I.E.P. Hermanos Blanco — Resolución 0099-2026

Mediante Orden de Inspección N° 3460-2022-SUNAFIL/IRE-LIB, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento de del ordenamiento jurídico sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 079-2023-SUNAFIL/IRE-LIB (en adelante, el Acta de Infracción). En mérito a la denuncia formulada en aplicación del inciso c) del artículo 12 de la LGIT.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 513-2023-SUNAFIL/IRE-LIB/SIFN-IC, de fecha 21 de abril de 2023, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019- 2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final N° 1005-2023-SUNAFIL/IRE-LIB/SIAI-IF, de fecha 31 de agosto de 2023 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la a la Sub Intendencia de Sanción de la Intendencia Regional de La Libertad, la que mediante Resolución de Sub Intendencia N° 1222-2023-SUNAFIL SUNAFIL/IR-LL/SISA, de fecha 18 de octubre de 2023, multó a la impugnante por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 26 de octubre de 2023, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 1222-2023-SUNAFIL SUNAFIL/IR-LL/SISA.

Mediante Resolución de Intendencia N° 372-2023-SUNAFIL/IRE-LIB, de fecha 21 de noviembre de 2023, la Intendencia Regional de La Libertad declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante.

Con fecha 01 de diciembre de 2023, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de La Libertad, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 372-2023-SUNAFIL/IRE-LIB. Y con fecha 14 de diciembre de 2023, la impugnante presentó un escrito con la sumilla “Para mejor resolver”.

La Intendencia Regional de La Libertad admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorándum N° 1507- 2023-SUNAFIL/IRE-LIB, recibido el 11 de diciembre de 2023 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299812, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299813, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo4 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR5, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR6 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante,

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”7.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En este orden de ideas, resulta indispensable que el Tribunal revise el cumplimiento del ordenamiento jurídico en materia sociolaboral -tanto adjetivo como sustantivo- así como vele por la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema de Inspección del Trabajo. La normativa adjetiva es aquella que garantiza a los administrados constituirse como sujetos del procedimiento administrativo dentro de la relación jurídico- procedimental establecida en el marco del Sistema de Inspección del Trabajo. Cabe

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que I.E.P. Hermanos Blanco presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 372-2023- SUNAFIL/IRE-LIB, emitida por la Intendencia Regional de La Libertad, que confirmó la sanción impuesta por la comisión de dos (02) infracciones MUY GRAVES a la labor inspectiva, tipificadas en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 05 de diciembre de 2023.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por I.E.P. Hermanos Blanco

La LGIT establece que “la función inspectiva, es entendida como la actividad que comprende el ejercicio de la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo”9. De allí que, el comportamiento del inspector comisionado se oriente al cumplimiento de las funciones establecidas en la LGIT y su reglamento, tutelando el fin perseguido por dichas normas y debiendo adoptar medidas y acciones en el marco del principio de razonabilidad10.

Asimismo, el artículo 9 de la LGIT, establece que “los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los supervisores-inspectores, lo inspectores de trabajo y los inspectores auxiliares cuando sean requeridos para ello. En particular y en cumplimiento de dicha obligación de colaboración deberán: (…) Colaborar con ocasión de sus visitas u otras actuaciones inspectivas.”, siendo la comparecencia una de las modalidades de actuación inspectiva conforme lo regula el artículo 1111 de la LGIT (énfasis añadido).

El literal b) numeral 12.1 del artículo 12 del RLGIT, establece que: “En cumplimiento de las órdenes de inspección recibidas, los inspectores o equipos designados iniciarán las actuaciones de investigación mediante alguna de las siguientes modalidades: (…) Comparecencia: Exige la presencia del sujeto inspeccionado ante el inspector del trabajo, en la oficina pública que se señale, para aportar la documentación que se requiera en cada caso y/o para efectuar las aclaraciones pertinentes. El requerimiento de comparecencia se realiza conforme a lo previsto en los artículos 67 y 68 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS” (énfasis añadido).

Por su parte, inciso 3) del artículo 36 de la LGIT establece que “Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes,

En ese contexto, el RLGIT, que tipifica y contiene las infracciones, establece en el numeral 46.10 del artículo 46, que la inasistencia del sujeto inspeccionado ante el requerimiento de comparecencia constituye infracción muy grave a la labor inspectiva, la cual es pasible de sanción económica.

En principio, se verifica de autos que con fechas 15 de diciembre de 2022 y 03 de enero de 2023, el personal inspectivo procedió a notificar vía casilla electrónica, los requerimientos de comparecencia, programados para el 21 de diciembre de 2022 y 09 de enero de 2023 a horas 08:30 am y 11:00 am.

Además, es importante recalcar que tales requerimientos de comparecencia señalan expresamente que la inasistencia constituye una infracción a la labor inspectiva sancionable con multa, según lo dispone los artículos 36 y 39 de la Ley N° 28806 y los artículos 45 y 46 de su Reglamento.

Al respecto, en el numeral 4.22 del Acta de Infracción los Inspectores comisionados dejaron constancia que en ambos casos no se apersonó ningún representante o apoderado del sujeto inspeccionado a pesar de haber sido válidamente notificado, y por lo cual se cometió dos (02) infracciones muy graves a la labor inspectiva, de conformidad con el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT.

Cabe mencionar en este punto que el artículo 1612 de la LGIT, ha establecido que los hechos constatados por los inspectores actuantes que se formalicen en las actas de infracción observando los requisitos que se establezcan, se presumen ciertos sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus respectivos derechos e intereses puedan

Al respecto, en aplicación del principio de verdad material14, consultando en el aplicativo15 de “Consulta de Notificaciones” implementado por la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (OTIC) de la SUNAFIL, que la impugnante había registrado su correo electrónico de contacto como: carlosivan_gg@gotmail.com, el cual estaba vigente a la fecha de las actuaciones inspectivas, donde le llegaron las alertas correspondientes junto con los requerimientos de comparecencia, conforme se aprecia a continuación: Figura N° 03

De tales imágenes, se aprecia que la impugnante habría sido válidamente notificada en su casilla electrónica, en consecuencia, la impugnante se encontraba en la obligación de efectuar la revisión de su casilla electrónica y cumplir con los requerimientos de comparecencia solicitados, dado que la responsabilidad de mantener actualizado el registro de datos de la casilla electrónica recae en el administrado, y si algún personal se desvincula de su organización, corresponde darle de baja y registrar a otra persona, no siendo responsabilidad de la administración que la impugnante actúe de forma negligente en ese aspecto y mantenga registrado un correo de contacto de una persona que ya no labora para ellos.

Por otro lado, si bien la impugnante reitera que no tomó conocimiento de las citaciones a la comparecencia por este hecho e incluso adjunta el certificado de trabajo del personal que estaba registrado en su casilla, en autos consta que además de que las citaciones fueron debidamente notificadas, incluso el personal inspectivo de forma previa a los requerimientos de comparecencia hizo una visita inspectiva en fecha 07 de diciembre de 2022, donde entre otras cosas informó al personal de la impugnante que efectuaría comunicaciones a través de la casilla electrónica, por lo cual en esta instancia no puede alegar desconocimiento. En consecuencia, el argumento del recurso nuevamente debe ser desestimado.

Por último, la impugnante cita el principio de verdad material y alega que cumplió con el requerimiento de información, por lo cual debería evaluarse la reducción de multa de acuerdo con el artículo 40 de la LGIT.

Sobre el particular, se debe tener presente que en este caso las infracciones a la labor inspectiva objeto de sanción no fueron aplicadas por falta de cumplimiento de requerimientos de información, sino por inasistencia a dos (02) requerimientos de comparecencia. Por tanto, el hecho que la impugnante haya presentado cierta documentación con sus descargos y una vez iniciado el procedimiento sancionador no subsana la conducta por la cual ha sido sancionado, no teniendo derecho de beneficiarse de ningún supuesto de reducción de multa. Siendo ello así, corresponde desestimar este extremo del recurso.

Adicionalmente, la impugnante presentó un escrito con la sumilla “Para mejor resolver” donde alega que su gerente general, nunca fue notificado con ninguno de los actuados

Al respecto, de la revisión de autos se verifica que todas las actuaciones del presente procedimiento han sido notificadas válidamente tanto en la casilla electrónica de titularidad de la institución impugnante y además mediante cédula de notificación dirigida al Procurador Público de la Municipalidad Provincial de Trujillo. En todo caso, si el personal que recibió tales comunicaciones no ha puesto en conocimiento de su Gerente General la existencia de este procedimiento, no es responsabilidad de la Sunafil, sino es un error de su propia organización.

Por otro lado, la alegación de que la impugnante cumple con respetar los derechos de sus trabajadores no está en discusión en esta instancia, puesto que la cuestión medular en este procedimiento tiene que ver con infracciones a la labor inspectiva, no siendo objeto de discusión el cumplimiento de alguna obligación laboral. Por tal motivo, tales argumentos también quedan desestimados.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a las siguientes infraccio nes:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho y de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.