber contado con un procedimiento adecuado para la labor que venían desarrollando los trabajadores al momento del accidente. 4.5.3 Condiciones de seguridad: en lugares de trabajo, Instalaciones Civiles y maquinaria – Condiciones de Seguridad De la revisión de la documentación presentada, la inspeccionada en el Informe de investigación del accidente de trabajo de los 03 ex trabajadores fallecidos de las empresas EXPLOMIN y SAN MARTIN, ocurrido el 19 de marzo del 2022, indica como condiciones subestándares: Horizonte alterado de calizas Presencia de horizonte alterado por descarbonitización en la caja piso del mineral, en donde la roca calcárea (calizas formación Calera Medio) por medio de la interacción con las soluciones hidrotermales mineralizantes, generan la disolución del componente calcáreo (carbonatos), dando como resultado una roca porosa en la base, facilitando la interacción con las aguas meteóricas y oxidando el mineral de sulfuros que conforman el manto mineralizado, facilitando el desplazamiento. Las perforaciones diamantinas realizadas, durante el estudio geológico y en base a las practicas aceptadas en la industria minera, para determinar la potencia del horizonte alterado indicaron un espesor menor al que se evidenció luego de ocurrido la falla del talud. Labores antiguas Presencia de labores subterráneas antiguas con secciones de 2x2 m, las cuales son de mayor extensión a las registradas en los planos que datan aproximadamente periodo 1930-1970 y que fueron utilizados como referencia. De la revisión de planos antiguos., que fueron digitalizados, existe información sobre laboreo dibujado en vista planta y que fue realizado en los niveles 4150, 4181, 4205, 4210, 4225, 4235, 4250 y 4295; los cuales han sido ya minados por el avance del tajo abierto, quedando solo algunos remanentes de labores antiguas dentro del talud actual. Estos planos son referenciales dada su antigüedad y por tener labores inaccesibles para realizar un levantamiento topográfico; lo cual implica la ausencia de información respecto a subniveles, chimeneas y tajeos ya minados. En el 2016 se realizaron estudios de geofísica utilizando la mejor tecnología disponible; sin embargo, esta iniciativa no fue exitosa. Actualmente, no existe tecnología disponible que permita caracterizar con precisión la presencia de labores mineras antiguas. De acuerdo con estas desviaciones se estima que el laboreo presente en planos existe en la realidad, sin embargo, su estado, ubicación real y labores adicionales realizadas son parámetros que no pueden ser validados de forma exacta. Temporada de lluvias Presencia de temporada de lluvias que favorece la infiltración de agua hacia la zona del horizonte alterado y labores antiguas. De acuerdo con el registro de precipitaciones del mes de marzo de la estación meteorológica Colquijirca (estación más cercana a la zona del tajo abierto), el 13 de marzo se registró el valor más alto con 12.6 mm lo cual corresponde a un umbral “muy fuerte” y durante la semana previa al evento, el día 14 de marzo se registra un valor de 12 mm correspondiente a “fuerte”. El resto de los días los valores oscilan entre 0 y 1.8 mm que corresponde al umbral entre lluvia ligera y moderada y los tres días previos al evento no se registraron valores extraordinarios. Si bien el promedio de precipitaciones está dentro del rango normal de la temporada; sin embargo, y a pesar que se cuenta con un sistema de manejo

de aguas, la infiltración de agua aporta a incrementar el efecto de las condiciones de horizonte alterado y labores antiguas en la estabilidad del talud. Actividades de voladura Los registros en el tajo Sur indican que durante la semana se realizaron las siguientes voladuras en la zona Sur del tajo Colquijirca: • 13 de marzo: Fase 13A • 17 de marzo: Fase 12A, Fase 13 • 18 de marzo: Fase 9 (Pared Norte), Fase 12C Dichas voladuras se ubicaron a distancias entre 75 m y 200 m. de la zona del deslizamiento, y se considera que la vibración incrementa el efecto de la presencia del horizonte alteradode labores antiguas en la estabilidad del talud. Importante mencionar que las mediciones de la velocidad pico partícula son menores al límite máximo establecido por la norma DIN para estructuras y viviendas. Alarma de advertencia El radar SSR313XT Ground Probe registró una pérdida de señal entre las 19:58 horas del 18 marzo y 04:30 horas del 19 marzo, por lo que no envió la información a la computadora donde se encuentra el software geotécnico SSR-Viewer que ejecuta la interpretación; a su vez esto implicó que la data no fuera procesada por el software y no se identificara una alarma. Además, de acuerdo al acta de fiscalización en el Expediente Nº 202200052159 emitido por los fiscalizadores de OSINERGMIN de fecha 23/03/2022, en el sexto hecho verificado, el titular de la actividad minera no contaba con certificados de calibración vigente de los radares, a la fecha del accidente. Lo que indica que el personal de las empresas EXPLOMIN DEL PERU S.A y SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A se encontraban expuestos a condiciones inseguras dentro de las áreas de trabajo, ya que no se contaban con las medidas de prevención adecuadas. Este hecho afectó a los trabajadores Ángel Víctor Valera Medina, Miguel Ángel Castillo Alfaro y José Mejía Burga trabajadores de la empresa EXPLOMIN del Perú S.A.; Rossini Quispe Taipe y Lucio Benito García Otiniano de la empresa San Martin Contratistas Generales S.A. Por lo mencionado, la inspeccionada no acreditó haber tomado las medidas de control y/o medidas preventivas que sean necesarias, para dotar de adecuadas condiciones de seguridad a las labores que venían desarrollando los trabajadores afectados, por lo que se considera causa del accidente de trabajo”.

“6.25. El motivo de la elevación de la multa se funda en el interés protector del Estado, que por medio del contenido de sus normas punitivas administrativas busca hacer eficaz los derechos fundamentales en el trabajo. Con ese objetivo, la normativa del Sistema de Inspección del Trabajo ha dispuesto una gama de sanciones agravadas referidas a afectaciones como derechos colectivos (numeral 48.1-B artículo 48 del RLGIT), el trabajo forzoso y las peores formas de trabajo infantil (numeral 48.1-D del artículo 48 del RLGIT). Así como el caso del fallecimiento de un trabajador en su centro de labores (48.1-C del artículo 48 del RLGIT) cuando se determina

el nexo causal entre dicho resultado y la inobservancia de la normativa de seguridad y salud en el trabajo por parte del empleador. 6.26. En tal sentido, esta instancia de revisión en su función emisora de criterios vinculantes para el Sistema de Inspección del Trabajo entiende que la punición prevista por el legislador en el numeral 48.1-C del artículo 48 del RLGIT, fue redactada a efectos de elevar la punición en diversos supuestos, considerando como método de incremento a la consideración ficcional del total de trabajadores de la planilla como “trabajadores afectados”, a fin de calcular la sanción. Sin embargo, esta fórmula guarda una correcta razonabilidad y proporcionalidad en el ámbito de la relación laboral directa. En cambio, cuando el incumplimiento se produce en el contexto de la subcontratación y se pretenda extender esta fórmula de incremento de punición a través del recurso al total de trabajadores en la planilla, el recargo en la multa a ser impuesta contra la administrada por un defecto en la coordinación preventiva con la empresa contratista no resulta justificado ni en la razonabilidad ni en la proporcionalidad, rectores del procedimiento administrativo sancionador. Por ello, el vínculo entre el empleador principal en una estructura de subcontratación y un trabajador de una empresa contratista debe ser sopesado cuidadosamente por la inspección del trabajo, para determinar la situación fáctica en la que se producen los hechos. Así, en tal situación, se exigirá una motivación del cual permita identificar el contexto y el modo en que se desarrolló la relación entre la empresa principal y la contratista, a efectos de determinar los siguientes supuestos, para aplicar las normas involucradas con arreglo a los principios de legalidad, tipicidad y razonabilidad: i) Sub contratación íntegra sin confluencia de trabajadores de la empresa principal: Cuando el destaque de trabajadores hacia la empresa principal es íntegro y la actividad de estos no confluye con los trabajadores directos de la empresa principal, la responsabilidad en materia de seguridad y salud en el trabajo con la multa agravada contenida en el numeral 48.1-C del artículo 48 del RLGIT recaerá directamente en la empresa contratista. Este reproche administrativo hacia esta última no debe ser confundida con la que incumbe a la empresa principal. En este escenario, la responsabilidad administrativa de la empresa principal resultará válidamente determinada siempre que se acredite que su incumplimiento en el deber de coordinación y/o vigilancia en materia de seguridad y salud en el trabajo ocasionó (fue nexo causal) del accidente de trabajo- materia del reproche administrativo-. En cuyo caso, la determinación del quantum de la sanción dependerá de la naturaleza del incumplimiento y de la evaluación del nivel de riesgo derivado de la falta de coordinación, pero sin el agravamiento que contiene el numeral 48.1-C del artículo 48 del RLGIT. ii) Sub contratación parcial con confluencia de trabajadores de la empresa principal: Cuando los trabajadores de la empresa contratista, que funge de empleador directo o formal, concurren con la planilla de la empresa principal realizando labores semejantes, se configura un escenario de responsabilidad compartida en materia de seguridad y salud en el trabajo. En esta situación, plantea que la confluencia de ambos trabajadores (de la contratista y principal) al compartir el mismo entorno de trabajo y ejecutar labores semejantes, genera un riesgo compartido. Por tanto, de haberse determinado que el incumplimiento a la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa principal fue nexo causal del accidente reprochado, corresponderá la determinación de la responsabilidad administrativa y para el quantum de la misma se debe observar el agravamiento punitivo contenido en el numeral 48.1- C del artículo 48 del RLGIT, es decir, considerando el universo de trabajadores afectados al que corresponde a la planilla de la principal.

“6.41. Al respecto, esta Sala considera pertinente acotar que, atendiendo a la vicisitud probatoria mencionada, correspondía que la instancia de sanción, en el marco de la aplicación de las máximas del principio de impulso de oficio, disponga la realización de las actuaciones complementarias que resulten necesarias a fin de obtener mayores elementos de juicio que coadyuven a generar convicción respecto de los medios probatorios presentados por el administrado, u obtener elementos que permitan

determinar la verdad material de los hechos que motivaron el procedimiento sancionador y/o los alegatos de los administrados. (énfasis añadido).

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo y el derecho de defensa

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo”. (Énfasis añadido).

“Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…)

2. Debido procedimiento. - No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas”.

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal”. (Énfasis añadido).

“(…) 5. Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8 de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. N° 2050- 2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)”. (Énfasis añadido).

reglas (las cuales, a su vez, son derechos que parten de un gran derecho con una estructura compuesta o compleja) que garantizan un estándar de participación justa o debida durante la secuela o desarrollo de todo tipo de procedimiento o proceso (sea este judicial, administrativo, corporativo, particular o de cualquier otra índole). En la segunda de sus dimensiones, exige que los pronunciamientos o resoluciones con los que se pone término a todo tipo de proceso respondan a un referente mínimo de justicia o razonabilidad, determinado con sujeción a su respeto por los derechos y valores constitucionales.

“12. (...) se proyecta (...) como un principio de contradicción de los actos procesales que pudieran repercutir en la situación jurídica de algunas de las partes de un proceso o de un tercero con interés (...). 13. La observancia y el respeto del derecho de defensa es consustancial a la idea de un debido proceso, propio de una democracia constitucional que tiene en el respeto de la dignidad humana al primero de sus valores. Por su propia naturaleza, el derecho de defensa es un derecho que atraviesa transversalmente a todo el proceso judicial, cualquiera [que] sea su materia.”

Sobre la presunta vulneración a la motivación de las resoluciones

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que:

“[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […] La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional. El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional. Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa. En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras).

Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada”. (Énfasis añadido).

11 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público.

Sobre los presuntos vicios de motivación en el procedimiento administrativo sancionador

“7. El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. Así, en el Exp. N.° 3943-2006-PA/TC y antes en el voto singular de los magistrados Gonzales Ojeda y Alva Orlandini (Exp. N.° 1744-2005-PA/TC), este Colegiado Constitucional ha precisado que el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado, entre otros, en los siguientes supuestos: a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola

el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico. b) Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna del razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de identificar el ámbito constitucional de la debida motivación mediante el control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el Juez o Tribunal; sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa. c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. El control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. Esto ocurre por lo general en los casos difíciles, como los identifica Dworkin, es decir, en aquellos casos donde suele presentarse problemas de pruebas o de interpretación de disposiciones normativas. La motivación se presenta en este caso como una garantía para validar las premisas de las que parte el Juez o Tribunal en sus decisiones. Si un Juez, al fundamentar su decisión: 1) ha establecido la existencia de un daño; 2) luego, ha llegado a la conclusión de que el daño ha sido causado por “X”, pero no ha dado razones

sobre la vinculación del hecho con la participación de “X” en tal supuesto, entonces estaremos ante una carencia de justificación de la premisa fáctica y, en consecuencia, la aparente corrección formal del razonamiento y de la decisión podrán ser enjuiciadas por el juez [constitucional] por una deficiencia en la justificación externa del razonamiento del juez. Hay que precisar, en este punto y en línea de principio, que el hábeas corpus no puede reemplazar la actuación del juez ordinario en la valoración de los medios de prueba, actividad que le corresponde de modo exclusivo a éste, sino de controlar el razonamiento o la carencia de argumentos constitucionales; bien para respaldar el valor probatorio que se le confiere a determinados hechos; bien tratándose de problemas de interpretación, para respaldar las razones jurídicas que sustentan determinada comprensión del derecho aplicable al caso. Si el control de la motivación interna permite identificar la falta de corrección lógica en la argumentación del juez, el control en la justificación de las premisas posibilita identificar las razones que sustentan las premisas en las que ha basado su argumento. El control de la justificación externa del razonamiento resulta fundamental para apreciar la justicia y razonabilidad de la decisión judicial en el Estado democrático, porque obliga al juez a ser exhaustivo en la fundamentación de su decisión y a no dejarse persuadir por la simple lógica formal. d) La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la "insuficiencia" de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo. e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control. El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva). Y es que, partiendo de una concepción democratizadora del proceso como la que se expresa en nuestro texto fundamental (artículo 139°, incisos 3 y 5), resulta un imperativo constitucional que los justiciables obtengan de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente de las pretensiones efectuadas; pues precisamente el principio de congruencia procesal exige que el juez, al momento de pronunciarse sobre una causa determinada, no omita, altere o se exceda en las peticiones ante él formuladas. f) Motivaciones cualificadas. - Conforme lo ha destacado este Tribunal, resulta indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de rechazo de la demanda, o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales como el de la libertad. En estos casos, la motivación de la sentencia opera como un doble mandato, referido tanto al propio derecho a la justificación de la decisión como también al derecho que está siendo objeto de restricción por parte del Juez o Tribunal”. (Énfasis añadido).

“Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: (…) 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14”. (Énfasis añadido).

Sobre la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

12 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: (…) 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14.

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por la SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A, y, en consecuencia, NULA la Resolución de Sub Intendencia N° 1299- 2022-SUNAFIL/ILM/SISA1, notificada el 28 de noviembre de 2022, y la de los sucesivos actos y actuaciones emitidas en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N°330-2022-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en que se produjo el vicio, esto es, a la emisión de la Resolución de Sub Intendencia N° 1299-2022- SUNAFIL/ILM/SISA1, notificada el 28 de noviembre de 2022, a fin de que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento considerando los alcances señalados en la presente resolución.

TERCERO. – Remitir los actuados a la Intendencia de Lima Metropolitana, y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin de que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.54 de la presente resolución.

CUARTO. – Notificar la presente resolución a la SOCIEDAD MINERA EL BROCAL S.A.A, y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. – Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

20260204PHAT – 83251-2023