Shougang Hierro Perú S.A.A — Res. 646-2024

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre la siguiente materia: Relaciones colectivas (sub materia: convenios colectivos). soft 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la negativa del sujeto inspeccionado o sus representantes de facilitar a los supervisores inspectores, los inspectores de trabajo o los inspectores auxiliares, la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones, el 12 de febrero de 2020, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,309.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la negativa del sujeto inspeccionado o sus representantes de facilitar a los supervisores inspectores, los inspectores de trabajo o los inspectores auxiliares, la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones, el 18 de febrero de 2020, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,309.00.

i. A la fecha el Gobierno Regional de Ica (Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Ica), no ha concretado la transferencia de competencias en materia

de fiscalización inspectiva y potestad sancionadora a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, dispuesta a través de la Resolución Ministerial N° 257-2014-TR, y siendo ello así, la Intendencia Regional de Ica, ha causado intromisión en la misma, pues ha obviado que carece de competencia en el presente proceso administrativo, vicio que afecta todo lo actuado, toda vez que la competencia es uno de los requisitos de validez del acto administrativo, pues esté debe ser emitido por el órgano facultado en razón de la materia, territorio, grado, tiempo o cuantía a través de la autoridad regularmente nominada al momento de su dictado. ii. La SUNAFIL, al haber iniciado el proceso de actuaciones inspectivas o comprobatorias, mediante la orden de inspección concreta n° 030-2020- SUNAFIL/IRE-ICA, y al haber iniciado el proceso sancionador mediante la imputación de cargos N° 529-2021-SUNAFIL/IRE-SIAI-ICA y al Acta de infracción N° 051-2020- SUNAFIL/IRE-ICA, de fecha 18.02.2020, afecta el “Principio de legalidad”, contemplado en el numeral 1.1 del artículo IV del TUO LPAG, pues no observo que carece de competencia en materia de inspección del trabajo y en competencia administrativa sancionadora en la región Ica, dado que a la fecha la autoridad regional de inspección del trabajo de Ica, no ha realizado la transferencia de competencias en materia de fiscalización inspectiva y potestad sancionadora a la intendencia regional de Ica, vicio que afecta a todo lo actuado. iii. De lo expuesto, cabe advertir que no comprende a los trabajadores obreros: 1) Vílchez Chacaliaza Luis Eduardo, 2) Mejía Galindo Francisco Asís, 3) Murillo Quispe Rafael Sergio, y 4) Sermeño Cuadros Lucas Carlos, dado que los mismos, laboran en control de calidad mina, no está de más precisar que como excepción, los supervisores pueden establecer otros periodos para los cambios de guardia de acuerdo con los requerimientos de trabajo, esto quiere decir si en alguna oportunidad los trabajadores antes citados han sido programados en turnos, se ha pagado el bono por dicho concepto citado en líneas precedentes. iv. Se advierte en el acta de infracción que nuestra representada habría infringido el procedimiento regular a seguir en el desarrollo de las actuaciones inspectivas, como es no facilitar a los supervisores inspectores, los inspectores de trabajo o los inspectores auxiliares, la información y documentación necesaria para el desarrollo de los inspectores, los inspectores de trabajo o los inspectores auxiliares, la información y documentación necesaria para el desarrollo de sus funciones en la diligencia de fecha 12 de febrero del 2020; sin embargo en el proceso de actuaciones inspectivas no se dejó constancia de tales hechos, es decir, en las constancias de actuaciones inspectivas de investigación de fecha 12 de febrero del 2020, no se dejaron constancias de estos supuestos hechos por su representada, transgrediendo así lo establecido en el noveno párrafo del art. 13° de la Ley N° 28806.

v. Finalmente cabe advertir que en el requerimiento de comparecencia para la diligencia de fecha 12 de febrero del 2020, no se ha detallado bajo apercebimiento de multarse por falta de colaboración con la inspección del trabajo, en caso de su incumplimiento. La responsabilidad de la autoridad de trabajo implica demostrar y evidenciar con el debido sustento probatorio la intención por parte del sujeto inspeccionado sobre la infracción imputada. De esta forma, si por alguna razón el acta de infracción no evidencia una responsabilidad por parte del sujeto inspeccionado pues no existe el debido respaldo probatorio, no debería imponerse una sanción al sujeto inspeccionado y, de ser el caso, correspondería disponer.

i. Como se evidencia en la Resolución N° 257-2014-TR, esta sostiene con precisión la fecha de inicio para el ejercicio de las competencias inspectivas y sancionadoras de SUNAFIL, la misma que no se encuentra supeditada a la realización de transferencia alguna, así como también ha establecido la fecha en que la Intendencia Regional de Ica asume competencia y no como quiere hacer ver la inspeccionada en su escrito venida en alzada. ii. Por los preceptos normativos en alusión, se tiene en evidencia que la Intendencia Regional de Ica es competente, dentro del ámbito territorial de la Región Ica, de modo tal que puede fiscalizar y sancionar infracciones en materia sociolaboral y de labor inspectiva, así como por infracciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. iii. Así las cosas, se evidencia en el considerando 4.4 y 4.5 del acta de infracción la documentación presentada por la inspeccionada en las comparecencias llevadas a cabo los días 12 y 18 de febrero de 2020, que luego de un contraste con los requerimientos de comparecencia se logra apreciar que la inspeccionada no presentó todos los documentos requeridos en su integridad, siendo estos documentos indispensables a efectos de poder determinar cumplimiento o incumplimiento de las normas sociolaborales objeto de la orden de inspección visualizada a folios 01 del expediente sancionador. iv. En esa medida de la visualización de los documentos solicitados como de lo presentado tanto en el día 12 de febrero como el día 18 de febrero de 2020, la inspeccionada no exhibió la documentación que acredite las necesidades de los cambios de guardia en el área de control de calidad mina en el periodo de julio 2019 a octubre de 2019 a favor de los trabajadores Vílchez Chacaliza Luis Eduardo, Mejía Galindo Francisco Asís, Murillo Quispe Rafael Sergio, Sermeño Cuadros Lucas Carlos, siendo apenas lógico que sean considerados como trabajadores afectados al no poder determinar cumplimiento del beneficio pecuniario a favor de ellos. v. En efecto la inspeccionada no cumplió con facilitar al inspector actuante la documentación necesaria para el desarrollo de sus funciones, hecho que impidió verificar el cumplimiento del mencionado pago de bonificación por acuerdo a la cláusula B-3 del Convenio Colectivo de Obreros por cambio de guardia.

2 Notificada a la impugnante el 25 de noviembre de 2022.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión-. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal

del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 20 de diciembre de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 136-2022-SUNAFIL/IRE-ICA, señalando los siguientes alegatos:

i. Finalmente, en este punto al haber iniciado el proceso de actuaciones inspectivas o comprobatorias, mediante la Orden de Inspección N◦ 030-2020 SUNAFIL/IRE-ICA, y al haber iniciado el proceso sancionador con la Imputación de Cargos N' 259-2021-SUNAFIL/IRE-ICA acompañado del Acta de Infracción No 051-2020- SUNAFIL/IRE-ICA; así como haber emitido el Informe Final de Instrucción N° 136-2022- SUANFIL/IRE-SIAI-ICA, vulnera el PRINCIPIO DE LEGALIDAD, a que se refiere el Numeral 1.1) del Art. IV del Título Preliminar del TUO LPAG, y por ende al PRINCIPIO DEL DEBIDO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, contemplado en el Numeral 1,2] del Art. IV del Título Preliminar del cuerpo normativo antes citado, el cual deriva del principio constitucional del debido proceso, que obligan a la sujeción de dicho procedimiento administrativo, a determinadas garantías y derechos que amparan a los administrados, en los procesos pertinentes, entre los cuales se encuentra principalmente el derecho de defensa, pues Sunafil "no observo que carece de competencia en materia de inspección el trabajo y en competencia administrativa sancionadora dado que a la fecha la autoridad regional de inspección del trabajo de Ica no ha realizado la transferencia de

competencias en materia de fiscalización inspectiva potestad sancionadora a la intendencia regional Ica", vicio que afecta a todo lo actuado. ii. En ese sentido, debe advertirse que en el presente caso la autoridad inspectiva sustentó la presunta comisión de las infracciones previstas en el numeral 46.3 del artículo 46° del RLGIT en virtud de las observaciones a la información brindada al inspector de trabajo, así como los documentos (Registro control de asistencia, programación de tumo, descripción de funciones, entre otros) presentados en los requerimientos de comparecencia de fechas 12 y 18 de febrero del 2020, que son evidencia de la conducta de colaboración con la función inspectiva, es decir, nunca existió prueba plena que evidencie una falta de colaboración al inspector del trabajo, afectando a cuatro (4) trabajadores identificados en el numeral 4.1 del acta de infracción (Vílchez Chacaliaza Luis Eduardo; Mejía Galindo Francisco Asis; Murillo Quispe Rafael Sergio y Sermeñio Cuadros Lucas Carlos) iii. En contraste con ello, mi representada colaboró con la inspección del trabajo, participando en las comparecencias programadas y otorgando la información solicitada en donde precisó que los únicos trabajadores obreros que se encuentran obligados a rotar cada 15 dias, acorde a lo convenido en el acápite b) y c) de la Cláusula B-3 (Cambio de Guardia) del Convenio Colectivo de Obreros, son los que laboran en las plantas de San Nicolás, Conveyor y Chancadora de la Mina, debido al carácter de trabajo continuo; así como en los talleres y en las operaciones de la Mina. iv. De todo lo expuesto, resulta evidente que nuestra representada no ha gozado de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, toda vez que en el marco del procedimiento inspectivo se ha incurrido en uno serie de vulneraciones a los principios que rigen la potestad sancionadora tales como el principio de tipicidad, causalidad y culpabilidad, atribuyendo responsabilidad a su representada por conductas no cometidas, pretendiendo un órgano incompetente señalar no se facilitó la información y documentación necesarias para el desarrollo de las funciones al inspector de trabajo, en las comparecencias de fecha 12 y 18 de febrero de 2020. v. Además, advierte que desde la realización de la comparecencia de la empresa inspeccionada hasta la emisión del acta de infracción y constancia de actuaciones inspectivas de investigación, no se evidencia actuación alguna por parte del inspector comisionado, pese a que se encontraba en la posibilidad de requerir mayor información a la proporcionada a fin de esclarecer los hechos que, asume, no han sido acreditados o desvirtuados con las actuaciones inspectivas: tal y como ha sucedido en el presente caso materia de análisis, en donde acreditamos que el inspector comisionado tampoco requirió mayor información para esclarecer los hechos, a pesar que se encontraba en la posibilidad de realizarlo, limitándose a señalar en el Acta de Infracción N' 051-2020-SUNAFIL/IRE-ICA, que su representada no facilitó la información. vi. En virtud de la presunción de inocencia constitucional, la carga de la prueba en los procesos inspectivos recae en la autoridad laboral pues deberá sustentar su posición con aquellos medios probatorios que lo respalden; en caso contrario se podría entender que se pretende una reversión de la carga probatoria en el empleador, y consecuentemente habría una vulneración del principio constitucional de presunción de inocencia del sujeto inspeccionado que derivaría en una nulidad del procedimiento inspectivo.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre las infracciones a la labor inspectiva

disposiciones vigentes en materia sociolaboral y poder adoptar las medidas inspectivas que en su caso procedan, para garantizar el cumplimiento de las normas socio labórales”. Asimismo, “la función inspectiva, es entendida como la actividad que comprende el ejercicio de la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo”. En ese entendido, el comportamiento del inspector comisionado debe orientarse al cumplimiento de las funciones establecidas en la LGIT y su reglamento, tutelando el fin perseguido por dichas normas y debiendo adoptar medidas y acciones en el marco del principio de razonabilidad9.

“En cumplimiento de las órdenes de inspección recibidas, los inspectores o equipos designados iniciarán las actuaciones de investigación mediante alguna de las siguientes modalidades: (…) d) Requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica: la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), como

9 TUO de la LPAG, Título Preliminar, Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo “1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.”

autoridad central del Sistema de Inspección del Trabajo, regula mediante resolución de superintendencia los mecanismos de implementación correspondientes.”

10 LGIT, Artículo 9.- Colaboración con los Supervisores-Inspectores, Inspectores de Trabajo e Inspectores Auxiliares “Los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los Supervisores-Inspectores, los Inspectores del Trabajo y los Inspectores Auxiliares cuando sean requeridos para ello. En particular y en cumplimiento de dicha obligación de colaboración deberán: (…) e) Facilitarles la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones”. 11 LGIT, Artículo 16.- Actas de Infracción “(…) Los hechos constatados por los inspectores actuantes que se formalicen en las actas de infracción observando los requisitos que se establezcan, se presumen ciertos sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus respectivos derechos e intereses puedan aportar los interesados. (…).” 12 LGIT, Artículo 47.- Carácter de las Actas de Infracción “Los hechos constatados por los servidores de la Inspección del Trabajo que se formalicen en las Actas de Infracción observando los requisitos establecidos, merecen fe, sin perjuicio de las pruebas que puedan aportar los sujetos responsables, en defensa de sus respectivos derechos e intereses.”

o mediante comprobación de datos o antecedentes que obren en el Sector Público” (énfasis añadido).

13 LGIT, “Artículo 36.- Infracciones a la labor inspectiva Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración por parte de los sujetos inspeccionados por los Supervisores-Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. Tales infracciones pueden consistir en: 1. La negativa injustificada o el impedimento a que se realice una inspección en un centro de trabajo o en determinadas áreas del mismo, efectuado por el empleador, su representante o dependientes, trabajadores o no de la empresa, por órdenes o directivas de aquél. El impedimento puede ser directo o indirecto, perjudicando o dilatando la labor del inspector actuante de manera tal que no permita el cumplimiento de la fiscalización, o negándose a prestarle el apoyo necesario. Constituye acto de obstrucción, obstaculizar las investigaciones del inspector y obstaculizar o impedir la participación del trabajador o su representante o de los trabajadores o la organización sindical (…). 14 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa: La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales (…) 4. Tipicidad. - Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria. A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda. En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras”. 15 MORÓN URBINA, “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General.” Lima: Gaceta Jurídica Editores. 4 edición. Tomo II., p. 421.

16 TUO de la LPAG Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 4. Tipicidad. - Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria.

A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda. En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras. 17 Vid. Sentencia del 11 de octubre de 2004 recaída en el Expediente N° 2192-2004-AA/TC, segundo párrafo del fundamento jurídico 5.

- A folios 575 y 576 del expediente inspectivo, el inspector comisionado emite el “Requerimiento de comparecencia”, notificada de forma física el 31 de enero de 2020, bajo apercibimiento de sanción en caso de incumplimiento, para presentar ante el inspector comisionado la siguiente documentación:

Figura Nº 01

- Al respecto, conforme se verifica del numeral 4.4 de los hechos constatados del acta de infracción, la impugnante cumplió con remitir parcialmente la información solicitada.

Figura Nº 02

- Ante el cumplimiento parcial del requerimiento de fecha 31 de enero de 2020, el inspector comisionado reitera el “Requerimiento de comparecencia”, la cual es notificada con fecha 12 de febrero de 2020, de forma física, bajo apercibimiento de sanción en caso de incumplimiento, para presentar ante el inspector comisionado la siguiente documentación:

Figura Nº 03

- Al respecto, se verifica del numeral 4.5 de los hechos constatados del acta de infracción, que la impugnante cumplió con remitir parcialmente la información solicitada.

Figuran Nº 04

“15. De esta manera, en la formulación de actas de infracción y en su calificación posterior, deberá observarse que, cuando la fiscalización pueda proseguir desplegando sus funciones, a pesar del comportamiento del inspeccionado que haya perturbado o retrasado la investigación, deberá imputarse la infracción prevista en el artículo 45.2 del RLGIT. En cambio, cuando la demora del sujeto inspeccionado frustre la fiscalización, la tipificación invocable será la del artículo 46.3 del RLGIT.

16. Para la aplicación de este criterio, siempre será determinante el examen de la motivación que consta en el Acta de Infracción, que debe ser no sólo puntual y concisa, sino también suficiente, para poder concluir que la conducta del administrado constituye una falta al deber de colaboración de acuerdo al artículo 45.2 del RLGIT, o al artículo 46.3 del RLGIT, según se haya acreditado en el procedimiento” (énfasis añadido).

18 En virtud del artículo 22 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2017-TR, establece la obligatoriedad de los pronunciamientos interpretativos del TFL, por ser precedentes vinculantes de observancia obligatoria. 19 En virtud del artículo 22 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2017-TR, establece la obligatoriedad de los pronunciamientos interpretativos del TFL, por ser precedentes vinculantes de observancia obligatoria.

“9. En la misma medida, cuando el inspeccionado no cumpla con la entrega de la información requerida dentro del plazo señalado por el inspector, se sujeta a la calificación del propio inspector actuante, quien podrá o no considerar la documentación remitida en función de la programación de las actuaciones inspectivas que tenga a cargo. En tal supuesto, debe atenderse a que el retraso en la entrega puede producir el efecto de la subsanación o puede imposibilitar la revisión integral de lo solicitado, por lo que se atenderá a la descripción del inspector de trabajo para establecer si tal supuesto constituye un supuesto de aplicación del artículo 46.3 del RLGIT. (…) 11. Por ello, cuando los inspeccionados conocen de antemano el plazo otorgado para las actuaciones inspectivas (por ejemplo, por la notificación de la extensión del plazo de las actuaciones inspectivas), la entrega de la documentación solicitada durante el último día de etapa fiscalizadora y que por el volumen o complejidad de la misma no le permite a la autoridad fiscalizadora el analizar y adoptar decisiones en base a dicho contenido, colisionando con el principio de buena fe al frustrar la inspección del trabajo.

12. Finalmente, toda remisión de la información solicitada por los inspectores actuantes, en momentos posteriores al cierre de la orden de inspección constituye un supuesto de aplicación del artículo 46.3 del RLGIT” (énfasis añadido).

justifique el cambio de guardia en el área de control calidad mina (…)”. Ante este requerimiento de informe el administrado manifestó que:

“(…) Debido o la ampliación de la empresa en la zona nueva, se duplicaron las operaciones y la perforación el área de la Mina y que esto trajo como consecuencia que las labores de muestreo se incrementen debiendo realizarse en el primer turno por el personal de control de calidad de mina”

precedentes administrativos señalados precedentemente, por lo que se afectó el derecho a un debido procedimiento de la impugnante.

De la vulneración al principio del debido procedimiento

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten…” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que:

“[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo

20 Numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG “Los jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales conforme a la interpretación que resulte de las resoluciones del Tribunal Constitucional”.

administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […]

La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional.

El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional. (…)

En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N.° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras).

Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido).

sustentan la decisión adoptada por la Administración Pública, conforme al principio de verdad material21.

Sobre los presuntos vicios de motivación en el procedimiento administrativo sancionador

“7. El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales.

21 “TUO de la LPAG Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público”.

Así, en el Exp. N.º 3943-2006-PA/TC (…) ha precisado que el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado, entre otros, en los siguientes supuestos:

a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico.

b) Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna del razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión (…)

c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. El control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. Esto ocurre por lo general en los casos difíciles, como los identifica Dworkin, es decir, en aquellos casos donde suele presentarse problemas de pruebas o de interpretación de disposiciones normativas. (…)

d) La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. (…).

e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). (…)

f) Motivaciones cualificadas. - Conforme lo ha destacado este Tribunal, resulta indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de rechazo de la demanda, o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales como el de la libertad. (…).” (énfasis agregado) 6.37. En consecuencia, esta Sala encuentra acreditada la vulneración al debido procedimiento, sustentado en una motivación aparente, la cual se configura ya que la Sub Intendencia si bien da la apariencia de motivación al citar normas y reiterar los hechos detectados por el personal inspectivo, no valora adecuadamente los medios probatorios presentados, deviniendo en que su decisión carezca de sustento jurídico alguno.

taxativamente consideradas en el precitado artículo por no tratarse de una motivación insuficiente o parcial sino una aparente. Por ello, conforme al numeral 2 del artículo 10° del TUO de la LPAG, el acto deviene en nulo.

Artículo 10.- Causales de nulidad

Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: (…) 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14. (énfasis agregado)

Sobre la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

22 Fundamento jurídico 14, Exp. N° 02098-2010-PA/TC.

artículo 12 y el numeral 13.1 del artículo 13 del TUO de la LPAG; tal resolución carece de efectos y, en consecuencia, corresponde declarar la nulidad de la citada resolución, y de los sucesivos actos u actuaciones del procedimiento, al haberse vulnerado los principios de debido procedimiento y motivación.

POR TANTO Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.; y, en consecuencia, NULA la Resolución de Sub Intendencia N° 525-2022- SUNAFIL/IRE-SISA-ICA, de fecha 30 de setiembre de 2022, emitida por la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de Ica, y la de los sucesivos actos y actuaciones emitidas en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 74-2020- SUNAFIL/IRE-ICA, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en el cual se produjo el vicio, esto es, la emisión de la Resolución de Sub Intendencia N° 525-2022-SUNAFIL/IRE-

SISA-ICA, a fin que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento, considerando los alcances señalados en la presente Resolución.

TERCERO. - Notificar la presente resolución a SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A., y a la Intendencia Regional de Ica, para sus efectos y fines pertinentes.

CUARTO. - Remitir los actuados a la Intendencia Regional de Ica y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.46 de la presente resolución

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20240702MLA HR: 145654-2019