BHIOS Laboratorios

Mediante Orden de Inspección N° 91-2022-SUNAFIL/IRE-AQP, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 053-2022- SUNAFIL/IRE-AQP (en adelante, el Acta de Infracción). En mérito al operativo denominado “OP NSL - CTS IRE AQP ENERO 2022”.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 1010-2022-SUNAFIL/IRE-AQP/SIFN, notificada el 12 de octubre de 2022 , se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53° del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 130-2023-SUNAFIL/IRE-AQP/SIFN, notificada el 22 de marzo de 2023 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de la conducta infractora imputada a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Sanción de la Intendencia Regional de Arequipa, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 693-2023-SUNAFIL/IRE-SISA-AQP, notificada el 03 de julio de 2023, multó a la impugnante por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 19 de julio de 2023, la impugnante interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución de Sub Intendencia N° 693-2023-SUNAFIL/IRE-SISA-AQP, que fue posteriormente reencausado mediante Visto de fecha 21 de julio de 2023, como recurso de apelación mediante el cual se solicitó que se deje sin efecto la multa impuesta.

Mediante Resolución de Intendencia N° 248-2023-SUNAFIL/IRE-AQP, notificada el 02 de noviembre de 2023, la Intendencia Regional de Arequipa declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, desestimando los argumentos deducidos y confirmando la sanción impuesta.

Con fecha 20 de noviembre de 2023, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Arequipa el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 248-2023- SUNAFIL/IRE-AQP.

La Intendencia Regional de Arequipa admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorándum N° 001960-2023- SUNAFIL/IRE-AQP, recibido el 04 de diciembre de 2023 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299812, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299813, en concordancia con el artículo 41 de Ley General de Inspección del Trabajo (en adelante, LGIT)4, el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR5, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR6 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de estos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”7.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que BHIOS LABORATORIOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA – BHIOS LABORATORIOS S.R.L., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 248-2023-SUNAFIL/IRE-AQP, que confirmó la sanción impuesta por la comisión de, entre otras, una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 de RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 03 de noviembre de 2023.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por BHIOS LABORATORIOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA – BHIOS LABORATORIOS S.R.L.

Se debe precisar que esta Sala solo es competente para evaluar las infracciones tipificadas como MUY GRAVES. En el presente caso, de la verificación de la resolución impugnada, se advierte que se sancionó a la impugnante por la comisión de una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 24.5 del artículo 24 del RLGIT; una (01) infracción GRAVE a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT; y una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

Por lo cual, debemos aclarar que será materia de análisis sólo la infracción calificada como MUY GRAVE; ya que esta Sala no tiene competencia para pronunciarse sobre las infracciones GRAVES, toda vez que, respecto de las mismas, ya se agotó la vía administrativa con la emisión de la Resolución de Intendencia.

Asimismo, previo al análisis de los alegatos materia de recurso, debe tenerse en cuenta que, mediante Resolución de Sala Plena N° 003-2022-SUNAFIL/TFL, vigente desde el 18 de agosto de 2022, este Tribunal estableció el precedente de observancia obligatoria, señalando que:

Lo anterior exige al administrado una mayor rigurosidad en la formulación de sus escritos de revisión, en la medida que, al tratarse de un recurso extraordinario, para que los fundamentos contenidos en este puedan ser conocidos y evaluados por el Tribunal, no basta que la resolución recurrida contenga la imposición de sanciones por infracciones muy graves, sino que su impugnación debe ceñirse estrictamente a los presupuestos básicos establecidos en el artículo 14 del Reglamento del Tribunal, esto es: 1) Debe cuestionar al menos una infracción tipificada y calificada como muy grave, en el RLGIT, o en caso de omisión, el razonamiento empleado es suficiente para deducir ello, y; 2) Este cuestionamiento debe sustentarse necesariamente, en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas que rigen el derecho laboral, y/o en el apartamiento inmotivado de algún precedente de observancia obligatoria emitido por este Tribunal, que haya incidido directa o indirectamente, en la determinación de las infracciones. 6.19. Y es que, en ciertos casos, se aprecia la existencia de recursos de revisión donde, impugnándose una resolución que confirma la imposición de una sanción económica por la comisión de alguna infracción tipificada como muy grave en el RLGIT; no se cuestiona expresamente dicha infracción de forma directa o siquiera indirecta (cuando no se plantea algún razonamiento que pueda permitir deducir ello). Tal situación implica que tales recursos promueven asuntos fuera de la competencia material de este Tribunal, debiendo este órgano colegiado declarar la improcedencia, conforme a la normativa que rige su actuación.”

En ese sentido, el análisis de los argumentos de la impugnante se realizará bajo la competencia del Tribunal, vinculada con las infracciones muy graves, e identificando si sobre éstas se han producido alguno de los supuestos previstos en el artículo 14 del reglamento citado en el numeral precedente. Por lo expuesto, no corresponde emitir pronunciamiento sobre alegatos efectuados por la impugnante vinculados a las infracciones graves, tipificadas en el numeral 24.5 del artículo 24 y en el numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT, pues no son de competencia de este Tribunal.

Conforme lo establece el numeral 5.3 del inciso 5 del artículo 5 de la LGIT, los inspectores del trabajo están investidos de autoridad y facultados para requerir al sujeto responsable que, en un plazo determinado, adopte medidas en orden al cumplimiento de la normativa del orden sociolaboral, incluso con su justificación ante el inspector que ha realizado el requerimiento. Sobre ello, el numeral 13.5 del artículo 13 del RLGIT establece que, dichas medidas, se adoptan dentro del plazo establecido para la realización de las actuaciones de investigación o comprobatorias a que se refieren los numerales 13.3 y 13.4 del artículo 13 del mismo reglamento.

A su vez, el numeral 20.3 del artículo 20 del RLGIT, ha establecido que las medidas de requerimiento son órdenes dispuestas, por la inspección del trabajo, para el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo. Así como que éstas pueden consistir en ordenar al empleador, siempre que se fundamente en el incumplimiento de la normatividad legal vigente, la paralización o prohibición inmediata de trabajo o tareas por inobservancia de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, entre otras.

Como se evidencia de las normas glosadas, la naturaleza jurídica de la medida inspectiva de requerimiento es la de ser una medida correctiva que tiene como objeto revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado de manera previa al inicio del procedimiento administrativo sancionador (PAS).

Cabe indicar que, la inobservancia o incumplimiento de la medida de requerimiento genera la infracción calificada como muy grave a la labor inspectiva, prevista en el inciso 46.7 del artículo 46 del RLGIT, por no cumplir oportunamente con el requerimiento de la adopción de medidas para el cumplimiento de la normativa de orden sociolaboral. Asimismo, cabe precisar que, esta infracción a la labor inspectiva se generaría con independencia y en forma adicional a las identificadas dentro del marco de la ejecución a la labor inspectiva en materias sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo.

En esa línea argumentativa, de conformidad con el precedente administrativo de observancia

En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal.

De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (énfasis añadido).

En cuanto el plazo de la medida de requerimiento, el contexto del caso y el lapso transcurrido para la adopción de acciones requeridas, este Tribunal ha definido ciertos parámetros a considerar, mediante Resolución de Sala Plena N° 014-2022-SUNAFIL/TFL, de fecha 05 de diciembre de 2022, el cual tiene la condición de precedente de observancia obligatoria, sobre la base de los siguientes términos:

En ese mismo sentido, respecto al contenido y finalidad de la medida de requerimiento, este Tribunal ha adicionado consideraciones a evaluar en dicha herramienta inspectiva, mediante Resolución de Sala Plena Nº 009-2023-SUNAFIL/TFL, de fecha 23 de mayo de 2023, el cual también tiene la condición de precedente de observancia obligatoria, sobre la base de los siguientes términos:

De acuerdo con ello, tenemos que esta Sala ha establecido como supuestos de hecho que la validez de la medida de requerimiento exige una evaluación de dos ámbitos marcados. Por un lado, la referente al contenido y la finalidad de la misma, para lo cual de manera expresa se requerirá: la identificación de los trabajadores afectados, establecer la afectación resultante

En base al contexto normativo anteriormente establecido, se observa de la revisión de los actuados, que el inspector comisionado emitió la medida inspectiva de requerimiento de fecha 07 de febrero de 2022, en la cual se requirió a esta que, dentro del plazo de tres (03) días hábiles, cumpla con acreditar: i) el pago íntegro de la Compensación por Tiempo de Servicios: Depósito de CTS del periodo mayo – octubre 2021, más los intereses devengados de ser el caso respecto de los trabajadores comprendidos en la medida, exhibiendo los documentos que acrediten los abonos bancarios; y, ii) Las hojas de liquidación de CTS por el mismo periodo; conforme a la siguiente imagen: FIGURA N° 02

No obstante, cumplido el plazo otorgado, la inspeccionada no acreditó la adopción de las medidas exigidas, conforme el inspector comisionado dejó constancia en el numeral 4.9 de los Hechos Constatados del Acta de Infracción. Por este motivo, el comisionado calificó la conducta demostrada por la inspeccionada en base a la infracción muy grave prevista en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Al margen de lo anterior, iniciado el procedimiento sancionador la autoridad sancionadora evaluó los argumentos presentados por la inspeccionada junto con sus descargos al Informe Final de Instrucción, en los cuales precisó que, el 14 de febrero de 2022, fecha anterior al inicio del procedimiento sancionador, mediante hoja de ruta N° 23181-2022 y hoja de ruta N° 23336-2022, cumplió con presentar la documentación pertinente al cumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento dictada por el comisionado.

Así, la autoridad sancionadora concluyó que: “Sin embargo, siguiendo el análisis efectuado en las infracciones precedentes y teniendo en cuenta el cumplimiento parcial de las obligaciones exigidas en la medida inspectiva de requerimiento, el número de trabajadores afectados se adecua al número de trabajadores respecto de los cuales subsisten las infracciones atribuidas. En suma, siendo que persisten los incumplimientos referidos al depósito de la CTS en relación a ocho (8) trabajadores, debe considerar que es esta la cantidad de trabajadores afectados.” (énfasis añadido). Esto fue reafirmado en segunda instancia donde la Intendencia, que precisó: “Sobre ello, la Autoridad Sancionadora de primera instancia, en la resolución apelada, habiendo valorado la documentación remitida por la inspeccionada, advirtió el cumplimiento parcial de las obligaciones exigidas en la mencionada medida inspectiva de requerimiento, por lo que adecuó el número de trabajadores afectados respecto del incumplimiento persistente referido al depósito de la compensación por tiempo de servicios en relación a ocho (8) trabajadores.”, concluye que: “Ahora bien, sobre lo alegado, se tiene que la inspeccionada presenta un argumento inconsistente, pues considera que el cumplimiento parcial de la medida inspectiva, lo eximiría de responsabilidad, cuando de los párrafos que anteceden, se evidencia la comisión y subsistencia de la infracción por el no pago y/o depósito de la compensación por tiempo de servicios a favor de los ocho (8) trabajadores señalados en el numeral 36 y 37 de la resolución apelada; por ende, subsiste la comisión de la presente infracción contra la labor inspectiva, correspondiendo ratificar la sanción impuesta en este extremo.”

En ese sentido, se verifica que la configuración de la infracción a la labor inspectiva prevista en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT en el presente procedimiento, se ha sostenido para las instancias administrativas previas en que el cumplimiento parcial de la medida inspectiva de requerimiento del 07 de febrero de 2022, no enerva la responsabilidad administrativa de la inspeccionada desestimando la comisión de la infracción, teniendo en cuenta el carácter unitario de la medida inspectiva de requerimiento. La impugnante, sobre ello, argumenta que el cumplimiento de todas las obligaciones exigidas en dicho acto fue acatado en su integridad, de modo que, si bien la información sobre el cumplimiento de las acciones correctivas se presentó extemporáneamente, sí logró acatar cada una de ellas antes del inicio del procedimiento administrativo sancionador.

Ahora, previo al análisis de dicho extremo, debe precisarse que del análisis de la emisión de la medida inspectiva de requerimiento del 07 de febrero de 2022, en contraste con los criterios establecidos en los precedentes vinculantes contenidos en la Resolución de Sala Plena N° 002- 2022-SUNAFIL/TFL y en la Resolución de Sala Plena Nº 009-2023-SUNAFIL/TFL, anteriormente citados, se corrobora que dicha medida cumplió con contemplar el ámbito subjetivo y objetivo que corresponde, identificando a los trabajadores afectados y precisando las afectaciones a la normativa sociolaboral en las que incurrió el sujeto inspeccionado así como las acciones a ejecutar para subsanar el incumplimiento. Del mismo modo, se observa también que cumplió con los elementos de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad, teniendo en cuenta que las acciones correctivas requeridas constituían obligaciones económicas y documentarias de baja complejidad, factibles de ser cumplidas por parte de la inspeccionada como entidad de derecho privado dentro del plazo otorgado, dada la flexibilidad de sus gestiones administrativas y financieras.

En consecuencia, analizando el extremo pendiente respecto al cumplimiento extemporáneo de la medida inspectiva de requerimiento, se debe remarcar que en el precedente vinculante contenido en la Resolución de Sala Plena N° 019-2024-SUNAFIL/TFL, publicado el 30 de noviembre de 2024, este Tribunal estableció lo siguiente:

En este punto, es importante señalar que, de acuerdo con lo expresado en el artículo 1 de la LGIT, la Inspección de Trabajo tiene dentro de sus finalidades la vigilancia del cumplimiento de las normas de orden sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, debe notarse que la impugnante subsanó de forma voluntaria la normativa sociolaboral afectada antes de haberse notificado la imputación de cargos, e incluso, antes de la emisión de la medida inspectiva de requerimiento, cuya naturaleza jurídica se basa en la búsqueda de la reversión de los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado de manera previa al inicio del procedimiento sancionador.

Adicionalmente, es importante ponderar que, si bien la afectación recae sobre el deber de colaboración a la labor inspectiva (pues la impugnante no cumplió con acreditar íntegramente lo requerido por el inspector de trabajo dentro del plazo estipulado en la medida de requerimiento), la reversión del incumplimiento sociolaboral ocurrió a través del mismo sujeto inspeccionado, incluso con anterioridad a la emisión de dicha medida inspectiva. A juicio de este Tribunal, el supuesto descrito demuestra la voluntad del administrado de rectificar su conducta antijurídica y encaminarla conforme a lo dispuesto en nuestro Sistema Jurídico Laboral.

En consecuencia, es pertinente elevar a precedente de observancia obligatoria el criterio según el cual, imponer una sanción a la labor inspectiva cuando se ha cumplido con la subsanación voluntaria de las infracciones sociolaborales antes de la notificación de la imputación de cargos atenta contra el principio de razonabilidad, ya que el sujeto inspeccionado habría cumplido con la normativa, siendo ello la finalidad de la inspección de trabajo. (énfasis añadido)

En el presente caso, de la revisión del expediente sancionador se advierte que, junto con el recurso de apelación, la inspeccionada adjuntó documentación relativa al pago de la compensación por tiempo de servicios, particularmente respecto de los ocho (8) trabajadores pendientes, señalados en el fundamento 36 de la resolución de sanción, donde la autoridad precisó lo siguiente:

Así concretamente, sobre el grupo de los seis trabajadores en el recuadro, obra la siguiente planilla de depósito remitida a la entidad financiera “Caja Arequipa”, por S/ 5, 644.42 soles: FIGURA N° 04

Y, asimismo, obra la carta de fecha 03 de noviembre de 2021, dirigida a dicha entidad financiera por parte del gerente de la impugnante, donde se señala la entrega del cheque por la suma de S/ 5, 644.42 soles para la realización de los depósitos que corresponden a la compensación por tiempo de servicios del segundo semestre del 2021, adjuntándose a la misma el voucher de fecha 03 de noviembre de 2021, por la entrega del cheque en la exacta suma de S/ 5, 644.42 soles, corroborándose así que la inspeccionada sí cumplió con el depósito del beneficio señalado por el periodo mayo-octubre de 2021, con fecha anterior al inicio del procedimiento sancionador con la notificación de la imputación de cargos el 15 de marzo de 2023. Cabe precisar que el detalle de los montos en planilla coincide con las liquidaciones de compensación por tiempo de servicios que obran en el expediente sancionador y que fueron valoradas por la autoridad de sanción.

Respecto de los trabajadores Carla Mananay y Juan Mencia, se observa que, según la liquidación de compensación por tiempo de servicios adjuntadas al expediente, las sumas por

En base a lo expuesto, esta Sala corrobora que en autos obran los elementos probatorios que acreditan que la impugnante cumplió con la totalidad de las acciones exigidas en la medida inspectiva de requerimiento del 07 de febrero de 2022 antes del inicio del procedimiento administrativo sancionador, particularmente con el depósito de la CTS de noviembre de 2021 de los ocho (8) trabajadores que las instancias administrativas previas señalaron como pendiente. Por tanto, aplicando el precedente vinculante de la Resolución de Sala Plena N° 019-2024-SUNAFIL/TFL, mantener la imposición de la infracción prevista en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT constituiría una infracción al principio de razonabilidad en contra de la administrada. Correspondiendo así, amparar el recurso de revisión en este extremo dejando sin efecto la infracción muy grave a la labor inspectiva impuesta a la impugnante.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.