Optimus Security S.A.C — Res. 219-2024

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento de la siguientes materia: Planillas o registros que la sustituyan (Sub materia: Entrega de boletas de pago al trabajador y sus formalidades). 20555195444 soft 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción LEVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar haber efectuado la entrega de las boletas de pago, correspondiente a los meses de mayo a diciembre de 2016, y de enero a diciembre de 2017, a favor de los trabajadores afectados, tipificada en el numeral 23.2 del artículo 23 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/954.50.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida de requerimiento de fecha 07 de marzo de 2018, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 2,822.00.

i. Indica que a la fecha no se ha cumplido con remitir el acceso a la información solicitada a la entidad, lo que vulnera su derecho a la defensa, más aún cuando, a su consideración, se les pretende sancionar con una infracción arbitraria. Fundamenta que, desde este punto, no se ha considerado los principios recogidos en la Ley N° 27444, como el del debido procedimiento, razonabilidad y presunción de licitud.

ii. Respecto al principio del debido procedimiento, indican que la autoridad de primera instancia no cumplió con su solicitud planteada en el escrito de fecha 23 de diciembre de 2019, donde solicitaron se les conceda el uso de la palabra, además que se les facilite la totalidad del expediente, así como el medio magnético presentado. Indican que dicho requerimiento fue reiterado en el escrito presentado el 8 de setiembre de 2020.

iii. Respecto al incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, señalan que su inspeccionada, en todos los casos, cumplió con presentar la documentación solicitada, solicitando que, también para el presente caso, se le remita copia de todo lo actuado.

iv. Respecto al principio de tipicidad indican que, en el presente caso, al haber acreditado la presentación de las boletas de pago de sus trabajadores en los periodos señalados, su conducta no tipifica en el caso concreto.

i. De la revisión de actuados, señala que el inspector actuante ha analizado los elementos aportados por el sujeto inspeccionado en las comparecencias del día 26 de enero de 2018, 09 de febrero de 2018, 22 de febrero de 2018 y 28 de febrero de 2018. Sobre ello, se ha dejado constancia en el Primer Hecho Constatado, que el inspeccionado registró 19 trabajadores en su TR5, destacados en las empresas INACAL y SBN del distrito de San Isidro. Además, en el Segundo Hecho Constatado, el inspector actuante también deja constancia que, pese a los requerimiento efectuados, y a la notificación de la medida de requerimiento de fecha 7 de marzo de 2018, el sujeto inspeccionado no ha acreditado la entrega de las boletas de pago de los meses de mayo a diciembre del 2016, además de los meses de enero a diciembre de 2017, con sus formalidades de ley, no habiendo consignado el número de horas en sobretiempo ni en sobretasa nocturna a favor de sus trabajadores.

ii. Además, expone que, no resulta atendible una vulneración a la garantía del debido procedimiento o afectación a su derecho de defensa, considerando que a lo largo del procedimiento éste ha sido correctamente emplazado y contado con la oportunidad de presentar los documentos con los que acredite el cumplimiento de su obligación respecto a las boletas de pago, sin que lo haya efectuado de modo alguno.

iii. Que, la apelante solo ha adjuntado copia de dos cartas notariales, remitidas a los trabajadores Juan Carlos Castillo Villacorta, de fecha 26 de febrero de 2018 y al señor Arturo Ernesto Morote Robles, del mismo día, notificadas el 28 de febrero y 27 de febrero del 2018, respectivamente, en cuyo texto se indica que “se le otorga un plazo de 48 horas de recibida dicha comunicación notarial para que regularicen su firma y huella en las boletas de pago”. Sin embargo, considera que, para el presente caso, el incumplimiento no solo se circunscribe a la entrega de las boletas de pago, sino que versa sobre los requisitos previstos para las mismas, lo que no se acredita en ninguna parte de los documentos aportados, tanto en medio digital como físico, en el expediente inspectivo, ni se han documentado en el procedimiento sancionador.

iv. En ese sentido, precisa que el tipo infractor del numeral 23.2 del artículo 23 del RLGIT, no solo considera como incumplimiento la falta de entrega a los trabajadores de las boletas de pago, sino que éstas deben ser entregadas, conteniendo los

2 Notificada a la impugnante el 29 de abril de 2022, véase folio 88 del expediente sancionador.

requisitos previstos por la normativa vigente, conforme a lo señalado en el artículo 1 de la Resolución Ministerial N° 020-2008 TR. Por ello, no se acreditó la entrega de las boletas de pago por los periodos mayo a diciembre del 2016, y de enero a diciembre de 2017, con las formalidades de ley, al no haberse consignado el número de horas en sobretiempo ni en sobretasa nocturna a favor de los diecinueve (19) trabajadores destacados en las empresas INACAL Y SBN, no habiendo aportado ningún medio idóneo durante la etapa de descargos ni en la etapa recursiva que acredite dicho cumplimiento.

v. Que, como se acredita en el expediente inspectivo, al vencimiento del plazo de la medida inspectiva de requerimiento, no se acreditó el cumplimiento de dicha medida, afectando a diecinueve (19) trabajadores de la recurrente, como se desprende de la Constancia de Actuaciones Inspectivas de Investigación, de fecha 13 de marzo de 2018, que obra en el expediente inspectivo. Por lo tanto, el inspector actuante emitió el Acta de Infracción, con la propuesta de multa correspondiente, tanto para el incumplimiento sociolaboral como por la infracción a la labor inspectiva.

vi. En consecuencia, considerando que la inspeccionada no acredita, a la fecha, con documento alguno, el cumplimiento de sus obligaciones sociolaborales relacionadas con la entrega de las boletas de pago a sus trabajadores confirma la resolución venida en grado en todos sus extremos.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

Del Recurso De Revisión

4 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE OPTIMUS SECURITY S.A.C. - OPTIMUS SEC S.A.C.

8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N°004-2017-TR.

hábiles, computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 03 de mayo de 2022.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 17 de mayo de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 625-2022-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. Señala que se encuentra acogido al régimen especial de la microempresa, por ello los conceptos sociolaborales efectuados al demandante, se calculan bajo dicho régimen de pequeña empresa, es decir con el 50% de descuento en sus vacaciones gratificaciones, CTS, no afectos a la aplicación de sobretasa nocturna del 35%, etcétera. ii. Respecto al principio del debido procedimiento, señala que cumplió con los requerimientos solicitados por el inspector a cargo entregados a través de un CD. iii. Respecto al incumplimiento de la medida instructiva requerimiento, indica que se ha vulnerado el principio de debida motivación como requisito de validez de los actos administrativos pues cumplió con lo solicitado por el inspector. iv. Expone una vulneración al principio de presunción de veracidad por el cual debe presumirse que los documentos presentados se encontraban conforme con lo prescrito en la ley y responden a la verdad de los hechos. v. Asimismo, alega una afectación al principio de inocencia y licitud pues su empresa sí cumplió con los requerimientos por parte del inspector. vi. Solicita se le conceda el uso de la palabra.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre los argumentos relacionados con la infracción leve 6.1. Se debe precisar que, de la verificación de la resolución impugnada, se advierte que se ha sancionado a la impugnante por la comisión de una infracción leve en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 23.2 del artículo 23 del RLGIT, y una infracción muy grave a la labor inspectiva tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

o Decreto Legislativo, en cuyo contenido debe establecerse de manera expresa tal facultad, encontrándose en la ley especial de la materia, la LGIT, específicamente el artículo 49 la siguiente redacción:

"Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004- 2019-JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos.”

“(…) la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006- TR, y sus normas modificatorias” (énfasis añadido).

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento y motivación de las resoluciones administrativas

9 “Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los

pronunciamiento sobre esta causal, dado los efectos nulificantes que posee en caso de advertirse su inobservancia en el presente procedimiento administrativo.

derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas (…)” (énfasis añadido). 10 Cfr. numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG.

decisión judicial debe cumplir con cuatro requisitos para que cumpla con el deber de motivación, lo que lleva a contemplarlas en su extensibilidad al ámbito administrativo del presente expediente: 1) coherencia interna, para comprobar que lo decidido se deriva de premisas establecidas por el órgano resolutivo en su fundamentación; 2) justificación de las premisas externas, que aluden al respaldo probatorio de los hechos y sobre el derecho considerado por el órgano al resolver; 3) la suficiencia, que refiere a que se hayan expuesto razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados y necesarios para la resolución del caso; y 4) la congruencia, como elemento que permite establecer si las razones especiales requeridas para adoptar determinada decisión se encuentran recogidas en la resolución en concreto.

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico

11 TUO de la LPAG: Artículo 6: Motivación del acto administrativo (…) “6.3 No constituye causal de nulidad el hecho de que el superior jerárquico de la autoridad que emitió el acto que se impugna tenga una apreciación distinta respecto de la valoración de los medios probatorios o de la aplicación o interpretación del derecho contenida en dicho acto. Dicha apreciación distinta debe conducir a estimar parcial o totalmente el recurso presentado contra el acto impugnado” (énfasis agregado).

sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse” (énfasis añadido).

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto

grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (énfasis añadido).

Figura 01: Numeral 7.14.5 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL

12 Aprobada por Resolución de Superintendencia N° 031-2020-SUNAFIL, del 03 de febrero de 2020.

Figura 02:

Sobre la solicitud de informe oral

“No resulta vulneratorio del derecho de defensa, la imposibilidad de realizar el informe oral, siempre que el interesado haya tenido la oportunidad de ejercer el derecho de defensa por escrito a través de un informe”.

“28. Por tanto, si bien los administrados pueden solicitar una audiencia ante las Salas del Tribunal de Fiscalización Laboral, dicho elemento no es indispensable ni necesario para la ejecución de las competencias que el ordenamiento jurídico le ha asignado a la instancia de revisión.

29. Así, tomando en cuenta casos anteriores tales como los analizados en las Resoluciones N° 002-2021, 019-2021, 126-2021, 210-2021 y 401-2021- SUNAFIL/TFL-Primera Sala, este Tribunal puede prescindir del informe oral, sin que ello constituya una vulneración de los derechos de los administrados, debido a que éstos han podido presentar sus argumentos por escrito, así como todo documento u otro instrumento de prueba, que les haya permitido fundamentar sus actos y/o pronunciamientos”.

13 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS “Artículo IV.-Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.2. Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

Información Adicional

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales No acreditar haber efectuado la entrega de las boletas de pago, correspondiente a los meses de mayo a diciembre de 2016, y de enero a diciembre de 2017, a favor de los trabajadores afectados. Numeral 23.2 del artículo 23 del RLGIT

LEVE Labor Inspectiva No cumplir con la medida de requerimiento de fecha 07 de marzo de 2018. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por OPTIMUS SECURITY S.A.C. -OPTIMUS SEC S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 625-2022- SUNAFIL/ILM, de fecha 27 de abril de 2022, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 982-2018-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. –CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 625-2022-SUNAFIL/ILM, en el extremo referido a la infracción muy grave, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa. CUARTO. - Notificar la presente resolución a OPTIMUS SECURITY S.A.C. -OPTIMUS SEC S.A.C. y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes. QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20240228JCR