VSI Industrial S.A.C — Res. 265-2022

Mediante Orden de Inspección N° 16190-2016-SUNAFIL/ILM, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación respecto de la impugnante, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral en materia de relaciones laborales1, las cuales culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 1573-2017/ILM, de fecha 15 de febrero de 2017 (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso una sanción económica por la comisión de tres (03) infracciones muy graves en materia de relaciones laborales.

Mediante cédula de notificación N° 0000011818-2017, notificada el 08 de setiembre de 2017, se notificó el Acta de Infracción conjuntamente con el Proveído S/N, de fecha 04 de setiembre de 2017, disponiéndose el inicio del procedimiento administrativo sancionador

Mediante Proveído S/N, de fecha 6 de junio de 20182 y notificado el 18 de julio de 2018, se dispuso ampliar, excepcionalmente, por tres (03) meses el plazo para resolver el procedimiento administrativo sancionador.

Posteriormente, la Sub Intendencia de Resolución 5 de la Intendencia de Lima Metropolitana, mediante la Resolución de Sub Intendencia N° 433-2018- SUNAFIL/ILM/SIRE5, de fecha 30 de julio de 2018 y notificada 10 de agosto de 2018, multó a la impugnante por la suma de S/. 92,137.50 por haber incurrido en tres (03) infracciones MUY GRAVES en materia de relaciones laborales, tipificadas en los numerales 25.10, 25.17 y 25.19 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/. 85,050.00 por la infracción tipificada en el numeral 25.10 del artículo 25 del RLGIT, y una multa ascendente a S/. 7,087.50 por la infracción tipificada en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT. Asimismo, no se impone una multa por la infracción tipificada en el numeral 25.17 del artículo 25 del RLGIT, por aplicación de concurso de infracciones.

Con fecha 29 de agosto de 2018, la impugnante presentó ante la Intendencia de Lima Metropolitana el recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 433- 2018-SUNAFIL/ILM/SIRE5.

Mediante Resolución de Intendencia N° 1342-2021-SUNAFIL/ILM3, de fecha 19 de agosto de 2021, la Intendencia de Lima Metropolitana declaró fundado en parte el recurso de apelación en contra de la Resolución de Sub Intendencia N° 433-2018- SUNAFIL/ILM/SIRE5, revocándola en parte al adecuar la multa por la infracción tipificada en el numeral 25.10 del artículo 25 del RLGIT a S/. 46,777.50, siendo el total de la multa la suma de S/. 53,865.00.

Con fecha 13 de setiembre de 2021 la impugnante presentó recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1342-2021-SUNAFIL/ILM.

La Intendencia de Lima Metropolitana admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorándum Nº 002009-2021- SUNAFIL/ILM, recibido el 18 de noviembre de 2021 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley de N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG) establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante un

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias4.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que VSI INDUSTRIAL S.A.C. presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1342-2021-SUNAFIL/ILM que adecuó la sanción impuesta a S/. 53,865.00 por la comisión de tres (03) infracciones MUY GRAVES en materia de relaciones laborales, tipificadas en el numeral 25.10, numeral 25.17 y numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día siguiente hábil de la notificación de la citada resolución; el 24 de agosto de 2021.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por la impugnante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por VSI INDUSTRIAL S.A.C.

El ejercicio de la potestad sancionadora por parte de la Administración Pública se encuentra sujeta – entre otras condiciones – a su tramitación dentro de un plazo preestablecido, sancionándose la superación de este con la figura de la caducidad.

En el caso materia de autos, es importante señalar que una de las principales incorporaciones efectuadas por el Decreto Legislativo N° 12725 a la Ley N° 27444 fue la figura de la caducidad, inicialmente señalada en el artículo 237-A; encontrándose contenida actualmente en el artículo 259 del TUO de la LPAG:

Las modificaciones e incorporaciones contenidas en el referido Decreto Legislativo N° 1272 fueron incorporados en el RLGIT a través del Decreto Supremo N° 016-2017-TR, publicado el 06 de agosto de 2017. Ahora bien, el presente procedimiento administrativo sancionador se inició con la notificación del Acta de Infracción, el 08 de septiembre de 2017; es decir, bajo los alcances del RLGIT vigente previo a la modificación efectuada en el mismo por el Decreto Supremo N° 016-2017-TR, pero en plena vigencia del Decreto Legislativo en mención.

En esa línea argumentativa, la Décima Disposición Complementaria Transitoria del TUO de la LPAG señala lo siguiente:

Ahora, se debe indicar que el Decreto Legislativo Nº 1272 fue publicado en el Diario Oficial El Peruano el 21 de diciembre de 2016 y entró en vigencia el día siguiente de dicha publicación, esto es, el 22 de diciembre de 2016. Por lo tanto, todos los procedimientos sancionadores que a la fecha de entrada en vigencia de dicho Decreto Legislativo se encontraban en trámite contaban con un plazo especial para resolver, que vencía el 22 de diciembre de 2017, no siendo extensible este supuesto al presente procedimiento, porque fue iniciado mediante la notificación del Acta de Infracción el 08 de setiembre de 2017; entendiéndose que se encuentra sujeto al plazo ordinario de la caducidad.

Respecto de dicho plazo, Juan Carlos Morón Urbina precisa lo siguiente:

Entendiéndose que toda referencia normativa actual a “imputación de cargos” debe corresponderse con la notificación del Acta de Infracción, actuación procedimental que daba inicio al procedimiento administrativo sancionador en ese momento.

Ahora bien, esta Sala identifica un supuesto de caducidad de oficio, según lo señalado en el numeral IV de la presente resolución, por lo que le corresponde a esta instancia excepcional efectuar el análisis correspondiente relacionado con la caducidad del expediente sancionador N° 240-2017-SUNAFIL/ILM/SIRE5 de la Intendencia de Lima Metropolitana.

Sobre el particular, esta Sala ha sostenido, desde la primera resolución emitida8 declarando la caducidad de un procedimiento administrativo sancionador (recaído en el expediente N° 2155-2018-SUNAFIL/ILM), que las autoridades administrativas del Sistema de Inspección del Trabajo en ejercicio (fundamento 3.3.5) deben verificar el cumplimiento de cinco (5) condiciones con relación a la eventual caducidad del procedimiento:

Desarrollándose, en los distintos procedimientos posteriores, la posición de esta Sala respecto de la autoridad competente (órgano de segundo nivel organizacional), la cual, a través de una resolución debidamente sustentada y fundamentada, debía de pronunciarse sobre el pedido de ampliación, presentado antes del vencimiento del plazo de nueve (9) meses, por la autoridad solicitante que se encontraba a cargo de las actuaciones que requerían el plazo adicional.

Con posterioridad a esto, esta Sala tomó conocimiento del contenido de la Opinión Jurídica N° 012-2021-JUS/DGDNCR, de fecha 15 de diciembre de 2021, emitida por la Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (en adelante, DGDNCR)9 respecto de la consulta planteada por la SUNAFIL en torno a la autoridad u órgano competente y otros alcances vinculados con el pronunciamiento sobre la caducidad. Por tanto, corresponde complementar la postura de esta Sala con dicho pronunciamiento en el análisis del presente procedimiento.

El procedimiento administrativo sancionador se desarrolló en el siguiente periodo:

Por consiguiente, de la norma acotada, se desprende que la caducidad del procedimiento sancionador no se computa desde la fecha de emisión de la imputación de cargos (o Acta de Infracción), sino desde que se notifica la misma con la cual se da inicio al procedimiento sancionador; por ende, una vez transcurrido el plazo para resolver sin que se haya notificado la resolución respectiva, se entiende automáticamente caducado el procedimiento.

Sobre el particular, de lo señalado en el numeral 1.2 de la presente resolución se aprecia que el procedimiento se inició el 08 de setiembre de 2017, por lo que de conformidad con el numeral 1 del artículo 259 del TUO de la LPAG, la autoridad sancionadora (Sub Intendencia de Resolución), tenía hasta el 8 de junio de 2018 para emitir y notificar la resolución de sanción.

No obstante, con fecha 6 de junio de 2018 se emitió el Proveído S/N , ampliando el plazo para resolver el procedimiento administrativo sancionador por tres (03) meses.

Sobre la ampliación dispuesta, conforme lo señalado en la TUO de la LPAG el plazo de 09 meses para resolver el procedimiento puede ser ampliado de manera excepcional, como máximo por tres (3) meses, debiendo el órgano competente emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo, previo a su vencimiento.

De una revisión literal del TUO de la LPAG y la referencia al término “órgano”, esta Sala identificó inicialmente que conforme al Anexo N° 01 del Glosario de Términos del Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, Decreto Supremo que aprueba los Lineamientos de Organización del Estado, se entiende por “órgano” únicamente a las unidades de organización de primer y segundo nivel en una estructura; siendo en el caso de SUNAFIL, concluyéndose lo siguiente:

En este extremo, el punto 25 de la Opinión Jurídica N° 012-2021-JUS/DGDNCR establece que las facultades y potestades otorgadas por las entidades a las autoridades administrativas en el marco del TUO de la LPAG pueden estar a cargo de los órganos o funcionarios que determine cada entidad “conforme a su organización interna, sin que ello constituya una sujeción o condición necesaria […]”, para el ejercicio de tales competencias.

En ese sentido, reevaluándose lo sostenido por esta Sala conforme a lo indicado por la DGDNCR en la Opinión Jurídica N° 012-2021-JUS/DGDNCR, se concluye que la restricción funcional inicialmente identificada por este colegiado a la luz de una interpretación literal del TUO de la LPAG debe ser dejada de lado, acudiéndose al sustento que se encuentra debajo de esta posición inicial: la potencial afectación a la imparcialidad.

Esta Sala ha sostenido desde un inicio, en clara referencia al concepto de imparcialidad objetiva establecido en el fundamento 48 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente N° 6149-2006-AA/TC, que en aquellos supuestos en donde la tramitación del procedimiento y a su vez la resolución o ampliación del plazo de caducidad recaen en la misma autoridad, se produce una vulneración a la figura de separación de autoridades que se ha venido impulsando a través de las modificatorias a la Ley del Procedimiento Administrativo General, a través del Decreto Legislativo N° 1272, plasmada a través del numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG. Cabe señalar que la propia exposición de motivos del decreto en mención sostiene que la separación de autoridades “deviene en absolutamente indispensable en la realidad, por los múltiples problemas existentes al respecto […]”10.

Este criterio también es recogido de la Opinión Jurídica N° 012-2021-JUS/DGDNCR, al señalarse en el punto 39 que “no podría considerarse que quien instruye el procedimiento sancionador solicite y decida sobre su propia petición de plazo”, en clara referencia en la separación de estos dos órganos; y concluyéndose en el punto 50 de la referida opinión jurídica que “la potestad para declarar la ampliación del plazo del procedimiento sancionador, y por ende del plazo de caducidad a que se refiere el numeral 1 del artículo 259 del TUO de la LPAG, debe recaer en el órgano resolutor o decisor de cada entidad”, sin contemplarse en esta conclusión a aquellos supuestos en los cuales las actuaciones del procedimiento administrativo sancionador se encuentran bajo los alcances del propio órgano resolutor

En ese sentido, se aprecia que si bien el Proveído S/N (que amplía el plazo del procedimiento sancionador) fue emitido de manera previa al vencimiento del plazo para resolver el procedimiento, debe tenerse en cuenta que éste debe ser emitido por un órgano imparcial.

Estando a lo expuesto, si la Sub Intendencia de Resolución pudiese prorrogar el propio plazo que ostenta para evitar la caducidad, tendría todos los incentivos para prorrogar las actuaciones a su cargo por el máximo plazo posible. Esta situación genera un perjuicio

Consecuentemente, se aprecia que el Proveído S/N, que dispuso la ampliación del plazo, no ha sido emitida respetando el principio de imparcialidad, como una manifestación del debido procedimiento conforme a lo expresado en los numerales precedentes, por lo que incurre en la causal de nulidad dispuesta en el numeral 1 del artículo 10 del TUO de la LPAG11.

Esta Sala ha sostenido uniformemente que la autoridad competente que resuelva el pedido de ampliación de plazo debe emitir una resolución debidamente motivada y fundamentada, no siendo suficiente las fórmulas retóricas referidas a la “excesiva carga” o “la necesidad de un análisis minucioso”.

La Opinión Jurídica N° 012-2021-JUS/DGDNCR confirma esta postura, al señalarse en el punto 31 que “el órgano competente (debe) emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo, previo a su vencimiento”, reiterándose en el punto 49 que “la Administración tiene el deber de sustentar debidamente las razones y motivos para ampliar el plazo del procedimiento, y por ende, el plazo de caducidad. De lo contrario, dicha decisión podría resultar abusiva, arbitraria y cuestionable por el afectado de la medida”.

En ese sentido, el Proveído S/N emitido por la Sub Intendencia de Resolución 5 de la Intendencia de Lima Metropolitana tampoco se encontraría conforme con estos alcances, al contravenir lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 259 del TUO de la LPAG.

Sobre la nulidad, cabe precisar que el artículo 213 del TUO de la LPAG dispone que en cualquiera de los casos enumerados en el artículo 10 de dicha norma, puede declararse de oficio la nulidad de los actos administrativos, aun cuando hayan quedado firmes, siempre que agravien el interés público o lesionen derechos fundamentales. Además de declarar la nulidad, la autoridad puede resolver sobre el fondo del asunto de contarse con los elementos suficientes para ello.

En este caso, este extremo sólo puede ser objeto de reconsideración. Cuando no sea posible pronunciarse sobre el fondo del asunto, se dispone la reposición del procedimiento al momento en que el vicio se produjo. En caso de declaración de nulidad de oficio de un acto administrativo favorable al administrado, la autoridad, previamente al pronunciamiento, le corre traslado, otorgándole un plazo no menor de cinco (5) días para ejercer su derecho de defensa.

La facultad para declarar la nulidad de oficio de los actos administrativos prescribe en el plazo de dos (2) años, contado a partir de la fecha en que hayan quedado consentidos, o contado a partir de la notificación a la autoridad administrativa de la sentencia penal condenatoria firme, en lo referido a la nulidad de los actos previstos en el numeral 4 del artículo 10 del TUO de la LPAG.

En consecuencia, si bien el Proveído S/N, incurre en causal de nulidad por las razones antes expuestas, han transcurrido más de dos (02) años desde su emisión y notificación, ocurridas el 06 de junio y 18 de julio de 2018 respectivamente, no siendo factible el pronunciamiento de oficio sobre la nulidad del mismo.

Sin embargo, a la fecha de notificación del Proveído S/N a la impugnante (18 de julio de 2018), ya había transcurrido el plazo señalado en el artículo 259 del TUO de la LPAG, por lo que corresponde analizar la figura de la caducidad a la luz de las fechas del presente procedimiento administrativo sancionador.

Tal como ha sido señalado en el numeral 5.14 de la presente resolución, tuvo como plazo para resolver el procedimiento sancionador hasta el 08 de junio de 2018, por lo que, de conformidad con el numeral 2 del artículo 259 de TUO de la LPAG, habiendo trascurrido dicho plazo sin que se notifique la resolución respectiva se entiende que el procedimiento ha caducado a partir del 11 de junio de 2018.

Cabe precisar que la Resolución de Sub Intendencia N° 433-2018-SUNAFIL/ILM/SIRE5, que impuso sanción a la inspeccionada fue notificada con fecha 10 de agosto de 2018, cuando el procedimiento administrativo sancionador ya había caducado. Para mejor ilustración se adjunta la línea de tiempo siguiente:

Por tanto, corresponde declarar la caducidad del procedimiento administrativo sancionador recaído en el presente expediente sancionador, disponiendo su archivo; 08.09.2017 (Se notifica el Acta de Infracción)

Culmina el plazo máximo para resolver el procedimiento sancionador 10.08.2018 Se notifica la Resolución de Sub Intendencia 9 meses

La caducidad operó (al día siguiente hábil del plazo máximo para resolver) 18.07.2018 (Se notifica el Proveído s/n ampliando el plazo)

Conviene precisar que la declaración de caducidad que efectuará la Sala no supone la nulidad de toda la actuación realizada por las instancias precedentes, sino que, en virtud al texto expreso de los numerales 4 y 5 del artículo 259 del TUO de la LPAG, determinadas actuaciones resultan subsistentes. De esta forma, la declaración de caducidad no deja sin efecto las actuaciones de fiscalización, así como los medios probatorios que puedan o no resultar necesarios ser actuados nuevamente.

Así también las medidas preventivas, correctivas y cautelares dictadas se mantienen vigentes durante el plazo de tres (3) meses adicionales en tanto se disponga el inicio del nuevo procedimiento sancionador, luego de lo cual caducan, pudiéndose disponer nuevas medidas de la misma naturaleza en caso se inicie el procedimiento sancionador. Además, la autoridad competente conforme al Sistema, en caso la infracción no hubiera prescrito, evaluará el inicio de un nuevo procedimiento sancionador.