Tribunal de Fiscalización Laboral · Resolución

Productos Paraíso del Perú S.A.C — Res. 509-2021

Servicios y otrosCaducidadSEGURIDAD Y SALUD
Resolución N°0509-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala
Expediente sancionador114-2020-SUNAFIL/IRE-CAL
ProcedenciaINTENDENCIA REGIONAL DEL CALLAO
ImpugnanteProductos Paraíso del Perú S.A.C
Acto impugnadoRESOLUCIÓN DE INTENDENCIA N° 158-2021-
MateriaSEGURIDAD Y SALUD
RegiónCallao
Fecha9 de noviembre de 2021
Sumilla. Se declara la CADUCIDAD del procedimiento administrativo sancionador seguido contra por Productos Paraíso del Perú S.A.C., recaído en el expediente sancionador N° 114-2020- SUNAFIL/IRE-CAL de la Intendencia Regional del Callao. Lima, 9 de noviembre de 2021

El fallo

SE RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar NULA la Resolución de Sub Intendencia Nº 268-2021-SUNAFIL/IRE-CAL/SIRE, de fecha 12 de abril de 2021, emitida por la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional del Callao, por los fundamentos expuestos en la presente Resolución.

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SEGUNDO.- Declarar la CADUCIDAD del procedimiento administrativo sancionador seguido contra PRODUCTOS PARAISO DEL PERU S.A.C. recaído en el expediente sancionador N° 114-2020- SUNAFIL/IRE-CAL de la Intendencia Regional del Callao, disponiendo su archivamiento.

TERCERO.- Devolver los actuados a la Intendencia Regional del Callao, con la finalidad de que proceda conforme a lo establecido en el numeral 259.4 del artículo 259 del TUO de la LPAG, de ser el caso y conforme a sus competencias. Además de lo señalado en el fundamento 7.5 de la presente resolución. CUARTO.- Notificar la presente resolución a PRODUCTOS PARAISO DEL PERU S.A.C. y a la Intendencia Regional del Callao, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil)

Documento Firmado Digitalmente

Documento Firmado Digitalmente Luis Erwin Mendoza Legoas

Desirée Bianca Orsini Wisotzki Presidente

Documento Firmado Digitalmente Jessica Alexandra Pizarro Delgado

Fuente oficial. Resolución pública del Tribunal de Fiscalización Laboral. Consulta el documento oficial en el portal de SUNAFIL.
Ver en SUNAFIL (oficial) →

Texto de la resolución

Antecedentes

1.1

Mediante Orden de Inspección N° 2435-2019-SUNAFIL/IRE-CAL, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación respecto de la impugnante, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, las cuales culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 07-2020-SUNAFIL/IRE-CAL (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de tres (03) infracciones muy graves en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

1.2

Mediante Imputación de Cargos N° 234-2020-SUNAFIL/IRE-CAL/SIAI-IC del 17 de julio de 2020, notificada el 24 de julio de 2020, se inició el procedimiento sancionador en mérito a

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Gestión Interna de Seguridad y Salud en el Trabajo(Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo; Registro de Accidente de Trabajo e incidentes; Registro de Equipo de Seguridad o Emergencia; Registro de Inducción, Capacitación, Entrenamiento y Simulacros de Emergencia); y Condiciones de Seguridad en lugares de trabajo, Instalaciones Civiles y Maquinaria (Condiciones de Seguridad). 20555195444 soft 20555195444 soft 20555195444 soft

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la Acta de Infracción, señalada en el numeral precedente, se dio inicio a la etapa instructiva, otorgándose un plazo de quince (15) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el numeral 53.1 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

1.3

De conformidad con el numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 345-2020-SUNAFIL/IRE-CAL/SIAI-IF (en adelante, el Informe Final), a través del cual llega a la conclusión que se ha determinado la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador en su fase sancionadora y procediendo a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución. Mediante Resolución N° 268-2021--SUNAFIL/IRE-CAL/SIRE de fecha 12 de abril 2021, se dispuso a ampliar, excepcionalmente, por 03 meses el plazo para resolver el procedimiento administrativo sancionador. Posteriormente, la Sub Intendencia de Resolución mediante la Resolución de Sub Intendencia N° 405-2021-SUNAFIL/IRE-CAL/SIRE, de fecha 19 de mayo de 2021, notificada el 21 de mayo de 20212, multó a la impugnante por la suma de S/ 29,025.00 por haber incurrido en:

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, por no cumplir con las disposiciones relacionadas a condiciones de seguridad, afectando a un (01) trabajador, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, sancionado con una multa ascendente a S/ 9,675.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, por no cumplir con realizar la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER), afectando a un (01) trabajador, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, sancionado con una multa ascendente a S/ 9,675.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, por no cumplir con los estándares de Seguridad y Salud en las operaciones de la actividad: maquina compactadora en el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, afectando a un (01) trabajador, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, sancionado con una multa ascendente a S/ 9,675.00.

1.4

Con fecha 09 de junio de 2021, la impugnante presentó su recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 405-2021-SUNAFIL/IRE-CAL/SIRE, argumentando lo siguiente:

2 Ver folios 84 del expediente administrativo.

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- Ha cumplido con presentar el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo y su contenido cumple los estándares en Seguridad y Salud en el Trabajo en las operaciones; por lo que, afirma que el sustento de la infracción impuesta no es correcto, pues la acumulación de etiquetas son situaciones fortuitas a la actividad de “compacto de almohadas y protectores”, y es ajeno al trabajo. Además, todo trabajador debe comunicar a su supervisor de área estas situaciones conforme el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. - Sobre la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos, alega que, ha dado cumplimiento a las disposiciones relacionadas a las condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo, al dar entrenamiento específico en el puesto de trabajo, dar también la inducción de Seguridad y Salud en el Trabajo, este último el 17 de junio de 2019 a las 11:00 am. - Afectación al principio de tipicidad regulado en el inciso 4 del artículo 230 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, lo cual, indica, conlleva a la nulidad de la resolución apelada; pues la Imputación de Cargos tomada en cuenta tipifica 3 supuestos del Decreto Supremo Nº 008-2020-TR, específicamente el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, pero no se ha realizado una debida tipificación de hechos y su configuración contenida en dicho artículo, ni se ha especificado qué normativa se infringió.

1.5

Con Resolución de Intendencia N° 158-2021-SUNAFIL/IRE-CAL3, de fecha 13 de agosto de 2021, la Intendencia Regional del Callao, declaró infundado el recurso de apelación en contra de la Resolución de Sub Intendencia N° 405-2021-SUNAFIL/IRE-CAL/SIRE, por los siguientes argumentos: - Del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de la inspeccionada, en el capítulo V sobre estándares de seguridad y salud en las operaciones y proceso, área de costura, no se hace mención sobre los estándares de seguridad en las actividades en el compactado de almohadas. Así también, en los procedimientos de trabajo, instructivo para uso de la compactadora de almohada y protectores, no se aprecian dichos estándares. - Está acreditado de la valoración de los actuados en el procedimiento administrativo, la omisión por parte de la inspeccionada, de la descripción de estándares de Seguridad y Salud en las operaciones, respecto a la actividad de compactado de almohadas, en lo que genere la acumulación de etiquetas y acomodo de bolsas. - No se ha realizado una Evaluación de Riesgo de forma adecuada, porque se han agrupado en 3 riesgos: golpes, cortes y atrapamiento; no siendo posible determinar qué medida de control le corresponde a cada riesgo. - No se realizaron medidas de control efectivas antes del accidente, acaecido el 04 de julio de 2017, siendo este incumplimiento atribuible a la inspeccionada.

3 Notificada el 16 de agosto de 2021, ver folios 131 del Expediente Sancionador.

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- Se advirtió la falta de dispositivo de seguridad adicional y/o falta de resguardo de seguridad, puesto que no se colocó algún sensor de barrera como resguardo para evitar el atrapamiento y quemadura de manos.

1.6

Con fecha 03 de setiembre de 2021 la impugnante presentó recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 158-2021-SUNAFIL/IRE-CAL, de fecha 13 de agosto de 2021.

1.7

La Intendencia Regional del Callao admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorándum N° 858-2021- SUNAFIL/IRE-CAL, recibido el 08 de setiembre de 2021 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

2.1

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299814, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

2.2

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299815, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo6 (en adelante, LGIT), el artículo 15 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto

4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 5“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.”

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Supremo N° 007-2013-TR7, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR8 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

3.1

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley de N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG) establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante un ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días respectivamente.

3.2

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificada por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RGLIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

3.3

En esa línea argumentativa, el Reglamento del Tribunal define al recurso de revisión como el recurso administrativo destinado a contradecir las resoluciones emitidas en segunda

7“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 8“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

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instancia por la Intendencia de Lima Metropolitana y las Intendencias Regionales de SUNAFIL, así como por las Direcciones de Inspección del Trabajo u órganos que cumplan esta función en las Direcciones y/o Gerencias Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo, señalando de manera expresa que el recurso de revisión sólo procede por las causales taxativamente establecidas como materias impugnables en el artículo 14 de dicha norma, esto es: i) la inaplicación así como la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral; y, ii) El apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal de Fiscalización Laboral.

3.4

Así, el recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema de Inspección del Trabajo que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones calificadas como muy graves en el RGLIT y sus modificatorias; estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que éste se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE PRODUCTOS PARAISO DEL PERU S.A.C.

4.1

De la revisión de los actuados, se ha identificado que PRODUCTOS PARAISO DEL PERU S.A.C. presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 158-2021- SUNAFIL/IRE-CAL, en la cual se confirmó la sanción impuesta de S/ 29,025.00 por la comisión de tres (03) infracciones MUY GRAVES, en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, tipificadas en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día siguiente hábil de la notificación de la citada resolución, es decir, el 17 de agosto de 2021.

4.2

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por PRODUCTOS PARAISO DEL PERU S.A.C.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 03 de setiembre de 2021, la impugnante presentó recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 158-2021-SUNAFIL/IRE-CAL, argumentando lo siguiente:

i. La autoridad inspectiva inobservó que la impugnante sí cumplió con establecer los estándares específicos del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme lo indica el artículo 235 del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Inspeccionada; por lo que sí identificó los Peligros y Evaluación de Riesgos, conforme se

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aprecia de la matriz IPER presentada, en cuyo punto 300, afirma que se identifica claramente el riesgo referido al riesgo de maquinaria/objeto en movimiento, se establece que la máquina cuenta con guardas y botón de parada de emergencia de operativos; por lo que, la Autoridad Inspectiva ha realizado un análisis erróneo de los medios probatorios aportados, que vulneran su derecho de defensa y debido procedimiento administrativo.

ii. Que, no se ha valorado de forma correcta los documentos aportados en las comparecencias, pues sí ha cumplido con el entrenamiento específico en el puesto de trabajo, con los parámetros de trabajo de la máquina compactadora de almohadas y protectores, la Inducción de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizado el 17 de junio de 2016 a las 11:00 am.

iii. Respecto a la afectación al principio de non bis in ídem, afirma que no se ha analizado este extremo impugnado en la resolución de Intendencia. Sostiene también que, se ha producido una afectación al derecho del debido procedimiento.

VI. ANÁLISIS DEL RECURSO DE REVISIÓN Se debe indicar que antes de realizar el análisis del fondo del asunto, este Tribunal como garante y protector del debido procedimiento administrativo sancionador, ha de analizar primigeniamente si el presente proceso se ha llevado conforme las normas y dentro de los plazos establecidos por el Texto Único Ordenado del Procedimiento Administrativo General y Directiva 001-2017-SUNAFIL/INII, Directiva que regula el Procedimiento Sancionador del Sistema de Inspección del Trabajo.

Sobre la caducidad del Procedimiento Administrativo Sancionador 6.1 Respecto al procedimiento sancionador, se observa que ha operado la caducidad, transcurrieron más de 9 meses sin que el procedimiento administrativo sancionador se haya resuelto. Al respecto, debemos señalar lo siguiente:

- El 24 de julio de 2020, inició el procedimiento con la notificación del Acta de Infracción y la Imputación de Cargos Nº 234-2020-SUNAFIL/IRE-CAL/SIAI-IC. - El 19 de mayo de 2021, se emitió la Resolución de Sub Intendencia N° 405-2021- SUNAFIL/IRE-CAL/SIRE, siendo notificada el 21 de mayo de 20219.

6.2

Sobre el particular, el artículo 259 del TUO de la LPAG dispone lo siguiente:

“Artículo 259.- Caducidad administrativa del procedimiento sancionador

9 Véase folio 84 del expediente sancionador.

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1. El plazo para resolver los procedimientos sancionadores iniciados de oficio es de nueve (9) meses contados desde la fecha de notificación de la imputación de cargos. Este plazo puede ser ampliado de manera excepcional, como máximo por tres (3) meses, debiendo el órgano competente emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo, previo a su vencimiento. La caducidad administrativa no aplica al procedimiento recursivo. Cuando conforme a ley las entidades cuenten con un plazo mayor para resolver la caducidad operará al vencimiento de este. 2. Transcurrido el plazo máximo para resolver, sin que se notifique la resolución respectiva, se entiende automáticamente caducado administrativamente el procedimiento y se procederá a su archivo. 3. La caducidad administrativa es declarada de oficio por el órgano competente. El administrado se encuentra facultado para solicitar la caducidad administrativa del procedimiento en caso el órgano competente no la haya declarado de oficio. 4. En el supuesto que la infracción no hubiera prescrito, el órgano competente evaluará el inicio de un nuevo procedimiento sancionador. El procedimiento caducado administrativamente no interrumpe la prescripción. 5. La declaración de la caducidad administrativa no deja sin efecto las actuaciones de fiscalización, así como los medios probatorios que no puedan o no resulte necesario ser actuados nuevamente. Asimismo, las medidas preventivas, correctivas y cautelares dictadas se mantienen vigentes durante el plazo de tres (3) meses adicionales en tanto se disponga el inicio del nuevo procedimiento sancionador, luego de lo cual caducan, pudiéndose disponer nuevas medidas de la misma naturaleza en caso se inicie el procedimiento sancionador”. (El énfasis es añadido).

6.3

Asimismo, Juan Carlos Morón Urbina10, señala que “la caducidad puede ser definida como aquella figura que origina la anormal y anticipada terminación de un pronunciamiento, debido a la inactividad de la autoridad competente, prolongada en su trámite, la cual ocasiona que el plazo establecido para su culminación se venza, adelantando el término del procedimiento por mandato de ley”. Debe entenderse, pues, que la caducidad prevista en el TUO de la LPAG es respecto del procedimiento; por lo que la Intendencia Regional del Callao solo podía haber determinado la existencia de una infracción antes del vencimiento del plazo de caducidad.

6.4

Cabe señalar que Morón Urbina también señala que existen tres manifestaciones de la caducidad en el Derecho Administrativo, entre las que encontramos: i) Caducidad-carga:

10 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. 12a Edición. Lima: Gaceta Jurídica, 2017.

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Referida al tipo de caducidad que opera en los supuestos en los que el particular tiene un plazo corto para el ejercicio de un derecho en beneficio propio; ii) Caducidad-sanción: Este tipo de caducidad opera para poner fin a los efectos de un título habilitante por incumplimiento de las obligaciones que asumió el administrado con la obtención del mismo; iii) Caducidad-perención: Este tipo de caducidad supone la terminación anormal (extinción) de un procedimiento administrativo por ausencia de actividad del interesado (en caso de procedimientos iniciados a iniciativa de parte) o de la Administración Pública (en caso de procedimientos iniciados de oficio). Para efectos del presente caso nos encontramos ante la caducidad-perención, en el marco del procedimiento administrativo sancionador iniciado de oficio.

6.5

En tal sentido, para que opere la caducidad-perención del procedimiento sancionador, basta la superación del plazo establecido para concluir el mismo. Es decir, el mero transcurso del tiempo configura la caducidad. Asimismo, al consistir la caducidad en el transcurso inevitable de un lapso de tiempo, ésta no se suspende ni interrumpe. Por tanto, como señala el artículo 259 del TUO de la LPAG, una vez transcurridos nueve (9) meses desde el inicio del procedimiento sancionador, este caducará indefectiblemente, procediéndose a su archivo.

6.6

Por su parte, el ítem 7.1.1.6 del punto 7.1 del numeral 7 de la Directiva 001-2017- SUNAFIL/INII17, Directiva que regula el Procedimiento Sancionador del Sistema de Inspección del Trabajo, aprobado mediante Resolución de Superintendencia N° 171-2017- SUNAFIL, señala que la caducidad es declarada de oficio o a pedido de parte, siendo que en el supuesto que la infracción no hubiera prescrito la autoridad competente evaluará el inicio de un nuevo procedimiento sancionador.

6.7

Por otro lado, el artículo 15 de la Ley N° 29981 señala que el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. Complementando lo antedicho, el artículo 14° del Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema”.

6.8

En el caso en particular, se evidencia que, desde la apertura del procedimiento administrativo sancionador, con la notificación de la imputación de cargos, hasta la notificación de la resolución de primera instancia, ha transcurrido más de nueve (09) meses. Por lo que, esta sala analizará si en dicho periodo ha operado alguna circunstancia que haya afectado el computo del plazo de caducidad.

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Sobre la ampliación del plazo del Procedimiento Administrativo Sancionador 6.9 Del análisis del expediente sancionador, se evidencia que mediante Resolución de Sub Intendencia Nº 268-2021-SUNAFIL/IRE-CAL/SIRE, de fecha 12 de abril de 2021, se resuelve ampliar excepcionalmente, por 03 meses, el plazo para resolver el procedimiento administrativo sancionador instaurado en contra de la impugnante.

6.10

Cabe precisar que, la posibilidad de ampliar un procedimiento sancionador se encuentra regulada en el artículo 259 del TUO de la LPAG y establece, entre otras cuestiones, que el administrado se encuentra facultado para solicitar la caducidad administrativa del procedimiento en caso el órgano competente no la haya declarado de oficio.

6.11

Es importante destacar que, dado el marco normativo y jurisprudencial analizado, el incumplimiento de alguno de los elementos contenidos en el artículo 259° del TUO de la LPAG podría configurar un supuesto de vulneración al debido procedimiento y, por tanto, acarrear una nulidad.

6.12

Por consiguiente, corresponde analizar si la Resolución antes referida, ha sido: (i) notificada de manera previa al vencimiento del plazo para resolver el procedimiento administrativo sancionador, y (ii) emitida por el órgano competente.

6.13

Sobre la primera condición, del análisis del expediente sancionador, se evidencia que la Resolución Nº 268-2021-SUNAFIL/IRE-CAL/SIRE ha sido emitida el 12 de abril de 2021 y notificada a la impugnante el 14 de abril de 2021. Por lo tanto, al haberse contemplado como plazo de vencimiento del procedimiento sancionador el 24 de abril de 2021, la resolución en cuestión, se notificó de manera previa a dicho vencimiento.

6.14

Respecto a la segunda condición señalada, debe precisarse que la decisión de ampliación de plazo deberá materializarse en un tipo jurídico específico: Resolución. La norma no ha dejado a libre configuración del operador jurídico (autoridad administrativa) la determinación de la forma, sino que ha establecido que sea una específica. El objetivo de la norma ha sido, precisamente y dada la interpretación constitucional, que se preserve la excepcionalidad de la medida, imponiendo determinadas cargas a la Administración a fin de evitar que pueda prorrogar con facilidad el plazo previsto sin mediar justificación adecuada ni un tipo jurídico específico.

6.15

Debe señalarse que, además de esto, la Resolución deberá ser emitida por el órgano competente y, sobre el particular, ni la LGIT, el RLGIT, el Reglamento del Tribunal, ni el TUO de la LPAG establecen cuál es el órgano competente para emitir dicha prórroga. No obstante, el TUO de la LPAG sí establece algunas consideraciones que permiten a esta Sala

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identificar -dentro del Sistema de Inspección del Trabajo- qué autoridad resulta competente para emitir la Resolución prorrogando el plazo de caducidad.

6.16

La primera está referida a la literalidad de la norma que habilita la competencia para prorrogar el plazo de caducidad. El TUO de la LPAG hace referencia al “órgano” y tal denominación corresponde únicamente a las unidades de organización de primer y segundo nivel en una estructura orgánica, conforme al Anexo 1 – Glosario de Términos del Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, Decreto Supremo que aprueba los Lineamientos de Organización del Estado. En el caso de la SUNAFIL, las autoridades dentro del Sistema de Inspección del Trabajo son la Intendencia de Lima Metropolitana, Intendencia Regional, Gerencia/Dirección Regional, así como las unidades orgánicas dependientes de aquellas.

6.17

Por ende, dado que funcionalmente son los órganos de segundo nivel organizacional aquellos que ostentan las competencias inspectivas en el marco del Sistema, son tales órganos de segundo nivel organizacional aquellos competentes para decidir la ampliación del plazo de tramitación del procedimiento administrativo sancionador previo a su caducidad.

6.18

La segunda consideración a tener en cuenta está referida a la aplicación del principio del debido procedimiento. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado en reiterada jurisprudencia respecto del contenido del derecho fundamental al debido proceso, y su acepción en el Derecho Administrativo como principio del debido procedimiento, incluyendo disposiciones respecto de la autoridad que conoce de una controversia. Al respecto, en la Sentencia recaída en el Expediente N° 6149-2006-AA/TC se precisa lo siguiente:

“Ciertamente, el derecho a ser juzgado por jueces imparciales no se encuentra reconocido expresamente en la Constitución. Ello, sin embargo, no ha impedido a este Tribunal reconocer en él, a un derecho implícito que forma parte de un derecho expreso. A saber, del derecho al debido proceso, reconocido en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución (…) El principio de imparcialidad posee dos acepciones: a) imparcialidad subjetiva, que se refiere a cualquier tipo de compromiso que pudiera tener el juez con las partes procesales o en el resultado del proceso; b) imparcialidad objetiva, que está referida a la influencia negativa que puede tener en el juez la estructura del sistema, restándole imparcialidad, es decir, si el sistema no ofrece suficientes garantías para desterrar cualquier duda razonable”.(El énfasis es añadido).

Con relación a lo anterior, se aprecia que, como parte del principio del debido proceso, se identifica el derecho a la tutela procesal efectiva y a la imparcialidad, los cuales son

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aplicables al procedimiento administrativo, como bien señala el propio Tribunal Constitucional.

6.19

A este respecto, se evidencia que, si la Sub Intendencia de Resolución (unidad orgánica distinta a un órgano) tuviera la competencia de prorrogar el propio plazo que ostenta para evitar la caducidad, tendría todos los incentivos para prorrogar las actuaciones a su cargo por el máximo plazo posible. Esta situación genera un perjuicio evidente a los administrados e interpreta extensivamente la norma del TUO de la LPAG respecto de la competencia para emitir la Resolución de ampliación del plazo de culminación del procedimiento administrativo sancionador dado que la Sub Intendencia no tiene la cualidad jurídica de “órgano” sino de “unidad orgánica”.

6.20

Es importante acotar, además, que en el presente caso la Sub Intendencia de Resolución no ha cumplido con la carga establecida por el TUO de la LPAG tanto en la denominación y numeración del tipo normativo (Resolución), así como con la emisión del acto por un órgano competente.

6.21

Conforme a ello, esta Sala ha revisado la totalidad de las actuaciones que componen el expediente administrativo y ha evidenciado la nulidad de la Resolución N° 268-2021- SUNAFIL/IRE-CAL/SIRE de fecha 12 de abril de 2021, en aplicación de lo prescrito en el numeral 2 del artículo 10 del TUO de la LPAG11. Por tanto, corresponde declarar su nulidad, no resultando procedente la ampliación de plazo contenida en la misma.

Resultado Del Análisis Realizado

7.1

Tomando en cuenta que, según lo estipulado en el artículo 259 del TUO de la LPAG, la caducidad administrativa puede ser solicitada por el administrado en caso el órgano competente no la haya declarado de oficio y dado que no se cumplieron con los requisitos establecidos en dicho artículo, al no emitirse la ampliación conforme a las condiciones establecidas por dicho artículo, la misma carece de efectos y, por tanto, no amplía el plazo de caducidad administrativa.

7.2

Que, considerando que el procedimiento administrativo sancionador se inició el 24 de julio de 2020, fecha en la que se notificó la Imputación de Cargos, el plazo para resolver el mismo y la no procedencia de la ampliación de plazos, vencía el 24 de abril de 2021. Por lo que, habiéndose notificado la Resolución de Sub Intendencia de Resolución N° 405-2021-

11 “Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: (…) 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14.”

Resolución N° 509 -2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala

SUNAFIL/IRE-CAL/SIRE, con fecha 21 de mayo de 2021, se ha superado el plazo resolver el procedimiento, operando de manera automática la caducidad del presente procedimiento, debiéndose proceder a su archivamiento.

7.3

Es importante aclarar que la declaración de caducidad que efectúa la Sala no supone la nulidad de toda la actuación realizada por las instancias precedentes, sino que, en virtud al texto expreso de los numerales 4 y 5 del artículo 259° del TUO de la LPAG, determinadas actuaciones resultan subsistentes. De esta forma, la declaración de caducidad no deja sin efecto las actuaciones de fiscalización, así como los medios probatorios que puedan o no resultar necesarios ser actuados nuevamente.

7.4

Así también las medidas preventivas, correctivas y cautelares dictadas se mantienen vigentes durante el plazo de tres (3) meses adicionales en tanto se disponga el inicio del nuevo procedimiento sancionador, luego de lo cual caducan, pudiéndose disponer nuevas medidas de la misma naturaleza en caso se inicie el procedimiento sancionador. Además, la autoridad competente conforme al Sistema, en caso la infracción no hubiera prescrito, evaluará el inicio de un nuevo procedimiento sancionador.

7.5

De otro lado, evidenciándose la nulidad, corresponde remitir los actuados al superior jerárquico del acto declarado nulo, a fin de que, de estimarlo conveniente, disponga hacer efectiva la responsabilidad del emisor de conformidad con el TUO de la LPAG.

7.6

Finalmente, corresponde declarar la caducidad del procedimiento administrativo sancionador recaído en el presente expediente; careciendo de objeto pronunciarse sobre los de más argumentos esgrimidos por la impugnante en su recurso de revisión.

POR TANTO: Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar NULA la Resolución de Sub Intendencia Nº 268-2021-SUNAFIL/IRE-CAL/SIRE, de fecha 12 de abril de 2021, emitida por la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional del Callao, por los fundamentos expuestos en la presente Resolución.

Resolución N° 509 -2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala

SEGUNDO.- Declarar la CADUCIDAD del procedimiento administrativo sancionador seguido contra PRODUCTOS PARAISO DEL PERU S.A.C. recaído en el expediente sancionador N° 114-2020- SUNAFIL/IRE-CAL de la Intendencia Regional del Callao, disponiendo su archivamiento.

TERCERO.- Devolver los actuados a la Intendencia Regional del Callao, con la finalidad de que proceda conforme a lo establecido en el numeral 259.4 del artículo 259 del TUO de la LPAG, de ser el caso y conforme a sus competencias. Además de lo señalado en el fundamento 7.5 de la presente resolución. CUARTO.- Notificar la presente resolución a PRODUCTOS PARAISO DEL PERU S.A.C. y a la Intendencia Regional del Callao, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil)

Documento Firmado Digitalmente

Documento Firmado Digitalmente Luis Erwin Mendoza Legoas

Desirée Bianca Orsini Wisotzki Presidente

Documento Firmado Digitalmente Jessica Alexandra Pizarro Delgado

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