Universidad Alas Peruanas S.A — Res. 167-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento de las siguientes materias: Contratos de trabajo (Sub materia: Formalidades), Remuneraciones (Sub materia: Pago de la remuneración (Sueldos y salarios), Gratificaciones), Seguridad social (Sub materia: Declaración y pago de la seguridad social (Declaración y pago de aportes en el régimen de seguridad social en pensiones)), Certificado de trabajo (Sub materia: Incluye todas), Bonificación No remunerativa (Sub materia: Incluye todas), Planillas o registros que la sustituyan (Sub materia: Entrega de boletas de pago al trabajador y sus formalidades), Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Sub materia: Vacaciones), Compensación por tiempo de servicios (Sub materia: Depósito de CTS). soft 17:15:22-0500 PAREDES MORALES Luis Gabriel FAU 20555195444 soft

materia de relaciones laborales, una (01) infracción muy grave en materia de seguridad social, y una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva, por el presunto incumplimiento en el pago de los beneficios sociales de los extrabajadores afectados.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de las gratificaciones legales, en favor de los extrabajadores afectados, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 5,805.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de la bonificación extraordinaria, en favor de los extrabajadores afectados, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 5,805.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de la compensación por tiempo de servicios, en favor de los extrabajadores afectados, tipificada en el numeral 24.5 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 5,805.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de la remuneración del mes de diciembre de 2019, a favor de los extrabajadores Becerra Heredia Dibri Cevi, Cajahuaringa Soto Diana Carolina, Castillo Valverde Renzo, Mendoza Tuesta Cesar Antonio y Pastor Loza Kevin, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 5,805.00.

- Una (01) infracción LEVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar la entrega del certificado de trabajo, por el período laborado del 03 de junio de 2019 hasta el 21 de diciembre de 2019, a favor del extrabajador Cesar Antonio Mendoza Tuesta, tipificada en el numeral 23.2 del artículo 23 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 989.00.

- Una (01) infracción LEVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar la entrega de boletas de pago por todo el período laborado, en favor de los extrabajadores

2 Notificada el 05 de noviembre de 2021. Véase folio 45 del expediente sancionador.

afectados, tipificada en el numeral 23.2 del artículo 23 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 989.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de la remuneración vacacional, en favor de los extrabajadores afectados, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 9,675.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de seguridad social, por no acreditar haber efectuado la declaración y el pago por el concepto de aportes al sistema privado de pensiones (AFP) por todo el periodo laborado en favor de los extrabajadores afectados, tipificada en el numeral 44-B.2 del artículo 44-B del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 9,675.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir la medida inspectiva de requerimiento de fecha 30 de noviembre de 2020, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,309.00.

i. Que, la resolución apelada debe ser anulada porque presenta una inobservancia al debido procedimiento, puesto que adolece de una debida motivación, vulnerando así lo prescrito en el numeral 1.2 del artículo IV de la Ley de Procedimiento Administrativo General, ya que la autoridad administrativa sólo se limitó a reseñar las supuestas infracciones sin garantizar la valoración idónea de lo actuado en el presente procedimiento. ii. Que, existe serias limitaciones para poder exhibir la información solicitada por la Autoridad Inspectiva de Trabajo, dado que el 15 de enero de 2020, el Ministerio Público intervino en Lima, la sede Central de la Dirección de Gestión del Talento, todo el acervo documentario, incluso digital, lo que hizo imposible cumplir con el requerimiento formulado, dado que la información se encontraba centralizada en la sede principal de Lima, no fue posible disponer de la información respectiva, sin embargo, dicha circunstancia no ha sido tomada en cuenta. iii. El informe Final de Instrucción, la Imputación de Cargos y el Acta de Infracción, deben ser declarados nulos, dado que no se han pronunciado debidamente, sobre la forma en que la impugnante hubiera incurrido en las infracciones sancionadas. No se evidencia el desarrollo motivacional lógico y coherente que determina la responsabilidad, ni el debido respaldo probatorio. iv. Que, la autoridad administrativa no ha tomado en cuenta el criterio de razonabilidad para la aplicación de la sanción, en la medida que no ha ponderado la supuesta comisión

de la conducta infractora que se les imputa. Por lo que, la sanción propuesta en la resolución vulnera normas de orden público, que son el marco referencial de las potestades sancionadoras de las entidades estatales. v. Vulneración del principio de licitud, previsto en el inciso 9 del artículo 246 del TUO de la Ley N° 27444. Asimismo, la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa se manifiesta en la carga de la prueba que recae sobre la administración, lo cual supone la prueba de los hechos constitutivos y elementos integrantes del tipo, no pudiendo imputarse responsabilidad por simples indicios y conjeturas.

i. Que, en los numerales 33 al 41 del Informe Final, la autoridad instructora ha precisado que el acta de infracción contiene una narración ordenada y precisa los incumplimientos de cada una de las obligaciones a cargo de la inspeccionada, además de establecer la normativa legal vulnerada, expresando los hechos jurídicos que sustentan la propuesta de infracción. Asimismo, el acta de infracción refleja el contenido mínimo previsto en el artículo 46 de la LGIT, como el artículo 54 del RLGIT, verificándose la validez del acta de infracción que evidencia que se encuentra debidamente motivada en hechos y en derechos respecto a las infracciones sociolaborales advertidas. ii. En cuanto, a la nota periodística ofrecida como medio probatorio, la autoridad instructora ha precisado correctamente que ello no constituye documentación que produzca certeza sobre la supuesta incautación de su acervo documentario, ni de la intervención del Ministerio Público, en tanto la inspeccionada no presentó medio probatorio que otorgue validez a sus argumentos, además, que los hechos argumentados datan de enero del 2020. No obstante, no acreditan que entre la documentación que alegan incautada por el Ministerio se encuentre documentación requerida por el inspector, sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral de los extrabajadores comprendidos en las actuaciones inspectivas de investigación, lo cual no lo exime de su obligación de acreditar el cumplimiento de las materias que fueron objeto de inspección. iii. El Acta de Infracción, Informe Final y la Resolución de Sub Intendencia, determinaron que la inspeccionada ha incurrido en las infracciones y que la autoridad de primera instancia sancionó a la inspeccionada habiendo graduado la multa de acuerdo a lo establecido en el artículo 38 de la LGIT, atendiendo a los criterios referidos a la gravedad de la falta cometida (muy grave) y al número de trabajadores (5), acorde con los principios de razonabilidad y proporcionalidad establecidos en el numeral 3 del artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 y de acuerdo a la tabla de sanciones prevista en el numeral 48.1 del artículo 48 del RLGIT, por lo que, lo alegado en este extremo carece de asidero. iv. Que, la resolución apelada se encuentra debidamente motivada ya que se han desarrollado ampliamente las normas legales incumplidas, los trabajadores afectados, precisando el motivo de la sanción. Asimismo, ha cumplido con los principios del procedimiento administrativo contemplado en el artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG; que rigen la potestad sancionadora administrativa, contemplada en el artículo 248 del TUO de la LPAG, como son: legalidad, el debido procedimiento, razonabilidad, tipicidad, causalidad, presunción de licitud, entre otros; por consiguiente, contrariamente a lo alegado por la inspeccionada, existe conexión lógica entre la

3 Notificada el 07 de febrero de 2022. Véase folio 66 del expediente sancionador.

fiscalización realizada, el procedimiento inspectivo, el procedimiento instructivo y la multa impuesta a la inspeccionada por la infracciones materia de autos.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 5“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.”

010-2022-TR7, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR8 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

7“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 8“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 9 Artículo 14 del Decreto Supremo N° 016-2017-TR.

Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 16 de febrero de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 262-2022-SUNAFIL/ILM, solicitando se declare su nulidad, sobre la base de los siguientes argumentos:

i. La resolución apelada deviene en nula al vulnerar la garantía constitucional a la debida motivación en las resoluciones administrativas, cuando expide una resolución confusa y contradictoria, por lo que debe ser anulada al igual que la Resolución de Sub Intendencia al haber inobservancia al debido procedimiento y por ende vulneración a lo prescrito en el numeral 1.2 del artículo IV Principios del procedimiento administrativo de la Ley N° 27444, norma referida al derecho a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. ii. La Resolución de Intendencia al igual que en la Resolución de Sub Intendencia, no ha advertido debidamente el contenido de la información de público conocimiento acaecida en el presente periodo, lo cual es de conocimiento público y que los releva de

haber incurrido en las infracciones que se les pretende imputar, conforme a lo señalado en el sub punto 1.7 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General-Ley N° 27444, que refrenda el principio de la presunción de veracidad respecto de los documentos y declaraciones formulados por los administrados. Sin embargo, la autoridad administrativa de trabajo obvió dicho principio, toda vez que en la Resolución administrativa materia del presente descargo, se aprecia que sólo se limitó a reseñar las supuestas infracciones, lo cual no garantiza la valoración idónea de lo actuado en el presente procedimiento. iii. Es de público conocimiento que existen serias limitaciones para poder exhibir la información solicitada por la Autoridad Inspectiva de Trabajo, dado que el 15 de enero de 2020, el Ministerio Público intervino en Lima, la sede Central de la Dirección de Gestión del Talento, todo el acervo documentario, incluso digital, de tal forma que esa incautación hace imposible cumplir con el requerimiento formulado, dado que la información se encontraba centralizada en la sede principal de Lima y habiendo ésta sido intervenida, no fue posible disponer de la información respectiva, lo cual ha sido debidamente acreditada pero no ha sido tomada en cuenta por la Autoridad Administrativa de Trabajo. Lo que vulnera el derecho a una debida motivación del acto o resolución administrativa, pues incurre en una ausencia del debido sustento al requerimiento formulado iv. Que, la SUNAFIL debería observar como cualquier actuación administrativa, una serie de requisitos y procedimientos y, en caso de que no lo hiciera, se debería declarar la nulidad de las correspondientes actuaciones inspectivas, en tanto, que ello configuraría un vicio del proceso administrativo v. La propuesta de sanción contenida en la resolución de intendencia materia de la presente apelación vulnera normas de orden público, en la que ha venido incurriendo la autoridad administrativa de trabajo durante el trámite del procedimiento. De igual forma, la autoridad administrativa de trabajo al proponer la sanción objeto de descargo incurre en inobservancia de lo expresamente prescrito en el numeral 3 del artículo 246 del TUO de la LPAG, relativo al principio de razonabilidad y proporcionalidad que debe observar la potestad sancionadora, esto es con la adecuación aplicable entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada. vi. Que, la autoridad administrativa no ha tomado en cuenta el criterio de razonabilidad para la aplicación de la sanción, en la medida que no ha ponderado la supuesta comisión de la conducta infractora que se les imputa. Por lo que, la sanción propuesta en la resolución vulnera normas de orden público, que son el marco referencial de las potestades sancionadoras de las entidades estatales. vii. La propuesta de sanción contenida en la resolución de intendencia materia de la presente apelación, vulnera también el principio de licitud, previsto en el inciso 9 del artículo 246 del TUO de la Ley N° 27444. Asimismo, la normativa administrativa establece que las entidades públicas deben respetar la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario. Así, dicho principio se deriva del principio constitucional a la presunción de inocencia previsto en el literal e) del inciso 24 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú. viii. El calificar como infracción a la labor inspectiva el hecho de no cumplir oportunamente con el requerimiento, constituye una violación al principio de Non Bis In Ídem, pues se impone doble sanción por un solo hecho, que es propiamente el supuesto incumplimiento de normas sociolaborales (sobre el pago de horas extras), respecto del cual se propone una sanción en forma individual. Por lo que, el hecho de sancionar el incumplimiento oportuno de la medida inspectiva de requerimiento, por cuanto que subsiste la misma infracción verificada, configura una situación en la que un solo hecho genera la propuesta de una doble multa, vulnerando así el precitado principio.

ix. Al observar el acta se tiene que la sanción de incumplimiento a la labor inspectiva sólo ha sido sustentada en base al artículo 9 de la LGIT, mas no en el artículo 15 del RLGIT, lo que constituye vulneración al debido procedimiento contemplado en el inciso a) del artículo 44 de la LGIT. De esa forma, la compañía no tiene la posibilidad de ejercer su derecho de defensa en forma adecuada ya que se le sanciona por la infracción del artículo 9 de la LGIT sin que se haga explícita la norma legal reglamentaria sobre el tipo de quebrantamiento al deber de colaboración que se les sanciona; por lo que, se ha vulnerado su derecho al debido procedimiento. Por tanto, corresponde que el Tribunal de Fiscalización Laboral deje sin efecto la multa por el supuesto incumplimiento oportuno de la medida inspectiva de requerimiento de la Autoridad Administrativa de Trabajo.

Análisis Del Recurso De Revisión

De las infracciones objeto de revisión 6.1. De conformidad con lo señalado en el fundamento 3.4 de la presente resolución, esta Sala sólo se pronunciará sobre los alegatos del recurso de revisión vinculados a las infracciones calificadas como muy graves, a la luz del precedente administrativo aprobado mediante Resolución de Sala Plena N° 002-2022-SUNAFIL/TFL, publicado el 06 de mayo de 2022 en el diario oficial El Peruano:

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves,

que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (énfasis añadido).

Sobre la naturaleza jurídica de las infracciones a la labor inspectiva

10 Publicado en el Diario Oficial El Peruano, el 08 de agosto de 2021.

“(…) Por consiguiente, en tanto que el ordenamiento jurídico no disponga cosa distinta, los actos o hechos que impiden o dificulten la labor inspectiva y que se consignan en el acta de infracción, constituyen infracciones que no tienen una naturaleza secundaria, adjunta ni dependiente, respecto de posibles infracciones ocurridas y detectadas en la visita inspectiva referentes a aspectos sustantivos objeto de control por la inspección del trabajo. (…)” (énfasis añadido).

Sobre la supuesta inobservancia al Debido Procedimiento Administrativo, la Debida Motivación y el Principio de Presunción de Veracidad 6.18. La impugnante refiere que se ha vulnerado el Debido Procedimiento al no haberse valorado debidamente la información pública que acreditaba la imposibilidad de cumplir con el requerimiento efectuado por el personal inspectivo; adjuntando para dicho efecto una noticia periodística, en donde se menciona que “El Ministerio Público lleva a cabo esta mañana una diligencia de allanamiento e incautación de información en el local de la Universidad Alas Peruanas, en el distrito de Jesús María (…)” (énfasis añadido).

“Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en

derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“4. El derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican” (énfasis añadido).

11 Numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG: “En la tramitación del procedimiento administrativo, se presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario.” 12 Numeral 1.11. del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG: En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. (…)”

del Tribunal13, con el fin de contrastar lo informado por la impugnante, este Tribunal, solicitó al Ministerio Público, mediante Oficio de fecha 17 de noviembre de 2021, reiterado con Oficio de fecha 30 de diciembre de 2021, para que remita la información sobre la incautación antes referida, pues si bien este no era de trascendencia para absolver la presente controversia; no obstante, serviría como un elemento adicional para un mejor resolver en los procedimientos administrativos sancionadores seguidos contra la impugnante, donde ésta alega que la información que le ha sido requerida por la SUNAFIL fue incautada por el Ministerio Público.

13 Artículo 18.- Trámite del recurso de revisión “El recurso de revisión se tramita conforme a las siguientes reglas: 18.3. El Tribunal, de considerarlo pertinente, podrá solicitar información adicional al recurrente, a las entidades y/o a terceros, a fin de contar con mayores elementos para mejor resolver.” 14Decreto Supremo Nº 004-2017-TR, que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2: El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. (...) 15 Decreto Supremo Nº 004-2017-TR, que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 3: Son competencias del Tribunal, las siguientes: a) Resolver en última instancia administrativa los procedimientos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. (…) 16 Decreto Supremo Nº 004-2017-TR, que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 17: Al evaluar el fondo del recurso de revisión, el Tribunal está facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

Sobre la aplicación del principio de razonabilidad y proporcionalidad

Ley, se gradúan atendiendo a los siguientes criterios generales: a) Gravedad de la falta cometida. b) Número de trabajadores afectados. c) Tipo de empresa. El Reglamento establece la tabla de infracciones y sanciones, y otros criterios especiales para la graduación” (énfasis añadido).

Sobre la aplicación al principio de licitud

Sobre la aplicación del principio de non bis in ídem

17 Ahora artículo 248 del TUO de la LPAG. 18 Ver Sentencia del Tribunal Constitucional del 16 de abril de 2003, recaída en el Expediente N° 2050-2002-AA/TC, así como la Sentencia del Tribunal Constitucional del 24 de mayo de 2013, recaída en el Expediente N° 02704-2012- PHC/TC

“La propia norma nos expresa que para la exclusión de la segunda pretensión punitiva del Estado (plasmada en un procedimiento o sanción concurrente o sucesiva) tiene que acreditarse que entre ella y la primera deba apreciarse una triple identidad de “sujeto, hecho y fundamento”, dado que, si no apareciera alguno de estos elementos comunes, si sería posible jurídicamente la acumulación de acciones persecutorias en contra del administrado. Por ello, en todos los casos, los presupuestos de operatividad para la exclusión de la segunda pretensión sancionadora son tres:

- La identidad subjetiva o de persona (eadem personae) consistente en que ambas pretensiones punitivas sean ejercidas contra el mismo administrado, independientemente de cómo cada una de ellas valore su grado de participación o forma de culpabilidad imputable. No se refiere a la identidad del agraviado o sujeto pasivo (…)

- La identidad de hecho u objetiva (eadem rea) consiste en que el hecho o conducta incurridas por el administrado deba ser la misma en ambas pretensiones punitivas, sin importar la calificación jurídica que las normas les asignen o el presupuesto de hecho que las normas contengan. No es relevante el nomen juris o como el legislador haya denominado a la infracción o título de imputación que se les denomine, sino la perspectiva fáctica de los hechos u omisiones realizados. - Finalmente, la identidad causal o de fundamento (eadem causa petendi) consiste en la identidad en ambas incriminaciones, esto es, que exista superposición exacta entre los bienes jurídicos protegidos y los intereses tutelados por las distintas normas sancionadoras, de suerte tal que si los bienes jurídicos que se persiguen resultan ser heterogéneos existirá diversidad

de fundamento, mientras que, si son iguales, no procederá la doble punición (…)”19 (énfasis añadido).

19 MORON URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Lima: Gaceta Jurídica, 2015, p. 790.

Información Adicional

N° Materia Presunta conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones laborales No acreditar el pago de las gratificaciones legales, en favor de los extrabajadores afectados. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE Relaciones laborales No acreditar el pago de la bonificación extraordinaria, en favor de los extrabajadores afectados. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE Relaciones laborales No acreditar el pago de la compensación por tiempo de servicios, en favor de los extrabajadores afectados. Numeral 24.5 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE Relaciones laborales No acreditar el pago de la remuneración del mes de diciembre de 2019, a favor de los extrabajadores Becerra Heredia Dibri Cevi, Cajahuaringa Soto Diana Carolina, Castillo Valverde Renzo, Mendoza Tuesta Cesar Antonio y Pastor Loza Kevin. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE Relaciones laborales No acreditar la entrega del certificado de trabajo, por el período laborado del 03 de junio de 2019 hasta el 21 de diciembre de 2019, a favor del extrabajador Cesar Antonio Mendoza Tuesta. Numeral 23.2 del artículo 23 del RLGIT

LEVE

Relaciones laborales No acreditar la entrega de boletas de pago por todo el período laborado, en favor de los extrabajadores afectados. Numeral 23.2 del artículo 23 del RLGIT

LEVE Relaciones laborales No acreditar el pago de la remuneración vacacional, en favor de los extrabajadores afectados. Numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT

MUY GRAVE Seguridad Social No acreditar haber efectuado la declaración y el pago por el concepto de aportes al sistema privado de pensiones (AFP) por todo el periodo laborado en favor de los extrabajadores afectados. Numeral 44-B.2 del artículo 44-B del RLGIT

MUY GRAVE Labor inspectiva No cumplir la medida inspectiva de requerimiento de fecha 30 de noviembre de 2020. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por la UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS S.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 262-2022-SUNAFIL/ILM, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 106-2021-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 262-2022-SUNAFIL/ILM, en el extremo referente a la infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT, la infracción muy grave en materia de seguridad social, tipificada en el numeral 44-B.2 del artículo 44-B del RLGIT y a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a la UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS S.A., y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente

LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

20220222RAN