Mountain Lodges of Peru

Mediante Orden de Inspección N° 1266-2020-SUNAFIL/IRE-CUS, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico en materia de relaciones laborales1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 289-2020-SUNAFIL/IRE-CUS (en adelante, el Acta de Infracción). En mérito a la denuncia formulada en aplicación del inciso c) del artículo 12 de la LGIT.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 338-2020-SUNAFIL/IRE-CUSCO/SIAI, notificada el 04 de enero de 2021, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006- TR (en adelante, el RLGIT).

En fecha 29 de marzo de 2021, la administrada presento recurso de reconsideración contra la Resolución de Sub Intendencia de Resolución N° 139-2021-SUNAFIL/IRE CUSCO; sobre el cual la autoridad sancionadora emitió la Resolución de Sub Intendencia de Resolución N° 210-2021-SUNAFIL/IRE CUSCO, notificada el 12 de abril de 2021, declarándose infundado el recurso de reconsideración.

Con fecha 30 de abril de 2021, la impugnante presentó recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia de Resolución N° 210-2021-SUNAFIL/IRE CUSCO.

Mediante Resolución de Intendencia N° 096-2021-SUNAFIL/IRE CUS, notificada el 10 de mayo de 2021, la Intendencia Regional de Cusco, declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante y confirmo la sanción contra la administrada.

Mediante Resolución N° 11 que contiene la Sentencia de Vista de fecha 28 de junio de 2023, emitida por la Segunda Sala Laboral de la Corte Superior de Justicia de Cusco, signado en el expediente N° 1593-2021-0-1001-JR-LA-02, se declara la nulidad de la Resolución de Intendencia N° 096-2021-SUNAFIL/IRE CUS, y se ordena la emisión de nuevo pronunciamiento.

Mediante Resolución de Intendencia N° 020-2024-SUNAFIL/IRE CUS, notificada el 22 de enero de 2024, la Intendencia Regional de Cusco, declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante y confirmo la sanción contra la administrada.

Con fecha 08 de febrero de 2024, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Arequipa el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 020-2024- SUNAFIL/IRE CUS.

La Intendencia Regional de Cusco admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORANDUM-000130-2024-

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299812, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299813, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo4 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR5, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR6 (en adelante, el Reglamento

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de estos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”7.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En este orden de ideas, resulta indispensable que el Tribunal revise el cumplimiento del ordenamiento jurídico en materia sociolaboral -tanto adjetivo como sustantivo- así como vele por la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema de Inspección del Trabajo. La normativa adjetiva es aquella que garantiza a los administrados constituirse como

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que MOUNTAIN LODGES OF PERU S.A.C., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 020-2024- SUNAFIL/IRE CUS, que confirmo la sanción impuesta por la comisión de una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.1 del artículo 46 del RLGIT, una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.2 del artículo 46 del RLGIT, y una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.6 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 23 de enero de 2024.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por MOUNTAIN LODGES OF PERU S.A.C.

Sobre el ámbito de actuación en la inspección del trabajo, el artículo 4 de la LGIT, establece lo siguiente:

Por su parte, las facultades inspectivas de los inspectores de trabajo regulado en el artículo 5 de la LGIT, precisa que:

Requerir información, solo o ante testigos, al sujeto inspeccionado o al

En este punto, sobre el argumento del recurso de revisión que la Intendencia no puede utilizar como fundamento legal válido lo normado en el numeral 1 del artículo 5 de la LGIT, debemos precisar que, el artículo 1 de la LGIT, establece que los efectos de la Ley y de sus normas de desarrollo, con carácter general la mención a los “Inspectores del Trabajo” se entenderá referida a Supervisores Inspectores, Inspectores del Trabajo e Inspectores Auxiliares, sin perjuicio de las funciones y responsabilidades atribuidas a cada uno de ellos. Por tanto, no corresponde acoger los argumentos del recurso de revisión en este extremo.

Asimismo, el artículo 9 de la LGIT, establece lo siguiente sobre el deber de colaboración con la inspección del trabajo:

En el marco del ámbito de actuación de la inspección del trabajo, y de las facultades otorgadas por la LGIT a los inspectores de trabajo, la comisionada realizo una visita inspectiva en la dirección sito en Avenida El Sol N° 948 Oficina N° 403, en fecha 04 de noviembre de 2020, conforme se deja constancia en el numeral 4.3 del acta de infracción:

De lo constatado, la trabajadora que atendió a la inspectora de trabajo impidió la permanencia en el centro de trabajo visitado, se configuraría la infracción tipificada en el numeral 46.1 del artículo 46 del RLGT.

Ahora bien, el argumento principal de la impugnante, es la calificación como centro de trabajo del lugar sito en Avenida El Sol N° 948 Oficina N° 403, precisando que este no sería el centro de trabajo del denunciante.

Así pues, de la revisión de la documentación obrante en el expediente sancionador, se advierte que el denunciante consignó como centro de trabajo, a efectos de la realización de las actuaciones inspectivas de investigación, la dirección ubicada en Avenida El Sol N.° 948, Oficina N.° 403. Dicha información coincide con la consignada en la hoja de liquidación de beneficios sociales que obra a folios 20 del expediente inspectivo; por tanto, no corresponde acoger los argumentos del impugnante en este extremo.

Sin perjuicio de lo anterior, sobre el argumento que no puede considerarse la dirección de la visita inspectiva como centro de trabajo por ser un depósito en el contexto de la emergencia sanitaria nacional, debemos observar que durante la visita inspectiva, se advirtió la presencia de un trabajador, la cual no se identificó primigeniamente ni colaboró con la inspección del trabajo.

Cabe precisar que, la Corte Suprema de Justicia de la República en la Casación Laboral N° 5050-2023 Selva Central, define al centro de trabajo como unidad de producción con organización específica en el que se encuentra comprendido el lugar de trabajo y además las instalaciones9.

El centro de trabajo comprende todo lugar donde se desarrollen actividades laborales o donde exista prestación de servicios por cuenta ajena, independientemente de su denominación (oficina, almacén, depósito, sucursal, etc.); por tanto, no resulta determinante que el impugnante califique el lugar como “depósito” si en los hechos se verifica presencia de trabajadores.

Así pues, se encuentra acreditado que el inspector de trabajo encontró una trabajadora en la dirección visitada, por tanto, no puede negarse que estamos ante un centro de trabajo, independientemente si funciona como almacén o depósito. Por tanto, no corresponde acoger los argumentos de recurso de revisión que pretende señalar que la trabajadora se encontraba “por casualidad” en la dirección visitada, al no contar con sustento alguno lo alegado.

Por tanto, corresponde desestimar los argumentos del recurso de revisión que pretenden fundamentar la inaplicación y aplicación errónea de la normativa laboral por

Conforme lo establece el numeral 3.1 del inciso 3 del artículo 5 de la LGIT, los inspectores del trabajo están investidos de autoridad y facultados para requerir al sujeto inspeccionado o al personal de la empresa sobre cualquier asunto relativo a la aplicación de las disposiciones legales, así como a exigir la identificación, o razón de su presencia, de las personas que se encuentren en el centro de trabajo inspeccionado.

Asimismo, el artículo 9 de la LGIT, establece que los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los Supervisores- Inspectores, los Inspectores del Trabajo y los Inspectores Auxiliares cuando sean requeridos para ello; entre ellos, acreditar su identidad y la de las personas que se encuentren en los centros o lugares de trabajo.

En el marco del ámbito de actuación de la inspección del trabajo, y de las facultades otorgadas por la LGIT a los inspectores de trabajo, la comisionada realizo una visita inspectiva en la dirección sito en Avenida El Sol N° 948 Oficina N° 403, en fecha 04 de noviembre de 2020, conforme se deja constancia en el numeral 4.3 del acta de infracción: Figura N° 02

En ese sentido, conforme a lo constatado por la inspectora comisionada, la trabajadora no habría acreditado su identidad con ocasión de la visita inspectiva, por tanto, su conducta se encontraría tipificada en el numeral 46.2 del artículo 46 del RLGIT.

El principal cuestionamiento del impugnante durante el PAS y sustentado en el recurso de revisión, cuestiona que la trabajadora encontrada por la inspectora comisionada en la dirección visitada, no ostentaba la calidad de representante de la empresa.

Al respecto, debemos precisar que la obligación de identificarse ante el inspector de trabajo, no se restringe exclusivamente al representante legal o formal del empleador, sino que alcanza a toda persona que se encuentre en el centro de trabajo en condiciones de atender la diligencia inspectiva.

Cabe precisar que, el artículo 13 numeral 13.2 del RLGIT, señala que, de no encontrarse el representante del sujeto inspeccionado en el centro o lugar de trabajo, las actuaciones se realizarán sin la presencia de los mismos, no afectando dicha circunstancia el resultado y validez de la investigación.

En el presente caso, la trabajadora presente en el centro de trabajo, asume de facto un deber mínimo de colaboración, en tanto actúa como punto de contacto con la organización empresarial; sin embargo, al impedir la permanencia del inspector en el centro de trabajo y no identificarse ante tal, está obstruyendo evidentemente la inspección del trabajo.

Así pues, no resulta exigible que ostente representación formal, pues lo relevante es su vinculación funcional con el centro de trabajo y su capacidad de interactuar con la inspección. Por tanto, el empleador es responsable por las conductas desplegadas por sus trabajadores en el marco de la actuación inspectiva, y el incumplimiento del deber de identificación por parte de un trabajador se imputa al empleador, en tanto evidencia una falta de organización o instrucción adecuada frente a la fiscalización, considerando que la finalidad del sistema inspectivo es garantizar la eficacia de la labor de supervisión.

En ese sentido, no corresponde acoger los argumentos de recurso de revisión en este extremo, en tanto, aunado a los fundamentos expuestos por la primera y segunda instancia administrativa, esta Sala evidencia que las acciones de la trabajadora, en el plano de los hechos constatados, ostenta la representatividad del empleador al impedir la permanencia del inspector en el centro de trabajo visitado, aun sin contar con una representación formal, por tanto, tenía el deber de identificarse al ser la única persona presente en el centro de trabajo. Por tanto, la conducta de negarse a acreditar su identidad ante la inspectora comisionado por parte de la trabajadora como representante del sujeto inspeccionado, se subsume en el tipo infractor previsto en el numeral 46.2 del artículo 46 del RLGIT.

Cabe precisar que, los cuestionamientos sobre la calificación de centro de trabajo al lugar donde se realizó la visita inspectiva, no corresponde ser acogidos, conforme a los fundamentos expuestos en la presente resolución.

La LGIT establece que “la función inspectiva, es entendida como la actividad que comprende el ejercicio de la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo”10. De allí que, el comportamiento del inspector comisionado se oriente al cumplimiento de las funciones establecidas en la

Asimismo, el artículo 9 de la LGIT, establece que “los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los supervisores-inspectores, lo inspectores de trabajo y los inspectores auxiliares cuando sean requeridos para ello. En particular y en cumplimiento de dicha obligación de colaboración deberán: (…) Colaborar con ocasión de sus visitas u otras actuaciones inspectivas.”, siendo la comparecencia una de las modalidades de actuación inspectiva conforme lo regula el artículo 1112 de la LGIT (énfasis añadido).

Por su parte, inciso 3) del artículo 36 de la LGIT establece que “Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración por parte de los sujetos inspeccionados por los Supervisores- Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. Tales infracciones pueden consistir en: (…) 3. La inasistencia a la diligencia, cuando las partes hayan sido debidamente citadas, por el Inspector o la Autoridad Administrativa de Trabajo y éstas no concurren” (énfasis añadido).

Ahora bien, del expediente inspectivo, se aprecia el documento denominado “citación en centro de trabajo”, notificado en la modalidad personal el 06 de noviembre de 2020, de acuerdo al artículo 21 del TUO de la LPAG, se cita al sujeto inspeccionado en el centro de trabajo ubicada en Av. EL Sol N° 948 int. 403 a horas 17:00 del día 12 de noviembre de 2020.

En lugar, fecha y hora citada, el inspector comisionado se apersono a las instalaciones del centro de trabajo, y deja constancia que el sujeto inspeccionado no asistió a la diligencia programada, y que el centro de trabajo se encontraba cerrado. Por tanto, la conducta del inspeccionado se subsume en el tipo infractor previsto en el numeral 46.6 del artículo 46 del RLGIT.

Ahora bien, el impugnante sustenta en el recurso de revisión que la citación debió realizarse obligatoriamente mediante la casilla electrónica de SUNAFIL, por lo que se habría inaplicado el artículo 1 del Decreto Supremo N° 003-2020-TR.

Al respecto, el numeral 20.4 del artículo 20 del TUO de la LPAG13 establece que, mediante decreto supremo del sector, previa opinión favorable de la Presidencia del Consejo de Ministros y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se aprueba la obligatoriedad de la notificación vía casilla electrónica. (énfasis añadido)

En dicho contexto, el 14 de enero de 2020, se publicó el Decreto Supremo N° 003-2020- TR, norma que aprueba el uso obligatorio de la casilla electrónica para efectos de notificación de los procedimientos administrativos y actuaciones de la SUNAFIL, teniendo como objeto “regular el uso obligatorio de la notificación vía casilla electrónica, con miras a efectuar notificaciones, en los procedimientos administrativos y actuaciones de la SUNAFIL a través de su Sistema Informático de Notificación Electrónica”14. Y, teniendo por finalidad “mejorar la eficiencia y la celeridad en la notificación de las actuaciones y actos administrativos en el marco del ejercicio de las funciones y competencias de la SUNAFIL”15.

La misma norma, en su numeral 5.1 del artículo 5 establece: “Casilla electrónica: es el buzón electrónico asignado al usuario, creado en el Sistema Informático de Notificación Electrónica de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), cuyo propósito es el trámite seguro y confiable de las notificaciones en el marco de los procedimientos administrativos y actuaciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL). La casilla electrónica se constituye en un domicilio digital obligatorio. (…)”. Asimismo, en su artículo 6 prescribe que: “La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) asigna al usuario una casilla electrónica en el Sistema Informático de Notificación Electrónica, la cual se constituye en un domicilio digital obligatorio para la notificación de los actos administrativos y/o actuaciones emitidas en el marco de sus funciones y competencias que correspondan ser informadas al administrado. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) comunica al usuario cada vez que se le notifique un documento a la casilla electrónica a través de las alertas del Sistema Informático de Notificación Electrónica, en su correo electrónico y/o mediante el servicio de mensajería”, no estableciéndose como elemento la autorización previa del usuario. (énfasis añadido)

Asimismo, en su primera y segunda disposiciones complementarias finales establece:

Por su parte, mediante artículo 1 de la Resolución de Superintendencia N° 058-2020- SUNAFIL, publicada en el Diario Oficial El Peruano, en fecha 08 de marzo de 2020, se aprueba el Cronograma de implementación a nivel nacional del Sistema Informático de Notificación Electrónica de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, el cual fue modificado mediante el artículo 2 de la Resolución de Superintendencia N° 114-2020-SUNAFIL, publicada en el Diario Oficial El Peruano, en fecha 1 de agosto de 2020, que establecía como cronograma de implementación, el siguiente: Figura N° 03

Asimismo, mediante Resolución de Superintendencia N° 164-2021-SUNAFIL, de fecha 27 de mayo de 2021, publicado el 29 de mayo de 2021, en su artículo 1 se establece: “Artículo 1.- Objeto

En ese entendido, del Cronograma de Implementación del Sistema Informático de Notificación Electrónica de SUNAFIL, que puede visualizarse en el numeral anterior, se evidencia que la notificación mediante casilla electrónica de los requerimientos emitidos por los inspectores de trabajo resultaba obligatoria a partir del 31 de diciembre de 2020.

En tal sentido, corresponde desestimar los argumentos del recurso de revisión en este extremo, en tanto, el requerimiento notificado el 06 de noviembre de 2020, no resultaba obligatoria a través de la casilla electrónica antes del 31 de diciembre de 2020.

Ahora bien, respecto a la notificación personal realizada por el inspector comisionado, la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII aprobado por Resolución de Superintendencia N° 031-2020-SUNAFIL – vigente a la fecha las actuaciones inspectivas de investigación del presente caso- establece lo siguiente: “7.8.3. Durante las actuaciones inspectivas, los referidos documentos son notificados al sujeto inspeccionado conforme a lo dispuesto por el TUO de la LPAG. De no poder ubicar domicilio o local del sujeto inspeccionado, no se realiza ninguna modalidad de notificación y se dan por concluidas las actuaciones inspectivas, cerrándose la orden de inspección en el SIIT. S se emite medida inspectiva de requerimiento, el documento sobre la calificación de la insubsanabilidad de infracciones u otra documentación similar, pero luego ya no se puede ubicar algún domicilio del sujeto inspeccionado donde realizar la notificación personal, se aplicas las otras modalidades de notificación, según la prelación prevista en el TUO de la LPAG. (…)

Para efectos únicamente de la notificación de los documentos previamente señalados, debe entenderse como domicilio conocido del sujeto inspeccionado al centro de trabajo donde los supuestos trabajadores afectados ejecutan o ejecutaron la prestación laboral y en el cual se realizan las actuaciones inspectivas, o alternativamente, el declarado ante la SUNAT como domicilio fiscal, establecimiento anexo, establecimiento permanente u otro.” (énfasis añadido)

En ese sentido, conforme a los fundamentos expuestos en la presente resolución, se ha determinado que la dirección donde se realizó la visita inspectiva tiene la calidad de centro de trabajo, por tanto, la notificación ha sido debidamente notificada, al haberse cumplido el orden de prelación previsto en el numeral 20.1 del artículo 20 del TUO de la LPAG, y de conformidad con las reglas establecidas para la notificación personal prevista en el artículo 21 del TUO de la LPAG. Por tanto, no corresponde acoger los argumentos del recurso de revisión que pretenden desestimar la sanción impuesta en este extremo.

Sobre el particular, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

El Tribunal Constitucional -máximo intérprete de la Constitución- se ha pronunciado en numerosas oportunidades en relación con el derecho al debido procedimiento, estableciendo una reiterada y uniforme jurisprudencia al respecto, como lo recuerda la Sentencia recaída en el Expediente N° 04289-2004-AA:

En esa línea argumentativa, esta Sala identifica, desde un análisis formal, que tanto la Resolución de Sub Intendencia de Resolución N° 139-2021-SUNAFIL/IRE CUSCO, Resolución de Sub Intendencia de Resolución N° 210-2021-SUNAFIL/IRE CUSCO, como la Resolución de Intendencia N° 020-2024-SUNAFIL/IRE CUS, han contemplado la argumentación y medios de prueba expuestos por la impugnante, advirtiéndose el cumplimiento de los requisitos referidos al cumplimiento del debido procedimiento como principio y derecho material, de los derechos de defensa y a la prueba, así como el cumplimiento de la garantía de la debida motivación.

Asimismo, advertimos que la autoridad sancionadora ha evaluado los medios probatorios presentadas por la impugnante, consistente en constancia de arrendamiento, comunicado a los teletrabajadores sobre labores no presenciales y boleta de pago de la señora Flor de octubre y noviembre 2020, lo cual conllevo a la emisión de la Resolución de Sub Intendencia de Resolución N° 210-2021-SUNAFIL/IRE CUSCO.

Conforme con el fundamento jurídico 4 de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional del 8 de febrero de 2022 (expediente 349-2021-PA/TC), toda decisión judicial debe cumplir con cuatro requisitos para que cumpla con el deber de motivación, lo que lleva a contemplarlas en su extensibilidad al ámbito administrativo del presente expediente: 1) coherencia interna, para comprobar que lo decidido se deriva de premisas establecidas por el órgano resolutivo en su fundamentación; 2) justificación de las premisas externas, que aluden al respaldo probatorio de los hechos y sobre el derecho considerado por el órgano al resolver; 3) la suficiencia, que refiere a que se hayan expuesto razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados y necesarios para la resolución del caso; y 4) la congruencia, como elemento que permite establecer si las razones especiales requeridas para adoptar determinada decisión se encuentran recogidas en la resolución en concreto.

Asimismo, se aprecia que, se ha cumplido con observar los cuatro elementos antes referidos sobre el deber de motivación conforme al expediente 349-2021-PA/TC, pueden ser satisfactoriamente comprobados; toda vez que, de la resolución impugnada, se verifica que se han absuelto todos los extremos alegados por la impugnante en su recurso de apelación, de manera suficiente y congruente. Del mismo modo, atendiendo al desarrollo de la resolución impugnada, se advierte que la Intendencia Regional establece la fundamentación jurídica que respalda su decisión; asimismo, efectuó el análisis detallado de los medios probatorios que respaldan la misma, así como los hechos constatados en el acta de infracción.

Por las razones que anteceden, no se verifica vulneración alguna al debido procedimiento ni al deber de motivación; en consecuencia, los alegatos dirigidos a cuestionar este extremo, deben ser desestimados, así como el pedido de nulidad conforme a lo argumentado, al no evidenciarse que el presente procedimiento haya incurrido en alguna causal de nulidad contemplada en el artículo 10 del TUO de la LPAG.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho y de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.