EPS Sedachimbote

Mediante Orden de Inspección N° 1177-2022-SUNAFIL/IRE-ANC, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento de la normativa del ordenamiento jurídico sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 515-2022-SUNAFIL/IRE-ANC (en adelante, el Acta de Infracción). En mérito a la denuncia formulada en aplicación del inciso c) del artículo 12 de la LGIT.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 015-2023-SUNAFIL/IRE-ANC, de fecha 12 de enero de 2023, ese dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción, y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53° del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 309-2023-SUNAFIL/IRE-ANC-SIFN, de fecha 08 de junio de 2023 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Sanción de la Intendencia Regional de Ancash, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 584-2023-SUNAFIL/IRE-ANC-SISA, de fecha 26 de setiembre de 2023, multó a la impugnante por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 19 de octubre de 2023, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 584-2023-SUNAFIL/IRE-ANC-SISA.

Mediante Resolución de Intendencia N° 183-2023-SUNAFIL/IRE-ANC, de fecha 17 de noviembre de 2023, la Intendencia Regional de Ancash declaró infundado el recurso de apelación, confirmando la resolución de Sub Intendencia.

Con fecha 13 de diciembre de 2023, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Ancash el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 183-2023- SUNAFIL/IRE-ANC.

La Intendencia Regional de Ancash admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORANDUM-1317-2023-SUNAFIL/IRE-ANC, recibido el 03 de enero de 2024, por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299812, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299813, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo4 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR5, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR6 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N.º 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”7.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N.º 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En este orden de ideas, resulta indispensable que el Tribunal revise el cumplimiento del ordenamiento jurídico en materia sociolaboral- tanto adjetivo como sustantivo-, así como, vele por la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema de Inspección del Trabajo. La normativa adjetiva es aquella que garantiza a los administrados constituirse como sujetos del procedimiento administrativo dentro de la relación jurídico procedimental establecida en el marco del Sistema de Inspección del Trabajo. Cabe precisar que dicho análisis garantiza la vigencia del debido proceso en sede administrativa, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional8.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que EPS SEDACHIMBOTE S.A., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 183-2023-SUNAFIL/IRE-ANC,

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por EPS SEDACHIMBOTE S.A.

Previo al análisis de los alegatos materia de recurso, debe tenerse en cuenta que, mediante Resolución de Sala Plena N° 003-2022-SUNAFIL/TFL, vigente desde el 18 de agosto de 2022, este Tribunal estableció el precedente de observancia obligatoria, señalando que:

Lo anterior exige al administrado una mayor rigurosidad en la formulación de sus escritos de revisión, en la medida que, al tratarse de un recurso extraordinario, para que los fundamentos contenidos en este puedan ser conocidos y evaluados por el Tribunal, no basta que la resolución recurrida contenga la imposición de sanciones por infracciones muy graves, sino que su impugnación debe ceñirse estrictamente a los presupuestos básicos establecidos en el artículo 14 del Reglamento del Tribunal, esto es: 1) Debe cuestionar al menos una infracción tipificada y calificada como muy grave, en el RLGIT, o en caso de omisión, el razonamiento empleado es suficiente para deducir ello, y; 2) Este cuestionamiento debe sustentarse necesariamente, en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas que rigen el derecho laboral, y/o en el apartamiento inmotivado de algún precedente de observancia obligatoria emitido por este Tribunal, que haya incidido directa o indirectamente, en la determinación de las infracciones.

Y es que, en ciertos casos, se aprecia la existencia de recursos de revisión donde, impugnándose una resolución que confirma la imposición de una sanción económica por la comisión de alguna infracción tipificada como muy grave en el RLGIT; no se cuestiona expresamente dicha infracción de forma directa o siquiera indirecta (cuando no se plantea algún razonamiento que pueda permitir deducir ello). Tal situación implica que tales recursos promueven asuntos fuera de la competencia material de este Tribunal, debiendo este órgano colegiado declarar la improcedencia, conforme a la normativa que rige su actuación.”

Del recurso de revisión, se evidencia que estos alegatos son generales, no vinculados a los criterios antes señalados, esto es, algunos de los fundamentos del recurso no se sustentan en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal, así como tampoco se encuentran vinculados a la infracción muy grave materia de sanción. Por lo tanto, corresponde a esta instancia analizar solo los fundamentos vinculados a los aspectos señalados en el precedente antes invocado y/o los referentes a la

Sobre el particular, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

El Tribunal Constitucional -máximo intérprete de la Constitución- se ha pronunciado en numerosas oportunidades en relación con el derecho al debido procedimiento, estableciendo una reiterada y uniforme jurisprudencia al respecto, como lo recuerda la Sentencia recaída en el Expediente N° 04289-2004-AA/TC:

En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional, en el fundamento jurídico 5 de la sentencia recaída en el expediente N° 02098-2010-AA/TC, señaló que no solo existe base constitucional o jurisprudencial para la configuración y desarrollo del derecho al debido procedimiento, sino que existe sustento convencional, a saber:

Conforme a ello, dada la claridad expositiva del Tribunal Constitucional, así como de la norma contenida en el TUO de la LPAG, respecto de los alcances del derecho al debido procedimiento, debe analizarse el caso concreto en relación con las vulneraciones alegadas por la impugnante, respecto a la debida motivación.

Con relación al derecho o garantía de la motivación de las decisiones que afecten los intereses de la impugnante, es importante recalcar que el principio de debido procedimiento se encuentra relacionado con la exigencia de la debida motivación del acto administrativo. Lo anterior se desprende de la necesidad de que sea una garantía a favor de los administrados de exponer sus argumentos, ofrecer y producir pruebas y, a su vez, a obtener una decisión por parte de la autoridad administrativa motivada y fundada en derecho.

En ese contexto, en el mencionado principio se establece como uno de los elementos esenciales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa, el atribuir a la autoridad que emite el acto administrativo la obligación de sujetarse al procedimiento establecido y a respetar las garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo.

Partiendo de ello, resulta relevante traer a colación el requisito de la motivación de las resoluciones, señalado en el numeral 4 del artículo 3 del TUO de la LPAG, en concordancia con el artículo 6 del citado instrumento; en virtud del cual, todo acto administrativo debe estar motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.

Sobre el particular, el Tribunal Constitucional ha tenido la oportunidad de pronunciarse en más de una ocasión estableciendo, incluso, criterios jurisprudenciales al respecto. A este entender, el propio Tribunal Constitucional recopiló en la Sentencia recaída en el Expediente N° 00312-2011-AA/TC, una serie de elementos vinculados a la motivación de los actos administrativos, resaltando la definición de la naturaleza jurídica de la motivación de actos administrativos: ser una garantía constitucional que busca evitar la arbitrariedad de la Administración. Señaló el Tribunal Constitucional, además, lo siguiente:

Conforme a ello, la motivación deberá ser expresa a efectos de que el acto administrativo que sustenta sea emitido a partir de una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso y donde se expongan las razones jurídicas que justifiquen su adopción; no siendo admisibles como motivación las fórmulas que, por su contradicción, no resulten esclarecedoras para la motivación del acto.

Asimismo, conforme con el fundamento jurídico 4 de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional del 08 de febrero de 2022 (expediente 349-2021-PA/TC), toda decisión judicial debe cumplir con cuatro requisitos para que cumpla con el deber de motivación, lo que lleva a contemplarlas en su extensibilidad al ámbito administrativo del presente expediente: 1) coherencia interna, para comprobar que lo decidido se deriva de premisas establecidas por el órgano resolutivo en su fundamentación; 2) justificación de las premisas externas, que aluden al respaldo probatorio de los hechos y sobre el derecho considerado por el órgano al

En el caso en particular, del examen efectuado por esta Sala sobre la resolución emitida por la instancia de apelación, se puede observar que los cuatro elementos antes referidos, pueden ser satisfactoriamente comprobados, toda vez que, de la resolución impugnada se verifica que en sus fundamentos se ha absuelto todos los extremos alegados por la impugnante en su recurso de apelación, de manera suficiente y congruente. Del mismo modo, atendiendo al desarrollo de la resolución impugnada, se advierte que la instancia de apelaciones establece la fundamentación jurídica que respalda su decisión; asimismo, efectuó el análisis detallado de los medios probatorios que respaldan la misma, así como los hechos constatados en el acta de infracción. En similar sentido, se advierte que las instancias previas han evaluado los descargos presentados por la impugnante en cada oportunidad. Cabe señalar que de la revisión del acta de infracción se advierte la correcta fundamentación sobre la configuración de la infracción imputada y de su momento, determinando la conducta infractora y la fundamentación jurídica al respecto.

Por lo tanto, de manera formal y material, el debido procedimiento ha sido respetado dentro del trámite del procedimiento sancionador, no evidenciándose vulneración alguna a dicho principio ni al deber de motivación, encontrándose debidamente acreditadas la infracción imputada. Así como, se advierte, se ha respetado la garantía del derecho de defensa de la administrada durante el procedimiento, por lo menos en su alcance general.

En el ejercicio de la labor inspectiva, los inspectores de trabajo se encuentran facultados a realizar sus labores orientadas a la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, por lo que pueden adoptar acciones orientadas a ello, entre las que se encuentra la emisión de medidas inspectivas de requerimiento.

El artículo 14 de la LGIT establece lo siguiente, respecto de las medidas de requerimiento: “Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas.

Es decir, la naturaleza jurídica de la medida inspectiva de requerimiento es la de ser una medida correctiva, que tiene como objeto revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado de manera previa al inicio del procedimiento sancionador. En aquellos casos en los que el inspector tiene conocimiento de lo insubsanable de la conducta o de la imposibilidad del sujeto inspeccionado de cumplirla, su emisión -a consideración de esta Sala- atenta contra el Principio de Razonabilidad. Por ello, la LGIT señala que la emisión de medidas de requerimiento constituye una potestad de los inspectores de trabajo, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización en aquellos supuestos en los que la autoridad determine que la vulneración o infracción del ordenamiento

De conformidad con lo establecido en el numeral 5.3 del inciso 5 del artículo 5 de la LGIT, los inspectores del trabajo están investidos de autoridad, y facultados para requerir al sujeto responsable que, en un plazo determinado, adopte medidas en orden al cumplimiento de la normativa del orden sociolaboral, incluso con su justificación ante el inspector que ha realizado el requerimiento. Sobre ello, el numeral 13.5 del artículo 13 del RLGIT establece que, dichas medidas, se adoptan dentro del plazo establecido para la realización de las actuaciones de investigación o comprobatorias a que se refieren los numerales 13.3 y 13.4 del artículo 13 del mismo reglamento.

A su vez, el numeral 20.3 del artículo 20 del RLGIT, ha establecido que las medidas de requerimiento son órdenes dispuestas, por la inspección del trabajo, para el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo. Así como que éstas pueden consistir en ordenar al empleador, siempre que se fundamente en el incumplimiento de la normatividad legal vigente, la paralización o prohibición inmediata de trabajo o tareas por inobservancia de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, entre otras.

Cabe indicar que la inobservancia o el incumplimiento de la medida de requerimiento genera la infracción calificada como muy grave a la labor inspectiva, prevista en el inciso 46.7 del artículo 46 del RLGIT, por no cumplir oportunamente con el requerimiento de la adopción de medidas para el cumplimiento de la normativa de orden sociolaboral. Asimismo, cabe precisar que esta infracción a la labor inspectiva se generaría con independencia, y en forma adicional, a las identificadas dentro del marco de la ejecución a la labor inspectiva en materias sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo.

Por otro lado, de conformidad con el precedente administrativo de observancia obligatoria aprobado mediante Resolución de Sala Plena N° 002-2022-SUNAFIL/TFL, publicado el 06 de mayo de 2022 en el diario oficial El Peruano, la evaluación de los alegatos relativos a las medidas inspectivas de requerimiento deben de encontrarse vinculadas bajo los siguientes aspectos:

De esta forma, se comprende que en búsqueda del cumplimiento efectivo de la medida inspectiva, el inspector debe otorgar entonces al inspeccionado un plazo razonable para su cumplimiento, tal como lo señalaba la entonces vigente “Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII - Directiva sobre el ejercicio de la función inspectiva”10.

En similar sentido -y de manera referencial – la versión 2 de la Directiva N° 001-2020- SUNAFIL/INII, aprobada mediante Resolución de Superintendencia N° 216-2021-SUNAFIL, del 10 de agosto de 2021, mantiene el mismo enfoque al detallar los factores para el establecimiento del plazo de cumplimiento en el numeral 7.15.5.

De la verificación de la resolución impugnada, se advierte que se ha sancionado a la administrada por infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Se observa, además, que la medida inspectiva de requerimiento, de fecha 04 de octubre de 2022, contenía mandatos sobre adeudos sociolaborales, en la cual se le requería a la administrada proceda a acreditar el pago de vacaciones a favor de su ex trabajador, el Sr. Rodríguez, respecto al periodo vacacional 2021-2022 y pago de vacaciones truncas, otorgándole un plazo de cuatro (04) días, para dar cumplimiento a tal requerimiento, esto es, hasta el 11 de octubre de 2022. No obstante, dentro del plazo otorgado, la administrada presentó una serie de documentos11, los mismos que fueron objeto de valoración por parte del inspector comisionado, conforme se advierte del contenido del acta de infracción (apartado 4.5.2.3), donde se concluyó que la impugnante no había acreditado el cumplimiento de lo requerido respecto de dicho trabajador en materia sociolaboral, por ende, configurándose la infracción contenida en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

En este sentido, advirtiendo que el plazo otorgado al administrado para dar cumplimiento a la misma era razonable- cuatro (04) días hábiles-, consistente en acreditar el cumplimiento de pago vacaciones periodo 2021-2022, lo que era adecuado, siendo que la administrada incumplió dicho mandato, se concluye que la medida inspectiva de requerimiento de fecha 04 de octubre de 2022, ha respetado la legalidad, razonabilidad y proporcionalidad debida, por lo que resultaba válida a efectos de ser atendida, verificándose que no se le dio cumplimiento. Determinándose que la infracción contenida en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT se ha configurado.

Es oportuno señalar que este Tribunal, mediante Resolución de Sala Plena N° 001-2021- SUNAFIL/TFL, que constituye precedente de observancia obligatoria, reconoce la naturaleza independiente de las infracciones contra la labor inspectiva, señalando: “los actos o hechos que impiden o dificulten la labor inspectiva y que se consignan en el acta de infracción, constituyen infracciones que no tienen una naturaleza secundaria, adjunta ni dependiente respecto de posibles infracciones ocurridas y detectadas en la visita inspectiva, referentes a

Que, en ese contexto, debemos tener en cuenta el precedente administrativo de observancia obligatoria contenido en la Resolución de Sala Plena N° 010-2025-SUNAFIL/TFL, publicado el 22 de octubre de 2025, que en sus fundamentos 6.44 y 6.45 establece:

Al respecto, y como se ha indicado, prevalece el carácter unitario de la medida inspectiva, por lo que se determina que es correcta y razonable la determinación del comisionado sobre el incumplimiento generado a la medida inspectiva de requerimiento, toda vez, que se advierte que en el caso de autos se ha configurado, por lo menos respecto a uno de los trabajadores afectados, el Sr. Rodríguez, sobre el cual se solicitó el cumplimiento de la Medida de Requerimiento de fecha 04 de octubre de 2022, teniendo como plazo máximo para su presentación hasta el 11 de octubre de 2022 para dar cumplimiento.

Al respecto, corresponde hacer una evaluación de los argumentos de la inspeccionada, sobre la supuesta invalidez de la multa impuesta por el incumplimiento al mandato inspectivo de fecha 04 de octubre de 2022. Que, los argumentos del administrado en cuanto a la presente infracción se pueden resumir en que la administrada alega básicamente : i) De las constancias de Actuaciones Inspectivas de Investigación, así como de los requerimientos de comparecencia, se evidencia que se ha sustentado el pago de goce vacacional del ex trabajador Manuel Rodríguez S.; ii) El inspector no ha valorado el contenido de la boleta periodo junio 2022, por el contrario, en el informe final señala que los ingresos, el concepto de vacaciones tiene monto cero; en la parte superior, considera en el rubro detalle: 2022 junio de los ingresos, diferenciándolo de otros conceptos; iii) No se comprueba que se haya incumplido con el deber de colaboración, por lo que se debió analizar si correspondía o no emitir sanción; considerando para dicho efecto que la impugnante acreditó el cumplimiento. Precisándose que el cumplimiento tardío a los requerimientos no constituye necesariamente una negativa al deber de colaboración

Al respecto, y conforme se advierte de las actuaciones inspectivas, el sujeto inspeccionado pretende cuestionar la validez de lo determinado en el contenido del Acta de Infracción, advirtiéndose, de sus manifestaciones, alegaciones genéricas, sin contenido o desarrollo respecto a la valoración de los supuestos medios de prueba presentados, aduciendo, sin ninguna especificación, cómo es que, en concreto, se habría dado cumplimiento a la Medida Inspectiva de Requerimiento, realizándose alegaciones sobre su supuesta acreditación. Así, aun cuando manifiesta que el inspector no ha valorado el contenido de la boleta periodo junio 2022 presentada, se debe tener en cuenta que dicho análisis se conecta a la constatación de las infracciones determinadas como graves, no siendo materia de competencia de esta Sala su evaluación; no obstante, y a efectos de dar respuesta a las alegaciones que, de alguna forma involucran a la Infracción MUY GRAVE, se advierte que sí se encuentra contenido dentro del Acta de Infracción N° 515-2022-SUNAFIL/IRE-ANC dicho análisis; así, del contenido de la misma, el inspector comisionado advierte que no existe monto alguno por concepto de remuneración vacacional del periodo materia de requerimiento (2021-2022), pues consta en la misma el monto cero (0); y, sobre tal particular requerimiento no se ha exhibido otro documento que lo contenga. Advierte, asimismo, que dentro de la información presentada por la administrada ante la Medida de Requerimiento de fecha 04 de octubre de 2022, lejos de darse cumplimiento, se habría efectuado la siguiente anotación: “pago ordinario de vacaciones en junio -2022. No goce, no corresponde a trabajador de dirección, Gerente General, acuerdo de directorio N° 213-2020 y 004-2022” (fojas diez (10) del Acta de Infracción).

Así, de los actuados, esta Sala logra advertir que la impugnante habría presentado una Liquidación de Beneficios Sociales, de fecha 10 de octubre del 2022, estableciendo que a su ex trabajador, el Sr. Rodríguez, no le corresponde dicho concepto, conforme es de advertir de la imagen adjunta. En ese sentido, es más que claro el incumplimiento al mandato efectuado sobre la medida de requerimiento de fecha 04 de octubre de 2022, pues no es cierto que la administrada haya dado cumplimiento en etapa de actuaciones inspectivas sobre la acreditación de pago, toda vez que de la información que presenta sobre este apartado en dicha etapa, se advierte la contradicción de tales argumentos mediante la información presentada por la administrada, y que no fue rebatida entonces; asimismo, esto fue advertido por el inspector a través de Acta de Infracción, sin que posterior a ello se haya desvirtuado tal incumplimiento con la emisión de sus descargos de fecha 26 de enero de 2023, corroborándose la validez de la determinada infracción contenida en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

En este sentido, carece de objeto lo indicado por la administrada, respecto a que no se comprueba que se haya incumplido con el deber de colaboración, por lo que se debió analizar si correspondía o no emitir sanción; considerando para dicho efecto que la impugnante acreditó el cumplimiento; pues, debe tenerse en cuenta que el incumplimiento al requerimiento inspectivo ha sido merituado por las instancias previas, habiéndose además corroborado el mismo de la revisión de las actuaciones inspectivas dentro de la OI; en este sentido, se ha materializado la infracción tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, la cual se configuró el 11 de octubre de 2022, al vencimiento del plazo del requerimiento inspectivo efectuado el 04 de octubre de 2022, siendo que se le dio a la inspeccionada cuatro (04) días para su cumplimiento, lo que incumplió, siendo que en tanto se advirtió de los actuados que la boleta de pago al mes de junio de 2022, contenía en su detalle monto (0) por pago de vacaciones, se le solicitó cumpla con la medida de requerimiento, sin advertir la presentación de documentación complementaria que acreditara su efectivo abono por ejemplo. Habiéndose emitido el acta de infracción correspondiente.

Asimismo, se debe señalar que la infracción sancionada en el presente procedimiento administrativo es por la configuración de una infracción a la labor inspectiva, esto es, por el incumplimiento en el deber de colaboración de la impugnante, infracción independiente a cualquier incumplimiento en materia sociolaboral en la que se podría haber incurrido. De esta forma, se desestiman por dichas razones también, los argumentos de la impugnante respecto a supuestos cumplimientos tardíos efectuados, debiendo desestimarse también

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador sería la que corresponde a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.