Star Up (Star Perú)

Mediante Orden de Inspección N° 1127-2019-DRTPEU, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico en materia de relaciones laborales2, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 052-2020-DRTPEU (en adelante, el Acta de Infracción). En mérito a la denuncia formulada en aplicación del inciso c) del artículo 12 de la LGIT.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 411-2022-SUNAFIL/IRE-UCA3, notificado el 15 de diciembre de 2022, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006- TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 263-2023-SUNAFIL/IRE-UCA-SIFN, notificado el 09 de junio de 2023 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual, procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de Ucayali, la que mediante Resolución de Sub Intendencia N° 327-2023- SUNAFIL/IRE-UCA/SISA, notificada el 10 de julio de 2023, multó a la impugnante por haber incurrido en tres (03) infracciones graves en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT, y una (01) infracción muy grave tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

Mediante escrito de fecha 02 de agosto de 2023, la impugnante presentó recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 327-2023-SUNAFIL/IRE-UCA/SISA.

Mediante Resolución de Intendencia N° 183-2023-SUNAFIL/IRE-UCA, notificado el 09 de noviembre de 2023, la Intendencia Regional de Ucayali, declaró fundado en parte el recurso de apelación, revocar en parte la resolución apelada, confirmando la siguiente infracción:

Con fecha 28 de noviembre de 2023, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Ucayali el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 183-2023- SUNAFIL/IRE-UCA.

La Intendencia Regional de Ucayali admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORANDUM-000004-2024- SUNAFIL/IRE-UCA, recibido el 08 de enero de 2024, por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299814, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299815, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo6 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR7, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR8 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante,

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”9.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que STAR UP S.A.C., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 183-2023-SUNAFIL/IRE-UCA, que revocó la sanción impuesta por la comisión de una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 10 de diciembre de 2023.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por STAR UP S.A.C.

Conforme lo establece el numeral 5.3 del inciso 5 del artículo 5 de la LGIT, los inspectores del trabajo están investidos de autoridad y facultados para requerir al sujeto responsable que, en un plazo determinado, adopte medidas en orden al cumplimiento de la normativa del orden sociolaboral, incluso con su justificación ante el inspector que ha realizado el requerimiento. Sobre ello, el numeral 13.5 del artículo 13 del RLGIT establece que, dichas medidas, se adoptan dentro del plazo establecido para la realización de las actuaciones de investigación o comprobatorias a que se refiere los numerales 13.3 y 13.4 del artículo 13 del mismo reglamento.

Al respecto, el artículo 14 de la LGIT, establece lo siguiente:

En similar sentido, el artículo 17 del RLGIT, establece en su numeral 17.2 que “si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, cierre temporal del área de una unidad económica o de una unidad económica, paralización o prohibición de trabajos o tareas, según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización” (énfasis añadido).

Como se evidencia de las normas glosadas, la naturaleza jurídica de la medida inspectiva de requerimiento es la de ser una medida correctiva que tiene como objeto revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado de manera previa al inicio del procedimiento administrativo sancionador (PAS).

Cabe indicar que, la inobservancia o incumplimiento de la medida de requerimiento genera la infracción calificada como muy grave a la labor inspectiva, prevista en el inciso 46.7 del artículo 46 del RLGIT, por no cumplir oportunamente con el requerimiento de la adopción de medidas para el cumplimiento de la normativa de orden sociolaboral. Asimismo, cabe precisar que, esta infracción a la labor inspectiva se generaría con independencia y en forma adicional a la identificada dentro del marco de la ejecución a la labor inspectiva en materias sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo.

En esa línea argumentativa, de conformidad con el precedente administrativo de observancia obligatoria aprobado mediante Resolución de Sala Plena N° 002-2022- SUNAFIL/TFL del 22 de abril de 2022, publicado el 06 de mayo de 2022 en el Diario Oficial El Peruano, en su fundamento 6.10 precisa que la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia. Por tanto, la evaluación de los alegatos relativos a las medidas inspectivas de requerimiento deben de encontrarse vinculadas bajo estos aspectos. (énfasis añadido)

Así, en tanto el objeto de la medida inspectiva de requerimiento es la de revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado. En la búsqueda de dicho cumplimiento, el inspector de trabajo le otorga al entonces inspeccionado un plazo razonable para su cumplimiento, tal como lo señalaba la entonces vigente “Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII versión 2 - Directiva sobre el ejercicio de la función inspectiva”10:

En el caso concreto, el inspector comisionado emitió la medida inspectiva de requerimiento el 04 de febrero de 2020, notificada al sujeto inspeccionado en la misma fecha, con la cual le requirieron en el plazo de tres (03) días hábiles, que la inspeccionada, cumpla las siguientes acciones:

Conforme dejan constancia los inspectores comisionados en los hechos constatados del acta de infracción, el inspeccionado no cumplió íntegramente con la medida inspectiva de requerimiento, incurriendo en la infracción tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

Ahora bien, los considerandos del 46 al 53 de la Resolución de Sub Intendencia N° 327- 2023-SUNAFIL/IRE-UCA/SISA, la autoridad sancionadora no acoge la propuesta de

Asimismo, la autoridad instructora en el Informe Final de Instrucción N° 263-2023- SUNAFIL/IRE-UCA-SIFN, en los considerandos del 46 al 54, acogida por la autoridad sancionadora, determina que corresponde no acoger la propuesta multa atribuida al sujeto inspeccionado, respecto al incumplimiento de pago de la remuneración vacacional, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT.

Asimismo, la Resolución de Intendencia N° 183-2023-SUNAFIL/IRE-UCA, fundamenta en sus considerandos del 4.5 al 4.17, que se ha acreditado el cumplimiento de las infracciones determinadas por la autoridad de primera instancia. En tal sentido, se configuró la causal eximente de responsabilidad prevista en el inciso f) del numeral 1 del artículo 257 del TUO de la LPAG, motivo por el cual la autoridad administrativa revocó la sanción respecto a las infracciones tipificadas en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT, sobre el incumplimiento de pago de las gratificaciones legales, bonificaciones extraordinarias y compensación por tiempo de servicios.

En este punto, resulta pertinente tener en cuenta lo establecido en la Resolución N° 019-2024-SUNAFIL/TFL, publicada el 30 de noviembre de 2024 en el diario oficial El Peruano, mediante la cual se fijaron precedentes administrativos de observancia obligatoria —entre ellos— los fundamentos 6.16, 6.17, 6.18 y 6.19, cuyos alcances se desarrollan a continuación:

En este punto, es importante señalar que, de acuerdo con lo expresado en el artículo 1 de la LGIT, la Inspección de Trabajo tiene dentro de sus finalidades la vigilancia del cumplimiento de las normas de orden sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, debe notarse que la impugnante subsanó de forma voluntaria la normativa sociolaboral afectada antes de haberse notificado la imputación de cargos, e incluso, antes de la emisión de la medida inspectiva de requerimiento, cuya naturaleza jurídica se basa en la búsqueda de la reversión de los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado de manera previa al inicio del procedimiento sancionador.

Adicionalmente, es importante ponderar que, si bien la afectación recae sobre el deber de colaboración a la labor inspectiva (pues la impugnante no cumplió con acreditar íntegramente lo requerido por el inspector de trabajo dentro del plazo estipulado en la medida de requerimiento), la reversión del incumplimiento sociolaboral ocurrió a través del mismo sujeto inspeccionado, incluso con anterioridad a la emisión de dicha medida inspectiva. A juicio de este Tribunal, el supuesto descrito demuestra la

En consecuencia, es pertinente elevar a precedente de observancia obligatoria el criterio según el cual, imponer una sanción a la labor inspectiva cuando se ha cumplido con la subsanación voluntaria de las infracciones sociolaborales antes de la notificación de la imputación de cargos atenta contra el principio de razonabilidad, ya que el Sujeto inspeccionado habría cumplido con la normativa, siendo ello la finalidad de la inspección de trabajo”.

Como se advierte de los fundamentos 6.16 al 6.19 de la Resolución N° 019-2024- SUNAFIL/TFL, el Tribunal de Fiscalización Laboral ha establecido que, aun cuando el inspeccionado no hubiese acreditado en el plazo de la medida inspectiva de requerimiento la documentación exigida, corresponde valorar si la obligación sociolaboral fue efectivamente subsanada antes de la notificación de la imputación de cargos. En tales supuestos, imponer una sanción a la labor inspectiva sin considerar dicha subsanación voluntaria resultaría contrario al principio de razonabilidad, pues la finalidad de la inspección de trabajo no es sancionar por sí misma, sino asegurar el restablecimiento del cumplimiento normativo. Este criterio resulta plenamente aplicable al presente caso, en la medida que se acredito el cumplimiento del pago de gratificaciones, bonificación extraordinaria, compensación por tiempo de servicios, vacaciones y pago de aportes al sistema privado de pensiones, fueron realizadas con anterioridad a la imputación de cargos notificada el 15 de diciembre de 2022, configurándose así la causal de eximente prevista en el inciso f) del artículo 254 del TUO de la Ley N° 27444.

Por las razones expuestas, corresponde acoger los argumentos de la recurrente en este extremo y dejar sin efecto la sanción impuesta por la infracción muy grave, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

Se debe precisar, en virtud del numeral 6.3 del artículo 6 del TUO de la LPAG no constituye causal de nulidad la apreciación distinta de la valoración de los medios probatorios y de la aplicación del derecho por parte de las instancias anteriores en el presente caso. Ni corresponde el análisis de los demás alegatos expuestos por el administrado, en tanto, que no subsiste una infracción muy grave, competencia de este Tribunal, al haber dejado sin efecto la única infracción muy grave materia del presente procedimiento.