Laboratorios Portugal S.R.L — Res. 238-2023

Mediante Orden de Inspección N° 1711-2021-SUNAFIL/IRE-AQP, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 674-2021- SUNAFIL/IRE-AQP (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de una (01) infracción muy grave en materia de relaciones laborales, por incurrir en prácticas antisindicales, trasgrediendo las garantías reconocidas a sindicatos en formación, a los candidatos a dirigentes sindicales y a los miembros de comisiones negociadoras, en mérito a la denuncia realizada por el Sindicato de Trabajadores Laboratorios Portugal – SITRALAP, quienes solicitaron una verificación por actos antisindicales.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 445-2021-SUNAFIL/SIAI-AQP, de fecha 04 de octubre de 2021, notificada el 06 de octubre de 2021, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 617-2021-SUNAFIL/SIAI-AQP, de fecha 27 de octubre de 2021, (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de la conducta infractora imputada a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de Arequipa, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 711-2021-SUNAFIL/IRE-ARE/SIRE, de fecha 26 de noviembre de 2021, notificada el 29 de noviembre de 2021, multó a la impugnante por la suma de S/ 346,698.00, por haber incurrido en la siguiente infracción:

Con fecha 21 de diciembre de 2021, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 711-2021-SUNAFIL/IRE-ARE/SIRE, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 104-2022-SUNAFIL/IRE-AQP, de fecha 29 de marzo de 20222, la Intendencia Regional de Arequipa declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 21 de abril de 2022, la impugnante presentó, ante la Intendencia Regional de Arequipa, el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 104-2022- SUNAFIL/IRE-AQP.

La Intendencia Regional de Arequipa admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorándum N° 339-2022- SUNAFIL/IRE-AQP, recibido el 03 de mayo de 2022 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola,

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017- TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que LABORATORIOS PORTUGAL S.R.L., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 104-2022- SUNAFIL/IRE-AQP, emitida por la Intendencia Regional de Arequipa, que confirmó la sanción impuesta de S/ 346,698.00 por la comisión de una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.11 del artículo 25 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; el 01 de abril de 2022.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por LABORATORIOS PORTUGAL S.R.L.

Dado que el administrado argumenta expresamente que ha ocurrido supuestas vulneraciones al debido procedimiento y debida motivación, este Tribunal debe realizar un análisis respecto a la aplicación del principio del debido procedimiento en el presente caso y su relación con la validez de los actos administrativos emitidos en el marco del expediente en alusión.

Sobre el particular, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

El Tribunal Constitucional -máximo intérprete de la Constitución- se ha pronunciado en numerosas oportunidades en relación con el derecho al debido procedimiento, estableciendo una reiterada y uniforme jurisprudencia al respecto, como lo recuerda la Sentencia recaída en el Expediente N° 04289-2004-AA/TC:

En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional, en el fundamento jurídico 5 de la Sentencia recaída en el Expediente N° 02098-2010-AA/TC, señaló que no solo existe base

Conforme a ello, dada la claridad expositiva del Tribunal Constitucional, así como de la norma contenida en el TUO de la LPAG, respecto de los alcances del derecho al debido procedimiento, debe analizarse el caso concreto en relación con las vulneraciones alegadas por la impugnante: a la debida motivación y debido procedimiento.

Sobre el particular, se evidencia que la impugnante tuvo acceso a una defensa técnica; es decir, al asesoramiento y patrocinio de un abogado defensor de su elección. De igual forma se evidencia que el procedimiento administrativo sancionador discurrió en pluralidad de instancias, conforme a la regulación adjetiva aplicable al presente caso.

En cuanto a la supuesta afectación al debido procedimiento alegado por la impugnante, en la medida que cuestiona la fecha de emisión del Acta de Infracción, señalando que ésta se dio en fecha posterior a la finalización de las actuaciones inspectivas; corresponde precisar que, de la revisión del expediente inspectivo, la Orden de Inspección otorgó un plazo de 25 días hábiles para la realización de las actuaciones inspectivas, que empezó a computarse desde el 29 de junio de 2021, con la actuación inspectiva de “Comprobación de Datos”9 y culminó con la emisión del Acta de Infracción de fecha 05 de agosto de 202110, conforme se verifica del expediente inspectivo; por lo tanto, las actuaciones inspectivas se dieron en el plazo otorgado en la Orden de Inspección.

Asimismo, si bien mediante Memorándum 001378-2021-SUNAFIL/IRE-AQP/SIAI11, la Autoridad Instructora requirió al Inspector actuante la modificación de la graduación y/o cálculo del monto de la multa propuesta en el Acta de Infracción, ello en mérito a lo prescrito en el artículo 48.1-B del RLGIT12, éste constituye un acto de administración

Cabe precisar que, como bien ha señalado la Intendencia que, el inciso 3 del artículo 151 de la LPAG, señala que el vencimiento del plazo para cumplir un acto a cargo de la Administración, no exime de sus obligaciones establecidas, atendiendo al orden público, así como, la actuación administrativa fuera de término no queda afecta de nulidad, salvo que la ley expresamente así lo disponga por la naturaleza perentoria del plazo, situación que no ha ocurrido en el presente caso. Por estas consideraciones, este Tribunal concluye que la emisión del Acta de Infracción se dio en el plazo correspondiente, debiendo desestimarse los argumentos de la impugnante.

Finalmente, la impugnante ejerció su derecho a la defensa desde que tomó conocimiento de la infracción imputada, teniéndose en consideración los escritos presentados y la oportunidad en que fueron presentados; por lo tanto, al no advertirse vicio alguno en lo alegado, debe desestimarse los agravios alegados en torno a ello. Asimismo, los demás aspectos del derecho serán analizados en los considerandos posteriores.

Con relación al derecho o garantía de la motivación de las decisiones que afecten los intereses de la impugnante, es importante recalcar que el principio de debido procedimiento se encuentra relacionado con la exigencia de la debida motivación del acto administrativo. Lo anterior se desprende de la necesidad de que sea una garantía a favor de los administrados de exponer sus argumentos, ofrecer y producir pruebas y, a su vez, a obtener una decisión por parte de la autoridad administrativa motivada y fundada en derecho.

En ese contexto, en el mencionado principio se establece como uno de los elementos esenciales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa, el atribuir a la autoridad que emite el acto administrativo la obligación de sujetarse al procedimiento establecido y a respetar las garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo.

Partiendo de ello, resulta relevante traer a colación el requisito de la motivación de las resoluciones, señalado en el numeral 4 del artículo 3 del TUO de la LPAG, en concordancia

Sobre el particular, el Tribunal Constitucional ha tenido la oportunidad de pronunciarse en más de una ocasión estableciendo, incluso, criterios jurisprudenciales al respecto. A este entender, en la Sentencia recaída en el Expediente N° 00312-2011-AA/TC, se recopiló una serie de elementos vinculados a la motivación de los actos administrativos, resaltando la definición de la naturaleza jurídica de la motivación de actos administrativos: ser una garantía constitucional que busca evitar la arbitrariedad de la Administración. Se señaló, además, lo siguiente:

Conforme a ello, la motivación deberá ser expresa a efectos de que el acto administrativo que sustenta sea emitido a partir de una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso y donde se expongan las razones jurídicas que justifiquen su adopción; no siendo admisibles como motivación las fórmulas que, por su contradicción, no resulten esclarecedoras para la motivación del acto.

En atención a ello, la impugnante considera que se ha trasgredido el derecho de la debida motivación en la decisiones administrativas, en la medida que no se han respetado las garantías mínima al debido procedimiento; sin embargo, no precisa de qué forma la resolución impugnada ha incurrido en este vicio, señalando solo que la Intendencia ha omitido considerar sus argumentos. Es más, los supuestos agravios que presenta en su recurso de revisión, son los mismos presentados en su recurso de apelación, los cuales ya han obtenido respuesta, no incurriendo en una motivación insuficiente y/o aparente.

Por otra parte, la impugnante alega se ha afectado el principio de tipicidad, pues la Intendencia confunde la noción de “sindicato en formación” al nivel de protección del fuero sindical, ya que estaríamos ante un sindicato constituido.

En atención a ello, el inspector constató que la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores Laboratorios Portugal (en adelante, SITRALAP) fue constituido con fecha 14 de marzo de 2021 mediante Asamblea General, y registrado ante la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Tacna con fecha 06 de abril de 2021, conforme la constancia de inscripción automática del Expediente N° 002-2021-GRA-GRTPE- DPSCSDRG. De esta forma, y conforme al alcance del artículo 31 del Texto Único de la Ley de Relaciones Colectivas (en adelante, TUO de la LRCT), se considera que:

En ese sentido, este Tribunal debe precisar que, de la lectura del artículo 31 del TUO de la LRCT antes citado, se desprende que el término “sindicato en formación” se utiliza para establecer el ámbito subjetivo de protección del fuero sindical, precisando quiénes se encuentran bajo este amparo y durante cuánto tiempo; en ese sentido, carece de relevancia si dentro del periodo de protección dispuesto, el sindicato haya obtenido registro sindical o no, toda vez que este reconocimiento administrativo no constituye un acto constitutivo, conforme lo establece el artículo 1713 del mismo cuerpo normativo. En

En cuanto a la Casación Laboral N° 2307-2004-LIMA, citada por la impugnante a efectos validar su argumento sobre el “sindicato en formación”, corresponde señalar que de su lectura, el caso trataría sobre otros supuestos de hecho, relacionados a la aplicación o no del artículo 18 del Reglamento del TUO de la LRCT, sin que de la lectura del párrafo citado por la impugnante se pueda evidenciar con claridad algún criterio que valide su tesis sobre el “sindicato en formación”; así también, corresponde evidenciar que la impugnante no adjuntó dicha jurisprudencia a su recurso de revisión, precisando además que la misma no tiene la condición de precedente vinculante, debiendo desestimarse este argumento.

Asimismo, de la revisión de los expedientes inspectivo y sancionador, se observa que el Acta de Infracción cuenta con los suficientes argumentos y hechos constatados que determinaron la sanción impuesta al administrado, y las resoluciones de primer y segundo grado, han sido motivadas adecuadamente respecto a lo que consiste la infracción cometida, resultando además de carácter insubsanable. A su vez, la infracción se ha tipificado y calificado conforme a la normativa pertinente en materia de relaciones laborales, correspondiente al numeral 25.11 del artículo 25 del RLGIT, no existiendo una afectación al principio de tipicidad, ni muchos menos al principio de objetividad, como alega la impugnante.

Del marco expuesto, la resolución impugnada y el presente caso, cuenta con la correcta y debida justificación de la decisión adoptada respecto a la determinación de responsabilidad por conductas contra el ordenamiento administrativo, que conjuntamente con la valoración de los medios probatorios y/o argumentos que el administrado formuló durante el desarrollo del procedimiento administrativo sancionador, se determinó la confirmación de la resolución de sub intendencia, respetando con ello la garantía del debido procedimiento administrativo; correspondiendo desestimar los argumentos expuestos por la impugnante en este extremo.

La Constitución Política de Perú, en su artículo 28, reconoce el derecho a la sindicación y la libertad sindical:

En ese sentido, se aprecia la máxima valoración jurídica que tiene el derecho sindical en nuestro ordenamiento jurídico, en la medida que estamos ante el reconocimiento de un bien jurídico tutelado en el nivel más alto dentro del Derecho nacional, con lo que, evidentemente, pasa a formar parte del denominado interés público.

La libertad sindical ha sido considerada en diversos tratados internacionales de derecho humanos de ámbito mundial y americano como un derecho fundamental del cual es titular todo ciudadano. La Organización Internacional del Trabajo (en adelante, OIT) ha desarrollado extensamente el contenido de este derecho a través de diversos Convenios y Recomendaciones.

Es así que, conforme al artículo 2 del Convenio 87 de la OIT, Convenio relativo a la Libertad Sindical y a la Protección del Derecho de Sindicación, los trabajadores y los empleadores, sin ninguna distinción y sin autorización previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de observar los estatutos de las mismas.

Por su parte, es importante mencionar lo dispuesto en el artículo 1 del Convenio 98 de la OIT sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, que establece lo siguiente: “1. Los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo. 2. Dicha protección deberá ejercerse especialmente contra todo acto que tenga por objeto: (a) sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro de un sindicato; (b) despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier otra forma a causa de su afiliación sindical o de su participación en actividades sindicales fuera de las horas de trabajo o, con el consentimiento del empleador, durante las horas de trabajo”.

Asimismo, el artículo 2 del referido Convenio N° 98, establece lo siguiente: “las organizaciones de trabajadores y de empleadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de injerencia de unas respecto de las otras ya se realice directamente o por medio de sus agentes o miembros, en su constitución, funcionamiento o administración”.

Es importante precisar que, en el artículo 55 de la Constitución Política del Perú, se establece que “los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho

Estas disposiciones se deben concordar con la Décima Disposición Complementaria de la Ley N° 29497, Ley Procesal del Trabajo, la misma que señala: “conforme a lo establecido en la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política del Perú, los derechos laborales, individuales o colectivos se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre la materia ratificados por el Perú, sin perjuicio de consultar los pronunciamientos de los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los criterios o decisiones adoptados por los tribunales internacionales constituidos según tratados de los que el Perú es parte”. En ese sentido, por mandato expreso de la Constitución Política del Perú, es obligación interpretar los derechos laborales de conformidad con los convenios internacionales, entre los que se encuentran los Convenios de la OIT.

Para Alfredo Villavicencio Ríos15, la libertad sindical es el derecho fundamental de los trabajadores a agruparse establemente para participar en la ordenación de las relaciones productivas. Este derecho, para ser entendido como tal, debe incluir, por lo menos, la libertad para constituir sindicatos, y afiliarse a ellos, así como la adecuada protección al ejercicio de la actividad sindical. Dentro de nuestro ordenamiento jurídico, el Tribunal Constitucional ha delimitado el contenido esencial del derecho a la libertad sindical, señalando que este derecho constitucional tiene un aspecto orgánico y otro funcional.

Asimismo, respecto a la libertad sindical individual, ésta puede dividirse en dos planos: la libertad sindical individual positiva y la libertad sindical individual negativa. La primera está constituida por todos los derechos que poseen los trabajadores para constituir y afiliarse a las organizaciones que consideren convenientes, sin autorización previa de ninguna autoridad o de su empleador; así como el derecho de la actividad sindical. En tal sentido, la libertad sindical individual positiva contiene el derecho a la libre constitución de organizaciones sindicales y el derecho de libre afiliación. Por otro lado, la segunda consiste en el derecho de los trabajadores a no ser obligados a afiliarse a una organización sindical; es decir, que los trabajadores tienen derecho a elegir, libre y voluntariamente, si desean afiliarse, no afiliarse o desafiliarse a un sindicato, no pudiendo estar condicionada su decisión por la amenaza de perder el empleo, sufrir cualquier tipo de represalia durante a relación laboral, entre otros similares que condicionen una decisión libre y voluntaria.

A su vez, el artículo 4 del TUO de la LRCT estipula que el Estado, los empleadores y los representantes de uno y otros deberán abstenerse de toda clase de actos que tiendan a coactar, restringir o menoscabar, en cualquier forma, el derecho de sindicalización de los trabajadores, y de intervenir en modo alguno en la creación, administración o sostenimiento de las organizaciones sindicales que éstos constituyen.

Del mismo modo, el artículo 12 del RLRCT establece que el fuero sindical, comprende a la totalidad de los miembros del sindicato en formación, desde la presentación de la solicitud y hasta tres (03) meses después.

Corresponde recordar que, en el presente caso, se ha imputado a la impugnante la comisión de la infracción tipificada en el numeral 25.11 del artículo 25 del RLGIT, la cual, prescribe que la trasgresión a las garantías reconocidas a los trabajadores de sindicatos en formación, a los candidatos a dirigentes sindicales y a los miembros de comisiones negociadoras, constituye una infracción muy grave en materia de relaciones laborales, la cual es pasible de una sanción económica (énfasis añadido).

Corresponde precisar que, se dejó constancia en el numeral 4.3 del Acta de Infracción que, los representantes sindicales del SITRALAP, son los siguientes:

Por otro lado, se verificó que, conforme a lo detallado en el numeral 4.21 del Acta de Infracción, la impugnante realizó prácticas antisindicales, consistentes en: i) obstáculos que se implementaron para que el dirigente Gregorio Basilio Rivera Butrón pueda comunicar de la constitución y registro del SITRALAP los días 06 y 07 de abril de 2021, ii) el despido de la trabajadora Sandra Chara Mamani (Secretaria de Organización), iii) el despido de la trabajadora María Luz Rosado Campano De Vargas (Secretaria de Defensa), iv) la suspensión sin goce de remuneraciones de la trabajadora María Luz Rosado Campano De Vargas, y, v) el cambio de puesto de trabajo de la trabajadora Eddyd Amparo Saravia Paucar (Sub Secretaria General).

No obstante, la primera instancia consideró que, respecto al despido de las trabajadoras Sandra Chara Mamani y María Luz Rosado Campano de Vargas y la suspensión sin goce de remuneraciones de esta última, no correspondía emitir pronunciamiento hasta su determinación en sede judicial, sin perjuicio de que, las demás prácticas antisindicales verificadas por el Inspector subsistan y fundamente la infracción cometida.

Ahora bien, en relación al cambio de puesto de trabajo de la trabajadora Eddyd Amparo Saravia Paucar, el inspector comisionado verificó que la decisión de cambio de puesto de trabajo, sucedió después del 14 de marzo de 2021, fecha en la que asume el cargo de Sub Secretaria General del SITRALAP. Además, sostiene que esta decisión fue apresurada y sin planificación suficiente, pues cuando la trabajadora se hizo presente en su nuevo puesto de trabajo el 16 de abril de 2021, el personal de seguridad no le permitió el ingreso a su centro de trabajo, señalando que desconocían del cambio de puesto de la trabajadora.

Asimismo, el inspector consideró que la variación de turnos de trabajo resulta un dato importante, pues al cambiar al cargo de Operaria en el Área de Almacén Planta 3, en un turno de 7:30 a 13:00 y de 13:45 a 17:51 de un cargo de Maquinista de Acondicionado (área de capsulas blandas), en un horario de 06:00 a 18:00 con un refrigerio de 12:00 a 13:00 y dos días de 18:00 a 06:00, con un refrigerio de 12:00 a 01:00, se perjudicó su labor sindical; sin exponer la impugnante cuáles son los motivos de por qué se eligió a una representante sindical para el cambio de puesto de trabajo.

En su recurso de revisión, la impugnante considera que se ha vulnerado su derecho de defensa al pasar de señalar que el acto antisindical se encuentra en la decisión apresurada, oportunidad del cambio y que se afectó los turnos, a cuestionar si existió o no objetividad en el traslado. En atención a ello, este Tribunal considera que no se ha afectado su derecho de defensa, puesto que todos sus agravios o fundamentos en torno a esta conducta han sido valorados. Adicionalmente, corresponde tener en cuenta que esta trabajadora se encontraba amparada por el fuero sindical, y la impugnante no ha logrado justificar el motivo del cambio de puesto, teniendo en cuenta que la trabajadora no estaba capacitada para el nuevo puesto de labores ni la empresa realizó las coordinaciones previas para que asuma el siguiente cargo; debiendo desestimarse el presente argumento.

Respecto a los obstáculos que se implementaron para que el dirigente Gregorio Basilio Rivera Butrón pueda comunicar de la constitución y registro del SITRALAP, en los días 06 y 07 de abril de 2021, la impugnante argumenta que la comunicación se presentó en un centro que no constituía el centro de trabajo del personal sindicalizado ni el domicilio formal de la empresa, y que este actuar, no ocasionó ningún perjuicio al sindicato.

En relación a ello, debe precisarse que, el inspector encargado señaló que el día 06 de abril de 2021 el dirigente sindical quiso presentar la comunicación de constitución del SITRALAP en el local declarado ante SUNAT como PR. S. PRODUCTIVA ubicado en la calle Miguel Grau N° 313, Urb. La Libertad, distrito de Cerro Colorado, provincia y departamento de Arequipa; sin embargo, la impugnante no le recepcionó el documento, excusándose en que no tenía mesa de partes, hecho que fue aceptado por la apoderada de la impugnante. De igual forma, el día 07 de abril de 2021, el dirigente sindical Gregorio Bacilio Rivera Butrón se presentó en el local de la impugnante en el Parque Industrial Rio Seco (I Etapa) Manzana A, Lote 2, distrito de Cerro Colorado, provincia y departamento de Arequipa; no obstante, la asistente de recursos humanos, Dayana Gonzáles, indicó que debían presentar el documento por vía notarial, procediendo de dicha manera el

De ambas situaciones, se evidencia la obstaculización ejercida contra el SITRALAP por parte de la impugnante, al exigir formalidades que no han sido contempladas en la norma ni en ningún documento interno de la impugnante para la aceptación del documento que comunicaba la constitución y registro del referido sindicato, puesto que de la valoración de las documentales presentadas y su análisis, la impugnante no ha logrado acreditar que la remisión vía notarial constituiría el conducto regular que debió realizarse, debiendo desestimarse estos argumentos.

En este punto, es necesario precisar que, conforme a los artículos 1617 y 4718 de la LGIT, los hechos constatados por los inspectores actuantes que se formalicen en las actas de

Por otro lado, la resolución impugnada, en sus numerales 15 y 16, ha cumplido con determinar la responsabilidad por incurrir en prácticas antisindicales, trasgrediendo las garantías reconocidas a sindicatos en formación, de acuerdo con las actuaciones inspectivas de investigación y conforme a la documentación exhibida por la ahora impugnante en la etapa de investigación.

Finalmente, corresponde desestimar el recurso de revisión interpuesto por la impugnante.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, la multa subsistente como resultado del procedimiento administrativo sancionador sería la que corresponde a la siguiente infracción:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.