Instituto Quimioterapico S.A

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Desnaturalización de la relación laboral (Sub materia: Incluye todas); Planillas o registros que la sustituyan (Sub materia: Registro trabajadores y otros en la planilla).

Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006- TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no haber registrado en su planilla electrónica a los doscientos veinticinco (225) trabajadores señalados en el numeral 6 de la resolución de sanción, de las empresas CONTIMÉDICA S.A. y PROMOFARMA S.A. al verificarse que se habría vulnerado la normativa de tercerización, tipificada en el numeral 25.20 del artículo 25 del RLGIT.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 19 de setiembre de 2019, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

2 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

Del Recurso De Revisión

3“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 4 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 5“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 6“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe otorgarle esta facultad al administrado mediante ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días respectivamente.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE EL Instituto Quimioterapico S.A.

7 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N°004-2017- TR.

computados a partir del día siguiente hábil de la notificación de la citada resolución; esto es, el 06 de junio de 2023.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con escrito de fecha 26 de junio de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 688-2023-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. Todo el procedimiento inspectivo y sancionador adolece de falta de debida motivación, ya que la autoridad no analizó ni valoró de manera concreta los medios probatorios ni los argumentos presentados por la empresa. SUNAFIL se limitó a reiterar conclusiones previas sin explicar de forma razonada por qué consideró desnaturalizada la tercerización, omitiendo responder puntos esenciales como la autonomía administrativa, funcional y empresarial de las empresas involucradas.

ii. Sostiene que no se acreditó ninguna causal legal de desnaturalización de la tercerización prevista en la normativa vigente, pues no se evaluaron elementos clave como pluralidad de clientes, equipamiento propio, inversión de capital, tipo de contratos celebrados ni la autonomía empresarial, pese a que la ley exige un análisis caso por caso. Además, la autoridad no impulsó de oficio el procedimiento ni recabó información de las empresas tercerizadoras, lo que impidió esclarecer los hechos y vulneró el principio de impulso de oficio.

iii. Se reitera que las tres empresas forman parte de un grupo de económico, situación jurídica legal, permitida y nunca negada por esta parte; la misma que, lógicamente, hace que exista cierto grado de coordinación entre empresas, más aún sí los trabajadores cuentan con proximidad física en sus centros de trabajo. No obstante, este argumento no fue ni mencionado a lo largo de la Resolución, solo se limitaron a reiterar que esa situación denotaba que no hay una separación física y funcional.

iv. No se ha acreditado que se encuentre en uno de los supuestos de desnaturalización de la tercerización de servicios. Así, en el numeral 3.9 de la resolución apelada, se menciona que la desnaturalización se debería al literal a) del artículo 5 del Reglamento de la Ley N° 29245, Ley de Tercerización de Servicios, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2008-TR. Sin embargo, no se ha analizado si las empresas

cuentan o no con pluralidad de clientes, equipamiento, inversión de capital y redistribución por obra o servicio; si en la relación entre la impugnante y las empresas PROMOFARMA S.A. y CONTIMEDICA S.A. se presentan contratos de gerencia conforme a la Ley General de Sociedades, contratos de obra, o si el objeto es que estas se hagan cargo de una parte integral del proceso productivo de IQFARMA (artículo 3 de la Ley 29245); o si entre las tres compañías existe o no autonomía empresarial. Asimismo, cuestiona que se haya exigido la acreditación de pluralidad de clientes sin considerar las excepciones legales aplicables ni permitir que la empresa sustente eventuales pactos de exclusividad, como los derivados de la naturaleza sensible de la actividad farmacéutica. Añade que no se demostró que las empresas tercerizadoras carecieran de equipamiento o recursos propios, ni se explicó por qué los bienes encontrados no formaban parte del proceso contratado.

v. Finalmente, afirma que la sanción vulnera el principio de tipicidad, ya que se le imputó una infracción por no registrar trabajadores en planilla, cuando el propio procedimiento gira en torno a una supuesta desnaturalización de la tercerización, la cual cuenta con tipificaciones específicas distintas en el reglamento.

vi. Sostiene que, aun en el supuesto de irregularidades, la infracción aplicada no corresponde a los hechos investigados y que el requerimiento inspectivo carece de sustento al no haberse acreditado la existencia de vínculo laboral directo con los trabajadores involucrados.

Análisis Del Recurso De Revisión

“6.17. Sobre la base de lo previsto en el literal a) del artículo 16 y el inciso 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (Decreto Supremo Nº 004-2017- TR), tras el control de admisibilidad del recurso de revisión interpuesto, a cargo de la autoridad emisora de la decisión impugnada, este órgano de revisión tiene el deber de efectuar el control de procedencia del recurso. Así, se declarará la improcedencia del recurso de revisión en los siguientes supuestos: i) Cuando el acto impugnado no corresponda a resoluciones de segunda instancia que se pronuncian sobre la imposición de sanciones; ii) Cuando la infracción materia de sanción que se impugna, no esté tipificada como muy grave en el RLGIT; o iii) Cuando el recurso de revisión no se sustente en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal. 6.18. Lo anterior exige al administrado una mayor rigurosidad en la formulación de sus escritos de revisión, en la medida que, al tratarse de un recurso extraordinario, para que los fundamentos contenidos en este puedan ser conocidos y evaluados por el Tribunal, no basta que la resolución recurrida contenga la imposición de sanciones por infracciones muy graves, sino que su impugnación debe ceñirse estrictamente a los presupuestos básicos establecidos en el artículo 14 del Reglamento del Tribunal, esto es: 1) Debe cuestionar al menos una infracción tipificada y calificada como muy grave, en el RLGIT, o en caso de omisión, el razonamiento empleado es suficiente para deducir ello, y; 2) Este cuestionamiento debe sustentarse necesariamente, en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas que rigen el derecho laboral, y/o en el apartamiento inmotivado de algún precedente de observancia obligatoria emitido por

este Tribunal, que haya incidido directa o indirectamente, en la determinación de las infracciones. 6.19. Y es que, en ciertos casos, se aprecia la existencia de recursos de revisión donde, impugnándose una resolución que confirma la imposición de una sanción económica por la comisión de alguna infracción tipificada como muy grave en el RLGIT; no se cuestiona expresamente dicha infracción de forma directa o siquiera indirecta (cuando no se plantea algún razonamiento que pueda permitir deducir ello). Tal situación implica que tales recursos promueven asuntos fuera de la competencia material de este Tribunal, debiendo este órgano colegiado declarar la improcedencia, conforme a la normativa que rige su actuación.”

Sobre la interpretación y aplicación de la normativa sobre tercerización laboral respecto a los hechos constatados

8 Resolución de Sala Plena N° 008-2023-SUNAFIL/TFL, publicado el 9 de mayo de 2023. “(…) 29. Por ello, es importante señalar que toda afectación o invocación al debido procedimiento por parte de los recurrentes –y en general a alguno de los principios identificados en el Título Preliminar del TUO de la LPAG– debe de encontrarse vinculada con una infracción de naturaleza muy grave, como parte del presupuesto de la competencia material de este Tribunal, además, de encontrarse debidamente fundamentada y delimitada por el solicitante de un recurso extraordinario (conforme se detalló en los fundamentos 6.17 a 6.19 de la Resolución de Sala Plena N° 003- 2022-SUNAFIL/TFL). 30. Por el contrario, aquellos recursos de revisión que contengan la invocación a situaciones que pueda evidenciar la vulneración al debido procedimiento, así como a otro principio reconocido por el TUO de la LPAG pero que verse sobre infracciones que no son de competencia de este Tribunal o que no se encuentren debidamente fundamentada y delimitada en el recurso extraordinario, deberán ser declarados como improcedentes.”

administrativas que procedan. En atención a ello, surge la necesidad de supervisar el cumplimiento de la legislación laboral, considerando que las normas establecidas para tal fin son de carácter obligatorio.

“Se entiende por tercerización la contratación de empresas para que desarrollen actividades especializadas u obras, siempre que aquellas asuman los servicios prestados por su cuenta y riesgo; cuenten con sus propios recursos financieros, técnicos o materiales; sean responsables por los resultados de sus actividades y sus trabajadores estén bajo su exclusiva subordinación.

Constituyen elementos característicos de tales actividades, entre otros, la pluralidad de clientes, que cuente con equipamiento, la inversión de capital y la retribución por obra o servicio. En ningún caso se admite la sola provisión de personal. La aplicación de este sistema de contratación no restringe el ejercicio de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores”.

Proporcionándose en el artículo 3 del mismo cuerpo normativo, ejemplos de contratos que constituyen tercerización de servicios, como los contratos de gerencia de acuerdo a la Ley General de Sociedades, los contratos de obra, los procesos de tercerización externa, así como los contratos que tiene por objeto que un tercero se haga cargo de una parte integral del proceso productivo.

“Los elementos propios de los servicios de tercerización que se encuentran regulados en el segundo párrafo artículo 2 de la Ley constituyen, entre otros, indicios de la existencia de autonomía empresarial, los cuales deben ser evaluados en cada caso concreto, considerando la actividad económica, los antecedentes, el momento de inicio de la actividad empresarial, el tipo de actividad delegada y la dimensión de las empresas principal y tercerizadora.”

9 Toyama Miyagusuku, J. (2008). Tercerización e intermediación Laboral: Diferencias y Tendencias. Derecho & Sociedad, (30), 84-103. Recuperado a partir de https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/derechoysociedad/article/view/17332

“Artículo 5°.- Desnaturalización

Los contratos de tercerización que no cumplan con los requisitos señalados en los artículos 2 y 3 de la presente Ley y que impliquen una simple provisión de personal, originan que los trabajadores desplazados de la empresa tercerizadora tengan una relación de trabajo directa e inmediata con la empresa principal, así como la cancelación del registro a que se refiere el artículo 8 de la presente Ley, sin perjuicio de las demás sanciones establecidas en las normas correspondientes.”

“Artículo 5º.- Desnaturalización de la tercerización Se produce la desnaturalización de la tercerización:

a) En caso que el análisis razonado de los elementos contemplados en los artículos 2º y 3º de la Ley y 4º del presente reglamento indique la ausencia de autonomía empresarial de la empresa tercerizadora.

b) Cuando los trabajadores de la empresa tercerizadora están bajo la subordinación de la empresa principal.

c) En caso que continúe la prestación de servicios luego de transcurrido el plazo al que se refiere el último párrafo del artículo 9º del presente reglamento, cuando se produce la cancelación del registro.

La desnaturalización tiene por efecto que la empresa principal sea el empleador del trabajador desplazado, desde el momento en que se produce la misma.”

“4.9.- Que, la inspeccionada exhibió Contrato de Locación de Servicios Administrativos celebrado entre la razón social Instituto Quimioterapéutico S.A. (Cliente) y la empresa PROMOFARMA S.A. (Locador) de fecha 01 de febrero de 2012, en la que la representante que firma para ambas empresas es la Sra. Giuliana Betsabé Peirano Castillo, identificada con DNI N° 09139519, como Gerente General, indicando en su cláusula PRIMERA: ANTECEDENTES: 1.1. “EL LOCADOR declara ser una empresa dedicada a la prestación de servicios de publicidad y promoción de

bienes y servicios, así como a actividades de revisión y supervisión de procesos productivos y de control de calidad, entre otros; 1.1 EL CLIENTE es una sociedad constituida bajo las leyes de la República del Perú, cuyo objeto principal dedicarse a la fabricación, distribución y comercialización de productos farmacéuticos para uso humano”. SEGUNDA: OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO: 2.1. “Por el presente documento EL LOCADOR se obliga a prestar a EL CLIENTE servicios de promoción y publicidad de sus operaciones y productos, así como otros servicios logísticos relacionados con la comercialización de los productos de EL CLIENTE, incluyendo la gestión de la cartera comercial, así como otros servicios accesorios relacionados”. OCTAVO : PLAZO: “8.1 El presente contrato tendrá una vigencia de diez (10) años ” a partir de la fecha de suscripción, con renovación automática por períodos iguales....”.

4.10.- Que, se constató con vista al Certificación Literal — Partida 03024763, de la razón social INSTITUTO QUIMIOTERAPÉUTICO S.A. en la que figura como Presidenta del Directorio la Sra. M.B.C.V.D.P. y a la Sra. G.B.P.C. como Vice Presidenta. Asimismo, con vista a la Certificación Literal — Partida 00983160, de la razón social PROMOFARMA S.A. en la que figura como Presidenta del Directorio la Sra. M.B.C.V.D.P. y a la Sra. G.B.P.C. como Vice Presidenta. Exhibió también la Certificación Literal — Partida 00994855, de la razón social CONTIMÉDICA S.A. en la que figura como Presidenta del Directorio la Sra. M.B.C.V.D.P. y a la Sra. G.B.P.C. como Vice Presidenta.”. (…)

4.13- Que, con vista a la Sentencia N° 329-2017-JPT-ZONA03-MASO; Resolución N° 08 del Juzgado Especializado de Trabajo Permanente Zona 03, seguido por la extrabajadora L.M.C.V. y las empresas Instituto Quimioterapico S.A. Y PROMOFARMA S.A. señalando en su punto 18 lo siguiente: “Un argumento esbozado por la empresa INSTITUTO QUIMIOTERÁPICO S.A. es que las codemandadas están relacionadas por un contrato de servicios por el cual PROMOFARMA S.A. provee de servicios a su representada, para ello aporta a los autos: el Contrato de Servicios de fecha 02 de enero de 1997 y el Contrato de Locación de Servicios Administrativos de fecha 01 de febrero de 2012, ambos firmados entre las codemandadas,......... , por el contrario en los contratos firma la misma persona G.B.C.A.P.C. como Gerente General de ambas empresas, denotando que no hay independencia administrativa en dichas empresas; lo que se ve corroborado además en la planillas de la empresa INSTITUTO QUIMIOTERÁPICO S.A. que obra a folios 374, donde se aprecia obran únicamente 10 trabajadores, resultando ilógico si dicha empresa tiene como objeto social la fabricación de productos farmacéuticos y su venta, tal como aparece en la ficha de consulta RUC que obra a fojas 417”.

4.15.-Qué, se constató en la visita de inspección de fecha 27 de agosto de 2019, de los recorridos efectuados en las razones sociales INSTITUTO QUIMIOTERAPÉUTICO S.A., CONTIMÉDICA S.A. y PROMOFARMA S.A. los trabajadores usan un único Fotocheck, en el que figuran las razones sociales de las tres empresas.

4.16.- Que, no se acreditó la independencia administrativa por cuanto la Gerente General de las empresas Instituto Quimioterapico S.A. y las empresas PROMOFARMA S.A. y CONTIMÉDICA S.A. es la misma persona G.B.C.A.P.C. quien firma los contratos de locación para las tres empresas como Gerente General.

4.17.- Que, en el recorrido de fecha 27 de agosto de 2019, en la empresa CONTIMÉDICA S.A. se encontraron a los siguientes trabajadores quienes manifestaron lo siguiente:

• G.C.I., quien mencionó que labora para le empresa CONTIMÉDICA S.A. • P.H.I., quien manifestó que labora para la empresa PROMOFARMA S.A. como

Asistente de Tesorería.

• C.R.H.W., quien manifestó que labora para la empresa CONTIMÉDICA S.A. como Analista.

• T.V.D., quien labora para la empresa CONTIMÉDICA S.A. • A.C.M., quien labora para la empresa CONTIMÉDICA S.A. • C.E.J.N., quien labora para la empresa CONTIMEDICA S.A. • T.C.M.E., quien labora para la empresa CONTIMÉDICA S.A. • C.C.M.E., quien labora para la empresa CONTIMÉDICA S.A. • A.A.B., quien labora para la empresa CONTIMÉDICA S.A. • M.F.P., quien labora para la empresa CONTIMÉDICA S.A.

Que, en el recorrido efectuado se encontró una Máquina Computadora con el código de inventario IQFARMA STAGENE_PENI-R11-NB-P6-SP1. o, se encontró un teléfono fijo con el código de inventario IQ FARMA 00235 — INVENTARIO ACTIVO FIJO 2014, encontrándose también a los trabajadores con un Fotocheck con el logo de las tres empresas IQ FARMA, PROMOFARMA, Y CONTIMÉDICA.

“4.19.- Qué, conforme a lo señalado en la Ley N° 29245 -Ley que regula los servicios de tercerización; en su artículo 2% “Se entiende por tercerización la contratación de empresas para que desarrollen actividades especializadas u obras, siempre que aquellos asuman los servicios prestados por su cuenta y riesgo; cuenten con sus propios recursos financieros, técnicos o materiales; sean responsables por los resultados de sus actividades y sus trabajadores estén bajo su exclusiva subordinación.

Constituyen elementos característicos de tales actividades, entre otros, la pluralidad de clientes, que cuenten con equipamiento, la inversión de capital y la retribución de la obra o servicio. En ningún caso se admite la sola provisión de personal”.

Que, de las actuaciones inspectivas de investigación se constató que no existe independencia administrativa entre la razón social IQ FARMA S.A. y las empresas PROMOFARMA S.A. y CONTIMÉDICA S.A. los trabajadores de la empresa PROMOFARMA están subordinados por directivos de la empresa IQ FARMA S.A. como se verificó en el recorrido de fecha 27 de agosto de 2019 como se indica en el punto 4.4 de Hechos Constatados. No acreditándose la separación física y funcional de los trabajadores de las empresas inspeccionadas. Asimismo, con vista a los Contratos de Locación de prestación de servicios se constató que no existe independencia entre las empresas inspeccionadas ya que la Gerente General de las tres empresas es la misma persona que firma para ambas partes la Sra. G.B.P.C.

Que, en los referido a la pluralidad de clientes se constató que la razón social PROMOFARMA S.A. sólo tiene como cliente a la empresa IQ FARMA S.A.

4.20.- Que, al no haberse acreditado el cumplimiento de lo dispuesto la normativa señalada en el punto anterior, quedarían desnaturalizados los contratos de locación exhibidos y referidos a la Tercerización de servicios.”

10 Fundamento 6.18 de la Resolución N° 025-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala. 11 Constitución Política del Perú, artículo 2.- Toda persona tiene derecho: (…) 24. A la libertad y a la seguridad personal. En consecuencia: (…) e. Toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. 12 TUO de la LPAG, Título Preliminar, artículo IV. Principios del procedimiento administrativo: (…) 9. Presunción de licitud. - Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario. 13 En el fundamento 3 de la STC recaída en el Expediente 08811-2005-PHC/TC, el Tribunal Constitucional señalo que el derecho a la presunción de inocencia “obliga al órgano jurisdiccional a realizar una actividad probatoria suficiente que permita desvirtuar el estado de inocente del que goza todo imputado, pues este no puede ser condenado solo sobre la base de simples presunciones”

empresas, cuyo objeto se encontraba directamente vinculado a la actividad principal de la empresa usuaria y cuya vigencia resultaba prolongada en el tiempo. Asimismo, del examen de los registros públicos se constató que IQ FARMA, PROMOFARMA S.A. y CONTIMÉDICA S.A. compartían una estructura directiva común, lo que evidenció la ausencia de autonomía societaria real entre las referidas empresas.

- Las empresas contratantes contaban con un Gerente General en común (Sra. G.B.P.C.).

- Se verificó la subordinación de los trabajadores bajo la dirección de la inspeccionada, toda vez que estos usan un único fotocheck donde se visualizan las tres razones sociales (PROMOFARMA S.A., INSTITUTO QUIMIOTERAPICO S A y CONTIMEDICA S.A.).

- Se constató la inexistencia de pluralidad de clientes, la razón social PROMOFARMA S.A. sólo tiene como cliente a la inspeccionada.

- No se ha acreditado la separación física de los trabajadores de las empresas tercerizadoras y de la inspeccionada.

de la conducta en el numeral 25.20 del artículo 25 del RLGIT resulta correcta, pues sanciona el incumplimiento de registrar trabajadores cuando existe relación laboral directa, debiendo desestimarse que se trate de una tipificación indebida o ajena a los hechos investigados.

Sobre el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse”.

“Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, (…), según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización” (énfasis añadido).

“7.7.2.2 (…)

También se señala de manera clara y precisa el mandato específico que debe cumplir el sujeto inspeccionado, así como el plazo para el cumplimiento de la normativa vulnerada siempre con relación a las materias inspeccionadas”.

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución— el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el

14 Aprobada mediante Resolución de Superintendencia N° 039-2016-SUNAFIL.

presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (énfasis añadido).

“6.26 La medida inspectiva de requerimiento, al ser una “orden dispuesta por la inspección de trabajo para el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo”15, debe contener un mandato claro y su entendimiento debe regirse por la razonabilidad, el deber de colaboración y la buena fe procedimental. En ese sentido, la medida de requerimiento debe cumplir con expresar el ámbito subjetivo y objetivo, siendo estos extremos suficientes para producir el resultado esperado por la medida: la rectificación de una situación antijurídica.

a) Ámbito subjetivo: En primer lugar, debe individualizar a los trabajadores afectados por el incumplimiento reprochado al sujeto inspeccionado;

b) Ámbito objetivo: En segundo lugar, a) debe identificar la afectación resultante de un comportamiento imputable al empleador —como ocurre en el caso de autos, al describirse el número de horas en sobretiempo laboradas, así como su incumplimiento en el pago— y, b) establecer cómo es que debe cumplirse dicha medida, es decir, qué acciones debe ejecutar el inspeccionado a fin de revertir la conducta reprochada. En ese sentido, el ámbito objetivo de la medida de requerimiento no se agota con la mención de la normativa legal vigente afectada o inobservada por el sujeto inspeccionado, sino que incluye el mandato de su cumplimiento, en la forma y modo esperado. (…)”. (énfasis añadido)

“25. Debemos señalar que, la legalidad, razonabilidad y proporcionalidad, deben ser analizadas en atención a los siguientes criterios, siguiendo dicho orden de prelación: 25.1. Legalidad. - Debe ser evaluada, partiendo del cumplimiento de lo dispuesto en el bloque de legalidad invocable, el cual está comprendido por los artículos 14 de la LGIT y 17 del RLGIT, sobre la medida inspectiva de requerimiento, estos deben haberse comprobado la existencia de una infracción y que la misma pueda ser objeto de subsanación. Siendo que, la naturaleza jurídica de la medida inspectiva de requerimiento es la de ser una medida correctiva que tiene como objeto revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado de manera previa al inicio del procedimiento sancionador, tal y como se señaló en el considerando 6.7 de

15 RLGIT, Numeral 20.3 del artículo 20.

la Resolución N° 018-2021-SUNAFIL/ TFL-Primera Sala, del 08 de junio de 2021, recaída en el Expediente N° 1098-2016-SUNAFIL/ILM/SIRE4. (…)” (Énfasis agregado)

“7.7.2.2 En la medida inspectiva de requerimiento, paralización o prohibición de trabajos o tareas, los Inspectores actuantes detallan y describen de forma clara, precisa y concisa los hechos o actos constitutivos de infracciones sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo, los trabajadores afectados, las normas vulneradas, el numeral respectivo del RLGIT que tipifica los hechos como infracciones, los periodos de comisión de las infracciones y el riesgo grave o inminente advertido, según corresponda. (…)”

Figura N° 01 Medida Inspectiva de Requerimiento

En consecuencia, la observancia de la Directiva constituye una manifestación del principio de legalidad y no un requisito formal accesorio.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación

No acreditó haber registrado en su

planilla electrónica a los doscientos

veinticinco (225) trabajadores

1 Relaciones señalados en el numeral 6 de la Numeral 25.20 del Laborales presente resolución, de las artículo 25 del RLGIT empresas CONTIMÉDICA S.A. y MUY GRAVE

PROMOFARMA S.A. al verificarse

que se habría vulnerado la

normativa de tercerización.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por el Instituto Quimioterapico S.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 688-2023-SUNAFIL/ILM, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 5440-2020-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – DEJAR SIN EFECTO la sanción impuesta mediante la Resolución de Subintendencia de Sanción N° 0379-2023-SUNAFIL/ILM/SISA3, notificada el 27 de enero de 2023, confirmada a través de la Resolución de Intendencia N° 688-2023-SUNAFIL/ILM, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 688-2023-SUNAFIL/ILM, en el extremo referente a la infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.20 del artículo 25 del RLGIT.

CUARTO. – Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en las materias de su competencia.

QUINTO.- Notificar la presente resolución al Instituto Quimioterapico S.A., y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

SEXTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

20260128RZR - HR 45521-2019