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Mediante Orden de Inspección N° 1153-2019-DRTPEU, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento de del ordenamiento jurídico sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 032-2020-DRTPEU (en adelante, el Acta de Infracción). En mérito a la denuncia formulada en aplicación del inciso c) del artículo 12 de la LGIT.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 025-2020-GRU-GRDS-DRTPEU-SDIT-INSTR- JJRF, de fecha 25 de agosto de 2020, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N°027-2021-SUNAFIL/IRE-UCA-SIAI, de fecha 23 de febrero de 2021, que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de Ucayali, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 000115-2021- SUNAFIL/IRE-UCA/SIRE, de fecha 31 de marzo de 2021, multó a la impugnante por haber incurrido en la siguiente infracción:

Con fecha 13 de julio de 2021, la impugnante solicita la nulidad de la notificación de comparecencia de fecha 16 de enero de 2020, del Informe Final de Instrucción N° 027- 2021-SUNAFIL/IRE-UCA-SIAI y la Resolución de Sub Intendencia N° 000115-2021- SUNAFIL/IRE-UCA/SIRE. Mediante Auto de Sub Intendencia N°002-2021-SUNAFIL/IRE- UCA/SIRE de fecha 19 de julio de 2021, la Sub Intendencia de Resolución declara improcedente la solicitud de nulidad.

Mediante escrito de fecha 11 de agosto de 2021, la impugnante interpone recurso de reconsideración contra la contra el Auto de Sub Intendencia N°002-2021-SUNAFIL/IRE- UCA/SIRE. A través de Auto de Sub Intendencia N° 003-2021-SUNAFIL/IRE-UCA/SIRE de fecha 16 de agosto de 2021, la Sub Intendencia de Resolución declara improcedente el recurso de reconsideración.

Con fecha 06 de setiembre de 2021, la impugnante interpone recurso de apelación contra el Auto de Sub Intendencia N° 003-2021-SUNAFIL/IRE-UCA/SIRE.

A través de la Resolución de Intendencia N° 043-2022-SUNAFIL/IRE-UCA de fecha 25 de julio de 2022 se declara la nulidad de oficio, retrotrayendo el procedimiento administrativo sancionador hasta la emisión del Informe Final de Instrucción.

En ese sentido, de conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 299-2022- SUNAFIL/IRE-UCA-SIAI, de fecha 16 de agosto de 2022 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de Ucayali, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 000477-2022-SUNAFIL/IR-UCA/SISA, de fecha 20 de setiembre de 2022, multó a la impugnante por haber incurrido en la siguiente infracción:

Con fecha 08 de octubre de 2022, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 000477-2022-SUNAFIL/IR-UCA/SISA.

Mediante Resolución de Intendencia N° 090-2023-SUNAFIL/IRE-UCA, de fecha 02 de junio de 2023, la Intendencia Regional de Ucayali declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante.

Con fecha 20 de junio de 2023, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Ucayali, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 090- 2023-SUNAFIL/IRE-UCA.

La Intendencia Regional de Ucayali admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral mediante MEMORANDUM-001207-2023- SUNAFIL/IRE-UCA, recibido el 21 de diciembre de 2023 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299812, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299813, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo4 (en adelante, LGIT), el artículo

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que Servicios y Equipos Amazonicos S.A.C., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 090-2023-SUNAFIL/IRE-UCA, que confirmó la sanción impuesta por la comisión de una (01) infracción MUY GRAVE a labor inspectiva tipificada en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 06 de junio de 2023.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por Servicios y Equipos Amazonicos S.A.C.

La LGIT establece que “la función inspectiva, es entendida como la actividad que comprende el ejercicio de la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo”8. De allí que el comportamiento del inspector comisionado se oriente al cumplimiento de las funciones establecidas en la LGIT y su reglamento, tutelando el fin perseguido por dichas normas y debiendo adoptar medidas y acciones en el marco del principio de razonabilidad9.

Por su parte, el artículo 9° de la LGIT, establece que “los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los supervisores-inspectores, lo inspectores de trabajo y los inspectores auxiliares

El literal b) numeral 12.1 del artículo 12 del RLGIT, establece que: “En cumplimiento de las órdenes de inspección recibidas, los inspectores o equipos designados iniciarán las actuaciones de investigación mediante alguna de las siguientes modalidades: (…) Comparecencia: Exige la presencia del sujeto inspeccionado ante el inspector del trabajo, en la oficina pública que se señale, para aportar la documentación que se requiera en cada caso y/o para efectuar las aclaraciones pertinentes. El requerimiento de comparecencia se realiza conforme a lo previsto en los artículos 67 y 68 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS" (énfasis añadido).

Por su parte, inciso 3) del artículo 36° de la LGIT establece que “Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración por parte de los sujetos inspeccionados por los Supervisores Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. Tales infracciones pueden consistir en: (…) 3. La inasistencia a la diligencia, cuando las partes hayan sido debidamente citadas, por el Inspector o la Autoridad Administrativa de Trabajo y éstas no concurren” (énfasis añadido).

En ese contexto, el RLGIT, que tipifica y contiene las infracciones, establece en el numeral 46.10 del artículo 46, que la inasistencia del sujeto inspeccionada ante el requerimiento de comparecencia constituye infracción muy grave a la labor inspectiva, la cual es pasible de sanción económica.

En el caso en particular, de la revisión del expediente inspectivo se advierte que mediante las actuaciones de una visita inspectiva realizada el 10 de enero de 2020 se notificó el requerimiento de comparecencia para el día 16 de enero de 2020 a las 08:00 horas, conforme se corrobora del “requerimiento de comparecencia” obrante a folio 12 del expediente sancionador, recepcionado por Coordinador de Operaciones de la

Conforme se verifica del numeral 4.3 del Acta de Infracción, se advierte que el inspector comisionado dejo constancia de que la impugnante no asistió a la diligencia de comparecencia antes referida.

Al respecto, la impugnante alega que se habría vulnerado su derecho de defensa al haberse notificado el requerimiento de comparecencia en un establecimiento donde no se encontraba su área administrativa, y que la persona que recibe la notificación no contaba con representación legal para esos fines.

En ese entendido, es pertinente traer a colación a la Resolución de Sala Plena N° 012- 2023-SUNAFIL/TFL, publicada el 24 de setiembre de 2023, que constituye precedente vinculante, por medio de la cual se determinó en el fundamento 28, lo siguiente: “28. Cabe señalar que el sujeto inspeccionado es el responsable de su personal, cualquiera sea la estructura organizacional que haya establecido la empresa, encontrándose en la obligación de establecer las precauciones pertinentes y razonables a fin de que aquel (dispuesto en los diversos centros de trabajo reconocidos por la legislación o en donde el fenómeno laboral sea relevante) se encuentre en la capacidad de poder atender a las posibles actuaciones de la inspección del trabajo para propósitos tales como la gestión de los documentos que le sean notificados en la sede central, domicilio fiscal, establecimientos anexos y/u otros centros de trabajo en los que realice sus actividades.” (énfasis añadido)

Asimismo, el artículo 4 de la LGIT establece que para el desarrollo de la función inspectiva, la actuación de la Inspección del Trabajo se extiende a todos los sujetos obligados o responsables del cumplimiento de las normas sociolaborales, ya sean personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, y se ejerce en:

Por lo expuesto, queda establecido que, las actuaciones inspectivas pueden ser notificadas en los centros de trabajo donde se ejecute la prestación laboral y que el sujeto inspeccionado tiene la obligación de tomar las precauciones respectivas para que su personal se encuentre en la capacidad para poder atender las actuaciones de la inspección del trabajo.

En consecuencia, se advierte que, en el presente caso, se ha notificado el requerimiento de comparecencia en el centro de trabajo sobre el cual se presenta la denuncia realizada por el trabajador, esto se circunscribe en el distrito de Calleria, provincia de Coronel Portillo, en la región Ucayali; asimismo, que la actuación inspectiva mencionada fue notificada al Coordinador Operaciones de la impugnante.

Por lo tanto, respecto a la diligencia de comparecencia señalada previamente, se advierte que se encontraba válidamente notificada, conteniendo el apercibimiento de sanción en caso de inasistencia; sin embargo, la impugnante no asistió a la misma; por lo que, no corresponde acoger los argumentos expuestos sobre este extremo.

Finalmente, respecto de la Resolución N° 020-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala invocada por la impugnante, corresponde precisar que dicha resolución no constituye precedente administrativo de observancia obligatoria, por lo que carece de carácter vinculante para este Tribunal. En consecuencia, no resulta idónea para restringir el

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, la multa subsistente como resultado del procedimiento administrativo sancionador sería la que corresponde a la siguiente infracción:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho y de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.