Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad Electro Norte Medio S.A. - Hidrandina

Mediante Orden de Inspección N° 161-2019-SUNAFIL/INSSI, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (en adelante, SST)1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 151-2019-SUNAFIL/INSSI (en adelante, el Acta de Infracción). En mérito a la denuncia formulada en aplicación del inciso c) del artículo 12 de la LGIT.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 1529-2020-SUNAFIL/ILM/AI2, notificada el 19 de octubre de 2021, se inició la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006- TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53° del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 377-2022-SUNAFIL/ILM/AI2 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de la conducta infractora imputada a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Sanción 5 de la Intendencia de Lima Metropolitana, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia de Sanción N° 694-2022-SUNAFIL/ILM/SIRE5, notificada el 06 de julio de 2022, multó a la impugnante por haber incurrido en la siguiente infracción:

Con fecha 26 de julio de 2022, la impugnante interpuso recurso de reconsideración contra la Resolución de Sub Intendencia de Sanción N° 694-2022-SUNAFIL/ILM/SIRE5. Asimismo, mediante Resolución de Sub Intendencia N° 930-2022-SUNAFIL/ILM/SISA5, notificada el 9 de setiembre de 2022, se declaró infundado el recurso de reconsideración.

Con fecha 29 de setiembre de 2022, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 930-2022-SUNAFIL/ILM/SISA5.

Mediante Resolución de Intendencia N° 282-2023-SUNAFIL/ILM, notificada el 10 de abril de 2023, la Intendencia de Lima Metropolitana declaró infundado el recurso de apelación.

Con fecha 29 de abril de 2023, la impugnante presentó ante la Intendencia de Lima Metropolitana el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 282- 2023-SUNAFIL/ILM, solicitando informe oral.

La Intendencia de Lima Metropolitana admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORANDUM-000404-2024- SUNAFIL/ILM, recepcionado el 7 de febrero de 2024 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299812, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299813, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo4 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR5, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR6 (en adelante, el Reglamento

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG) establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe otorgarle esta facultad al administrado mediante ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificada por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias7.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que la EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NORTE MEDIO S.A. – HIDRANDINA presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 282-2023- SUNAFIL/ILM, que confirmó la sanción impuesta por la comisión de una (01) infracción MUY GRAVE en materia de SST, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día siguiente hábil de la notificación de la citada resolución; esto es, el 11 de abril de 2023.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por la EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NORTE MEDIO S.A. – HIDRANDINA.

Previo al análisis de los alegatos materia de recurso, debe tenerse en cuenta que, mediante Resolución de Sala Plena N° 003-2022-SUNAFIL/TFL, vigente desde el 18 de agosto de 2022, este Tribunal estableció el precedente de observancia obligatoria, señalando que:

Lo anterior exige al administrado una mayor rigurosidad en la formulación de sus escritos de revisión, en la medida que, al tratarse de un recurso extraordinario, para que los fundamentos contenidos en este puedan ser conocidos y evaluados por el Tribunal, no basta que la resolución recurrida contenga la imposición de sanciones por infracciones muy graves, sino que su impugnación debe ceñirse estrictamente a los presupuestos básicos establecidos en el artículo 14 del Reglamento del Tribunal, esto es: 1) Debe cuestionar al menos una infracción tipificada y calificada como muy grave, en el RLGIT, o en caso de omisión, el razonamiento empleado es suficiente para deducir ello, y; 2) Este cuestionamiento debe sustentarse necesariamente, en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas que rigen el derecho laboral, y/o en el apartamiento inmotivado de algún precedente de observancia obligatoria emitido por este Tribunal, que haya incidido directa o indirectamente, en la determinación de las infracciones.

Y es que, en ciertos casos, se aprecia la existencia de recursos de revisión donde, impugnándose una resolución que confirma la imposición de una sanción económica por la comisión de alguna infracción tipificada como muy grave en el RLGIT; no se cuestiona expresamente dicha infracción de forma directa o siquiera indirecta (cuando no se plantea algún razonamiento que pueda permitir deducir ello). Tal situación implica que tales recursos promueven asuntos fuera de la competencia material de este

Del recurso de revisión se evidencia que algunos alegatos son generales, no vinculados a los criterios antes señalados, esto es, algunos de los fundamentos del recurso no se sustentan en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal, así como tampoco se encuentran vinculados a las infracciones muy graves materia de sanción. Por lo tanto, corresponde a esta instancia analizar solo los fundamentos vinculados a los aspectos señalados en el precedente antes invocado y/o los referentes a la invocación de la afectación del debido procedimiento8, no correspondiendo pronunciarse sobre los alegatos que no se encuentren en dichos presupuestos.

En principio, dado los argumentos expresados por la impugnante, este Tribunal debe realizar un análisis respecto a la aplicación del principio del debido procedimiento en el presente caso y su relación con la validez de los actos administrativos emitidos en el marco del expediente en alusión.

Sobre el particular, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

A su vez, el numeral 2 del artículo 248° del TUO de la LPAG señala que:

Concordante a ello, la LGIT, desarrolla en su artículo 44, los principios generales del procedimiento sancionador, entre ellos: “(…) a) Observación del debido proceso, por el que las partes gozan de todos los derechos y garantías inherentes al procedimiento sancionador, de manera que les permita exponer sus argumentos de defensa, ofrecer pruebas y obtener una decisión por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo debidamente fundada en hechos y en derecho (…)”.

El Tribunal Constitucional -máximo intérprete de la Constitución- se ha pronunciado en numerosas oportunidades en relación con el derecho al debido procedimiento, estableciendo una reiterada y uniforme jurisprudencia al respecto, como lo recuerda la Sentencia recaída en el Expediente N° 04289-2004-AA:

En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional, en el Fundamento Jurídico 5 de la Sentencia recaída en el Expediente N° 02098-2010-AA señaló que no solo existe base Constitucional o jurisprudencial para la configuración y desarrollo del derecho al debido procedimiento, sino que existe sustento Convencional, a saber:

Conforme a ello, dada la claridad expositiva del Tribunal Constitucional, así como de la norma contenida en el TUO de la LPAG y la LGIT, respecto de los alcances del derecho al debido procedimiento, debe analizarse el caso concreto en relación con la vulneración alegada.

Con relación al derecho o garantía de la motivación de las decisiones que afecten los intereses de la impugnante, es importante recalcar que el principio de debido procedimiento se encuentra relacionado con la exigencia de la debida motivación del acto administrativo. Lo anterior se desprende de la necesidad de que sea una garantía a favor de los administrados de exponer sus argumentos, ofrecer y producir pruebas y, a su vez, a obtener una decisión por parte de la autoridad administrativa motivada y fundada en derecho.

En ese contexto, en el mencionado principio se establece como uno de los elementos esenciales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa, el atribuir a la autoridad que emite el acto administrativo la obligación de sujetarse al procedimiento establecido y a respetar las garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo.

Partiendo de ello, resulta relevante traer a colación el requisito de la motivación de las resoluciones, señalado en el numeral 4 del artículo 3 del TUO de la LPAG, en concordancia con el artículo 6 del citado instrumento; en virtud del cual, todo acto administrativo debe estar motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.

Sobre el particular, el Tribunal Constitucional ha tenido la oportunidad de pronunciarse en más de una ocasión estableciendo, incluso, criterios jurisprudenciales al respecto. A este entender, el propio Tribunal Constitucional recopiló en la Sentencia recaída en el Expediente N° 00312-2011-AA una serie de elementos vinculados a la

Conforme a ello, la motivación deberá ser expresa a efectos de que el acto administrativo que sustenta sea emitido a partir de una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso y donde se expongan las razones jurídicas que justifiquen su adopción; no siendo admisibles como motivación las fórmulas que, por su contradicción, no resulten esclarecedoras para la motivación del acto.

En efecto, nuestro ordenamiento jurídico ha establecido algunos alcances sobre la exigencia de la motivación de las resoluciones en el ámbito de la actuación administrativa, siendo que, en los numerales 1.2 y 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG se establecen dos reglas generales vinculadas a la

Del marco expuesto se concluye que la motivación exige que, en la justificación de la decisión adoptada por parte de la Autoridad Administrativa respecto a la determinación de responsabilidad por conductas contra el ordenamiento administrativo, se realice la exposición de la valoración de los medios probatorios y/o argumentos que el administrado formule durante el desarrollo del procedimiento administrativo sancionador, en aras de desvirtuarlos conforme a la normativa vigente; ello como garantía del debido procedimiento administrativo.

Respecto a la infracción tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, se advierte que la administrada alega la vulneración del derecho al debido procedimiento, específicamente en su manifestación referida al derecho a solicitar y ejercer el uso de la palabra, al no habérsele otorgado ni haberse emitido pronunciamiento alguno sobre la solicitud de informe oral oportunamente formulada ante la autoridad de segunda instancia.

Así, se evidencia que dicho cuestionamiento no se encuentra orientado a controvertir el fondo de la imputación efectuada, sino a evidenciar un vicio procedimental que incide directamente en la validez del acto administrativo sancionador, cuya eficacia jurídica depende del respeto de las garantías que estructuran el procedimiento administrativo sancionador. En tal sentido, corresponde a este Tribunal analizar dicho alegato desde una perspectiva procedimental, en relación con la validez del acto administrativo emitido.

Al respecto, en el marco del procedimiento administrativo sancionador, el derecho al debido procedimiento constituye un requisito de validez del ejercicio de la potestad

Dicha exigencia adquiere especial relevancia en el ámbito sancionador laboral, en el cual, conforme al artículo 44 de la LGIT, la Administración se encuentra obligada a observar el debido procedimiento, garantizando que las partes puedan exponer sus argumentos de defensa y obtener una decisión debidamente fundada en hechos y en derecho. En este contexto, la observancia del debido procedimiento no constituye una facultad discrecional de la autoridad, sino un mandato normativo imperativo, de modo que cualquier actuación u omisión que restrinja injustificadamente las garantías procedimentales reconocidas por el ordenamiento jurídico compromete la regularidad del procedimiento sancionador y afecta la legitimidad de la decisión que se adopte en su culminación.

En ese contexto, el deber de motivación previsto en el artículo 6 del TUO de la LPAG se erige como una manifestación esencial del debido procedimiento, en tanto permite al administrado conocer las razones que sustentan las decisiones de la Administración, controlar su razonabilidad y ejercer adecuadamente su derecho de impugnación. La motivación, en sede administrativa sancionadora, cumple así una función de garantía frente a la arbitrariedad, en cuanto asegura la trazabilidad del razonamiento decisorio seguido por la autoridad, y no se circunscribe únicamente a la justificación del sentido final de la resolución sancionadora, sino que comprende también la obligación de la autoridad administrativa de pronunciarse de manera expresa y motivada sobre las solicitudes e incidencias procedimentales formuladas oportunamente por el administrado, cuando estas guardan relación directa con el ejercicio de su derecho de defensa.

Al respecto, si bien el derecho a solicitar el uso de la palabra constituye una de las garantías implícitas del debido procedimiento administrativo, establecidas en el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, su ejercicio efectivo exige no solo la posibilidad de formular la solicitud correspondiente, sino también que la autoridad administrativa emita un pronunciamiento expreso sobre la misma, ya sea para concederla o, de ser el caso, denegarla de manera debidamente motivada. Ello resulta consustancial al derecho de defensa y al deber de motivación que rige toda actuación administrativa sancionadora, en tanto el silencio de la autoridad frente a una solicitud procedimental relevante priva al administrado de conocer si su petición fue evaluada conforme a derecho, impidiendo que pueda ejercer un control efectivo sobre la actuación administrativa y, de ser el caso, impugnarla.

En esa línea, la versión 2 de la Directiva N° 001-2017-SUNAFIL/INII, aprobada mediante Resolución de Superintendencia N° 190-2021-SUNAFIL, regula de manera específica el ejercicio del derecho a solicitar el uso de la palabra dentro del procedimiento sancionador del Sistema de Inspección del Trabajo, estableciendo que:

En el caso concreto, se advierte que la resolución de sanción, Resolución de Sub Intendencia de Sanción N° 694-2022-SUNAFIL/ILM/SIRE5 fue notificada el 6 de julio de 2022, otorgándosele un plazo de quince (15) días hábiles para la interposición de los recursos impugnatorios, plazo dentro del cual la administrada se encontraba plenamente habilitada para ejercer las garantías procedimentales reconocidas por el ordenamiento jurídico aplicable.

De la revisión integral de los actuados, se verifica que, el 26 de julio de 2022, la impugnante presentó oportunamente su recurso de reconsideración, solicitando expresamente, en su primer otrosí, que se le conceda el uso de la palabra a efectos de informar oralmente sus alegatos, conforme se evidencia a continuación:

No obstante ello, de la revisión de la Resolución de Sub Intendencia N° 930-2022- SUNAFIL/ILM/SISA5, se advierte que la autoridad de primera instancia no emitió pronunciamiento alguno respecto de la solicitud de informe oral presentada por la administrada, omitiendo tanto su concesión como su denegatoria motivada, pese a tratarse de una petición procedimental expresa y oportunamente formulada, incumpliendo con el deber normativo de emitir un pronunciamiento expreso sobre las incidencias planteadas por los administrados dentro del procedimiento, de conformidad con las reglas que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa.

Dicha omisión no constituye un aspecto accesorio del procedimiento, sino que incide directamente en el contenido esencial del derecho de defensa en sede administrativa sancionadora. En efecto, el informe oral —cuando ha sido solicitado conforme a las reglas procedimentales vigentes— no es una mera formalidad, sino un mecanismo previsto para que el administrado sea oído y pueda complementar sus alegatos antes de que la autoridad adopte una decisión que afecta sus intereses, permitiendo una interacción oral entre la Administración y el administrado antes de la imposición de una sanción.

En tal sentido, el deber de motivación no se agota en justificar el sentido final del acto sancionador, sino que comprende también la obligación de brindar respuesta a las solicitudes procedimentales relevantes formuladas por los administrados, pues solo así se garantiza la certeza del administrado respecto del itinerario decisorio seguido por la Administración y se evita que la decisión se perciba como producto de una apreciación unilateral o arbitraria, proscrita por los principios que rigen la potestad sancionadora administrativa.

Así, la falta de pronunciamiento sobre la solicitud de uso de la palabra vulnera el derecho al debido procedimiento, al restringir la posibilidad real de defensa de la administrada y quebrantar el deber de motivación exigido por el artículo 6 del TUO de la LPAG, afectando la regularidad del procedimiento sancionador y la validez del acto administrativo emitido, al haberse prescindido de una garantía procedimental prevista expresamente por el ordenamiento jurídico.

Bajo ese marco, el silencio de la autoridad sobre una solicitud de uso de la palabra presentada oportunamente supone un déficit de motivación en el plano procedimental, proscrito por el artículo 6 del TUO de la LPAG, al impedir conocer si la solicitud fue evaluada y, en su caso, cuáles fueron las razones objetivas para no acceder a ella. De este modo, la omisión compromete la regularidad del procedimiento y restringe la posibilidad real de defensa, en tanto priva a la administrada de una garantía expresamente reconocida y reglada por la Directiva, cuya observancia resulta exigible antes de la emisión del acto sancionador.

Cabe precisar que el vicio advertido no puede ser calificado como una irregularidad intrascendente ni resulta subsanable por las instancias de mérito posteriores, por dos razones principales:

En ese sentido, al haberse emitido la Resolución de Sub Intendencia N° 930-2022- SUNAFIL/ILM/SISA5 sin observar las garantías del debido procedimiento y el deber de motivación, dicho acto administrativo se encuentra afectado por un vicio de nulidad conforme a lo previsto en el artículo 10 del TUO de la LPAG, correspondiendo declarar su nulidad.

En ese entendido, es imperativo recalcar que las instancias del sistema responsables de la tramitación del procedimiento administrativo sancionador deben garantizar que la motivación comprenda todas las alegaciones de los administrados, analizando sus fundamentos de hecho y de derecho, y valorando los medios probatorios presentados y actuados; así como sustentando adecuadamente la aplicación, interpretación o integración normativa que corresponda a la absolución de cada una de las alegaciones planteadas, conforme a los precedentes o jurisprudencia constitucionalmente establecidos.

Respecto de la forma específica del vicio del acto administrativo identificado, debe precisarse que el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia no solo ha identificado sino ratificado el contenido constitucionalmente garantizado del derecho a la debida motivación de las resoluciones, por ejemplo, en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00728-2008-PHC/TC, precisa:

En consecuencia, esta Sala encuentra acreditada la vulneración al debido procedimiento, sustentada en una motivación aparente en el plano procedimental, la cual se configura en el presente caso en tanto la Sub Intendencia, si bien emitió un pronunciamiento sancionador que contiene referencias normativas y una reiteración de los hechos constatados, omitió emitir pronunciamiento alguno respecto de la solicitud de informe oral oportunamente formulada por la impugnante, privándola de conocer si dicha petición fue evaluada y, en su caso, las razones objetivas que justificarían su eventual denegatoria, afectando así una garantía procedimental expresamente reconocida por el ordenamiento jurídico aplicable.

Cabe precisar que, realizado el análisis de conservación del acto conforme al artículo 14 del TUO de la LPAG, el vicio advertido resulta trascendente y no se encuentra comprendido en las causales taxativamente previstas en el citado artículo, por cuanto no se trata de una deficiencia menor ni de una motivación parcial, sino de la omisión total de pronunciamiento sobre una incidencia procedimental relevante, configurándose así un supuesto de motivación aparente. Por ello, conforme al numeral 2 del artículo 10 del TUO de la LPAG, el acto administrativo deviene en nulo.

Por tanto, resulta imposible convalidar la omisión procedimental advertida por parte de la Sub Intendencia, al haberse vulnerado el derecho de defensa del administrado y el debido procedimiento. Debe recordarse que recae en la Administración el deber de conducir el procedimiento sancionador respetando las garantías procedimentales constitucionalmente reconocidas, asegurando que las decisiones que adopte — incluidas aquellas referidas a solicitudes procedimentales— sean emitidas de manera expresa, motivada y conforme al ordenamiento jurídico.

Estando a lo expuesto, este Tribunal ha identificado que la Resolución de Sub Intendencia N° 930-2022-SUNAFIL/ILM/SISA5, incurre en un vicio de nulidad derivado de la omisión de pronunciamiento sobre la solicitud de uso de la palabra, configurándose un defecto en el acto administrativo consistente en motivación

Conforme a lo anterior, se deberá retrotraer el procedimiento administrativo sancionador al momento en el cual se produjo el vicio inicial que motiva la nulidad; esto es, al momento de emisión de la Resolución de Sub Intendencia respectiva, a efectos que dicha instancia emita una nueva decisión, acorde a los argumentos contenidos en la presente Resolución.

El artículo 15 de la Ley N° 29981 señala que el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. En ese sentido, el artículo 14 del Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema”.

En el caso concreto, se han identificado vicios en el trámite del procedimiento administrativo sancionador que acarrean la nulidad de al menos un acto administrativo expedido por una autoridad del Sistema de Inspección del Trabajo.

En tal sentido, considerando que la Resolución de Sub Intendencia N° 930-2022- SUNAFIL/ILM/SISA5, ha sido emitida vulnerando el derecho al debido procedimiento administrativo, de conformidad con el numeral 12.1 del artículo 12 del TUO de la LPAG y el numeral 13.1 del artículo 13 del TUO de la LPAG, corresponde declarar la nulidad de la citada resolución y de los sucesivos actos u actuaciones del procedimiento, al haberse vulnerado los principios de debido procedimiento y motivación.

Conforme a lo anterior, se deberá retrotraer el procedimiento administrativo sancionador al momento en el cual se produjo el vicio inicial; esto es, al momento de emisión de la Resolución de Sub Intendencia respectiva, a efectos que dicha instancia emita una nueva decisión considerando los argumentos contenidos en la presente resolución, conforme a lo prescrito en el numeral 12.1 del artículo 12 del TUO de la LPAG.

Además, de remitir los actuados del presente procedimiento sancionador al Intendente respectivo y a la Gerencia General de SUNAFIL, a efectos que – de ser el caso – procedan conforme a sus competencias, en el marco del ejercicio de la potestad

Por otro lado, es oportuno señalar que para el caso específico de la infracción imputada es relevante y exigible el análisis del nexo causal requerido para su sanción, tal y como ha sido desarrollado por este Tribunal en la Resolución de Sala Plena N° 005-2022-SUNAFIL/TFL, que constituye precedente vinculante. Por lo que las conductas imputadas deben encontrarse relacionadas con comportamientos de la inspeccionada vinculados con los hechos inspeccionados que ocasionaron o contribuyeron al accidente de trabajo, no siendo válido recurrir a fórmulas genéricas de las que no se desprenda el nexo causal. De igual manera, recalcar que resulta exigible la correcta valoración de los medios probatorios presentados y recabados, así como el análisis de los pronunciamientos en calidad de precedentes que haya emitido este Tribunal sobre la materia.

Finalmente, por las consideraciones antes dichas, no corresponde pronunciarse sobre los otros alegatos planteados en el recurso de revisión.