San Martin Contratistas Generales S.A — Resolución 0353-2026

Mediante Orden de Inspección N° 939-2022-SUNAFIL/IRE-CAJ, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico en materia de relaciones laborales1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 402-2022-SUNAFIL/IRE-CAJ (en adelante, el Acta de Infracción). En mérito a la denuncia formulada en aplicación del inciso c) del artículo 12 de la LGIT.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 296-2023-SUNAFIL/IRE-CAJ/SIFN, notificada el 25 de setiembre de 2023, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019- 2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 312-2023-SUNAFIL/IRE-CAJ/SIFN, notificada el 25 de octubre de 2023 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de la conducta infractora imputada a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual, procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Sanción de la Intendencia Regional de Cajamarca, la que mediante Resolución de Sub Intendencia N° 376-2023-SUNAFIL/IRE- CAJ/SISA, notificada el 27 de noviembre de 2023, multó a la impugnante por haber incurrido en la siguiente infracción:

Con fecha 19 de diciembre de 2023, la impugnante presentó recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 376-2023-SUNAFIL/IRE-CAJ/SISA.

Mediante Resolución de Intendencia N° 163-2023-SUNAFIL/IRE-CAJ, notificada el 03 de enero de 2024, la Intendencia Regional de Cajamarca, declaró infundado el recurso de apelación y confirmo la sanción contra la administrada.

Con fecha 23 de enero de 2024, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Cajamarca el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 163-2023- SUNAFIL/IRE-CAJ.

La Intendencia Regional de Cajamarca admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORANDUM-000087-2024- SUNAFIL/IRE-CAJ, recibido el 25 de enero de 2024, por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299812, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299813, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo4 (en adelante, LGIT), el artículo 17

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de estos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral,

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”7.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que San Martin Contratistas Generales S.A., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 163-2023-SUNAFIL/IRE-CAJ, que confirmó la sanción impuesta por la comisión de una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 04 de enero de 2024.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por San Martin Contratistas Generales S.A.

Sobre el particular, el principio de buena fe procedimental regulado en el numeral 1.8 del artículo IV del TUO de la LPAG, establece que “la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procedimental” (énfasis añadido).

Del mismo modo, el numeral 15.1 del artículo 15 del RLGIT establece que “durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas, los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos obligados al cumplimiento de las normas sociolaborales, prestarán la colaboración que precisen los inspectores del trabajo para el adecuado ejercicio de las funciones encomendadas, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 9 de la Ley”.

En ese sentido, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la LGIT: “los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los Supervisores-Inspectores, los Inspectores del Trabajo y los Inspectores Auxiliares cuando sean requeridos para ello. En particular y, en cumplimiento de dicha obligación de colaboración, deberán: (...)c) Colaborar con ocasión de sus visitas u otras actuaciones inspectivas, (…) e) Facilitarles la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones”.

Cabe señalar que, conforme al artículo 1 de la LGIT, “las actuaciones inspectivas son las diligencias que la Inspección del Trabajo sigue de oficio, con carácter previo al inicio del procedimiento administrativo sancionador, para comprobar si se cumplen las disposiciones vigentes en materia sociolaboral y poder adoptar las medidas inspectivas que en su caso procedan, para garantizar el cumplimiento de las normas sociolaborales”. Asimismo, “la función inspectiva es entendida como la actividad que comprende el

Por su parte, en el numeral 3.1 del artículo 5 de la LGIT se establece que, “en el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo que estén debidamente acreditados, están investidos de autoridad y facultados para proceder a practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que considere necesario para comprobar que las disposiciones legales se observan correctamente y, en particular, para requerir información, solo o ante testigos, al sujeto inspeccionado o al personal de la empresa sobre cualquier asunto relativo a la aplicación de las disposiciones legales, así como a exigir la identificación, o razón de su presencia, de las personas que se encuentren en el centro de trabajo inspeccionado”. En similar sentido, el artículo 11 del mismo dispositivo legal establece que “las actuaciones inspectivas de investigación se desarrollan mediante requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica, visita de inspección a los centros y lugares de trabajo, mediante requerimiento de comparecencia del sujeto inspeccionado ante el inspector actuante para aportar documentación y/o efectuar las aclaraciones pertinentes o mediante comprobación de datos o antecedentes que obren en el Sector Público” (énfasis añadido).

Es pertinente recordar que el artículo 36 de la LGIT9, establece que el comportamiento subsumible dentro de las infracciones a la labor inspectiva “puede ser directo o indirecto, perjudicando o dilatando la labor del inspector actuante de manera tal que no permita el cumplimiento de la fiscalización, o negándose a prestarle el apoyo necesario” (énfasis añadido).

Cabe precisar que, este Tribunal mediante Resolución de Sala Plena Nº 002-2023- SUNAFIL/TFL, publicada el 02 de febrero de 2023, que constituye precedente de observancia obligatoria, determinó:

En el presente caso, conforme a los fundamentos de la resolución impugnada, se evidencia que el requerimiento de información de fecha 01 de diciembre de 2022, ha sido válidamente notificada y se envió la alerta al correo electrónico registrado por la propia inspeccionada.

Como se concluye, de la lectura del numeral 4.3 del Acta de Infracción, la impugnante al haberse negado a facilitar al inspector de trabajo la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones, frustró la actuación del mismo, constituyendo dicho accionar un actuar reprochable plausible de sanción. Ello se explica en atención que la norma busca proteger el correcto funcionamiento de la labor inspectiva, la cual se puede perjudicar por la conducta de los empleadores que, teniendo posesión de la documentación e información necesaria para dilucidar un caso, se nieguen a exhibirla o no colaboren con proporcionarla a la Autoridad Administrativa del Trabajo, ello con la finalidad de entorpecer su labor.

En ese entendido, estando a las notificaciones efectuadas del requerimiento de información mediante la casilla electrónica y remitidas las alertas correspondientes, sin que haya sido atendido dentro del plazo otorgado por el inspector comisionado, se corrobora las conductas reprochables sancionadas por la autoridad de primera instancia y confirmadas en la resolución venida en grado.

Ahora bien, el tipo administrativo contenido en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, está orientado a sancionar una negativa del sujeto inspeccionado o de sus representantes el facilitar la información y documentación necesaria; no una mera omisión o falta de respuesta, sino una conducta claramente establecida en la que la impugnante o su representante se niegan a entregar la información solicitada.

Así, corresponde analizar el cumplimiento del principio de tipicidad10. Sobre el particular, recuerda la doctrina que el mandato de tipificación que este principio

Debemos señalar que, de la lectura de las normas que sancionan los incumplimientos a la labor inspectiva, la responsabilidad administrativa no solo admite el comportamiento doloso, pues bajo el principio de culpabilidad se admite también factores subjetivos de responsabilidad, tales como la falta de diligencia.12 Tal es el estándar que en este caso se debe establecer, al desacatarse una norma de orden público (revisar la casilla electrónica para cumplir con los diversos requerimientos que pudieran recibirse de parte de la inspección del trabajo, establecida en el numeral 8.1 del artículo 8 del Decreto Supremo N° 003-2020-TR).

En tal sentido, no resulta exigible que el inspector deje constancia de una negativa expresa, pues la infracción se perfecciona con el vencimiento del plazo otorgado sin que se haya presentado la información requerida, siempre que la notificación haya sido válida y el requerimiento haya sido claro y específico. Por tanto, no corresponde acoger este argumento del recurso de revisión, debido a que la conducta del inspeccionado por no revisar la casilla electrónica a pesar de estar debidamente notificado, tiene la consecuencia inevitable de no presentar la información requerida por el inspector para el objetivo de su investigación, lo cual constituye una negativa de colaborar con la inspección del trabajo, configurándose la infracción a la labor inspectiva imputada.

Con fecha 05 de diciembre de 2022, la impugnante presento información a través de la mesa de partes virtual, la cual obra en el expediente administrativo; señalando que esta ha sido presentada en la fecha de culminación de las actuaciones inspectivas.

Al respecto, del expediente inspectivo se evidencia que las actuaciones inspectivas iniciaron el 01 de diciembre de 2022 con la notificación del requerimiento de información de la misma fecha, y culminaron el 04 de diciembre de 2022 con la modalidad de comprobación de datos, conforme el fundamento 13 del acto impugnado.

En ese sentido, tenemos que el inspeccionado no presentó la información requerida dentro del plazo establecido por el inspector comisionado, por tanto, no logró ser objeto de análisis por el inspector comisionado, al haberse frustrado previamente las actuaciones inspectivas de investigación.

La orden de inspección expedida en el presente caso, tiene como objeto la verificación de la materia: Verificación de hechos (Sub materia: verificación de despido arbitrario), otorgando un plazo de cuatro (04) días hábiles para tal fin.

La verificación de despido arbitrario por parte de la autoridad inspectiva responde a la finalidad constitucional y legal de tutela de los derechos fundamentales laborales, y se sustenta en las competencias asignadas al Sistema de Inspección del Trabajo ejercidas por la SUNAFIL, conforme al artículo 45 del Decreto Supremo N° 001-96-TR, Reglamento de la Ley de Texto Único Ordenado de la Ley de Fomento del Empleo; a fin de verificar hechos objetivos, constatar documentación y si el empleador ha cumplido con las exigencias legales mínimas en la extinción del vínculo laboral.

En ese entendido, se emitió la Directiva N° 003-2020-SUNAFIL/INII, denominada “Directiva sobre verificación de despido arbitrario” aprobada por Resolución de Superintendencia N° 203-2020-SUNAFIL (en adelante, la Directiva); que tiene por objetivo establecer las reglas, pautas y criterios generales que coadyuven a la inspección del trabajo, a fin de cumplir con su función de verificación de despido arbitrario, definida como la actuación inspectiva iniciada a solicitud de parte, a fin de constatar los hechos alrededor del supuesto despido arbitrario que, se configura con la negativa injustificada del empleador de permitir el ingreso del trabajador al centro de labores.

Así pues, la Directiva establece plazos reducidos, en comparación a otras materias de investigación, para que el sistema de inspección del trabajo atienda esta clase de denuncias, desde la calificación hasta su finalización. En ese sentido, el numeral 7.1.1 de la Directiva, establecido en el inicio de las actuaciones inspectivas de investigación se realiza el mismo día de recibida la orden de inspección, y concluye en el plazo máximo de cuatro (04) días hábiles, salvo causas que dificulten las mismas.

De igual manera, sobre el uso de las tecnologías de la información y comunicación, y la modalidad de requerimiento de información, la Directiva establece lo siguiente:

El requerimiento de información como una de las modalidades de investigación de la inspección del trabajo, constituye un instrumento esencial de investigación destinado a obtener documentación necesaria para verificar el cumplimiento de la normativa sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, materializando el deber de colaboración del inspeccionado y permitiendo el esclarecimiento de los hechos materia de fiscalización.

En este caso, el requerimiento de información emitido y notificado por el inspector comisionado el 01 de diciembre de 2022, solicita lo siguiente: Figura N° 1

El Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Resolución de Sala Plena N° 012-2023- SUNAFIL/TFL, ha establecido como criterios de observancia obligatoria lo siguiente: “39. En ese entendido, en el ejercicio de sus funciones, los inspectores comisionados, deben procurar que la información solicitada en los requerimientos de información se encuentre orientada a las materias objeto de inspección y/o a propiciar el cumplimiento de las actuaciones inspectivas. Así, resulta importante que busquen determinar de manera clara y precisa la documentación y/o información requerida, evaluando para dicho fin, los documentos y alegatos que vayan presentado los administrados durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas, para la emisión de los requerimientos de información posterior. Por ejemplo, si como respuesta a un primer requerimiento de información, en el marco de las investigaciones llevadas a cabo en mérito a una orden de inspección que tiene como una de sus materias “registro en planilla”, la inspeccionada señala que no puede cumplir con presentar el contrato de trabajo porque el trabajador supuestamente afectado era formalmente un locador de servicio, no resulta pertinente que el comisionado requiera nuevamente la presentación de los contratos de trabajo,

Por las consideraciones expuestas, debido a la naturaleza especial de la materia investigada por la inspección del trabajo (verificación de despido arbitrario) para constatar de manera inmediata los hechos vinculados al cese laboral; evaluando la pertinencia de usar el requerimiento de información como modalidad de actuaciones inspectivas en este caso, debido a que el inspeccionado había registrado sus datos de contacto para que reciba las alertas de la notificación realizada, garantizando el envío y acuse del requerimiento; evidenciando que la información requerida no reviste mayor complejidad de ser entregada al tratarse de un solo trabajador, el plazo de un día hábil resulta suficiente, idónea y necesaria para el fin de la investigación del presente caso.

Por lo fundamentos expuesto, no se evidencia una afectación al debido procedimiento administrativo ni al principio de razonabilidad conforme a lo alegado por el impugnante, por tanto, no corresponde acoger los argumentos del recurso de revisión en este extremo, en consecuencia, desestimar el pedido sobre dejar sin efecto la multa impuesta por la autoridad sancionadora.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a la siguiente infracción:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.