Tribunal de Fiscalización Laboral · Resolución

Seguro Social de Salud — Res. 224-2024

Educación / salud / medios / culturaInfundadoLABOR INSPECTIVA
Resolución N°0224-2024-SUNAFIL/TFL-Primera Sala
Expediente sancionador019-2022-SUNAFIL/IRE-HCVA
ProcedenciaINTENDENCIA REGIONAL DE HUANCAVELICA
ImpugnanteSeguro Social de Salud
Acto impugnadoRESOLUCIÓN DE INTENDENCIA N°0034-2022-
MateriaLABOR INSPECTIVA
Fecha01 de marzo de 2024
Sumilla. Se declara INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por el SEGURO SOCIAL DE SALUD, en contra de la Resolución de Intendencia N°0034-2022-SUNAFIL/IRE-HVCA, de fecha 05 de agosto de 2022

El fallo

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por el SEGURO SOCIAL DE SALUD, en contra de la Resolución de Intendencia N°0034-2022-SUNAFIL/IRE-HVCA, de fecha 05 de agosto 2022, emitida por la Intendencia Regional de Huancavelica, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 019-2022-SUNAFIL/IRE- HVCA, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N°0034-2022-SUNAFIL/IRE-HVCA, en todos sus extremos. TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa. CUARTO. - Notificar la presente resolución a SEGURO SOCIAL DE SALUD, y a la Intendencia Regional de Huancavelica, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20240228ECHV

Fuente oficial. Resolución pública del Tribunal de Fiscalización Laboral. Consulta el documento oficial en el portal de SUNAFIL.
Ver en SUNAFIL (oficial) →

Texto de la resolución

Antecedentes

1.1

Mediante Orden de Inspección N° 674-2021-SUNAFIL/IRE-HCA se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 17-2021-SUNAFIL/IRE-HCA, (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de dos (02) infracciones muy graves a la labor inspectiva, por no proporcionar la información solicitada mediante requerimientos de información.

1.2

Que, mediante Imputación de Cargos N° 020-2022-SUNAFIL/IRE-SIAI-HVCA, de fecha 04 de marzo de 2022, notificada el 07 de marzo de 20222, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del

1 Se verificó el cumplimiento sobre la siguiente materia: Discriminación en el trabajo (Sub materia: Deber de informa sobre la política salarial o remunerativa implementada). 2 Notificada a la Procuraduría Pública, el 11 de marzo de 2022. 20555195444 soft 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

1.3

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 026-2022-SUNAFIL/IRE-SIAI-HVCA, de fecha 24 de marzo de 2022 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de Huancavelica, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 092-2022-SUNAFIL/IRE-SIRE-HVCA, de fecha 09 de mayo de 2022, notificada el 18 de mayo de 2022, multó a la impugnante por la suma de S/ 23,144.00, por haber incurrido en las siguientes infracciones:

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no responder el requerimiento de información de fecha 14 de diciembre de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no responder el requerimiento de información de fecha 22 de diciembre de 2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

1.4

Con fecha 03 de junio de 2022, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 092-2022-SUNAFIL/IRE-SIRE-HVCA, argumentando lo siguiente:

i. Que, no fueron valorados sus descargos al momento de emitir el informe final ni al emitirse la resolución impugnada. Siendo que, el Informe Final afirma que no cumplió con los descargos correspondientes, pero ello, no se conduce con la verdad, ya que sí presentó sus descargos, esto es, 01 día después de notificado con el Informe Final de Instrucción. Por lo que, considera que se ha vulnerado el debido proceso y debiera declararse la nulidad de puro derecho por vulnerarse su derecho de defensa.

ii. La razón de no cumplir con entregar los documentos solicitados obedece a los cambios constantes de los Jefes de Unidad de Recursos Humanos de la Red Asistencial Huancavelica, motivo por el cual no revisaron la casilla electrónica donde fueron notificados, además según la manifestación del actual Jefe de Recurso Humanos no tenía clave de acceso de la casilla electrónica, porque los anteriores jefes de Unidad de Recursos Humanos no le hicieron entrega de cargo. Siendo que presentó con posterioridad la información requerida hecho que nunca fue valorado.

iii. Añade que las notificaciones no fueron revisadas por la Jefatura de la Unidad de Recursos Humanos, al no tener clave de acceso y usuario, motivo por el cual no se pudo entregar la información solicitada, sin embargo, con fecha 11 de marzo del 2022 de manera extemporánea se logró presentar la información requerida.

iv. Respecto de la multa pecuniaria impuesta manifiestan no estar conformes, porque afecta los recursos de la entidad y que son intangibles, además las actuaciones de parte de Unidad de Recursos Humanos no fueron de manera intencional ni con el fin

de dilatar el proceso inspectivo, si no fue por desconocimiento de la clave de acceso a la casilla electrónica.

v. Indica que se vulnera su derecho de defensa ya que se le notificó de la Imputación de Cargos y el Acta de Infracción, sin que se encuentre la notificación del requerimiento, por lo que, afirma que existe una notificación incompleta, al no habérsele notificado el expediente completo.

vi. Solicita el eximente de responsabilidad porque se ha configurado un error inducido por la administración, por la ambigüedad de los hechos imputados, ya que no se adjunta con la documentación, el requerimiento de información de fecha 17 de diciembre de 2021 y quien asume dicha información sería el jefe de recursos humanos y que dicha información según el Acta de Infracción tenía como plazo para su entrega el 17 y 30 de diciembre de 2021.

1.5

Mediante Resolución de Intendencia N° 0034-2022-SUNAFIL/IRE-HVCA, de fecha 05 de agosto de 20223, la Intendencia Regional de Huancavelica declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, por considerar los siguientes puntos:

i. Sobre la supuesta no valoración de los descargos presentados, advierte que, del contenido del Informe Final de Instrucción en los puntos 7.7 al 7.11, la Sub Intendente de Actuación Inspectiva desarrolla una extensa motivación relacionada a dichos argumentos, por lo que, verifica que de su contenido no se ha vulnerado el debido proceso y esta se encuentra emitidas con arreglo a ley.

ii. Del argumento referido a que debido a cambios constantes de jefaturas de la entidad y del Jefe de Recursos Humanos no se pudo realizar la entrega sobre la documentación requerida por el inspector comisionado en el plazo estipulado, al respecto este despacho señala que, lo argumentado por el administrado no lo exime de responsabilidad en cuanto a la comisión de la infracción a la labor inspectiva de fechas 14 y 22 de diciembre de 2021, respectivamente, habiéndose extendido requerimientos independientes por el inspector comisionado para verificar el cumplimiento de la normativa sociolaboral. Siendo que el administrado no presentó los documentos solicitados en la fecha señalada por el inspector comisionado.

iii. Sobre el argumento referido a que no se habría detallado qué documento y qué informaciones incumplió con remitir, indica que dicho alegato carece de veracidad, por cuanto los requerimientos extendidos señalan de manera expresa cada uno de los ítems, el periodo establecido y referido al personal que está circunscrito, de modo que, conforme se tiene de la constancia de verificación de fechas 14 y 22 de

3 Notificada a la impugnante el 03 de octubre de 2022.

diciembre de 2021, fueron debidamente notificados a través de la casilla electrónica, incurriendo en una infracción a la labor inspectiva, al no remitir en el plazo y modo lo solicitado.

iv. Asimismo, precisa que, la configuración de la infracción se acreditó mediante fundamentos de hecho, consistentes en el incumplimiento de presentar la documentación solicitada en los requerimientos de información del 14 y 22 de diciembre del 2021, materias de inspección – sociolaboral respecto al trabajador afectado, correspondiente al periodo de enero de 2020 a diciembre de 2021. En ese sentido, no se verifica una contradicción en los fundamentos señalados en la resolución apelada, ya que la infracción consiste, precisamente, en no presentar la documentación solicitada.

1.6

Con fecha 18 de octubre de 2022, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Huancavelica, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 0034-2022-SUNAFIL/IRE-HVCA.

1.7

La Intendencia Regional de Huancavelica admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorándum-403-2022- SUNAFIL/IRE-HVCA, recibido el 02 de noviembre de 2022 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

2.1

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299814, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

2.2

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299815, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo6 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto

4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 5“Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.”

Supremo N° 010-2022-TR7, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR8 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

3.1

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

3.2

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

7“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 8“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

3.3

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”9.

3.4

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

3.5

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte Del Seguro Social De Salud

4.1

De la revisión de los actuados, se ha identificado que el SEGURO SOCIAL DE SALUD, presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 0034-2022- SUNAFIL/IRE-HVCA, emitida por la Intendencia Regional de Huancavelica, que confirmó la sanción impuesta de S/23,144.00, por la comisión de dos (02) infracciones MUY GRAVES a la labor inspectiva, tipificadas en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; el 04 de octubre de 2022.

4.2

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por el SEGURO SOCIAL DE SALUD.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 18 de octubre de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 0034-2022-SUNAFIL/IRE-HVCA, señalando los siguientes alegatos:

i. Que, las fechas de notificación se encuentran con errores, por tanto, indica que, no sabe la fecha exacta del requerimiento porque no existe congruencia de la notificación y la fecha que observa en el cuadro.

9 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

ii. Añade que no se ha negado a presentar la información solicitada, lo que ocurrió es que, según el servidor quejoso, manifestó que se estaría cometiendo arbitrariedades a su derecho como trabajador al no reconocerse el tiempo laborado como CAS; motivo por el cual se hace el requerimiento de información. Siendo que su representada es muy respetuosa de los derechos laborales del quejoso.

iii. Agrega que como es de conocimiento, en tiempo de pandemia muchas instituciones realizaron trabajo remoto y en otros, salieron con licencia con goce de haber; por lo que la entidad inspeccionada, no tenía personal suficiente para atender de inmediato los requerimientos solicitados. Más aún sino cometió ninguna infracción contra el servidor; quien ingresó a laborar con la modalidad del Decreto Legislativo Nº 1057 y luego con el régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 728.

iv. Debiéndose desestimar la queja del servidor porque es improcedente, ya que pide que se le reconozca los tiempos de servicios como trabajador CAS.

v. Asimismo, indica que, ha cumplido con todos los extremos de la Ley Nº 30555 y su reglamento, por lo que no existe mayor sustento que pudiera requerir una justificación de la entidad fiscalizadora.

vi. Por otro lado, indica que se vulneran los principios de probidad y objetividad contenidos en la LGIT, ya que la resolución cuestionada cuenta con indebida motivación y vulneración al numeral 5.2 del artículo 5 de la LGIT, por lo que se debe revocarla. Insiste en que en ningún ha vulnerado los derechos sociolaborales, por lo que, no es necesario la inspección laboral.

vii. Que, la sanción económica impuesta afecta la parte económica de su representada y con esta multa se afecta la atención de los pacientes asegurados.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento y motivación

6.1

Como parte de los alegatos del recurso de revisión, esta Sala ha identificado que la impugnante cuestiona en una presunta vulneración a la debida motivación, como elemento esencial del debido procedimiento10. Por ende, corresponde en primer término, emitir

10 “Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas (…)” (énfasis añadido).

pronunciamiento sobre esta causal, dado los efectos nulificantes que posee en caso de advertirse su inobservancia en el presente procedimiento administrativo.

6.2

Conforme a lo establecido en el numeral 4 del artículo 3 del TUO de la LPAG, “El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico”, motivación que deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a las anteriores justifican el acto adoptado, tal y como lo establece el artículo 6 del TUO de la LPAG. Asimismo, el contenido del acto administrativo mencionado, como requisito de validez, implica que aquel deba comprender todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas por los administrados tal y como lo prescribe el numeral 5.4 del artículo 5 del TUO de la LPAG.

6.3

En esa línea argumentativa, esta Sala identifica, desde un análisis formal, que tanto la Resolución de Subintendencia como la Resolución de Intendencia, han contemplado la argumentación y medios de prueba expuestos por la impugnante, advirtiéndose el cumplimiento de los requisitos referidos al cumplimiento del debido procedimiento como principio y derecho material, de los derechos de defensa y a la prueba, así como el cumplimiento de la garantía de la debida motivación.

6.4

Cabe indicar que si bien se advierte un error material en la redacción del cuadro Nº 02 señalado en la Resolución de Sub Intendencia N° 092-2022-SUNAFIL/IRE-SIRE-HVCA; sin embargo, ello no constituye una afectación que implique una afectación grave al presente procedimiento; pues, se verifica que en la parte considerativa de dicha resolución, específicamente en los numerales 21, 23 y 26, así como en los numerales 30 al 42, se ha especificado las fechas de los requerimientos materia de imputación de forma exacta; además, la inspeccionada, conforme se desarrollará en líneas siguientes ha sido debidamente notificada de dichos requerimientos, por lo que, conocía de su contenido y plazo para su cumplimiento.

6.5

En este punto, cabe recordar que, el Tribunal Constitucional en su fundamento 7 de la Sentencia recaída en el Expediente número 00728-2008-PHC/TC (CASO LLAMOJA HILARES), detalla cuál es el contenido constitucionalmente garantizado del derecho a la debida motivación, al establecer previamente lo siguiente:

“(…) Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales” (énfasis es nuestro).

6.6

Sobre el particular, cabe invocar, lo dispuesto en el artículo 14 del TUO de la LPAG, en sus numerales 14.2.4 y 14.2.5, del literal 14.2 de dicho cuerpo normativo, dispone “Son actos administrativos afectados por vicios no trascendentes, los siguientes: (…) 14.2.4 Cuando se concluya indudablemente de cualquier otro modo que el acto administrativo hubiese tenido el mismo contenido, de no haberse producido el vicio. 14.2.5 Aquellos emitidos con omisión de documentación no esencial (…).”

6.7

Así, tal como lo absolvió la instancia de mérito en el numeral 3.14 y 3.15 de la Resolución de Intendencia N° 0034-2022-SUNAFIL/IRE-HVCA, la administrada ha podido presentar sus descargos frente a la imputación realizada que está orientada a los dos requerimientos de información de fechas 14 y 22 de diciembre de 2021, conforme los numerales 4.9 y 4.10 de

los hechos constatados en el Acta de Infracción, la cual ha sido trasladada junto a la Imputación de Cargos al administrado, y frente a los cuales ha podido ejercer su derecho de contradicción. Por ende, no se evidencia vulneración trascendente y/o grave al derecho de defensa, motivación y debido proceso; más aún si se aprecia que hubo una intervención continua por parte de la impugnante, a lo largo del presente procedimiento administrativo sancionador, ejerciendo su derecho de contradicción contra las infracciones imputadas. Por tanto, debe desestimarse los argumentos dirigidos a cuestionar este extremo.

6.8

Además, conforme se apreciará más adelante, el inspeccionado conocía de ambos requerimientos de información solicitados por la administración en mérito a la Orden de Inspección N° 674-2021-SUANFIL/IRE-HCA, tal es así que se le remitieron las alertas de ambos requerimientos, pese a ello, incumplió con estos, dentro del plazo otorgado y señalado de forma expresa en dichos requerimientos de información.

6.9

Debe señalarse que, conforme con el fundamento jurídico 4 de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional del 8 de febrero de 2022 (expediente 349-2021-PA/TC), toda decisión judicial debe cumplir con cuatro requisitos para que cumpla con el deber de motivación, lo que lleva a contemplarlas en su extensibilidad al ámbito administrativo del presente expediente: 1) coherencia interna, para comprobar que lo decidido se deriva de premisas establecidas por el órgano resolutivo en su fundamentación; 2) justificación de las premisas externas, que aluden al respaldo probatorio de los hechos y sobre el derecho considerado por el órgano al resolver; 3) la suficiencia, que refiere a que se hayan expuesto razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados y necesarios para la resolución del caso; y 4) la congruencia, como elemento que permite establecer si las razones especiales requeridas para adoptar determinada decisión se encuentran recogidas en la resolución en concreto.

6.10

Del examen efectuado por esta Sala sobre las resoluciones emitidas en el Procedimiento Sancionador, se puede observar que estos cuatro elementos pueden ser satisfactoriamente comprobados, por lo que, de manera formal y material, el debido procedimiento ha sido respetado dentro del trámite del procedimiento sancionador.

6.11

Por tales razones, no se aprecia alguna causal de nulidad contemplada en el artículo 10 del TUO de la LPAG. Al haberse respetado el derecho al debido proceso administrativo de la recurrente.

Sobre los requerimientos de información

6.12

El literal 3.1 del numeral 3 del artículo 5 de la LGIT, dispone que: “En el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo que estén debidamente acreditados, están investidos de autoridad y facultados para: 3. Proceder a practicar cualquier diligencia

de investigación, examen o prueba que considere necesario para comprobar que las disposiciones legales se observan correctamente y, en particular, para: 3.1 Requerir información, solo o ante testigos, al sujeto inspeccionado o al personal de la empresa sobre cualquier asunto relativo a la aplicación de las disposiciones legales, así como a exigir la identificación, o razón de su presencia, de las personas que se encuentren en el centro de trabajo inspeccionado. (…)”.

6.13

De igual modo, el numeral 15.1 del artículo 15 del RLGIT establece: “Durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos obligados al cumplimiento de las normas sociolaborales, prestarán la colaboración que precisen los inspectores del trabajo para el adecuado ejercicio de las funciones encomendadas, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 911 de la Ley”. Asimismo, el artículo 11 de la LGIT establece que “Las actuaciones inspectivas de investigación se desarrollan mediante requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica, (…)” (énfasis añadido).

6.14

Es pertinente recordar que el artículo 36 de la LGIT12 establece que el comportamiento subsumible dentro de las infracciones a la labor inspectiva “puede ser directo o indirecto, perjudicando o dilatando la labor del inspector actuante de manera tal que no permita el cumplimiento de la fiscalización, o negándose a prestarle el apoyo necesario” (énfasis añadido).

6.15

El tipo administrativo contenido en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, está orientado a sancionar una negativa del sujeto inspeccionado o de sus representantes de facilitar la información y documentación necesaria; no una mera omisión o falta de respuesta, sino una conducta claramente establecida en la que la impugnante o su representante se niegan a entregar la información solicitada.

6.16

Así, corresponde analizar el cumplimiento del principio de tipicidad13. Sobre el particular, recuerda la doctrina que “el mandato de tipificación que este principio conlleva, no sólo se

11 LGIT. Artículo 9.- Colaboración con los Supervisores- Inspectores, Inspectores del Trabajo e Inspectores Auxiliares Los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los Supervisores-Inspectores, los Inspectores del Trabajo y los Inspectores Auxiliares cuando sean requeridos para ello. En particular y en cumplimiento de dicha obligación de colaboración deberán: a) Atenderlos debidamente, prestándoles las facilidades para el cumplimiento de su labor, b) Acreditar su identidad y la de las personas que se encuentren en los centros o lugares de trabajo, c) Colaborar con ocasión de sus visitas u otras actuaciones inspectivas, d) Declarar sobre cuestiones que tengan relación con las comprobaciones inspectivas; y, e) Facilitarles la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones (…)” (énfasis agregado). 12 LGIT, “Artículo 36.- Infracciones a la labor inspectiva Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración por parte de los sujetos inspeccionados por los Supervisores-Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. Tales infracciones pueden consistir en: 1. La negativa injustificada o el impedimento a que se realice una inspección en un centro de trabajo o en determinadas áreas del mismo, efectuado por el empleador, su representante o dependientes, trabajadores o no de la empresa, por órdenes o directivas de aquél. El impedimento puede ser directo o indirecto, perjudicando o dilatando la labor del inspector actuante de manera tal que no permita el cumplimiento de la fiscalización, o negándose a prestarle el apoyo necesario. Constituye acto de obstrucción, obstaculizar las investigaciones del inspector y obstaculizar o impedir la participación del trabajador o su representante o de los trabajadores o la organización sindical (…). 13 TUO de la LPAG, “Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa:

impone al legislador cuando redacta el ilícito, sino a la autoridad administrativa cuando instruye un procedimiento sancionador y debe realizar la subsunción de una conducta en los tipos legales existentes”14.

6.17

Así, la responsabilidad administrativa no solo admite el comportamiento doloso, pues bajo el principio de culpabilidad se admite también factores subjetivos de responsabilidad, tales como la falta de diligencia15.

6.18

Del presente expediente inspectivo se verifica que:

i. Del ítem 2 de los medios de investigación y del numeral 4.9 de los hechos constatados del Acta de Infracción, así como del “Requerimiento de Información” de fecha 14 de diciembre de 2021; y de la “Constancia de Notificación Vía Casilla Electrónica”, se verifica que este fue notificado en la misma fecha en la Casilla Electrónica de la impugnante, conforme se puede apreciar a continuación: Figura N° 01:

La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales (…) 4. Tipicidad. - Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria. A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda. En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras”. 14 MORÓN URBINA, “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General.” Lima: Gaceta Jurídica Editores. 4 edición. Tomo II., p. 421. 15 Vid. MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (2017). Guía práctica sobre el procedimiento administrativo sancionador. Guía para asesores jurídicos del Estado (segunda edición). MINJUS: Lima, p. 44.

ii. Así también, se aprecia del ítem 4 de los medios de investigación y del numeral 4.10 de los hechos constados del Acta de Infracción y, de la “Constancia de Notificación Vía Casilla Electrónica”, el requerimiento de información de fecha 22 de diciembre de 2021, fue notificada en el 23 de diciembre de 2021 mediante Casilla Electrónica de la impugnante, conforme se puede apreciar a continuación: Figura N° 02:

6.19

En aplicación del principio de verdad material16, esta Sala aprecia de la búsqueda realizada en el aplicativo17 de “Consulta de Notificaciones” implementado por la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (OTIC) de la SUNAFIL, a la fecha de notificación de los requerimientos de información de fechas 14 y 22 de diciembre de 2021, la impugnante ya había realizado su primer acceso con fecha anterior a la notificación de los requerimientos, así como se aprecia el registro de sus datos de contacto, conforme se aprecia a continuación: Figura Nº 03

6.20

Además, se verifica que la inspeccionada ha sido, debidamente, notificada por medio de la casilla electrónica a los correos indicados a continuación, tal como lo ha verificado, también,

16 Artículo IV del TUO de la LPAG 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público. 17 https://aplicativosweb6.sunafil.gob.pe/si.consultaNotificacion/

la Intendencia Regional de Huancavelica en el numeral 3.10 de la Resolución de Intendencia N° 0034-2022-SUNAFIL/IRE-HVCA, conforme la imagen siguiente:

Figura N° 05:

Alerta de notificación del requerimiento de información de fecha 14 de diciembre de 2021

Figura N° 06 Alerta de notificación del requerimiento de información de fecha 22 de diciembre de 2021

6.21

De lo descrito precedentemente, se verifica que la impugnante tenía pleno conocimiento de los requerimientos de información efectuados, así como de la fecha para su cumplimiento y su contenido, conforme también lo ha verificado la instancia de mérito en su numeral 3.7 y 3.8 de la Resolución de Intendencia N° 0034-2022-SUNAFIL/IRE-HVCA, por tanto, está debidamente notificado; pese a lo cual incumplió con estos, conforme consta en los hechos constatados del Acta de Infracción; lo cual impidió la continuación de las actuaciones inspectivas, al no haberse podido verificar el objeto de la orden de inspección.

6.22

En ese sentido, el argumento referido a que no conoce con exactitud la fecha del requerimiento materia de imputación carece de sustento fáctico, por lo que, debe ser desestimado.

6.23

De allí que todos sus argumentos referidos a que habría observado las normas sociolaborales del solicitante de la actuación inspectiva, no desvirtúan las infracciones imputadas, ya que es función y deber de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, entre otros, la de fiscalizar y supervisar su cumplimiento, sin que el administrado pueda irrogarse dicha función. Por ello, cabe recordar que la LGIT y el RLGIT, han otorgado especial importancia a la falta de colaboración a la labor inspectiva, al considerarla como una infracción muy grave de naturaleza insubsanable por cada hecho verificado; pues la finalidad es sancionar el incumplimiento de la obligación de colaboración a la labor inspectiva en la oportunidad requerida, en garantía de la eficacia del funcionamiento de la labor inspectiva en el marco de las facultades que la Ley confiere.

6.24

Por tales razones, no cabe acoger los argumentos de la impugnante contenidos en su recurso de revisión, referidos a que cumplió las normas sociolaborales, ya que este último no pudo ser constatado por la autoridad inspectiva y, se recuerda al recurrente que solo es materia de sanción el incumplimiento a su deber de colaboración con la inspección de trabajo.

6.25

En ese sentido, en aplicación del artículo 16 de la Ley Nº 28806 que establece la presunción de certeza de los hechos constatados por los inspectores en las fiscalizaciones realizadas, como en el presente caso, de lo verificado en relación a los dos incumplimientos a los requerimientos de información.

6.26

Así las cosas, se ha configurado el tipo infractor contenido en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, al no haberse cumplido con los dos requerimientos de información solicitados por la autoridad inspectiva, en los términos y plazos otorgados por éstas, conforme lo han determinado, adecuadamente, las instancias de mérito, al establecer la sanción a imponerse, por ende, se advierte que se ha cumplido con el principio de legalidad y tipicidad al momento de determinar el reproche administrativo contra el sujeto inspeccionado.

6.27

Por tanto, la autoridad administrativa cumplió con el estándar de prueba fijado para el procedimiento administrativo sancionador, desvirtuando el principio de licitud del administrado, al determinar las infracciones incurridas por parte del sujeto inspeccionado, luego de la valoración de lo actuado en la fase inspectiva y sancionadora; por lo que, correspondía al sujeto inspeccionado, en ejercicio de su derecho de contradicción y defensa, presentar los medios documentales que sustenten su alegato referido al cumplimiento de esta medida, sin embargo, de la documentación obrante en el presente proceso, ello no se advierte. Por tales razones, se deben desestimar los argumentos expuestos en este extremo.

Sobre la entrega tardía de la información

6.28

En este punto, se debe invocar la Resolución de Sala Plena N° 008-2023-SUNAFIL/TFL que contiene el precedente administrativo de observancia obligatoria18, entre otros, ha establecido lo siguiente:

“9. En la misma medida, cuando el inspeccionado no cumpla con la entrega de la información requerida dentro del plazo señalado por el inspector, se sujeta a la calificación del propio inspector actuante, quien podrá o no considerar la documentación remitida en función de la programación de las actuaciones inspectivas que tenga a cargo. En tal supuesto, debe atenderse a que el retraso en la entrega puede producir el efecto de la subsanación o puede imposibilitar la revisión integral de lo solicitado, por lo que se atenderá a la descripción del inspector de trabajo para establecer si tal supuesto constituye un supuesto de aplicación del artículo 46.3 del RLGIT. (…)

18 En virtud del artículo 22 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2017-TR, establece la obligatoriedad de los pronunciamientos interpretativos del TFL, por ser precedentes vinculantes de observancia obligatoria.

11. Por ello, cuando los inspeccionados conocen de antemano el plazo otorgado para las actuaciones inspectivas (por ejemplo, por la notificación de la extensión del plazo de las actuaciones inspectivas), la entrega de la documentación solicitada durante el último día de etapa fiscalizadora y que por el volumen o complejidad de la misma no le permite a la autoridad fiscalizadora el analizar y adoptar decisiones en base a dicho contenido, colisionando con el principio de buena fe al frustrar la inspección del trabajo.

12. Finalmente, toda remisión de la información solicitada por los inspectores actuantes, en momentos posteriores al cierre de la orden de inspección constituye un supuesto de aplicación del artículo 46.3 del RLGIT”.

6.29

Entonces, el cumplimiento posterior de la entrega de la información es sancionable como una infracción a la labor inspectiva, siempre que se cumplan los supuestos establecidos en los precedentes aprobados por este Tribunal en la Resolución Nº 001-2021-SUNATIL/TFL y la Resolución de Sala Plena N° 008-2023-SUNAFIL/TFL.

6.30

En el caso analizado, cabe indicar que con fecha 11 de marzo de 2022, la administrada presenta un escrito denominado “ampliación de plazo”; siendo que el 14 y 16 de marzo de 2022 (Oficio Nº 003-D-RAHVCA-ESSALUD-2022 y escrito denominado “descargos a la imputación de cargos notificados por SUANFIL”, respectivamente) adjuntando la documentación que consideró pertinente como “cumplimiento del requerimiento de información”. Sin embargo, estas acciones se realizaron cuando ya el procedimiento de inspección laboral había concluido, emitiéndose el Acta de Infracción N° 17-2021- SUNAFIL/IRE-HCA, de fecha 13 de enero de 2022; y, había dado inicio el procedimiento sancionador (con la notificación de la Imputación de Cargos en fechas 07 y 11 de marzo de 2022, mediante casilla electrónica y a su Procuraduría Pública, respectivamente).

6.31

Por tales razones, la presentación de documentos cuando ya había dado inicio el procedimiento administrativo sancionador, no exime a la impugnante del reproche administrativo por incumplir su deber de colaboración referido a la atención oportuna de los requerimientos de información efectuados por la inspección laboral; puesto que, esta debió ser presentada en la fase inspectiva a efectos que el inspector comisionado pueda valorarla y poder lograr con ello el objeto de la Orden de Inspección. En consecuencia, corresponde confirmar las infracciones muy graves a la labor inspectiva, tipificadas en el numeral 46.3 del artículo 46 del LRGIT.

6.32

En este punto, se debe recordar a la recurrente que la intervención de la fiscalización laboral no esta sujeta a una autorización o previa evaluación del sujeto inspeccionado, en este caso, del Seguro Social de Salud, conforme lo dispone los artículos 3, 4 y 5 de la LGIT y el artículo 15 del RLGIT. Por lo que, todos sus alegatos referidos a que en este caso no correspondía la intervención de la Fiscalización Laboral, en consecuencia, no se advierte ninguna vulneración a los principios de probidad y objetividad, en los términos alegados por el recurrente, debiendo ser desestimados.

6.33

Sobre el argumento referido a que no contaba con personal suficiente para atender de forma oportuna los requerimientos efectuados. Al respecto, se debe indicar que, este alegato, no desvirtúa la infracción determinada por la autoridad inspectiva y sancionadora; toda vez que, es la impugnante la responsable del esquema estructural de su personal, encontrándose en la obligación de establecer las atingencias pertinentes a fin de que su personal, no solo de su centro de trabajo sino también de sus sucursales o de su sede central (que puede o no coincidir con su domicilio fiscal) se encuentren en la capacidad de poder atender a las posibles actuaciones de fiscalización de las diferentes Autoridades Públicas, entre las que se encuentra la gestión de los documentos que le sean notificados,

sino también el personal que labora en establecimientos anexos y/u otros centros de trabajo en los que realice sus actividades; por ende, sus argumentos expuestos deben ser desestimados.

6.34

Respecto a los alegatos referidos a la afectación económica a su representada y con ello la atención de pacientes; debe indicarse que las sanciones impuestas por las dos infracciones a la labor inspectiva no buscan la afectación en la atención de los pacientes, en los términos que la impugnante sostiene, sino la responsabilidad de la administrada (Seguro Social de Salud) por las conductas infractoras detectadas en contra de la labor inspectiva. Por lo que, deben ser desestimados los argumentos expuestos en este extremo.

Información Adicional

7.1

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Labor Inspectiva No remitir la documentación requerida en la fecha del 14 de diciembre del 2021. Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT.

MUY GRAVE Labor Inspectiva No remitir la documentación requerida en la fecha del 22 de diciembre del 2021. Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT.

MUY GRAVE

7.2

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-

TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por el SEGURO SOCIAL DE SALUD, en contra de la Resolución de Intendencia N°0034-2022-SUNAFIL/IRE-HVCA, de fecha 05 de agosto 2022, emitida por la Intendencia Regional de Huancavelica, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 019-2022-SUNAFIL/IRE- HVCA, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N°0034-2022-SUNAFIL/IRE-HVCA, en todos sus extremos. TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa. CUARTO. - Notificar la presente resolución a SEGURO SOCIAL DE SALUD, y a la Intendencia Regional de Huancavelica, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

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