Embotelladora San Miguel del Sur S.A.C — Res. 313-2022

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre la siguiente materia: Relaciones Colectivas (Convenios Colectivos, Libertad Sindical (Licencia Sindical, Cuota Sindical, entre otros) Otros: No entrega de información de la empresa en proceso de negociación colectiva, cuotas sindicales, no recibir pliego de reclamos, afiliación, desafiliación, entre otros)), incluye todas. 20555195444 soft PACHECO ZERGA Luz Imelda FAU 20555195444 soft

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por la realización de actos que afecten la libertad sindical del trabajador o de la organización de trabajadores, tipificada en el numeral 25.10 del artículo 25 del RLGIT.

i. Se está lesionando nuestro derecho constitucional a un debido procedimiento administrativo, pues la notificación de la Imputación de Cargos, sin adjuntar el Acta de Infracción, invalida el procedimiento administrativo sancionador, por lo que resultan de aplicación los efectos jurídicos del numeral 1 del artículo 26 de la LPAG, por haberse vulnerado gravemente nuestro derecho de defensa.

ii. Es derecho de todo administrado conocer, además de la Imputación de cargos, el Acta de Infracción, por lo que no se puede conferir validez a la notificación y menos aún al inicio de la instrucción, pues nuestra empresa no pudo ejercer su derecho de defensa, pues no se pudo acceder a la investigación de la fase instructora, ni al sustento probatorio que justificó la interpretación de los hechos constitutivos de infracción, propios del acta de infracción.

iii. Nuestra empresa ha afirmado y acompañado medios probatorios que confirman el incremento en promedio del número de afiliados cada año y que, con independencia del proceso de negociación colectiva, entre los meses de diciembre y mayo de cada año, se producen las desafiliaciones sindicales. En virtud a lo expuesto, se evidencia que, no existe una relación de causalidad entre las políticas empresariales que buscan consolidar la igualdad entre sus trabajadores realizando un incremento unilateral de los beneficios del Convenio Colectivo 2019-2021, suscrito el 15 de noviembre de 2019, a los trabajadores no sindicalizados con respecto a la desafiliación sindical producida entre el mes de diciembre de 2019 y enero de 2020, donde se observa la desafiliación de cuatro afiliados al Sindicato versus una afiliación de seis trabajadores en el mismo periodo. Lo cierto es que, para este periodo aleatorio temporal, fueron más las afiliaciones sindicales (6) que las desafiliaciones (4), y el Sindicato mantiene una tasa promedio anual positiva.

iv. La Resolución de Sub Intendencia N° 307-2021-SUNAFIL/IRE-SIRE-LIM, realiza una interpretación errónea e incompleta de los hechos y del ordenamiento jurídico aplicable al caso, pues, el incremento unilateral, o la extensión de beneficios, o la respuesta a una solicitud de los trabajadores, no configura una infracción a la libertad sindical, toda vez que la infracción únicamente se configura en tanto exista una disminución del número de trabajadores afiliados al sindicato.

v. Como hemos reiterado, la Autoridad Inspectiva de Trabajo está obligada a adoptar el acuerdo Segundo del VIII Pleno Jurisdiccional Supremo en Material Laboral, celebrado el 06 de agosto de 2019, emitidos por la Corte Suprema de la república en los últimos diez años. Esta sentencia emitida en Casación Laboral, a todas luces permite extender los alcances de los Convenios Colectivos suscritos por sindicatos minoritarios a los trabajadores no afiliados, a fin de evitar transgredir o vulnerar el principio de Igualdad entre los trabajadores.

i. Respecto al cuestionamiento de la notificación del acta de infracción, cabe precisar que, se le notificó la imputación de cargos y el anexo – Acta de Infracción, a través de la casilla electrónica, en virtud a lo establecido en el Decreto Supremo N° 003-2020-TR, que determina el uso de las notificaciones por la casilla electrónica, que constituye en un domicilio digital obligatorio, la notificación se realiza en virtud a dicha norma, más no a libre discrecionalidad de la Autoridad Administrativa, puesto que a la fecha de la emisión de la imputación de cargos, ya se encontraba vigente el uso de la casilla electrónica.

ii. Corroborándose que el Acta de Infracción fue anexado y notificado en misma fecha que la notificación de la Imputación de Cargos, no evidenciándose notificación del Acta de Infracción en fecha distinta o posterior. Por otro lado, en el hipotético caso de que no se le hubiera anexado el Acta de Infracción a la Imputación de Cargos, es pertinente aclarar que, conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2017-SUNUAFIL/INII, numeral 6.4.1.4 “a la Autoridad Instructora le corresponde las siguientes funciones: b. dar inicio al procedimiento sancionador al emitir y notificar la imputación de cargos al sujeto responsable, en virtud del contenido del acta de infracción. Ello en concordancia con el numeral 7.1.2.3, letra c. “el acta de infracción puede acompañar el

2 Notificada a la impugnante el 25 de octubre de 2021, véase folio 203 del expediente sancionador.

documento de imputación de cargos”. Es preciso indicar que, la imputación de cargos, versa sobre el contenido del acta de infracción.

iii. Respecto a la realización de actos que afecten la libertad sindical del trabajador, nuestra legislación ha determinado los efectos de la negociación colectiva. En síntesis, la primera tendencia exige que se practique la extensión en virtud del principio de igualdad; mientras la segunda la rechaza en aplicación de la libertad sindical positiva. Esta última ha admitido tres salvedades: que se trate de un acuerdo expreso entre el empleador y el Sindicato (Casación Laboral N° 16995- 2016 Lima), de una decisión unilateral del empleador (Casación Laboral N° 20956-2017 Lima) o de falsos locadores que eran verdaderos trabajadores que no pudieron afiliarse (Casación Laboral N° 4009-2017 Lima).

iv. La normativa legal que regula la eficacia del convenio colectivo no prohíbe que se extienda los acuerdos del convenio colectivo de un sindicato minoritario a los no afiliados. En ese sentido, la extensión de los convenios colectivos suscrito por un sindicato minoritario a los no sindicalizados per se no se debería considerar prohibitivo, salvo que el empleador haya acordado con el sindicato minoritario la no extensión del convenio. Lo que debemos analizar entonces es si tal decisión empresarial de extensión de dicho convenio es vulneratorio de la libertad sindical. En otras palabras, se debe probar el daño o afectación que se genera a la libertad sindical del sindicato minoritario. Por ejemplo, a través de acreditar que tal extensión generó directamente la desvinculación de afiliados del sindicato minoritario o actos de coacción de los afiliados para que se desafilien.

v. De autos se observa que la periodicidad, mediante la cual se está consignando como evaluación para determinar si hubo afectación a la libertad sindical; es del periodo: diciembre 2019 a febrero 2020, dicho periodo se determina en virtud a que, en el periodo diciembre 2019, la inspeccionada procede al aumento salarial a las remuneraciones mensuales vigentes de los trabajadores no sindicalizados equivalentes a S/ 4.50 diarios, otorgó el beneficio denominado asignación por movilidad equivalente a S/ 94.20 mensuales, además de un concepto denominado “Bon. Ext. Sus. Cie. Pli” por la suma de S/ 1,300.00; así como el otorgamiento de los conceptos “Reintegro Afecto” y “Reintegro no Afecto”, en el mes de febrero de 2020 se verifica el otorgamiento de la bonificación por educación equivalente a S/ 500.00.

vi. De lo analizado de los cuadros referenciales plasmados en el escrito de apelación y de los actuados de la orden de inspección como del expediente sancionador, se tiene que, en el mes de diciembre de 2019 la inspeccionada contaba con 96 afiliados y para enero 2020 con 92 afiliados, que si bien, a partir del mes de febrero de 2020 en adelante se observa un ligero incremento de trabajadores afiliados, ello no forma parte del periodo a evaluarse, puesto que los beneficios que la inspeccionada otorgó a los trabajadores no sindicalizados, empezaron entre el mes de diciembre 2019 y enero 2020. Asimismo, entre el periodo de diciembre 2019 a enero de 2020 se desafiliaron 4 trabajadores, presentando carta de renuncia a la referida organización sindical. Concluyéndose que el sindicato de trabajadores del sujeto inspeccionado tuvo (04) desafiliados durante el periodo en donde se extendieron los beneficios del convenio colectivo 2019-2021 a los trabajadores no sindicalizados. Por lo tanto,

se verifica la existencia de actos que afectan la libertad sindical, impiden la libre afiliación a una organización sindical y promueven la desafiliación de la misma existiendo un nexo causal entre la afectación y la libertad sindical.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.”

del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

6“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, art. 14

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR S.A.C.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 16 de noviembre de 2021, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 92-2021-SUNAFIL/IRE-LIM, señalando lo siguiente:

Sobre el nexo causal para fundamentar la supuesta afectación a la libertad sindical

i. De la información sobre afiliación y desafiliación sindical proporcionada, se puede observar que la aparente disminución del número de afiliados periodo diciembre - enero es un fenómeno aparentemente cíclico que ocurre los primeros meses de cada año. No obstante, las desafiliaciones sindicales se han producido en los primeros meses de cada año, y las nuevas afiliaciones (salvo en el año 2018) han ido superando a las

desafiliaciones, por lo que, cada año se produjo un incremento de la afiliación sindical, lo que resulta ajeno a la suscripción de los convenios colectivos o la negociación colectiva, conforme se puede apreciar a continuación:

ii. La Intendencia Regional, realiza un cálculo aritmético a fin de determinar la diferencia en el número de afiliados comparando el mes de inicio (diciembre 2019) y el mes final (febrero 2020), concluyendo que se han producido 4 desafiliaciones. Esto, resulta lógico bajo la premisa que, la acción incurrida por mi representada, esto es la extensión del convenio colectivo a trabajadores no sindicalizados, causará en forma directa la reducción del número de afiliados a nuestro Sindicato de Trabajadores. Desde un punto de visto de análisis del nexo causal, no es suficiente la mera operación aritmética, sino que la administración, a quien le corresponde la carga de la prueba, cuente con evidencia probatoria que la reducción del número de afiliados, se debió a la extensión de los alcances del Convenio Colectivo y no a otra cosa ajena a la voluntad del empleador, como bien podría ser la afiliación y desafiliación cíclica que ocurre en cualquier organización colectiva.

Sobre la vulneración del principio de verdad material al utilizar datos erróneos sobre afiliación sindical

iii. En forma extraordinaria ofrecemos como medio probatorio la planilla íntegra de los trabajadores de nuestra empresa correspondiente a los meses de noviembre, diciembre de 2019, de enero y febrero de 2020, donde a partir del descuento sindical podrá observar realmente la evolución de la afiliación sindical. Este cuadro, a partir de la verificación de los trabajadores que aportan la cuota sindical, describe que durante, inclusive el periodo de análisis formulado para determinar la desafiliación sindical, no se ha producido una reducción de la afiliación, sino todo lo contrario.

iv. La Intendencia Regional no valora esta evidencia, sino que formula en términos generales la aseveración que es responsabilidad del empleador probar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y sobre dicha base tomar por cierto la información errónea originalmente provista por mi representada y no la nueva evidencia corregida.

Sobre las falsas atribuciones del inspector de trabajo para incorporar nuevos hechos no comprobados al procedimiento sancionador

v. Se observa el Acta de Infracción, en lo relativo a los hechos constatados, materia de comprobación de datos (puntos 4.1 al 4.10) se fundamentó en la verificación de que a los trabajadores no sindicalizados se les ha extendido los alcances del Convenio Colectivo 2019-2021. En ese sentido, el Inspector de Trabajo no realizó actuación inspectiva alguna para verificar si dicho acto tuvo por efecto el desincentivo al ejercicio de la libertad sindical. Este hecho no fue objeto de análisis y evaluación.

vi. Como se observará, son los puntos 4.7 y 4.10 del Acta de Infracción, los ejes centrales del argumento legal formulado por el Inspector de Trabajo para sancionar a mi representada. Sin embargo, de la Resolución de Intendencia Regional, se aprecia que estos hechos no son sólo los que fundamentan la sanción, sino hechos adicionales no corroborados por el Inspector de Trabajo, lo cual en ningún apartado del Acta de Infracción se aprecia argumento fáctico o legal que lo verifique.

vii. A partir de ello se vulnera el debido procedimiento, toda vez que la Intendencia Regional de Lima, afirma que es el administrado quien debe probar los hechos materia de comprobación por parte de la Inspección de Trabajo. Lo que nos lleva a la siguiente conclusión, en primer lugar, para el Intendente Regional de Lima, se ha instituido una nueva regla para la inspección de trabajo, esto es que, la carga probatoria en el procedimiento inspectivo y sancionador le corresponde al empleador.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el nexo causal para fundamentar la afectación a la libertad sindical 6.1 La Constitución Política de Perú, en su artículo 28, reconoce el derecho a la sindicación y la libertad sindical: “Artículo 28.- Derechos colectivos del trabajador. Derecho de sindicación, negociación colectiva y derecho de huelga

El Estado reconoce los derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga. Cautela su ejercicio democrático: 1. Garantiza la libertad sindical. 2. Fomenta la negociación colectiva y promueve formas de solución pacífica de los conflictos laborales. La convención colectiva tiene fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado.

3. Regula el derecho de huelga para que se ejerza en armonía con el interés social. Señala sus excepciones y limitaciones”.

internacionales constituidos según tratados de los que el Perú es parte”. En ese sentido, por mandato expreso de la Constitución Política del Perú, es obligación interpretar los derechos laborales de conformidad con los convenios internacionales, entre los que se encuentran los Convenios de la OIT.

9 Villavicencio Ríos, Alfredo. La Libertad Sindical en el Perú. OIT Documento de Trabajo N° 114, Lima, 1999, P.27

“7. Sin embargo, además de los dos planos de la libertad sindical antes mencionados, debe también considerarse la garantía para el ejercicio de aquellas actividades que hagan factible la defensa y protección de los propios trabajadores. En tal sentido, el contenido esencial de este derecho no puede agotarse en los aspectos orgánico y funcional, sino que a este núcleo mínimo e indisponible deben añadirse todos aquellos derechos de actividad o medios de acción que resulten necesarios, dentro del respeto a la Constitución y la ley, para que la organización sindical cumpla los objetivos que a su propia naturaleza corresponde, esto es, el desarrollo, la protección y la defensa de los derechos e intereses, así como el mejoramiento social, económico y moral de sus miembros. Por consiguiente, cualquier acto que se oriente a impedir o restringir de manera arbitraria e injustificada la posibilidad de acción o la capacidad de obrar de un sindicato resultará vulneratorio del derecho de libertad sindical”.

Supremo N° 010-2003-TR: “En materia de negociación colectiva, el sindicato que afilie a la mayoría absoluta de los trabajadores comprendidos dentro de su ámbito asume la representación de la totalidad de los mismos, aunque no se encuentren afiliados. De existir varios sindicatos dentro de un mismo ámbito, podrán ejercer conjuntamente la representación de la totalidad de los trabajadores los sindicatos que afilien en conjunto a más de la mitad de ellos. En tal caso, los sindicatos determinarán la forma en que ejercerán esa representación, sea a prorrata, proporcional al número de afiliados, o encomendada a uno de los sindicatos. De no haber acuerdo, cada sindicato representa únicamente a sus afiliados”.

10 La libertad sindical. Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la Organización Internacional de Trabajo. 5ta Edición revisada, párrafo 977.

representación sindical, para afectar la libertad sindical, la negociación colectiva y el ejercicio del derecho de huelga, o supuestos de intermediación laboral fraudulenta, o cualquier otro acto de interferencia en la organización de sindicatos, constituye una infracción muy grave en materia de relaciones laborales, la cual es pasible de una sanción económica, (énfasis añadido).

11 Artículo 16.- Actas de Infracción Las Actas de Infracción por vulneración del ordenamiento jurídico sociolaboral, así como las actas de infracción por obstrucción a la labor inspectiva, se extenderán en modelo oficial y con los requisitos que se determinen en las normas reguladoras del procedimiento sancionador. Los hechos constatados por los inspectores actuantes que se formalicen en las actas de infracción observando los requisitos que se establezcan, se presumen ciertos sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados. (…) 12 Artículo 47.- Carácter de las Actas de Infracción Los hechos constatados por los servidores de la Inspección del Trabajo que se formalicen en las Actas de Infracción observando los requisitos establecidos, merecen fe, sin perjuicio de las pruebas que puedan aportar los sujetos responsables, en defensa de sus respectivos derechos e intereses.

sujeto inspeccionado en la etapa de investigación. En ese sentido, conforme a lo precisado anteriormente, se ha verificado que las partes (el sujeto inspeccionado y el Sindicato de Trabajadores de Embotelladora San Miguel del Sur S.A.C.) suscribieron un “Convenio Colectivo de Trabajo 2019-2021” de fecha 15 de noviembre de 2019. Cabe precisar que, nos encontramos ante un sindicato minoritario y como tal los derechos ganados y reconocidos se deben circunscribir a sus afiliados; más aún si la cláusula segunda del Convenio Colectivo 2019-2021, señaló lo siguiente: Ámbito Subjetivo de Aplicación; conforme se dispone en el artículo 9 del texto Único Ordenado de Relaciones Colectivas de Trabajo aprobado por Decreto Supremo N° 011-92-TR el CONVENIO COLECTIVO “se aplicará únicamente a los trabajadores obreros afiliados al sindicato con relación laboral vigente al momento de la fecha de suscripción o firma del Convenio Colectivo”. En ese orden de ideas, se concluye que existen actos que atentan contra la libertad sindical; cuando a pesar de existir el Convenio Colectivo del periodo 2019-2021, el sujeto inspeccionado decidió extender los beneficios laborales a los trabajadores no afiliados, condicionando a éstos a que no se encuentren sindicalizados; asimismo, resulta ser una acto vulneratorio del derecho a la libertad sindical, en el sentido que impide restringe de manera arbitraria e injustificada la posibilidad de acción del sindicato; pues ello no solo promueve la desafiliación de los trabajadores, lo cual ha ocurrido en el presente caso; toda vez que conforme a las pruebas aportadas por el sujeto inspeccionado (cuadro de afiliación), se evidencia la desafiliación de 4 afiliados al sindicato (énfasis añadido).

verifica el otorgamiento de la bonificación por educación. Por tanto, el periodo que se procedió a evaluar, si hubo afectación o no a la libertad sindical, comprende de diciembre 2019 a enero de 2020; ante ello la impugnante alega que la aparente disminución del número de afiliados es un fenómeno aparentemente cíclico. No obstante, conforme a los actuados en la orden de inspección, así como del expediente sancionador, se tiene que, en el mes de diciembre 2019 la impugnante contaba con 96 afiliados y para enero 2020 con 92 afiliados; si bien es cierto, a partir de febrero de 2020 en adelante se observa un ligero incremento de trabajadores afiliados, ello no forma parte del periodo a evaluarse por las consideraciones evidenciadas anteriormente. Concluyéndose que, el sindicato minoritario de trabajadores de la impugnante tuvo cuatro (04) desafiliados durante el periodo en donde se extendieron los beneficios del convenio colectivo 202-2021 a los trabajadores no sindicalizados. Por lo tanto, no corresponde acoger este extremo del recurso de revisión. Sobre la vulneración del principio de verdad material 6.25 Es necesario señalar que, de la revisión de todos los actuados, y de las resoluciones emitidas por las autoridades de primera y segunda instancia, se ha podido advertir que las mismas se encuentran debidamente motivadas, en virtud de los hechos constatados por los inspectores de trabajo durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas y de las disposiciones normativas antes expuestas. Es decir, se ha cumplido con exponer los elementos fácticos y jurídicos que sirven de sustento a cada una de las decisiones contenidas en las resoluciones emitidas por primera y segunda instancia. Es por ello que, no es cierto lo alegado por la impugnante sobre que la sanción que se ha impuesto tiene como base una mera operación aritmética, así como, que no se han valorado todas las evidencias aportadas como la planilla correspondiente a los meses de noviembre, diciembre de 2019, enero y febrero de 2020; por el contrario, la decisión de la imposición de la sanción se funda en hechos concretos evidenciados durante las actuaciones inspectivas y que han sido recogidos en el Acta de Infracción. Por lo tanto, no corresponde acoger este extremo del recurso de revisión.

Sobre la afectación al debido procedimiento por las atribuciones del inspector de trabajo

13 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Tomo I. 14va. Edición. Lima: Gaceta Jurídica, 2019, p. 246.

conceptos “Reintegro afecto” y “Reintegro no afecto”, en el mes de febrero de 2020 se verifica el otorgamiento de la bonificación por educación equivalente S/ 500.00 (Quinientos con 00/100 soles). Dicha situación afecta al sindicato recurrente, ya que el otorgar incentivos económicos al personal no sindicalizado no solo desincentiva de manera indirecta a que los trabajadores se afilien a un sindicato, sino también incide de manera directa a la desafiliación de trabajadores sindicalizados.

14 Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS “Artículo IV.-Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a

Finalmente, es pertinente indicar a modo de información que la multa subsistente en el presente procedimiento administrativo sancionador sería la siguiente:

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Multa impuesta Relaciones Laborales La realización de actos que afecten la libertad sindical del trabajador o de la organización de trabajadores (…). Numeral 25.10 del artículo 25 del RLGIT aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR

MUY GRAVE S/ 91,461.00

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por

exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un lazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 92-2021-SUNAFIL/IRE-LIM, emitida por la Intendencia Regional de Lima dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 164-2020-SUNAFIL/IRE-LIM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución. SEGUNDO.- CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 92-2021-SUNAFIL/IRE-LIM, en todos sus extremos. TERCERO.- Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO.- Notificar la presente resolución a EMBOTELLADORA SAN MIGUEL DEL SUR S.A.C., y a la Intendencia Regional de Lima, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO.- Remitir los actuados a la Intendencia Regional de Lima.

SEXTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente LUZ IMELDA PACHECO ZERGA