Securitas S.A.C — Res. 328-2024

Mediante Orden de Inspección N° 259-2019-SUNAFIL/INSSI, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo (en adelante SST)1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 184-2019-SUNAFIL/INSSI (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva, por no asistir a la diligencia

Que, mediante Imputación de Cargos N° 1456-2020-SUNAFIL/ILM/AI2, de fecha 08 de octubre de 2020, notificada el 10 de noviembre de 2020, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 1271-2020-SUNAFIL/ILM/AI2, de fecha 16 de diciembre de 2020 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia de Lima Metropolitana, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 647-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE4 de fecha 06 de agosto de 2021, notificada el 09 de agosto de 2021; multó a la impugnante por la suma de S/ 47,250.00, por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 31 de agosto de 2021, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 647-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE4.

Mediante Resolución de Intendencia N° 278-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 07 de febrero de 20223, la Intendencia de Lima Metropolitana declaró infundado el recurso de apelación interpuesto.

Con fecha 02 de marzo de 2022, la impugnante presentó ante la Intendencia de Lima Metropolitana el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 278- 2022-SUNAFIL/ILM.

Mediante Resolución N° 552-2023-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, de fecha 19 de junio de 20234, la Primera Sala del Tribunal de Fiscalización Laboral resolvió declarar fundado en parte el recurso de revisión interpuesto por la impugnante, dejando sin efecto la sanción impuesta mediante Resolución de Sub Intendencia N° 647-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE4, de fecha 06 de agosto de 2021, confirmada a través de la Resolución de Intendencia N° 278- 2022-SUNAFIL/ILM, en el extremo referente a la infracción muy grave en materia de SST, por no haber cumplido con la supervisión tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT. A su vez, confirma la Resolución de Intendencia N° 278-2022-SUNAFIL/ILM en los extremos referidos a las infracciones muy graves en materia de SST por no haber cumplido con la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER), formación e información en seguridad y salud en el trabajo y condiciones de seguridad y salud en el trabajo, tipificadas en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT; así como la infracción muy grave a la labor inspectiva tipificada en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT.

Por otra parte, declara la nulidad parcial de la Resolución de Sub Intendencia N° 647-2021- SUNAFIL/ILM/SIRE4, de fecha 06 de agosto de 2021, y la de los sucesivos actos y actuaciones en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador, conforme a lo señalado en los considerandos 6.41 a 6.47 de la citada resolución. Asimismo, retrotrae el procedimiento administrativo sancionador al momento en el cual se produjo el vicio, esto es, a la emisión de la Resolución de Sub Intendencia N° 647-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE4, a fin de que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento considerando los alcances señalados en la Resolución N° 552-2023- SUNAFIL/TFL-Primera Sala.

Posteriormente, la Intendencia de Lima Metropolitana traslada la solicitud de aclaración de la Resolución N° 552-2023-SUNAFIL/TFL-Primera Sala realizada por la Sub Intendencia de Sanción 4; mediante MEMORANDUM-002533-2023-SUNAFIL/ILM, recibido el 22 de agosto de 2022 por el Tribunal de Fiscalización Laboral, en tanto, refieren que no es posible determinar cuál sería la infracción en materia de seguridad y salud en el trabajo atribuida al sujeto inspeccionado, respecto de la cual debe emitirse un nuevo pronunciamiento al haberse declarado la nulidad.

En tal sentido, mediante Resolución N° 874-2023-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, de fecha 07 de setiembre de 2023, notificada el 19 de setiembre de 2023, se dispuso el inicio del procedimiento de nulidad parcial de oficio de la Resolución N° 552-2023-SUNAFIL/TFL- Primera Sala, por encontrarse indicios de incurrir en la causal de nulidad contemplada en el numeral 2 del artículo 10 del TUO de la LPAG, otorgándole cinco (05) días hábiles a la impugnante para la presentación de sus descargos, de conformidad con el numeral 213.2 del artículo 213 del TUO de la LPAG.

Con fecha 25 de setiembre de 2023, la impugnante presentó los descargos a la Resolución N° 874-2023-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, sosteniendo que, la Resolución N° 552-2023- SUNAFIL/TFL-Primera Sala, debe ser declarada nula por adolecer de vicios de motivación, pues incurre en una motivación deficiente, vulnerando el debido procedimiento. Asimismo, refieren que no se han motivado las razones por las cuales se confirman las infracciones en materia de seguridad y salud en el trabajo por la IPERC, formación e información y supervisión, si han cumplido con acreditar que, de acuerdo a lo establecido en los artículos 68 y 103 de la Ley N° 29783, la obligación sobre estos elementos de seguridad y señalización corresponde a la empresa principal, en este caso, Minera Yanacocha.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299815, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299816, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo7 (en adelante, LGIT), el artículo 17

Al ser una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad de oficio de los actos administrativos emitidos por ésta pueden ser declarados por el propio Tribunal, de conformidad con el numeral 213.5 del artículo 213 del Texto Único Ordenado de la Ley de N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), pudiendo resolver sobre el fondo del asunto, de contarse con los suficientes elementos para ello.

El TUO de la LPAG, define al acto administrativo como “(…) las declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta”10, siendo válido el acto administrativo emitido conforme al ordenamiento jurídico11 y presumiéndose su validez, siempre que la pretendida nulidad no sea declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional, según corresponda12.

Para tal fin, a través del artículo 3 del TUO de la LPAG, se definen los requisitos de validez a los cuales se encuentra sujetos los actos administrativos, comprendiéndose dentro de éstos a la i) competencia, ii) el objeto u contenido, iii) la finalidad pública, iv) la motivación y; finalmente, la emisión del mismo dentro de un v) procedimiento regular.

A su vez, los numerales 213.1 y 213.3 del artículo 213 del TUO de la LPAG, establecen que en cualquiera de los casos enumerados en el artículo 1013, puede declararse la nulidad de los actos administrativos, aun cuando hayan quedado firmes, siempre que agravien el interés público o lesionen derechos fundamentales. La facultad para declarar la nulidad de oficio prescribe a los dos (2) años, contados a partir de la fecha en que éstos hayan quedado consentidos.

En caso de declararse la nulidad de oficio de un acto administrativo favorable al administrado, la autoridad le corre traslado a éste, otorgándole un plazo no menor de cinco (5) días hábiles para ejercer su derecho de defensa. Transcurrido este plazo, la autoridad resuelve con los actuados presentes en dicho momento.

Habiéndose notificado el inicio del procedimiento de nulidad de oficio de la Resolución N° 552-2023-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, a través de la Resolución N° 874-2023-SUNAFIL/TFL- Primera Sala, del 07 de setiembre de 2023 y recibidos los descargos por parte de la impugnante el 25 de setiembre de 2023, corresponde analizar y resolver, en mérito a la solicitud de aclaración de la Resolución N° 552-2023-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, realizada por la Sub Intendencia de Sanción 4, así como de la nulidad solicitada por la impugnante.

La Resolución N° 552-2023-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, del 19 de junio de 2023 fue aprobada mediante sesión del 14 de junio de 2023, por la Primera Sala del Tribunal de Fiscalización Laboral.

De la revisión de su contenido, se identifica que ésta cumple con los requisitos de validez señalados en el artículo 3 del TUO de la LPAG, al haber sido emitido en conocimiento del procedimiento regular (recurso de revisión) por un órgano competente (el Tribunal de Fiscalización Laboral), con un objeto o contenido determinado (declara infundado el recurso), y con una finalidad pública (la correcta aplicación de la normativa sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo); sin embargo, se evidencia que la motivación de la misma presentaría defectos según se desglosará a continuación.

Así, se observa de la citada resolución que la posición de los señores vocales es la de declarar fundado en parte el recurso de revisión interpuesto por la impugnante, dejando sin efecto la infracción muy grave en materia de seguridad y salud en el trabajo por no haber cumplido con la supervisión, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT y, confirmar la Resolución de Intendencia N° 278-2022-SUNAFIL/ILM, en los extremos

Asimismo, declara la nulidad parcial de la Resolución de Sub Intendencia N° 647-2021- SUNAFIL/ILM/SIRE4, de fecha 06 de agosto de 2021 y, la de los sucesivos actos y actuaciones en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador, conforme a lo señalado en los considerandos 6.41 a 6.47 de la citada resolución; retrotrayendo el procedimiento administrativo sancionador, al momento en el cual se produjo el vicio, esto es, a la emisión de la Resolución de Sub Intendencia N° 647- 2021-SUNAFIL/ILM/SIRE4, a fin de que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento considerando los alcances señalados en la Resolución N° 552-2023- SUNAFIL/TFL-Primera Sala.

Sin embargo, del análisis de la Resolución N° 552-2023-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, de fecha 19 de junio de 2023, se observa que, en los considerandos 6.41 a 6.47 de la citada resolución, se ha incurrido en un defecto en la motivación, vulnerándose el interés público, encontrándose incursa en la causal de nulidad contemplada en el numeral 2 del artículo 10 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; en tanto que, se ha dejado constancia en el expediente inspectivo y sancionador que, el alcance del accidente de trabajo ocurrido al señor Wilson Aníbal Ruíz Ticlia (Agente de Seguridad), en fecha 27 de marzo de 2019, guarda relación directa únicamente con los incumplimientos en materia de seguridad y salud en el trabajo, referidos a la falta de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos, formación e información sobre seguridad y salud en el trabajo y condiciones de seguridad y salud en el trabajo, tipificados en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT.

Por ello, en virtud de segundo párrafo del numeral 213.2 y el numeral 213.5 del artículo 213 del TUO de la LPAG, corresponde declarar la nulidad de oficio de la Resolución N° 552- 2023-SUNAFIL/TFL-Primera Sala de fecha 19 de junio de 2023, resolviéndose sobre el fondo del asunto al contarse con los elementos suficientes para ello.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que SECURITAS S.A.C., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 278-2022-SUNAFIL/ILM, que confirmó la sanción impuesta de S/ 47,250.00, por la comisión de cuatro (04) infracciones MUY GRAVES en materia de seguridad y salud en el trabajo, tipificadas en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT y, una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva,

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por SECURITAS S.A.C.

Al respecto, debemos tener en cuenta que el “Glosario de Términos” del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2012-TR (en adelante, RLSST), define al accidente de trabajo como: “Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo”.

Del mismo modo, la doctrina sostiene que “el suceso anormal, resultante de una fuerza imprevista y repentina, sobrevenido por el hecho del trabajo o con ocasión de éste, y que determina en el organismo lesiones o alteraciones funcionales permanentes o pasajeras”14. Además, se señala que “si bien se mira, el término ‘por consecuencia’ indica una causalidad inmediata, en cuanto que el trabajo produce directamente la fuerza lesiva; el término ‘con ocasión’ es más amplio, porque indica una causalidad mediata, en la medida que hay nexo causal, no sólo cuando el trabajo produce directamente la fuerza lesiva, sino también cuando sin provocarla da lugar a que ésta se produzca”15.

De lo señalado, podemos colegir que se denomina accidente de trabajo a aquel que se produce dentro del ámbito laboral, por el hecho o en ocasión del trabajo, tratándose normalmente de un hecho accidental, súbito e imprevisto, que produce daños en la salud del trabajador incapacitándolo para cumplir con su trabajo habitual de forma temporal o permanente. Pudiendo clasificarse en accidente leve, accidente incapacitante (total temporal, parcial permanente, total permanente) o accidente mortal.

Asimismo, debemos considerar que el accidente de trabajo presenta diferentes elementos, los mismos que concurren para su configuración, tales como: “a) Causa externa: Agente productor extraño a la víctima; b) Instantaneidad: Tiempo breve de duración del hecho generador; c) Lesión: El trabajador debe sufrir lesiones externas e internas como consecuencia del hecho”16.

Por su parte, el RLSST señala las causas que dan origen a los accidentes de trabajo; así, el Glosario de términos considera como causas que dan origen a los accidentes de trabajo las siguientes:

Sobre el particular, se corrobora que los hechos imputados a la impugnante se refieren a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo, en particular por no realizar la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos, formación e información sobre seguridad y salud en el trabajo, condiciones de seguridad y salud en el trabajo y por supervisión insuficiente, que ocasionó el accidente de trabajo sufrido por el trabajador Wilson Aníbal Ruíz Ticlia (Agente de Seguridad), con fecha 27 de marzo de 2019.

Al respecto, la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (en adelante, LSST) tiene como objeto promover una cultura de prevención de riesgos laborales17, a fin de prevenir los accidentes y los daños para la salud que sean consecuencia del trabajo o sobrevengan durante el trabajo. En tal sentido, es el empleador quien garantiza en las instalaciones del centro de trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar tanto de los trabajadores, así como de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de trabajo18.

En esa línea argumentativa, la Seguridad y Salud en el Trabajo tiene precisamente un carácter preventivo, anticipándose a la ocurrencia de ilícitos o antijurídicos pues precisamente las consecuencias de su apartamiento, inacción u omisión impactan “en la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores”. Cabe señalar que, la LSST reconoce como un pilar fundamental y transversal al Principio de Prevención, entendido este como la obligación que tiene el empleador de garantizar que la permanencia del trabajador en el centro de labores así como el desempeño de las funciones asignadas no van a significar en él un menoscabo en su salud, en su bienestar o la pérdida

Asimismo, la norma mencionada en el párrafo anterior, en su artículo 21 prescribe que, “Las medidas de prevención y protección dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se aplican en el siguiente orden de prioridad: a) Eliminación de los peligros y riesgos. Se debe combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el trabajador, privilegiando el control colectivo al individual; b) Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando medidas técnicas o administrativas; c) Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que incluyan disposiciones administrativas de control; d) Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de los procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos peligrosos por aquellos que produzcan un menor o ningún riesgo para el trabajador; e) En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados, asegurándose que los trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta”.

Por su parte, el artículo 49 establece: “El empleador tiene las siguientes obligaciones: a) Garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en el desempeño de todos los aspectos relacionados con su labor, en el centro de trabajo o con ocasión del mismo; b) Desarrollar acciones permanentes con el fin de perfeccionar los niveles de protección existentes; c) Identificar las modificaciones que puedan darse en las condiciones de trabajo y disponer lo necesario para la adopción de medidas de prevención de los riesgos laborales; (…)”. Asimismo, su artículo 50 establece que, “El empleador aplica las siguientes medidas de prevención de los riesgos laborales: a) Gestionar los riesgos, sin excepción, eliminándolos en su origen y aplicando sistemas de control a aquellos que no se puedan eliminar; b) El diseño de los puestos de trabajo, ambientes de trabajo, la selección de equipos y métodos de trabajo, la atenuación del trabajo monótono y repetitivo, todos estos deben estar orientados a garantizar la salud y seguridad del trabajador; c) Eliminar las situaciones y agentes peligrosos en el centro de trabajo o con ocasión del mismo y, si no fuera posible, sustituirlas por otras que entrañen menor peligro; d) Integrar los planes y programas de prevención de riesgos laborales a los nuevos conocimientos de las ciencias, tecnologías, medio ambiente, organización del trabajo y evaluación de desempeño en base a condiciones de trabajo; e) Mantener políticas de protección colectiva e individual; f) Capacitar y entrenar anticipada y debidamente a los trabajadores”.

Estas obligaciones se circunscriben a que la prestación del trabajador sea segura y que, durante la relación laboral, dicha actividad no genere riesgos en su integridad física, psíquica y mental. En otras palabras, buscan lograr la eliminación o eventualmente la reducción de los actos y condiciones sub estándar.

En ese entendido, la Corte Suprema de Justicia del Perú en su Casación Laboral 1225-2015- Lima ha establecido:

Así, de acuerdo a lo previsto en el artículo 53 de la LSST, se confiere al empleador el deber de prevención, el mismo que también se encuentra dentro del concepto de empleador diligente, a fin de evitar poner en peligro la vida o la salud de sus trabajadores. Dicho artículo debe ser leído de manera conjunta con el artículo 94 del RLSST, que establece: “para efecto de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley, la imputación de responsabilidad al empleador por incumplimiento de su deber de prevención requiere que se acredite que la causa determinante del daño es consecuencia directa de la labor desempeñada por el trabajador y del incumplimiento por parte del empleador de las normas de seguridad y salud en el trabajo”.

Cabe señalar que, el Principio de Responsabilidad es entendido como la asunción de las “implicancias, legales y de cualquier otra índole a consecuencia de un accidente o enfermedad que sufra el trabajador en el desempeño de sus funciones o a consecuencia de él, conforme a las normas vigentes”19, señalándose de manera expresa que:

En consideración a las disposiciones legales antes acotadas, resulta necesario acreditar si las causas determinantes de accidente de trabajo son consecuencia directa de la labor desempeñada por el trabajador accidentado, y, del mismo modo, si son consecuencia de los incumplimientos por parte del empleador de las normas de SST.

Es oportuno señalar que, mediante Resolución de Sala Plena N° 005-2022-SUNAFIL/TFL, se estableció el precedente administrativo de observancia obligatoria, vigente desde el 19 de agosto de 2022, por medio del cual se determinó lo siguiente:

En ese entendido, corresponde analizar si las infracciones muy graves imputadas a la impugnante, presentan el nexo causal señalado, respecto al accidente de trabajo investigado. Al respecto, de los actuados se advierte que se imputa a la impugnante, la infracción por no acreditar haber efectuado la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos, formación e información sobre seguridad y salud en el trabajo, condiciones de seguridad y salud en el trabajo y supervisión suficiente.

Respecto a la matriz IPER, debemos considerar que, los literales a), b) y c) del artículo 49 de la LSST, disponen la obligación del empleador de garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en el desempeño de todos los aspectos relacionados con su labor, en el centro de trabajo o con ocasión del mismo; desarrollar acciones permanentes con el fin de perfeccionar los niveles de protección existentes; así como, identificar las modificaciones que puedan darse en las condiciones de trabajo y disponer lo necesario para la adopción de medidas de prevención de los riesgos laborales. (énfasis añadido).

Por otro lado, sobre la obligación de información en materia de prevención de riesgos laborales, el artículo 36 de la LSST establece que el empleador organiza un servicio de seguridad y salud en el trabajo propio o común a varios empleadores, cuya finalidad es esencialmente preventiva. Sin perjuicio de la responsabilidad de cada empleador respecto de la salud y la seguridad de los trabajadores a quienes emplea y habida cuenta de la necesidad de que los trabajadores participen en materia de salud y seguridad en el trabajo, los servicios de salud en el trabajo aseguran que las funciones siguientes sean adecuadas y apropiadas para los riesgos de la empresa para la salud en el trabajo: a) identificación y evaluación de los riesgos que puedan afectar a la salud en el lugar de trabajo (énfasis añadido).

En ese contexto normativo, del acta de infracción se corrobora que el inspector comisionado verificó que la impugnante no realizó o no se aseguró que se realizara la identificación de peligros y evaluación de riesgos respecto a los peligros y riesgos existentes en la tarea “ronda de supervisión en mina en intemperie”, los cuales debieron consignar el peligro corte de taludes manipulados sin señalización, con el riesgo de caída de altura en talud; a fin de poder incluir como medida preventiva, la evaluación de zonas de riesgo e identificar las rutas de escape ante emergencias, no sólo ante actos de agresión de terceros, sino ante sismos, tormentas eléctricas y otros; hecho que no se evidencia haber sido incluido en la IPERC, limitando así la identificación de peligros potenciales que no se previeron en el análisis de la tarea realizada por el personal de vigilancia en intemperie, con la finalidad de garantizar un mayor nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores, determinando controles adecuados para eliminar los peligros o controlar los riesgos.

De las actuaciones inspectivas de investigación se advierte que, si bien la impugnante exhibió el documento “Procedimiento de Elaboración de Matrices IPERC y Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos y Medidas de Control – Línea Base – Registro Integrado” (Código: FR-PP-01-01), vigente a la fecha del accidente de trabajo, referente al proceso “Seguridad de Instalación y Personas”; el mismo no cumple con lo establecido en la normativa vigente, en razón de que: (i) No identifica peligros de iluminación deficiente en los trabajos nocturnos a intemperie, terreno con desniveles, talud sin señalización; (ii) Si bien para la actividad de patrullaje a pie, identifica el peligro/aspecto: “H&S – Energía cinética”, como Riesgo/Impacto: “Afectado por agresión de terceros (con o sin armas), asalto, secuestro” y entre sus controles actuales establece: a) Elaboración de IPERC continuo antes de iniciar la labor, según el artículo 95 del Decreto Supremo N° 024-2016-EM, así como b) Inspección del área de trabajo antes de iniciar la labor e identificación de rutas de escape; no obstante, la IPERC Continuo es realizada semanalmente y el trabajador accidentado firma el documento citado, el día 25 de marzo de 2019 y no el 26 de marzo de 2019 (fecha del accidente de trabajo).

Asimismo, de acuerdo con la documentación exhibida por la impugnante y de las declaraciones realizadas por los trabajadores involucrados en la investigación del accidente de trabajo21, el día del accidente de trabajo se advirtió la falta de iluminación en el área TERRA SONIC, peligro que fue reportado por los trabajadores de la ronda nocturna, el mismo que no fue atendido inmediatamente; y, (iii) se analiza el peligro y evalúa el riesgo de caída de altura, mezclando actividades de: seguridad de planta de procesos, seguridad de polvorines y ronda de supervisión en mina, limitándose la evaluación a las tareas de rondas del puesto de vigilancia en polvorines. Al respecto, dado que se mezclan diferentes actividades las cuales tienen diferentes peligros que traen como consecuencia caída de altura, en la IPERC presentada no se evidencia haber analizado la tarea “ronda de supervisión en mina en intemperie”, la cual debió consignar el peligro corte de taludes manipulado sin señalización, con el riesgo de caída de altura en talud.

Al respecto, la impugnante alega que se han inaplicado los artículos 68 y 103 de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, en razón de haberse sostenido sin fundamento jurídico que no realizaron las gestiones para que Minera Yanacocha brinde la iluminación suficiente, señalando que no tenían control sobre la iluminación del área del accidente en la medida en que las instalaciones en donde se desarrollaron los hechos pertenecen a Minera Yanacocha; razón por la cual era dicha empresa la obligada a garantizar la seguridad y salud del ambiente de trabajo de los trabajadores desplazados. Sobre el particular, conforme a lo dispuesto en el artículo 53 de la LSST, constituye obligación de todo empleador adoptar las acciones pertinentes orientadas a cumplir con su deber de prevención. En ese entendido, se verifica que de las acciones ejecutadas el

Por tanto, lo argumentado no lo exime de la responsabilidad de evaluar los riesgos conforme se impone en los artículos 18 y literales a) y c) del artículo 50 de la LSST, así como en el literal g) del artículo 26 del RLSST luego de la revisión exhaustiva de los actuados y lo alegado por la impugnante, se evidencia la falta de identificación de peligros y evaluación de riesgos respecto a los peligros y riesgos existentes en la tarea “ronda de supervisión en mina en intemperie”. Sobre la base de lo indicado, se evidencia el nexo causal del incumplimiento atribuido, con el accidente de trabajo ocurrido, no correspondiendo acoger dicho extremo del recurso de revisión.

Respecto a la formación e información sobre seguridad y salud en el trabajo, se debe tener en cuenta que, el literal f) del artículo 50 de la LSST, establece que el empleador aplica como medidas de prevención de los riesgos laborales, capacitar y entrenar anticipada y debidamente a los trabajadores, entre otros. Asimismo, el artículo 52 del citado cuerpo normativo, señala que el empleador transmite a los trabajadores, de manera adecuada y efectiva, la información y los conocimientos necesarios en relación con los riesgos en el centro de trabajo y en el puesto o función específica, así como las medidas de protección y prevención aplicables a tales riesgos (énfasis añadido).

De otro lado, el literal a) del artículo 27 del RLSST establece que “El empleador, en cumplimiento del deber de prevención y del artículo 27 de la Ley, garantiza que los trabajadores sean capacitados en materia de prevención. La formación debe estar centrada: a) En el puesto y ambiente de trabajo específico o en la función que cada trabajador desempeña, cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, modalidad o duración de su contrato. (…)”. Aunado a ello, el literal a) del artículo 29 del citado cuerpo normativo dispone que “Los programas de capacitación deben hacerse extensivos a todos los trabajadores, atendiendo de manera específica a los riesgos existentes en el trabajo” (énfasis añadido).

En ese contexto normativo, del acta de infracción se corrobora que el inspector comisionado verificó que la impugnante no acreditó haber formado, informado, capacitado y entrenado sobre seguridad y salud en el trabajo, así como de los peligros y riesgos específicos en su puesto de trabajo durante su labor encomendada en turno nocturno, tales como: reconocimiento de terreno, peligros; y riesgos como: personal extraño (intrusos), riesgo de caída de altura de talud, peligros, riesgos y medidas preventivas en actividades mineras consignadas en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de Minera Yanacocha, entre otros específicos a las tareas realizadas, así como la capacitación en las medidas de control necesarias y suficientes, frente a los peligros y riesgos que se encontraba expuesto el extrabajador afectado, a la fecha de suscitado el accidente de trabajo.

Ahora bien, verificada la documentación presentada tanto en el procedimiento inspectivo, como sancionador; se aprecia que, si bien la inspeccionada brindó capacitaciones al extrabajador afectado, éstas no se encontraban relacionadas al puesto de trabajo del señor Wilson Aníbal Ruíz Ticlia (como ‘Agente de Seguridad haciendo ronda de supervisión en mina en intemperie’), actividad que involucra peligro de “caída de altura de talud”, “peligros, riesgos y medidas preventivas en actividades mineras”. Por lo tanto, se advierte que, al no haberse efectuado una correcta capacitación al extrabajador accidentado, no contaba con los elementos y conocimientos necesarios para el desempeño de sus funciones y los riesgos de la misma, así como los que corresponden a su área de trabajo; incumplimientos que contribuyeron a que el accidente de trabajo se produzca.

Por lo tanto, queda evidenciado que durante las actuaciones inspectivas se ha establecido el nexo causal entre la infracción imputada y el accidente de trabajo ocurrido el 27 de marzo de 2019. En consecuencia, acreditado dicho nexo causal, corresponde confirmar la infracción imputada tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, por no cumplir con el deber de formación e información del trabajador afectado.

Respecto a las condiciones de seguridad. Sobre el particular, debemos señalar que, corresponde a los empleadores establecer las condiciones de seguridad necesarias a fin de mitigar los posibles peligros y riesgos en el centro de trabajo. En ese sentido, el inspector comisionado corroboró que del informe de investigación del evento e Informe N° 020-2019-AI-SECURITAS-C, así como de las manifestaciones de los trabajadores involucrados en el evento; el lugar de trabajo donde ocurrió el accidente no contaba con la iluminación adecuada y suficiente, hecho que fue reportado por los trabajadores al iniciar sus labores el día 26 de marzo de 2019, estando que los trabajadores laboraban en la intemperie, realizando rondas de noche en colinas cercanas a los puestos de operación, a fin de vigilar el ingreso de personal extraño, dado que por la gran extensión del denuncio minero no hay barreras de ingreso, hecho que coloca en una situación de vulnerabilidad a los trabajadores por la deficiente iluminación en el trabajo nocturno, proveyéndose de iluminación a través de linternas para el tránsito en colinas y taludes (énfasis añadido).

Asimismo, de la visita realizada por parte del personal inspectivo al lugar del accidente “Reservorio Quisuar – Poza Quinua Sur”, se evidencia que por el lugar que el señor Wilson Aníbal Ruíz Ticlia bajó y resbaló, existe una cima de la pendiente; una elevación de tierra que se tiene que sobrepasar para poder bajar, dicha pendiente no ha sido cortada o manipulada mecánicamente, y en la parte superior por donde cae el extrabajador, se evidencia que, la cima tiene un cimiento plano sin obstáculos o elevación de tierra al borde. De igual manera, no se evidencia señalización que indique que el talud ha sido cortado, no hay delimitación de la zona con barricada, ni mallas u otros mecanismos.

Cabe indicar que los hechos antes descritos contravienen el principio de prevención estipulado en el Título Preliminar de la LSST que señala que: “El empleador garantiza, en el centro de trabajo, el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, y de aquellos que, no teniendo vínculo laboral, prestan servicios o se encuentran dentro del ámbito del centro de labores (…)” (énfasis añadido).

Por lo tanto, queda evidenciado que durante las actuaciones inspectivas se ha establecido el nexo causal entre la infracción imputada y el accidente de trabajo ocurrido el 27 de marzo de 2019. En consecuencia, acreditado dicho nexo causal, corresponde confirmar la infracción imputada tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, por no cumplir con las condiciones de seguridad y salud en el lugar de trabajo.

Por ende, todos los argumentos dirigidos en este extremo deben ser desestimados.

Respecto a la supervisión en seguridad y salud en el trabajo insuficiente, en relación a las labores que desarrollaba el extrabajador afectado y no adoptar las medidas preventivas aplicables a las condiciones de trabajo; sobre el particular, el artículo 41 de la LSST, dispone que la supervisión permite lo siguiente. “a) Identificar las fallas o deficiencias en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo; b) Adoptar las medidas preventivas y correctivas necesarias para eliminar o controlar los peligros asociados al trabajo; c) Prever el intercambio de información sobre los resultados de la seguridad y salud en el trabajo; d) Aportar información para determinar si las medidas ordinarias de prevención y control de peligros y riesgos se aplican y demuestran ser eficaces y, e) Servir de base para la adopción de decisiones que tengan por objeto mejorar la identificación de los peligros y el control de los riesgos, y el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo” (énfasis añadido).

Por otro lado, el literal c) del artículo 26 del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (RLSST), señala que todo empleador está obligado a: “c) Disponer de una supervisión efectiva, según sea necesario, para asegurar la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores”.

En ese entendido, del acta de infracción se corrobora que el inspector comisionado verificó que se realizó una deficiente supervisión en seguridad y salud en el trabajo, en tanto que no se consignó el nombre del supervisor y la firma en el formato de la IPERC Continua en la fecha de ocurrido el accidente de trabajo, consignando sólo la firma del personal que realiza la labor, faltando la firma del supervisor quien verifica el llenado correcto, a fin de tomar toda precaución para proteger a los trabajadores; verificando y analizando que se haya dado cumplimiento a la IPERC realizada por los trabajadores en su área de trabajo, a fin de eliminar o minimizar los riesgos. Asimismo, se verifico que la IPERC Continua se realiza semanalmente, siempre y cuando los trabajadores se encuentren en la misma área de trabajo; sin embargo, se observa que el extrabajador accidentado firma el documento citado el día 25 de marzo de 2019, habiendo ocurrido el accidente el 27 de marzo de 2019, lo que evidencia no haber controlado que la IPERC se elabore antes de iniciar la labor.

Al respecto, como se verifica de los actuados, para la imputación efectuada por dicha infracción, la conducta atribuida reside en que no se consignó el nombre del supervisor y la firma en el formato de la IPERC Continua de la fecha de ocurrido el accidente de trabajo, consignando sólo la firma del personal que realiza la labor, faltando la firma del supervisor

En tal sentido, sobre este aspecto la autoridad inspectiva debió advertir y sustentar la relación de causalidad/nexo causal entre este evento -supervisión- y la ocurrencia del hecho imputado -accidente de trabajo-. Sobre el particular, se aprecia que, en el presente caso, no se ha motivado este nexo causal.

Por lo que, al no apreciarse un debido sustento que justifique la relación de causalidad entre la imputación referida sobre “no cumplir con la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo en materia de supervisión”, y el hecho ocurrido, “accidente de trabajo”; debe revocarse este extremo; en consecuencia, dejarse sin efecto la sanción impuesta por esta imputación. Debiéndose acoger los argumentos expuestos por la impugnante en este extremo.

Respecto a lo alegado por la impugnante, referido a que en ningún apartado de la resolución apelada se hace mención al análisis o las razones por las cuáles el Registro de Control de Accidentes y el Registro Interno de Seguridad no acreditarían el cumplimiento de las obligaciones de seguridad y salud en el trabajo; sobre el particular, contrario a la alegado por la impugnante, se advierte en el considerando 3.17 de la Resolución de Intendencia N° 278-2022-SUNAFIL/ILM, los argumentos que desvirtúan lo alegado por la impugnante. Por tanto, no cabe acoger este extremo del recurso de revisión.

La LGIT establece que “la función inspectiva, es entendida como la actividad que comprende el ejercicio de la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo”22. De allí que el comportamiento del inspector comisionado se oriente al cumplimiento de las funciones establecidas en la LGIT y su reglamento, tutelando el fin perseguido por dichas normas y debiendo adoptar medidas y acciones en el marco del principio de razonabilidad23.

Por su parte, el artículo 9 de la LGIT, establece que “los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los supervisores-inspectores, los inspectores de trabajo y los inspectores auxiliares cuando sean requeridos para ello. En particular y en cumplimiento de dicha obligación de colaboración deberán: (…) Colaborar con ocasión de sus visitas u otras actuaciones inspectivas.” siendo la comparecencia una de las modalidades de actuación inspectiva conforme lo regula el artículo 1124 de la LGIT (énfasis añadido).

El literal b) numeral 12.1 del artículo 12 del RLGIT, establece que: “En cumplimiento de las órdenes de inspección recibidas, los inspectores o equipos designados iniciarán las actuaciones de investigación mediante alguna de las siguientes modalidades: (…) Comparecencia: Exige la presencia del sujeto inspeccionado ante el inspector del trabajo, en la oficina pública que se señale, para aportar la documentación que se requiera en cada caso y/o para efectuar las aclaraciones pertinentes. El requerimiento de comparecencia se realiza conforme a lo previsto en los artículos 67 y 68 del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 006-2017-JUS" (énfasis añadido).

Por su parte, el inciso 3) del artículo 36° de la LGIT establece que “Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración por parte de los sujetos inspeccionados por los Supervisores- Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. Tales infracciones pueden consistir en: (…) 3. La inasistencia a la diligencia, cuando las partes hayan sido debidamente citadas, por el Inspector o la Autoridad Administrativa de Trabajo y éstas no concurren” (énfasis añadido).

En ese contexto, el RLGIT, que tipifica y contiene las infracciones, establece en el numeral 46.10 del artículo 46 que la inasistencia del sujeto inspeccionado ante el requerimiento de comparecencia constituye infracción muy grave a la labor inspectiva, la cual es pasible de sanción económica.

En el caso en particular, a folio 37 del expediente inspectivo corre el “Requerimiento de comparecencia” de fecha 26 de julio de 2019, notificado al señor Delgado Antea Alonzo, en calidad de Supervisor encargado del sujeto inspeccionado, por medio del cual se citó a la impugnante a la diligencia programada para el día 06 de agosto de 2019 a las 10:00 horas, en la Sala de Comparecencia de la Intendencia de Lima Metropolitana, a fin de que cumpla con aportar documentación para la verificación del cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, del referido documento se verifica que se efectuó el siguiente apercibimiento: “Cabe recordarle que su inasistencia constituirá infracción a la labor inspectiva, sancionable con multa (…)”.

Sin embargo, en el día y hora fijados, el sujeto inspeccionado no se hizo presente a la diligencia programada, pese a que se le esperó por espacio de 20 minutos, superando el tiempo de tolerancia previsto para este tipo de diligencias (10 minutos).

Por tanto, como se verifica de los actuados, la impugnante no participo de la referida diligencia, así como tampoco ha acreditado la existencia de alguna causal de eximente, para justificar la no participación en la diligencia de comparecencia de fecha 06 de agosto de 2019, para la cual se encontraba debidamente notificada, más aún, si se dejó constancia del apercibimiento correspondiente, advirtiendo que la inasistencia a la citada comparecencia constituye infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT. En tal sentido, corresponde confirmar dicha sanción.

Sobre el particular, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

El Tribunal Constitucional -máximo intérprete de la Constitución- se ha pronunciado en numerosas oportunidades en relación con el derecho al debido procedimiento, estableciendo una reiterada y uniforme jurisprudencia al respecto, como lo recuerda la Sentencia recaída en el Expediente N° 04289-2004-AA:

En esa línea argumentativa, esta Sala identifica, desde un análisis formal, que tanto la Resolución de Sub Intendencia N° 647-2021-SUNAFIL/ILM/SIRE4, como la Resolución de Intendencia N° 278-2022-SUNAFIL/ILM, han contemplado la argumentación y medios de prueba expuestos por la impugnante, advirtiéndose el cumplimiento de los requisitos referidos al cumplimiento del debido procedimiento como principio y derecho material, de los derechos de defensa y a la prueba, así como el cumplimiento de la garantía de la debida motivación.

Conforme con el fundamento jurídico 4 de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional del 8 de febrero de 2022 (expediente 349-2021-PA7TC), toda decisión judicial debe cumplir con cuatro requisitos para que cumpla con el deber de motivación, lo que lleva a contemplarlas en su extensibilidad al ámbito administrativo del presente expediente: 1) coherencia interna, para comprobar que lo decidido se deriva de premisas establecidas por el órgano resolutivo en su fundamentación; 2) justificación de las premisas externas, que aluden al respaldo probatorio de los hechos y sobre el derecho considerado por el órgano al resolver; 3) la suficiencia, que refiere a que se hayan expuesto razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados y necesarios para la resolución del caso; y 4) la congruencia, como elemento que permite establecer si las razones especiales requeridas para adoptar determinada decisión se encuentran recogidas en la resolución en concreto.

Del examen efectuado por esta Sala sobre las resoluciones emitidas en el Procedimiento Sancionador, se puede observar que estos cuatro elementos pueden ser satisfactoriamente comprobados, por lo que, de manera formal y material, el debido procedimiento ha sido respetado dentro del trámite del procedimiento sancionador.

Asimismo, se corrobora, de los actuados, que ni el procedimiento inspectivo ni el sancionador, contravienen a la Constitución, a los principios del procedimiento administrativo, ni a las leyes o normas reglamentarias, además contiene los requisitos de validez del acto administrativo relacionados a la competencia, objeto o contenido, finalidad pública y procedimiento regular. Además, es necesario reiterar que, la resolución impugnada se encuentra debidamente motivada, al exponer una relación concreta y directa de los hechos probados durante el desarrollo del presente procedimiento, no verificándose la vulneración a los principios invocados por la impugnante. Por lo que, corresponde no acoger los argumentos expuestos en este extremo del recurso.

Por tales razones, se debe desestimar la nulidad deducida por la impugnante, al no evidenciarse que, en el presente procedimiento, se haya incurrido en alguna causal de nulidad contemplada en el artículo 10 del TUO de la LPAG. Al haberse respetado el derecho al debido proceso administrativo de la recurrente. Por tanto, no cabe acoger este extremo del recurso.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.