Gastronomía Pucallpa S.A.C. — Resolución 0117-2026

Mediante la Orden de Inspección N° 409-2022-SUNAFIL/IRE-UCA, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación con el objeto de verificar el cumplimiento jurídico sociolaboral 1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 169-2022- SUNAFIL/IRE-UCA (en adelante, el Acta de Infracción). En mérito a la denuncia formulada en aplicación del inciso c) del artículo 12 de la LGIT.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 334-2022-SUNAFIL/IRE-UCA/SIFI, de fecha 01de septiembre de 2022, se inició la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 098-2023-SUNAFIL/IRE-UCA-SIFN, de fecha 14 de marzo de 2023 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de la conducta infractora imputada a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de Ucayali, la cual, mediante la Resolución de Sub Intendencia N° 154-2023-SUNAFIL/IRE-UCA/SISA, de fecha 30 de marzo de 2023, multó a la impugnante, por haber incurrido en la siguiente infracción:

Con fecha 20 de abril de 2023, interpuso recurso de reconsideración, la cual fue declarada improcedente mediante Resolución de Sub Intendencia N° 241-2023-SUNAFIL/IRE- UCA/SISA, de fecha 18 de mayo de 2023.

Con fecha 09 de junio de 2023, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 241-2023-SUNAFIL/IRE-UCA/SISA .

Mediante la Resolución de Intendencia N° 116-2023-SUNAFIL/IRE-UCA, de fecha 22 de julio de 2023, la Intendencia Regional de Ucayali declaró infundado el recurso de apelación.

Con fecha 15 de agosto de 2023, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Ucayali el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 116-2023- SUNAFIL/IRE-UCA.

La Intendencia Regional de Ucayali admitió a trámite el recurso de revisión, y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante el Memorándum N° 001120-2023- SUNAFIL/IRE-UCA, recibido el 11 de diciembre de 2023 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299812, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299813, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo4 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR5, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR6 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de estos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”7.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el Principio de Legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que la Gastronomía Pucallpa S.A.C., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 116-2023- SUNAFIL/IRE-UCA, que confirmó la sanción impuesta por la comisión de una (01) infracción muy grave, tipificada en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 25 de julio de 2023.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por la Gastronomía Pucallpa S.A.C.

En principio, dado los argumentos expresados por la impugnante, este Tribunal debe realizar un análisis respecto a la aplicación del principio del debido procedimiento en el presente caso y su relación con la validez de los actos administrativos emitidos en el marco del expediente en alusión.

Sobre el particular, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

A su vez, el numeral 2 del artículo 248° del TUO de la LPAG señala que:

Concordante con ello, la LGIT desarrolla en su artículo 44 los principios generales del procedimiento sancionador, entre ellos: “(…) a) Observación del debido proceso, por el que las partes gozan de todos los derechos y garantías inherentes al procedimiento sancionador, de manera que les permita exponer sus argumentos de defensa, ofrecer pruebas y obtener una decisión por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo debidamente fundada en hechos y en derecho (…)”.

Al respecto, el Tribunal Constitucional -máximo intérprete de la Constitución- se ha pronunciado en numerosas oportunidades en relación con el derecho al debido procedimiento, estableciendo una reiterada y uniforme jurisprudencia en relación con ello, como lo recuerda la Sentencia recaída en el Expediente N° 04289-2004-AA:

En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional en el fundamento jurídico 5 de la Sentencia recaída en el Expediente N° 02098-2010-AA señaló que no solo existe base Constitucional o jurisprudencial para la configuración y desarrollo del derecho al debido procedimiento, sino que existe sustento Convencional, a saber:

Conforme a ello, dada la claridad expositiva del Tribunal Constitucional, así como de la norma contenida en el TUO de la LPAG y la LGIT, respecto de los alcances del derecho al debido procedimiento, debe analizarse el caso concreto en relación con la vulneración alegada.

Con relación al derecho o garantía de la motivación de las decisiones que afecten los intereses de la impugnante, es importante recalcar que el principio del debido procedimiento se encuentra relacionado con la exigencia de la debida motivación del acto administrativo. Lo anterior, se desprende de la necesidad de que sea una garantía a favor de los administrados de exponer sus argumentos, ofrecer y producir pruebas y, a su vez, a obtener una decisión por parte de la autoridad administrativa motivada y fundada en derecho.

En ese contexto, en el mencionado principio se establece como uno de los elementos esenciales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa, el atribuir a la autoridad que emite el acto administrativo la obligación de sujetarse al procedimiento establecido y a respetar las garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo.

Partiendo de ello, resulta relevante traer a colación el requisito de la motivación de las resoluciones señalado en el numeral 4 del artículo 3 del TUO de la LPAG, en concordancia con el artículo 6 del citado instrumento; en virtud del cual, todo acto administrativo debe estar motivado, en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.

Sobre el particular, el Tribunal Constitucional ha tenido la oportunidad de pronunciarse en más de una ocasión estableciendo, incluso, criterios jurisprudenciales al respecto. A este entender, el propio Tribunal Constitucional recopiló en la Sentencia recaída en el Expediente N° 00312-2011-AA una serie de elementos vinculados a la motivación de los actos administrativos, resaltando la definición de la naturaleza jurídica de la motivación de actos administrativos: una garantía constitucional que busca evitar la arbitrariedad de la Administración. Señaló el Tribunal Constitucional, además, lo siguiente:

Conforme a ello, la motivación deberá ser expresa a efectos de que el acto administrativo que sustenta sea emitido a partir de una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso y donde se expongan las razones jurídicas que justifiquen su adopción; no siendo admisibles como motivación las fórmulas que, por su contradicción, no resulten esclarecedoras para la motivación del acto, pues ello conllevaría a la vulneración al derecho de defensa, lo que a su vez supone atendar contra el debido procedimiento en sentido estricto.

En el caso materia de autos, la impugante alega una afectación a la motivación, debido procedimiento y derecho de defensa, alegando, entre otras razones, que se ha presentado la información que se le habría solicitado dentro del procedimiento inspectivo.

Es necesario aquí realizar dicha evaluación a efectos de determinar la supuesta situación de vulneración alegada. Así, de la lectura minuciosa del acta de infracción se advierte que el Inspector comisionado determina en el acta de infracción, respecto a la infracción tipificada en el numeral 25.19 del artículo 25 de la RLGIT. Determinando, en el considerando quinto, apartado 4.7., la siguiente conducta: No se ha cumplido con acreditar el registro permanente de control de entrada y salida, periodo agosto de 2021- 27 de abril de 2022 de la trabajadora, habiéndose configurado la infracción antes referida.

Posteriormente es emitida la Imputación de Cargos, notificada con fecha 05 de septiembre de 2022 al administrado, mediante la cual se establece, entre otras conductas, como conducta infractora MUY GRAVE, tipificada en el numeral 25.19 del artículo 25 de la RLGIT [hechos constatados, numeral e)], que: el sujeto inspeccionado no acreditó contar con el registro permanente de control de asistencia de ingreso y salida diaria de la ex trabajadora.

Se advierte que con fecha 13 de septiembre de 2022 la administrada presenta una serie de documentos, con los cuales pretende subsanar las infracciones advertidas, dentro de ellas la tipificada en el numeral 25.19 del artículo 25 de la RLGIT, presentando un documento al que denomina “Registro de Control de Asistencia”, aduciendo que sí se habría cumplido con el cumplimiento de la obligación.

En razón a ello, se emite el Informe Final Nº098-2023-SUNAFIL/IRE-UCA-SIFN de fecha 14 de marzo de 2023, en el cual la autoridad instructora, pese a que advierte la extemporaneidad de la información presentada por la administrada, decide valorarla, y, en atención a ello, amplia las conductas infractoras del numeral 25.19 del artículo 25 de la RLGIT, disponiendo las siguientes: No contar con registro de control de asistencia o que, teniéndolo, no contenga información mínima, o impedir o sustituir al trabajador en el registro de su tiempo de trabajo, el cual es pasible de sanción económica.

De la revisión del expediente inspectivo se advierte que, no existe una adecuada tipificación de la conducta infractora que se habría configurado a partir del numeral 25.19 del artículo 25 de la RLGIT, por cuanto la autoridad instructora desarrolla en genérico todas las conductas a partir de dicho tipo infractor, alegando, de manera aparente, que se le habría generado la posibilidad de defensa al administrado, cuando esto no se advierte de los actuados que se especifique qué conducta infractora se le estaría imputando al administrado, ya que del contenido del tipo infractor imputado se advierten hasta cuatro conductas pasibles de ser sancionadas. Sobre dichas situaciones, así como las incongruencias advertidas no se observa una valoración expresa y suficiente de dicha situación advertida en la resolución sancionadora, lo que resultaría a efectos de garantizar el derecho de defensa de la administrada impugnante, quien además ha cuestionado el incumplimiento de las garantías del debido procedimiento.

Al respecto, evaluando el contenido de la Imputación de Cargos, notificada con fecha 05 de septiembre de 2022, se determina lo siguiente:

Asimismo, se advierte en la Resolución de Sub Intendencia N° 154-2023-SUNAFIL/IRE- UCA/SISA, la autoridad de primera instancia, acoge los fundamentos esgrimidos en el Informe Final, y establece, al igual que ésta, todas las conductas infractoras tipificadas en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT, conforme se advierte del numeral 30 de su desarrollo.

Tales afirmaciones, consideradas en conjunto, revelan una incongruencia en la conducta infractora imputada en la Imputación de cargos, y la motivación aparente sobre el tipo infractor por parte de las instancias de resolución, que conlleva a la posterior afirmación de existencia del registro, y la negación de su presentación ante el requerimiento de información cursado dentro del procedimiento administrativo sancionador.

Esta discordancia es precisamente lo que la impugnante denuncia en su recurso de revisión, a través del cual señala que sus medios probatorios fueron presentados, que fue lo que se le imputó.

A la luz de lo expuesto, se configura una omisión sustancial sobre el deber de motivación respecto de documentación que obra en el expediente, además de una incongruencia central sobre el hecho determinante, al advertirse su falta de identificación. Ello vulnera el debido procedimiento y el derecho de defensa, que son garantías fundamentales, toda vez que la Imputación de Cargos es determinante para establecer la sanción, debiendo existir coherencia al momento de su determinación, siendo que la Imputación debe encontrarse correctamente dilucidada, lo que permitiría que a lo largo de la instancia de

En tal sentido, corresponde que las instancias competentes revalúen integralmente los hechos y motiven de manera expresa estos aspectos de su decisión.

De lo expuesto en los fundamentos precedentes, es imperativo recalcar que las instancias del sistema responsables de la tramitación del procedimiento administrativo sancionador deben garantizar que la motivación comprenda todas las alegaciones de los administrados, analizando sus fundamentos de hecho y de derecho; así como sustentando adecuadamente la aplicación, interpretación o integración normativa que corresponda a la absolución de cada una de las alegaciones planteadas, conforme a los precedentes o jurisprudencia constitucionalmente establecidos.

Respecto a la forma específica del vicio del acto administrativo identificado, debe precisarse que el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia no solo ha identificado sino ratificado el contenido constitucionalmente garantizado del derecho a la debida motivación de las resoluciones, por ejemplo, en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00728-2008-PHC/TC, precisa:

En consecuencia, esta Sala encuentra acreditada la vulneración al debido procedimiento, sustentado en una motivación aparente, la cual se configura ya que la Sub Intendencia si bien da la apariencia de motivación al existir citas normativas y mencionar en parte algunos argumentos de la impugnante, no se analizó de forma debida el encuadre de la conducta del tipo infractor identificado, conforme lo desarrollado precedentemente.

Por tanto, se vulneró el derecho de defensa del administrado8 y al debido procedimiento. Debe recordarse que recae en la Administración el deber de acreditar fehacientemente la conducta antijurídica del imputado, luego de un procedimiento llevado a cabo con las garantías constitucionalmente reconocidas y reseñadas líneas arriba.

Estando a lo expuesto, este Tribunal ha identificado que la Resolución de Sub Intendencia N° 154-2023-SUNAFIL/IRE-UCA/SISA, de fecha 30 de marzo de 2023, confirmada por la Resolución de Intendencia N° 116-2023-SUNAFIL/IRE-UCA, notificada el 24 de julio de 2023, incurre en vicio de nulidad y se encuentra dentro del supuesto de hecho contemplado en el numeral 2 del artículo 10 del TUO de la LPAG, dada la existencia de un vicio en el acto administrativo constituido por la motivación aparente.

El artículo 15 de la Ley N° 29981 señala que el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. En ese sentido, el artículo 14 del Reglamento del Tribunal establece que la

En el caso concreto, se han identificado vicios en el trámite del procedimiento administrativo sancionador que acarrean la nulidad de al menos un acto administrativo expedido por una autoridad del Sistema de Inspección del Trabajo.

En tal sentido, considerando que, la Resolución de Sub Intendencia N° 154-2023- SUNAFIL/IRE-UCA/SISA, de fecha 30 de marzo de 2023, ha sido emitida vulnerando el derecho al debido procedimiento administrativo, de conformidad con el numeral 12.1 del artículo 12 y el numeral 13.1 del artículo 13 del TUO de la LPAG; y ya que tal resolución carece de efectos, corresponde declarar la nulidad de la citada resolución, y de los sucesivos actos u actuaciones del procedimiento, al haberse vulnerado la debida motivación.

Conforme a lo anterior, se deberá retrotraer el procedimiento administrativo sancionador al momento en el cual se produjo el vicio inicial; esto es, al momento de emisión de la Resolución de Sub Intendencia respectiva, a efectos que dicha instancia emita una nueva decisión considerando los argumentos contenidos en la presente Resolución, conforme a lo prescrito en el numeral 12.1 del artículo 12 del TUO de la LPAG.

En consecuencia, corresponde remitir los actuados del presente procedimiento sancionador al Intendente respectivo y a la Gerencia General de SUNAFIL, a efectos que – de ser el caso – procedan conforme a sus competencias, en el marco del ejercicio de la potestad disciplinaria de la Administración regulada en el Sistema Administrativo de Gestión de los Recursos Humanos y conforme al Título V del TUO de la LPAG.

Finalmente, por las consideraciones antes dichas, no corresponde emitir pronunciamiento sobre los alegatos restantes planteados en el recurso de revisión por parte de la impugnante.