CIA de Seguridad Prosegur S.A — Res. 509-2024

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Investigación de accidentes de trabajo/incidentes peligrosos (Sub materia: incumplimientos en materia de SST que cause daño a la salud de trabajador), gestión interna de seguridad y salud en el trabajo (Sub materia: registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia, registro de accidente de trabajo e incidentes), equipos de protección personal (Sub materia: incluye todas), seguro complementario de trabajo de riesgo (Sub materia: incluye todas), identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER) (Sub materia: incluye todas). soft 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no contar con el registro de accidente de trabajo en el cual deben constar la investigación y las medidas correctivas respecto al accidente de trabajo del señor Mogollón Vilcherrez Daniel Caetano de fecha 31 de agosto de 2013, tipificada en el numeral 27.6 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 6,751.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no acreditar el cumplimiento de lo ordenado mediante la medida inspectiva de requerimiento de fecha 13 de noviembre de 2020 dentro del plazo otorgado, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,309.00.

i. Refiere que la resolución apelada comete una serie de imprecisiones puesto que ha interpretado de manera errónea los argumentos vertidos en los descargos en contra del Informe Final de Instrucción; pues la autoridad sancionadora ha asumido que su representada ha reconocido que por una omisión no registró el accidente de trabajo del denunciante, cuando esa afirmación solo fue un caso hipotético planteado por su representada; y aclara que eso es falso; pues su representada ha argumentado que sí cumplió con registrar ese accidente de trabajo ocurrido el 31.08.2013, pero que debido a un ataque cibernético ocurrido en el año 2019, dicho registro se perdió.

ii. Afirma que, la autoridad inspectiva ha vulnerado su derecho a una debida motivación, configurándose una motivación inexistente porque omitió por completo pronunciarse sobre el argumento de defensa planteado por su representada en el que señala que el registro de accidente de trabajo ocurrido el 31.08.2013, no pudo ser presentado debido a un supuesto de fuerza mayor, derivado de un ataque cibernético ocurrido en el año 2019 que afectó a su matriz española y se propagó a los sistemas informáticos utilizados por los países en donde opera PROSEGUR, y señala que ese hecho fue difundido en distintos medios de comunicación; por lo que, el inspector comisionado bien pudo comprobar la veracidad de lo señalado por su representante; y que correspondía al personal inspectivo tener por cierta su declaración sobre la pérdida de su registro de

accidentes de trabajo, en atención a lo dispuesto en el artículo IV del TUO de la Ley N° 27444 – Presunción de Veracidad; dado que, indica que su representada ha presentado el acta de constatación notarial de fecha 28.11.2019 donde consta que múltiples computadoras de su representada fueron vulneradas por el ciberataque originado en España y esparcido a todos los países donde opera su representada, incluida su oficina en Perú, al igual que lo demuestra el comunicado emitido por la oficina de PROSEGUR de Madrid – España, precisando que el hecho de que su empresa brinde servicios de seguridad no implica que esté exenta de un ciberataque.

iii. Señala que, su representada ha demostrado que la medida inspectiva de requerimiento de fecha 13.11.2020 fue emitida ilegalmente; puesto que, durante la visita inspectiva de fecha 28.10.2020, su representada informó al personal inspectivo que no contaba con el registro de accidente, ya que en diciembre del 2019 sufrió un ataque cibernético que ocasionó la pérdida de ese registro; sin embargo, dice que a sabiendas que su representada no contaba con el registro de accidente del señor Mogollón, el personal inspectivo extendió una medida inspectiva de requerimiento, mediante la cual se le requirió acreditar contar con dicho registro, lo que implica la exigencia de una conducta insubsanable; haciendo mención que en el numeral 6.16 de la Resolución N° 145-2021 y 185-2021 SUNAFIL/TFL-Primera Sala, se indica que en los casos que los inspectores tienen conocimiento de la insubsanabilidad de la conducta o de la imposibilidad del sujeto inspeccionado de cumplirla, la emisión de una medida inspectiva de requerimiento atenta contra el principio de razonabilidad; y considera que la falta de registro del accidente de trabajo constituye un hecho insubsanable.

iv. También ha mencionado que el inspector auxiliar que llevó a cabo las actuaciones no se encontraba facultado a inspeccionar las materias correspondientes a la presente orden; debido a que eran complejas, y señala que dicho inspector efectuó sus actuaciones inspectivas de manera solitaria sin la supervisión del inspector de trabajo comisionado; lo cual dice que no se encuentra permitido por la legislación; indicando que, el hecho de que el inspector auxiliar y el inspector de trabajo hayan emitido y rubricado la medida de requerimiento y el Acta de Infracción no quita el hecho de que el inspector auxiliar realizó de forma solitaria las actuaciones de los días 28.10.2020, 03.11.2020 y 19.11.2020, no encontrándose facultado para eso.

i. Indica que, ciertamente al dar lectura a lo expuesto por la autoridad sancionadora en los numerales 3.4.4.12 y 3.4.4.13 de la resolución apelada, se aprecia efectivamente que el desarrollo fáctico consignado como sustento que motivó de su decisión de sancionarlo

2 Notificada a la impugnante el 02 de junio de 2022, véase folio 63 del expediente sancionador.

por “no contar con el registro de accidente de trabajo (…) de fecha 31.08.2013”, se basó en el análisis de una justificación de incumplimiento o argumento de defensa distinto al que el recurrente invocó; ya que la autoridad sancionadora efectuó el desarrollo de su motivación, en función del hecho de que el recurrente reconoció que no contaba con el registro del accidente de trabajo ocurrido el día 31.08.2013 porque no había cumplido con registrar la ocurrencia de tal accidente de trabajo, cuando en realidad de la lectura de los argumentos de defensa expuestos por el impugnante en el numeral 2.7 de su escrito de descargos al Informe Final de Instrucción obrante a folios 60 a 76 del expediente sancionador, se aprecia que allí el impugnante solamente planteó una suposición o caso hipotético en el que una empresa por omisión involuntaria no haya efectuado el registro de un accidente de trabajo ocurrido en el año 2015, explicando que a su consideración tal incumplimiento constituía una infracción de carácter insubsanable, porque no podría realizar el registro de tal accidente años después de manera retroactiva. ii. Mientras que al dar lectura al numeral 2.14 del mismo escrito de descargos, y de lo expuesto en forma reiterativa por el recurrente en su escrito de apelación, se evidencia que su verdadero argumento de defensa con el que quiso justificar su incumplimiento de no contar con el registro del accidente de trabajo de fecha 31.10.2013, que plasmó en el numeral antes mencionado fue textualmente el siguiente: “debemos señalar que la empresa si contaba con el registro del accidente de trabajo antes mencionando pero debido a un ciberataque ocurrido en el 2019 la empresa perdió dicha información y/o documentación que resguardaba de manera digital, configurándose de este modo una situación de fuerza mayor que exime de responsabilidad a la empresa.” iii. De lo indicado en los párrafos precedentes, podemos advertir que, es cierto que en el presente caso, la motivación expuesta y desarrollada por la autoridad sancionadora para sustentar su decisión de sanción se basó en el análisis de un argumento de defensa o justificación de incumplimiento (omisión de registrar el accidente) distinto al que realmente alegó el recurrente (eximente de responsabilidad por supuesta pérdida del registro de accidente de trabajo ocurrido el día 31.08.2022); y esta situación, en principio supone la presencia de un vicio en la motivación de la resolución apelada; sin embargo, no constituye un vicio trascendente que acarree su nulidad; sino que únicamente ha configurado un vicio no trascendente. iv. Señalamos que se trata de un vicio no trascendente; dado que, este despacho ha verificado que la resolución en cuestión si cuenta con motivación; no obstante, se advierte que esa motivación, se ha dirigido a desvirtuar un argumento de defensa totalmente diferente al alegado por el recurrente como parte de su defensa; pero a pesar de esa irregularidad; se aprecia que tal motivación si ha logrado demostrar el nexo de causalidad que existió entre la conducta infractora advertida por el personal inspectivo (no contar con registro de accidente de trabajo) y la responsabilidad por este incumplimiento de parte del recurrente; pues resaltó el hecho de que fue el propio recurrente quien reconoció que efectivamente no contaba con el registro del accidente de trabajo de fecha 31.08.2013 (independientemente de cuál haya sido la justificación invocada por el recurrente para no haber acreditado tener el registro de accidente de trabajo). v. Además, de la revisión de lo indicado en los numerales 3.4.4.2 a 3.4.4.12 de la resolución se observa que, la autoridad sancionadora cumplió con explicar que, de conformidad con lo establecido en el artículo 87° de la Ley N° 29783 y el artículo 35° del Reglamento de esa misma ley, es obligación de todo empleador conservar y mantener archivado su registro de accidentes de trabajo por un periodo de 10 años posteriores al suceso, precisando además que éste debe ser exhibido en los procedimientos de inspección; e incluso hasta podríamos decir que la autoridad sancionadora si se ha pronunciado sobre el supuesto de fuerza mayor derivado de un ataque cibernético ocurrido en el año 2019

al que ha hecho referencia el recurrente tanto en su escrito de descargos al informe final de instrucción como en su recurso de apelación; pero lo habría realizado de manera indirecta, al hacer mención en el numeral 3.4.4.13 de la resolución apelada, a la explicación efectuada por el personal inspectivo en el numeral 4.7 del Acta de Infracción, donde el inspector sí analizó a detalle ese argumento de defensa del impugnante y sustentó ese presunto hecho fortuito no lo eximía de su responsabilidad como empleador de contar con su registro de accidente de trabajo. vi. Adicionalmente, también corresponde tener presente que cuando el recurrente plantea su afirmación de presunta pérdida del registro de accidente de trabajo por un ataque cibernético hace referencia a que ese hecho configuró un evento de “fuerza mayor” que imposibilitó a su empresa a contar con el mencionado registro de accidentes de trabajo; por lo que, específicamente con relación al supuesto de fuerza mayor resulta necesario explicar que, este suceso comúnmente se define como un acontecimiento inevitable o irresistible que aun habiéndose previsto, era imposible impedir que se produjera; y conforme a lo establecido en el literal a) del numeral 1 del artículo 257° del T.U.O. de la Ley N° 27444 - del Procedimiento Administrativo General, un supuesto de “fuerza mayor” sólo constituirá una condición eximente de responsabilidad siempre que se encuentre “debidamente comprobado”. vii. Asimismo, el recurrente se equivoca al afirmar que correspondía al personal inspectivo tener por cierta su declaración sobre la pérdida de su registro de accidentes de trabajo; puesto que, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 35° del D.S. N° 005-2012-TR – Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, la norma permite que los empleadores sean los que puedan escoger si llevan su registro de accidentes de trabajo ya sea en medios físicos o digitales; y en el presente caso, el impugnante hasta el momento ni siquiera ha cumplido con demostrar previamente que, la forma en que su representada decidió lleva su registro de accidentes de trabajo, fuera a través de medios digitales y no por medios físicos; y mucho menos ha demostrado que a consecuencia de ese ataque fue que su representada perdió el registro del accidente de trabajo ocurrido el día 31.08.2013; por lo que, confirma la sanción de multa impuesta contra el recurrente por la comisión de esta infracción a la normativa de seguridad y salud en el trabajo. viii. Por otra parte, no se advierte ningún tipo de irregularidad en el actuar del inspector comisionado al haber emitido una medida inspectiva de requerimiento a favor del recurrente, mediante la cual le solicitara “acreditar el registro de accidente de trabajo sufrido por el recurrente el 31.08.2013”; básicamente porque, conforme se puede apreciar del escrito de fecha 02.11.2020 obrante a folios 14 del expediente inspectivo, a través de tal documento el recurrente se limitó a manifestar al inspector comisionado que el registro solicitado era un documento que tenía más de 5 años de antigüedad y la empresa custodiaba de manera digital y que no tenía forma de recuperarlo al haber sufrido un ataque cibernético que afectó y vulneró sus sistemas; sin embargo, en ningún momento llegó a presentar prueba alguna que acreditara la veracidad de tal afirmación; por lo que, al no tener la certeza de la pérdida efectiva de tal documento e incluso existir la posibilidad de que el impugnante pudiera reconstruir o recomponer su registro de

accidente de trabajo, es que el personal inspectivo consideró pertinente emitir la mencionada medida inspectiva de requerimiento a favor del recurrente, pues a su criterio la infracción evidenciada sí era pasible de subsanación; motivo por el cual, tampoco corresponde amparar este argumento de defensa del recurrente. ix. Finalmente, señala que, las cuatro actuaciones inspectivas realizadas por el inspector auxiliar comisionado, únicamente consistieron en labores de notificación presencial de documentos (requerimiento de información y medida inspectiva de requerimiento) y de verificación de envío de información a correos electrónicos institucionales; actividades sencillas que no requerían de la participación conjunta de los inspectores y que tranquilamente podía realizar uno solo de ellos. x. En tal sentido, concluye que todas esas actuaciones inspectivas en las que solamente participó el inspector auxiliar, consistieron en simples labores apoyo o colaboración con la función del inspector de trabajo; por lo que, en el presente caso la participación del inspector auxiliar comisionado sí se ha enmarcado dentro de los límites de las facultades que le ha conferido el artículo 6° de la Ley N° 28806 y los artículos 4° y 10° de su reglamento, habiendo brindado apoyo y colaboración durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas al inspector de trabajo con el que conformó un equipo de trabajo; motivo por el cual, no se evidencia ninguna irregularidad dentro del procedimiento inspectivo analizado y por tanto, no es amparable este extremo del recurso de apelación; y confirma en todos sus extremos la resolución apelada.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Artículo 1. Creación y finalidad. Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo

Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

del RGLIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE CIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 1 de diciembre de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 150-2022-SUNAFIL/IRE-PIU, señalando los siguientes alegatos:

i. Inaplicación del artículo 7.14.8 de la Resolución de Superintendencia 31-2020- SUNAFIL. Sostiene que no es posible revertir el registro de accidente de trabajo que debió efectuarse en el año 2013, pues no puede retroceder en el tiempo para realizar

8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal.

dicho registro. Y que, al ser insubsanable, no correspondía la emisión de la medida inspectiva de requerimiento, trasgrediendo el principio de legalidad. ii. Inaplicación del numeral 1.4 del artículo IV del TP del TUO de la LPAG, por vulneración del principio de razonabilidad. Que, en aplicación del principio de razonabilidad, la resolución impugnada debió comprobar que, al no contar con la información del accidente de trabajo ocurrido el 31 de agosto de 2013, a causa de la pérdida de información por el hackeo sufrido por la Empresa, era tan imposible exigir la presentación del registro del año 2013. iii. Inaplicación del artículo 248.10 de la LPAG, por vulneración del principio de culpabilidad. Menciona que el incumplimiento de la medida de requerimiento no respondió a una conducta dolosa o culposa de la empresa, sino a la imposibilidad material de atenderla. iv. Inaplicación del numeral 3 del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, afectación al debido procedimiento por indebida motivación. Señala que la resolución impugnada vulnera gravemente su derecho al debido procedimiento y debida motivación. Asimismo, precisa que, si presentó medios probatorios para acreditar la ocurrencia del ataque cibernético, y con escrito de 23 de setiembre de 2021, cumplió con presentar el acta de constatación notarial de fecha 28 de noviembre de 2019, a través del cual se dejó constancia del ataque cibernético sufrido. v. Asimismo, señala que de acuerdo con el artículo 261 del inciso 9 de la LPAG, incurrir en una ilegalidad manifiesta constituye una falta administrativa sancionable, por lo que, se reserva su derecho de iniciar las acciones administrativas, civiles y/o penales que resulten procedentes contra los funcionarios responsables.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la infracción grave

"Artículo 49.- Recursos administrativos

Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004- 2019-JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos.”

“(…) la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias” (énfasis añadido).

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento, por la inaplicación del numeral 3 del artículo 139° de la Constitución Política del Perú

9 “Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas (…)” (énfasis añadido).

que posee en caso de advertirse su inobservancia en el presente procedimiento administrativo.

10 Cfr. numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG. 11 Cfr. numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG.

la LPAG. Por tales razones, no corresponde amparar los argumentos expuestos en este extremo.

Sobre la infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse” (énfasis añadido).

“Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, cierre temporal del área de una unidad económica o de una unidad económica, paralización o prohibición de trabajos o tareas, según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización” (énfasis añadido).

de los alegatos relativos a las medidas inspectivas de requerimiento deben de encontrarse vinculadas bajo los siguientes aspectos:

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución— el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (énfasis añadido).

Figura N° 1: Numeral 7.14.5 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII

12 Aprobada por Resolución de Superintendencia N° 031-2020-SUNAFIL, del 03 de febrero de 2020.

“Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido (…)”.

Figura N° 02:

no acreditó contar con el registro de accidente de trabajo del ex trabajador Daniel Caetano Mogollón Vilcherrez de fecha 31 de agosto de 2013; generando con ello una infracción a la labor inspectiva tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

de revisión en este extremo, en tanto la impugnante no acreditó el cumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, conforme lo han determinado las instancias de mérito, al evaluar y valorar todas las documentales presentadas.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Seguridad y Salud en el Trabajo No contar con el registro de accidente de trabajo en el cual deben constar la investigación y las medidas correctivas respecto al accidente de trabajo del señor Mogollón Vilcherrez Daniel Caetano de fecha 31 de agosto de 2013. Numeral 27.6 del artículo 27 del RLGIT

GRAVE Labor inspectiva No acreditar el cumplimiento de lo ordenado mediante la medida inspectiva de requerimiento de fecha 13 de noviembre de 2020 dentro del plazo otorgado.

Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General

de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por CIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A. en contra de la Resolución de Intendencia N° 150-2022-SUNAFIL/IRE-PIU, de fecha 9 de noviembre de 2022, emitida por la Intendencia Regional de Piura, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador Nº 450-2021-SUNAFIL/IRE-PIU, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. -CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 150-2022-SUNAFIL/IRE-PIU, en el extremo referente a la infracción muy grave, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a CIA DE SEGURIDAD PROSEGUR S.A., y a la Intendencia Regional de Piura, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20240522JCR - HR: 219186-2020