Premium Data S.A.C

Mediante Orden de Inspección N° 422-2020-SUNAFIL/ILM, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 845-2020-SUNAFIL/ILM (en adelante, el Acta de Infracción). En mérito al operativo “OP FISCALIZACION PERU FORM LAB PERU FORMAL ENERO 2020 ILM” en aplicación del inciso d) del artículo 12 de la LGIT.

Corresponde indicar que, mediante Resolución de Sub Intendencia N° 1290-2021- SUNAFIL/ILM/SIRE2 de fecha 01 de diciembre de 2021 se declaró la caducidad del procedimiento administrativo sancionador iniciado contra la impugnante con la notificación de la Imputación de Cargos N° 501-2021-SUNAFIL/ILM/AI3; por lo que, dispuesto que se ponga en conocimiento de la autoridad instructora dicho pronunciamiento.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 658-2022-SUNAFIL/ILM/AI3, notificada el 07 de marzo de 2022, se inició la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019- 2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 1070-2022-SUNAFIL/ILM/AI3, de fecha 20 de mayo de 2022 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Sanción 1 de la Intendencia de Lima Metropolitana, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 1351-2022- SUNAFIL/ILM/SISA1, de fecha 05 de diciembre de 2022, multó a la impugnante por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 26 de diciembre de 2022 la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 1351-2022-SUNAFIL/ILM/SISA1.

Mediante la Resolución de Intendencia N° 640-2023-SUNAFIL/ILM, de fecha 29 de mayo de 20232, la Intendencia de Lima Metropolitana declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante.

Con fecha 19 de junio de 2023, la impugnante presentó ante la Intendencia de Lima Metropolitana, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 640- 2023-SUNAFIL/ILM.

La Intendencia de Lima Metropolitana admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORANDUM-003380- 2023-SUNAFIL/ILM, recibido el 02 de noviembre de 2023 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Con fecha 18 de diciembre de 2025, se remitieron dos (02) escritos presentados por la impugnante, los cuales cuentan con registro provisional de HR: 0118001051-2025 y HR- 0111801624-2025.

Mediante la CARTA-0000252-2025-SUNAFIL/TFL de fecha 19 de diciembre de 2025, se le solicitó a la impugnante el acceso al material audiovisual ofrecido en su recurso de revisión. Posteriormente, la impugnante brindó la respuesta correspondiente.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de estos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8.

En este orden de ideas, resulta indispensable que el Tribunal revise el cumplimiento del ordenamiento jurídico en materia sociolaboral -tanto adjetivo como sustantivo- así como vele por la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema de Inspección del Trabajo. La normativa adjetiva es aquella que garantiza a los administrados constituirse como sujetos del procedimiento administrativo dentro de la relación jurídico- procedimental establecida en el marco del Sistema de Inspección del Trabajo. Cabe precisar que dicho análisis garantiza la vigencia del debido proceso en sede administrativa, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional9.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que Premium Data S.A.C., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 640-2023-SUNAFIL/ILM, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, que confirmó la sanción impuesta por la comisión de una (01) infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.20 del artículo 25 del RLGIT; dos (02) infracciones muy graves en materia de seguridad social, tipificadas en el numeral 44-B.1 del artículo 44-B del RLGIT; y una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por Premium Data S.A.C.

La impugnante en su recurso de revisión cuestiona la concurrencia de los elementos de la relación laboral, puesto que considera que no se ha determinado la existencia de un vínculo laboral entre los trabajadores afectados y su empresa, con lo cual, se procederá a examinar si efectivamente se realizó un correcto análisis de los elementos de la relación laboral

El artículo 4 del TUO de la LPCL, dispone lo siguiente respecto al contrato de trabajo: “En toda prestación personal de servicios remunerados y subordinados, se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado”.

De lo expuesto, se colige que existe un vínculo de naturaleza laboral cuando se presenten los siguientes tres (3) elementos: (i) prestación personal del servicio, (ii) remuneración, y (iii) subordinación; siendo este último el elemento distintivo entre el contrato de trabajo y el contrato de locación de servicios, el cual adopta una serie de manifestaciones cuyo descubrimiento nos lleva a concluir el carácter laboral de una relación contractual-

Por su lado, el contrato de locación de servicios es definido en el artículo 1764 del Código Civil como aquel acuerdo de voluntades por el cual “el locador se obliga sin estar subordinados al comitente, a prestarle sus servicios por cierto tiempo o para un trabajo determinado, a cambio de una retribución”. De lo anterior, se advierte que el elemento esencial diferenciador entre uno y otro contrato es la subordinación.

Al respecto, el Tribunal Constitucional en la sentencia de fecha 22 de octubre de 2012 recaída en el Expediente N° 03146-2012-PA/TC, en cuyo fundamento 3.3.3, señala:

Por lo que, de comprobarse la existencia de los elementos del contrato de trabajo, los cuales pueden ser reforzados con la presencia de diversos rasgos de laboralidad, se tendrá por determinada una relación laboral generadora de efectos jurídicos.

En adhesión a ello, este Tribunal mediante la Resolución de Sala Plena Nº 001-2023- SUNAFIL/TFL de fecha 05 de enero de 202310, fijó como precedente administrativo de observancia obligatoria, los siguientes criterios vinculantes:

En efecto, en el marco del procedimiento de fiscalización y sancionador se deben obtener los indicios suficientes o elementos de convicción que permitan la comprobación de alguna infracción a las normas de trabajo que sean pasibles de sanción. Esto resulta necesario para poder sostener una imputación de responsabilidad administrativa al sujeto inspeccionado, para lo cual se deben agotar los medios conferidos por el TUO de la LPAG, la LGIT y el RLGIT, citados precedentemente.

Cabe precisar que esta carga de la prueba que recae sobre la administración para determinar el reproche administrativo al sujeto inspeccionado atiende al derecho fundamental de prueba que tiene este para ofrecer los medios de prueba que considere pertinentes para sustentar sus alegaciones. Tales actuados, cuando efectivamente sean pertinentes para la determinación de si existe responsabilidad administrativa o no, deberán ser analizados y valorados por la autoridad administrativa al resolver si corresponde o no la determinación de una sanción.

Lo señalado anteriormente, no implica que la mera alegación del principio/derecho a la presunción de licitud por parte del administrado, sea sustento suficiente para desvirtuar la comisión de infracción o infracciones imputadas; por el contrario, si durante el desarrollo del procedimiento la administración sustenta la responsabilidad del sujeto inspeccionado, la carga de la prueba se traslada a éste, por lo que podrá desestimar los reproches administrativos alegados o la configuración de algún eximente de responsabilidad, a través de la presentación de los medios de prueba que considere oportunos; correspondiendo a la administración resolver sobre

En consecuencia, si bien la Administración tiene la carga de prueba, ésta se traslada al administrado cuando mediante la presentación de algún medio de prueba oportuno considere que podrá desestimar el reproche administrativo alegado. Situación que no ha sucedido en el presente caso, toda vez que, la impugnante no ha presentado documentos que acrediten lo contrario a los medios probatorios analizados en el presente caso, ni ha logrado desvirtuar con sus argumentaciones los hechos constatados por los inspectores de trabajo formalizados en el Acta de Infracción, los cuales de acuerdo a lo prescrito en los artículos 16 y 47 de la LGIT11 , merecen fe y se presumen ciertos. Por tanto, en virtud del principio de primacía de la realidad y el principio de licitud, los hechos constatados deben primar sobre las apariencias, que conjuntamente con los indicios de laboralidad, determinaron la existencia de la relación laboral de los trabajadores afectados con la inspeccionada.

Asimismo, este Tribunal mediante la Resolución de Sala Plena Nº 006-2022- SUNAFIL/TFL de fecha 26 de agosto de 202212, fijó como precedente administrativo de observancia obligatoria, los siguientes criterios vinculantes:

Por lo anotado, en caso de discordancia entre los hechos constatados en la fiscalización y los documentos o acuerdos formales establecidos por el sujeto inspeccionado, debe darse preferencia a los primeros. Como se recuerda, el artículo 16 de la Ley Nº 28806, establece la presunción de certeza de los hechos constatados por los inspectores en las fiscalizaciones realizadas, por lo que la determinación de prevalencia de los hechos se sostiene en tal comprobación y en el hecho de que cualquier contraprueba que pudiera presentarse durante los descargos, al ser examinada, no desvirtúe la imputación.

Debe precisarse que la aplicación del principio de primacía de la realidad, por parte de la autoridad administrativa, debe estar debidamente motivado y sustentado en lo actuado en el procedimiento fiscalizador y en el procedimiento administrativo sancionador. En cada ámbito, se debe analizar si existe un correcto examen de los hechos y de su verificación; toda vez que la invocación a este principio debe estar justificada en la comprobación directa o indirecta de la infracción imputada” (énfasis añadido).

En el presente caso, las actuaciones inspectivas de investigación realizadas por el personal inspectivo, se verificó que ciento setenta y tres (173) locadores de servicios realizaban las labores de encuestadores como supervisores de campo, supervisores encuestadores, entre otros análogos; sin embargo, estas labores son propias de la actividad económica principal de la impugnante. Además, se aprecia que, en los contratos suscritos entre la impugnante y la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria - SUNAT, Banco Central de Reserva del Perú – BCRP, INDECOPI y Ministerio de Justicia y derechos Humanos - MINJUS, se requería que exista una cadena de mando, control interno de supervisión, brindar capacitaciones y supervisar en el campo a los encuestadores; por lo cual se aprecia la subordinación en la realización de las labores de los 173 trabajadores señalados en el numeral 4.3 de los hechos constatados del Acta de Infracción.

Asimismo, cabe precisar que se ha realizado un análisis de los indicios y elementos de la relación laboral, puesto que, de la revisión de los hechos constatados del Acta de Infracción, se corrobora que el personal inspectivo encargado ha realizado un correcto estudio de los mismos.

En relación con el alegato referido a una supuesta interpretación errónea del artículo 9 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 003-97-TR, corresponde señalar que dicha disposición no exige la concurrencia expresa ni simultánea de las facultades de dirección, fiscalización y sanción para la configuración del elemento de subordinación. Conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y a los precedentes administrativos de observancia obligatoria de este Tribunal, la subordinación puede acreditarse mediante la constatación de diversos indicios de laboralidad, los cuales pueden presentarse de manera alternativa. En el presente caso, de los hechos constatados en el Acta de Infracción se advierte que la prestación de servicios de los trabajadores afectados se encontraba sujeta a una estructura organizacional definida, a mecanismos permanentes de supervisión y control, al cumplimiento de manuales y protocolos de trabajo, a la asignación de turnos y a la utilización de herramientas proporcionadas por la impugnante, lo cual evidencia el ejercicio efectivo del poder de dirección.

En consecuencia, el alegato de la impugnante carece de sustento, toda vez que la determinación de la relación laboral no se ha basado únicamente en la vinculación de las labores con el objeto social de la empresa, sino en la valoración conjunta de hechos verificables y debidamente acreditados en el procedimiento inspectivo, conforme al principio de primacía de la realidad.

En torno al argumento relacionado con la primacía de la realidad, se señala que dicho principio no exige que la autoridad administrativa limite su análisis a la constatación presencial individual de cada trabajador ni a la realización de entrevistas personales como único medio probatorio. Por el contrario, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 47 de la LGIT, y conforme al desarrollo efectuado por los precedentes administrativos de observancia obligatoria de este Tribunal, los hechos constatados pueden acreditarse mediante la valoración conjunta y razonada de los medios probatorios actuados en el expediente, sin que ello se limite a la constatación presencial inmediata.

En tal sentido, no se advierte una indebida aplicación del principio de primacía de la realidad, sino, por el contrario, una correcta valoración de los hechos verificados frente a la denominación y estructura formal de los contratos de locación de servicios, conforme al estándar probatorio exigible en el procedimiento administrativo sancionador. Dicho estándar permite la valoración de prueba directa e indirecta, y, en el presente caso, la constatación de la organización operativa, supervisión y control se realizó principalmente en las bases de adjudicación y contratos con diversas entidades del Estado. Asimismo, considerando que las condiciones de prestación de servicios de los ciento setenta y tres (173) trabajadores resultaban homogéneas y estandarizadas, esta información documental e indirecta permite un análisis conjunto sin que ello implique vulneración alguna.

En el presente caso, la determinación de la existencia de la relación laboral no se sustenta en una única fuente probatoria aislada ni en una apreciación meramente formal de los documentos examinados. Por el contrario, del análisis conjunto de los contratos celebrados por la impugnante con diversas entidades públicas —tales como SUNAT, BCRP, INDECOPI y MINJUS— se advierte una consistencia objetiva en las previsiones contractuales referidas a la organización del trabajo, supervisión, control de calidad, capacitación y cadena de mando del personal de campo. Dicha uniformidad

En relación con el alegato referido a la supuesta ocasionalidad o falta de continuidad en la prestación de servicios, corresponde señalar que la infracción se configura cada vez que se verifica la prestación de servicios bajo los elementos propios de una relación laboral sin la correspondiente formalización. En el presente caso, se ha acreditado que los servicios fueron prestados bajo condiciones homogéneas de organización, supervisión y control, por lo que el alegato de la impugnante carece de sustento.

Con respecto al principio de licitud, no se advierte indebida traslación de la carga de la prueba hacia la empresa. Conforme a los artículos 16 y 47 de la LGIT y los precedentes del Tribunal de Fiscalización Laboral, la administración tiene la carga inicial de acreditar la infracción mediante la constatación de los hechos, los cuales gozan de presunción de certeza. Una vez constatados estos hechos, corresponde al administrado aportar medios de prueba que desvirtúen la imputación; en el presente caso, la impugnante no presentó evidencia que contradiga los hallazgos documentales sobre la prestación de servicios de los ciento setenta y tres (173) trabajadores; por lo que, no puede invocarse vulneración alguna.

Por otro lado, respecto a la competencia territorial de la Intendencia de Lima Metropolitana, corresponde precisar que la autoridad puede valerse de la documentación presentada por la empresa para inferir la ubicación efectiva de las prestaciones, especialmente cuando las funciones son homogéneas y coordinadas centralizadamente. Si la impugnante consideraba que algunos trabajadores prestaban servicios fuera de Lima, le correspondía aportar los medios de prueba que desvirtuaran estos indicios, lo cual no ocurrió en el presente caso. Más aún si, el único domicilio fiscal de la impugnante se encuentra ubicado en Lima, no advirtiéndose que haya declarado algún otro establecimiento anexo en alguna región o provincia; por lo que, se considera este centro de trabajo para todos los efectos de la investigación realizada por el personal inspectivo. Cabe precisar que, el artículo 4 de la LGIT establece que el ámbito de las actuaciones inspectivas se extiende a los centros de trabajo y, en general, en los lugares donde se ejecute la prestación laboral. Por tanto, se desvirtúan los argumentos dirigidos a cuestionar este extremo, como aquel señalado en los escritos remitidos con fecha 18 de diciembre de 2025.

De lo actuado en el procedimiento se advierte en qué consistían las funciones a realizar por los ciento setenta y tres (173) trabajadores con la impugnante, las cuales están orientadas al giro del negocio del sujeto inspeccionado, ya que conforme se desprende de la consulta RUC, el sujeto inspeccionado tiene como actividad económica principal “CIIU 7320 - ESTUDIOS DE MERCADO Y ENCUESTAS DE OPINIÓN PÚBLICA”.

En esa línea, cabe precisar que la Corte Suprema examinó el principio de primacía de la realidad, principio fundamental que, en caso de desajustes entre los hechos y las formas, da preferencia a lo primero. En aplicación de ello, la Corte refirió que el hecho de llamarse locación de servicios a un contrato de trabajo propiamente dicho no altera su esencia y, por lo tanto, se origina una serie de obligaciones por parte del empleador.

Los argumentos de la empresa no desvirtúan la existencia de relación laboral, ya que han verificado la prestación de servicios en condiciones homogéneas y coordinadas centralizadamente. En primer lugar, los pagos realizados constituyen remuneración porque se encontraban vinculados a la ejecución de servicios en beneficio de la empresa, sujetos a estándares de calidad, supervisión y control. En segundo lugar, la subordinación no se limita a la imposición directa de horarios o sanciones individuales, sino que se encuentra acreditada a través de la existencia de una cadena de mando, capacitación, supervisión de encuestas, provisión de herramientas, como quedó constatado en los contratos con SUNAT, BCRP, INDECOPI y MINJUS.

En cuanto a los formatos de encuestas, debe precisarse que su existencia no elimina la subordinación ni convierte a los locadores en prestadores completamente independientes. Dichos formatos tenían la finalidad de garantizar estándares de calidad del servicio exigidos por los clientes de la empresa (SUNAT, BCRP, INDECOPI, MINJUS), sin regular de manera autónoma la ejecución diaria de las labores. Por el contrario, el personal inspectivo ha constatado que los trabajadores estaban sujetos a supervisión, capacitación y control sobre la ejecución de su trabajo, cumpliendo así los criterios de subordinación. En este contexto, los formatos no constituyen evidencia de independencia ni desvirtúan la existencia de un vínculo laboral, aplicándose plenamente el principio de primacía de la realidad.

De esta forma, al evidenciarse la existencia de los elementos del contrato de trabajo indicados en el artículo 4 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 003- 97-TR, se tiene que dichos trabajadores debieron ser contratados de forma correcta, registrándolos en la planilla electrónica desde el día de ingreso a laborar. Del mismo modo, al estar inscritos en la planilla como trabajadores, les correspondía su inscripción en la seguridad social en salud y en pensiones.

Aunado a ello, es pertinente indicar que las labores realizadas por los trabajadores afectados fueron correctamente señaladas en el Acta de Infracción; debiendo desestimarse todos los argumentos relacionados a cuestionar la existencia de los elementos de la relación laboral.

En atención a las consideraciones antes expuestas, se extienden dichos efectos a las infracciones imputadas, tipificadas en el numeral 44-B.1 del artículo 44-B del RLGIT, sobre inscripción en el régimen de seguridad social en pensiones y salud, por lo que, como correlato de la existencia del vínculo laboral, a los trabajadores le asisten los derechos legalmente establecidos, entre los que encontramos los derechos de la seguridad social en pensiones y salud desde el momento que ingresa a laborar.

Por tanto, estando a que la autoridad administrativa, de conformidad con el principio de verdad material, cumplió con el estándar de prueba fijado para el procedimiento administrativo sancionador, esto es, la determinación de las infracciones incurridas por parte del sujeto inspeccionado, luego de la valoración presentada en la fase inspectiva y sancionadora; por lo que, correspondía al sujeto inspeccionado, en ejercicio de su derecho de contradicción y defensa, presentar los medios documentales que sustenten su alegato, esto es, haber cumplido con sus obligaciones sociolaborales, referidas a la inscripción en planillas y registro en el régimen de seguridad social en salud y pensiones de sus trabajadores; sin embargo, no se aprecia el mismo. Lo que evidencia, que la autoridad administrativa ha acreditado la culpabilidad de la impugnante y en consecuencia desvirtuado el principio de licitud, sin que éste aporte elementos de prueba suficientes que desvirtúen los hechos e infracciones imputadas. Por tanto, también corresponde confirmar dichas sanciones.

Respecto a la Resolución N° 571-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, debemos señalar que, dicho pronunciamiento no constituye precedente de observancia obligatoria, siendo un pronunciamiento de instancia, que resuelve un caso particular que es sometido a su conocimiento. En el mismo sentido, la Resolución N° 025-2021 y la Resolución N° 056-2021 tampoco ostentan la calidad de precedentes vinculantes, pues responden igualmente a la resolución de situaciones particulares.

Aunado a ello, sobre la nulidad invocada por la impugnante, esta debe ser desestimada, al no evidenciarse que el presente procedimiento haya incurrido en alguna causal de nulidad contemplada en el artículo 10 del TUO de la LPAG. Al haberse respetado el derecho al debido proceso administrativo de la impugnante.

El numeral 5.3 del inciso 5 del artículo 5 de la LGIT, los inspectores del trabajo están investidos de autoridad y facultados para requerir al sujeto responsable que, en un plazo determinado, adopte medidas en orden al cumplimiento de la normativa del orden sociolaboral, incluso con su justificación ante el inspector que ha realizado el requerimiento. Sobre ello, el inciso 13.5 del artículo 13 del RLGIT establece que, dichas medidas, se adoptan dentro del plazo establecido para la realización de las actuaciones de investigación o comprobatorias a que se refiere los numerales 13.3 y 13.4 del artículo 13 del mismo reglamento.

El numeral 20.3 del artículo 20 del RLGIT, ha establecido que las medidas de requerimiento son órdenes dispuestas, por la inspección del trabajo, para el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo. Así

Al respecto, el artículo 14 de la LGIT, establece:

En similar sentido, el artículo 17 del RLGIT, establece en su numeral 17.2 que “si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, cierre temporal del área de una unidad económica o de una unidad económica, paralización o prohibición de trabajos o tareas, según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización” (énfasis añadido).

Como se evidencia de las normas glosadas, la naturaleza jurídica de la medida inspectiva de requerimiento es la de ser una medida correctiva que tiene como objeto revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el sujeto inspeccionado de manera previa al inicio del procedimiento administrativo sancionador (PAS).

Cabe indicar que, la inobservancia o incumplimiento de la medida de requerimiento genera la infracción calificada como muy grave a la labor inspectiva, prevista en el inciso 46.7 del artículo 46 del RLGIT, por no cumplir oportunamente con el requerimiento de la adopción de medidas para el cumplimiento de la normativa de orden sociolaboral. Asimismo, cabe precisar que, esta infracción a la labor inspectiva se generaría con independencia y en forma adicional a la identificada dentro del marco de la ejecución a la labor inspectiva en materias sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo.

En esa línea argumentativa, de conformidad con el precedente administrativo de observancia obligatoria aprobado mediante Resolución de Sala Plena N° 002-2022- SUNAFIL/TFL, publicada el 06 de mayo de 2022 en el diario oficial El Peruano, la evaluación de los alegatos relativos a las medidas inspectivas de requerimiento deben de encontrarse vinculadas bajo los siguientes aspectos:

Sumado a ello, se debe tener en cuenta los alcances establecidos en la Resolución de Sala Plena N° 009-2023-SUNAFIL/TFL.

En consonancia con lo anterior, la medida inspectiva de requerimiento cuenta con una debida motivación, toda vez que a través de dicho documento el personal inspectivo – mediante una exposición ordenada y lógica de argumentos – permitió quebrar la presunción de licitud que repercute en la conducta del sujeto inspeccionado.

Así, en tanto el objeto de la medida inspectiva de requerimiento es la de revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el sujeto inspeccionado. En la búsqueda de dicho cumplimiento, el personal inspectivo le otorga al entonces sujeto inspeccionado un plazo razonable para su cumplimiento.

En el presente caso, al detectar el incumplimiento en materia de relaciones laborales y seguridad social, detallado en los hechos constatados del Acta de Infracción, el personal inspectivo el 13 de febrero de 2020, emite la medida inspectiva de requerimiento, notificada al sujeto inspeccionado con fecha 13 de febrero de 2020, con la cual le requirieron en el plazo de tres (03) días hábiles que el sujeto inspeccionado cumpla determinada acción, conforme el siguiente detalle:

Asimismo, se observa la razonabilidad, proporcionalidad y legalidad de la medida inspectiva de requerimiento, en tanto fue emitida dentro de las actuaciones inspectivas derivadas de la Orden de Inspección N° 422-2020-SUNAFIL/ILM, y en relación con los hallazgos que posteriormente fueron consolidadas en el Acta de Infracción. Además, cabe señalar que dicha medida tenía carácter coercitivo, conforme a lo previsto en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, que tipifica como infracción muy grave el incumplimiento, dentro del plazo otorgado, del requerimiento de medidas orientadas al cumplimiento de la normativa sociolaboral. Asimismo, contenía el respectivo apercibimiento, en aplicación del principio de predictibilidad, que exige decisiones administrativas previsibles y promotoras de seguridad jurídica.

En consecuencia, el personal inspectivo ha realizado una correcta aplicación de los artículos 14 de la LGIT y numeral 17.2 del artículo 17 del RLGIT, que señalan que para la extensión de una medida inspectiva de requerimiento resulta de vital importancia que se compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, supuesto que ha ocurrido en autos.

Con respecto al alegato relacionado al carácter unitario, resulta pertinente precisar que la Resolución de Sala Plena N° 010-2025-SUNAFIL/TFL de fecha 23 de setiembre

En cuanto a la vulneración alegada del principio de legalidad, contemplada en los escritos remitidos con fecha 18 de diciembre de 2025, corresponde precisar que tanto el Protocolo N° 002-2018-SUNAFIL/INII, Protocolo de Fiscalización para la Formalización Laboral, aprobado por la Resolución de Superintendencia N° 07-2018- SUNAFIL, y el Lineamiento: Competencia de la Inspección del Trabajo ante la presunta desnaturalización de la relación laboral advertida en las modalidades contractuales de índole distinta a la laboral, aprobada por Resolución Directoral N° 002-2023- SUNAFIL/DINI constituyen directrices interna de orientación para la fiscalización, careciendo de rango normativo vinculante. En consecuencia, la no aplicación literal del mismo no constituye vulneración del principio de legalidad, toda vez que la autoridad administrativa se encuentra facultada para realizar la investigación de acuerdo con el principio de verdad material, así como con los artículos 16 y 47 de la LGIT. Asimismo, de conformidad con el principio de primacía de la realidad, lo relevante para determinar la existencia de una relación laboral no es la mera forma de los contratos ni la aplicación estricta de protocolos internos, sino la constatación de hechos efectivos que evidencien prestación personal de servicios, remuneración y subordinación. En el presente caso, la autoridad valoró los hechos constatados, las condiciones homogéneas de prestación de servicios y la existencia de subordinación y control, aplicando un estándar probatorio suficiente y razonado, sin depender de la aplicación estricta de directrices internas.

Cabe precisar que, que la emisión de la medida inspectiva de requerimiento solo exige la constatación razonable de indicios suficientes de incumplimiento sociolaboral. En el presente caso, la autoridad inspectiva acreditó que las condiciones de prestación de servicios de los trabajadores afectados eran homogéneas, estandarizadas y

Por tanto, la alegación de la impugnante carece de sustento y no desvirtúa la constatación de la existencia de la relación laboral.

Respecto a la Resolución N° 228-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala y la Resolución N° 356-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, debemos señalar que, dichos pronunciamientos no constituyen precedentes de observancia obligatoria, siendo unos pronunciamientos de instancia, que resuelven unos casos particulares que se le presentan.

Por otro lado, sobre la nulidad invocada por la impugnante, esta debe ser desestimada, al no evidenciarse que el presente procedimiento haya incurrido en alguna causal de nulidad contemplada en el artículo 10 del TUO de la LPAG. Al haberse respetado el derecho al debido proceso administrativo de la impugnante.

Sobre base de lo antes expuesto, la impugnante no logró acreditar el cumplimiento pleno de lo exigido en la medida inspectiva de requerimiento. En consecuencia, no se acreditó el cumplimiento de las obligaciones en materia de relaciones laborales y seguridad social, configurándose así la infracción prevista en el numeral 46.7 del artículo 46 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo (RLGIT). Por tanto, corresponde confirmar la sanción impuesta por dicha infracción y desestimar los argumentos que pretenden cuestionar este extremo, toda vez que la parte estaba en la obligación legal de cumplir cabalmente con lo dispuesto por la autoridad inspectiva.

Sobre el particular, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG reconoce a los administrados el goce de los derechos y garantías del debido procedimiento administrativo, que comprende de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

Al respecto, el Tribunal Constitucional Peruano en la sentencia recaída en el Expediente N° 00789-2018-PHC/TC, en el literal d) del fundamento 9 señala que:

En similar sentido, mediante Resolución de Sala Plena N° 002-2021-SUNAFIL/TFL, se ha determinado:

Por consiguiente, esta Sala considera que cuenta con elementos suficientes para resolver el caso, pudiendo prescindir del informe oral solicitado.

En atención a lo solicitado en la CARTA-0000252-2025-SUNAFIL/TFL, la impugnante presentó un escrito con la sumilla “Absolvemos carta y reiteramos nuestros argumentos”. En dicho escrito consignó un enlace funcional que permitió el acceso al material audiovisual ofrecido en el recurso de revisión, precisando que este corresponde a un informe oral en el que sintetizan los argumentos expuestos en su recurso de revisión. Asimismo, señaló que dicho enlace incluye las diapositivas en formato PowerPoint que sirvieron de apoyo durante la presentación.

Sin perjuicio de que el informe oral contenido en el material audiovisual remitido constituye un resumen de los argumentos formulados en el recurso de revisión, corresponde efectuar ciertas precisiones respecto de lo señalado por la impugnante en dicho material. En este, la impugnante refiere que, con antelación han realizado un informe oral con fecha 11 de agosto de 2022; sin embargo, los argumentos que fueron presentados en su oportunidad no fueron tomados en cuenta tanto en la resolución de primera y segunda instancia, pese a que dejaron en evidencia en dicho informe no solamente la explicación de sus argumentos, sino pudieron dejar en claro cuáles eran los elementos que se venían generando de manera inadecuada dentro del procedimiento, y que en función a la garantía de su derecho de defensa consideran que, como mínimo, se debió de haber declarado la nulidad de dicho procedimiento. Sin embargo, corresponde señalar que, de la revisión de los actuados y de las resoluciones emitidas en el presente procedimiento, se advierte que la diligencia llevada a cabo el 11 de agosto de 2022 fue debidamente considerada. En particular, en la resolución de primera instancia se consigan expresamente la referida diligencia, apreciándose además que se da cuenta de intervenciones específicas formuladas durante el informe oral realizado, así como los respectivos pronunciamientos que se emiten en atención a dichas intervenciones.

También, manifiesta que, no ha existido una relación de naturaleza laboral; sin embargo, incluso en la fórmula de imposición de multas se hace referencia a distintos supuestos que se concatenan entre sí, lo cual podría entenderse incluso como una duplicidad de infracciones o hasta triple en función a los presupuestos que han mencionado en la primera dispositiva. No obstante, cabe indicar que sobre la inscripción en el régimen de seguridad social en pensiones y salud, tipificadas en el numeral 44-B.1 del artículo 44-B del RLGIT, se refieren a conductas diferentes, pues las infracciones por la no inscripción responde a la seguridad social en salud y a la seguridad social en pensiones, las cuales protegen derechos diferentes y tienen finalidades diferentes, inherentes a los derechos fundamentales de toda personas, y que ninguna relación laboral puede desconocer. Por tanto, no resulta amparable este extremo.

Sobre la alegado por no cumplir con el Protocolo N° 002-2018-SUNAFIL/INII, Protocolo de Fiscalización para la Formalización Laboral, aprobado por la Resolución de Superintendencia N° 07-2018-SUNAFIL, corresponde precisar que dicho protocolo constituye una directriz interna de orientación para la fiscalización, careciendo de rango normativo vinculante. En consecuencia, la no aplicación literal del mismo no constituye vulneración del principio de legalidad, toda vez que la autoridad administrativa se encuentra facultada para realizar la investigación de acuerdo con el principio de verdad material, así como con los artículos 16 y 47 de la LGIT. Asimismo, de conformidad con el principio de primacía de la realidad, lo relevante para determinar la existencia de una relación laboral no es la mera forma de los contratos ni la aplicación estricta de protocolos internos, sino la constatación de hechos efectivos que evidencien prestación personal de servicios, remuneración y subordinación. En el presente caso, la autoridad valoró los hechos constatados, las condiciones homogéneas de prestación de servicios y la existencia de subordinación y control, aplicando un estándar probatorio suficiente y razonado, sin depender de la aplicación estricta de directrices internas. Por tanto, la alegación de la impugnante carece de sustento y no desvirtúa la constatación de la existencia de la relación laboral.

En relación con los demás argumentos expuestos en el material audiovisual proporcionado, así como en las diapositivas en formato PowerPoint, corresponde remitirnos a los fundamentos desarrollados en la presente resolución, en los cuales se analizan los argumentos expuestos en su escrito de recurso de revisión. Ello resulta concordante con lo señalado por la propia impugnante, quien ha precisado que el informe oral contenido en el material audiovisual resume los argumentos expuestos en su recurso de revisión.

Por otro lado, respecto de los demás argumentos contenidos en el escrito con la sumilla “Absolvemos carta y reiteramos nuestros argumentos”, corresponde indicar que estos han sido formulados de manera reiterativa, en tanto la propia impugnante señala expresamente que dichos cuestionamientos se realizan en concordancia con lo desarrollado en el material audiovisual, así como con lo expuesto en su recurso de revisión y en los escritos presentados con posterioridad a dicho recurso, dentro del presente procedimiento. En ese sentido, los argumentos dirigidos a cuestionar – bajo los propios términos de la impugnante– la aplicación del principio de primacía de la realidad, la interpretación errónea del principio de la del artículo 9 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 003-97-TR, la carga de la prueba, la alegada vulneración del principio de legalidad y la inaplicación del principio de culpabilidad, ya han sido objeto de análisis y pronunciamiento en los fundamentos

Por las consideraciones anteriores, se concluye que lo contenido en el escrito de respuesta —incluido el material audiovisual y los demás extremos expuestos— no desvirtúan los incumplimientos atribuidos a la impugnante. En consecuencia, se evidencia que esta ha incurrido en las conductas reprochadas en el presente procedimiento.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho y de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.