Construcciones A Maggiolo S.A — Res. 440-2021

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Remuneraciones, Jornada, Horario de trabajo, Descanso remunerado, Seguridad social, Compensación por tiempo de servicio y Certificado de Trabajo. Erwin FAU 20555195444 soft 19:48:45-0500 PACHECO ZERGA Luz Imelda FAU 20555195444 soft

días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal a) del inciso 2) del artículo 52 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una infracción MUY GRAVE a la relación laboral, por no cumplir con la norma legal que obliga al abono de remuneración vacacional, vacaciones truncas e indemnización vacacional, conforme al numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT, ascendente a S/2,902.50. - Dos infracciones MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no asistir a la diligencia de comparecencia programada para los días 31 de enero y 07 de febrero de 2020, conforme al numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT, sanción ascendente a S/ 9,675.00. - Una infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento en la fecha de vencimiento de plazo, 21 de febrero de 2020, conforme al numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, sanción ascendente a S/ 9,675.00.

- La Autoridad Instructora dispuso que se practique actuaciones inspectivas de la investigación al sujeto inspeccionado Construcciones A. Maggiolo S.A., para verificar el cumplimiento de las normas en materia de relaciones socio laborales, empero, es de señalar que con fecha 14 de enero de 2021, es decir durante la secuencia del trámite del procedimiento inspectivo laboral del denunciante JIMMY HENRY CRUZ VALDEZ, no obstante haber formulado denuncia ante SUNAFIL ha interpuesto una demanda sobre los mismos derechos denunciados (beneficios sociales y otros beneficios) ante el Segundo Juzgado Especializado de Trabajo Permanente del callao (Exp. N° 0057-2021-0- 0701-JR-LA-01), por lo que se solicita proceder al cierre de la orden de inspección de referencia y se deje sin efecto lo resulto, por existir cuestión litigiosa en Sede Judicial.

2 Notificada el 16 de agosto de 2021.

- Al haberse emitido Informe Final de Instrucción, que a mérito de las actuaciones de fiscalización llevadas a cabo por el inspector de Trabajo designado, se propuso sanción en materia de las relaciones laborales y labor inspectiva, es así que, la Autoridad Sancionadora de Primera Instancia previo al análisis del expediente de investigación, expediente sancionador, argumentos y medios probatorios ofrecidos por el inspeccionado durante el procedimiento sancionador, concluyó en una relación a las infracciones detectadas por la omisión en el depósito de la compensación de servicios y la omisión en el pago respecto al concepto vacacional el inspeccionado acreditó su cumplimiento a favor de los señores HUARAJ PORTILLA PERCY DANIEL y CRUZ VALDEZ JIMMY HENRY, no obstante, la citada acreditación se realizó de manera posterior al inicio del procedimiento sancionador, razón por la cual el inferior en grado determinó la aplicación de la reducción de multa al 30% en ambas infracciones en atención al literal a) del artículo 40° de la LGIT.

- La Autoridad de Primera Instancia ha sancionado a la inspeccionada por no cumplir con asistir a dos (02) requerimiento de comparecencia de fechas 31 de enero de 2020 y 07 de febrero de 2020, así como o cumplir con la medida de requerimiento adoptado el 14 de febrero de 202, en perjuicio de los trabajadores HUARAJ PORTILLA PERCY DANIEL y CRUZ VALDEZ JIMMY HENRY a pesar de hacerse otorgado más de tres días hábiles de plazo en las tres diligencias inspectivas, incurrieron en infracción muy grave a la labor inspectiva, sobre cuyo extremo la inspeccionada no ha desvirtuado ni esbozado argumento alguno. Por lo tanto, esta Intendencia considera que el pronunciamiento de la Autoridad de Primera Instancia se encuentra debidamente motivado, debiendo confirmarse la sanción impuesta por dicho extremo.

- Se entiende que el avocamiento significa la posibilidad de un órgano resolutivo de ejercer o interferir con la labor de otro, de manera tal que le impide cumplir sus funciones o las sustituye, lo cual no sucede en el caso de las inspección de trabajo, toda vez que la misma en cada impide, limita o condiciona lo que el Poder Judicial en uso de su jurisdicción puede efectuar, salvo que hay emitido un mandato expreso que ordene a la autoridad administrativa que no siga desarrollando su competencia y esta haya hecho caso omiso, lo que no ha sucedido en el presente caso.

- Por lo expuesto, corresponde a la Autoridad Administrativa de Trabajo, establecer la responsabilidad de sanción del sujeto inspeccionado CONSTRUCCIONES A MAGGIOLO S.A., conforme se encuentra analizado y determinado por el inferior en grado a través de la Resolución de Sub Intendencia N° 49-202-SUNAFIL/IRE-CAL/SIRE, tanto más si el articulo 74 Carácter inalienable de la competencia administrativa, del Texto Único Ordenado de la ley del procedimiento Administrativo General (Decreto supremo 004- 2019-JUS) señala que: “7.4 solo por ley o mediante mandato judicial expreso, en un caso concreto pude ser exigible a una autoridad no ejercer alguna atribución administrativa

de su competencia”. Además, conviene precisa que el documento Casación Laboral N° 8389-2018Moquegua, que ofrece el inspeccionado como criterio para suspensión de los procedimientos inspectivos a cargo de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, no resulta ser precedente vinculante, por tanto, no es de carácter obligatoria su complimiento.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral

Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

normas de derecho laboral; y, ii) El apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal de Fiscalización Laboral.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE CONSTRUCCIONES A MAGGIOLO S.A

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 25 de agosto de 2021 la impugnante presentó recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 154-2021-SUNAFIL/IRE-CAL, argumentando lo siguiente:

- La Resolución de Intendencia N° 154-2021-SUNAFIL/IRE/CAL de fecha 12 agosto de 2021 señala en el caso materia de autos no resultaría de aplicación la suspensión y cierre del proceso inspectivo laboral por haber el denunciante judicializado sus pretensiones ante las instancias del Poder Judicial, habiéndose incurrido así en una clara manifiesta afectación al debido procedimiento laboral. - El Procedimiento judicial se inició el 23 de febrero de 2021, esto, es después del término de las actuaciones inspectivas de investigación generadas por la orden de inspección N° 2815- 2019-SUNAFIL/IRE/CAL, la cual concluyo con el Acta de Infracción de fecha 21 de febrero de 2020, siendo que corresponde a la inspección de trabajo el ejercicio de la función inspectiva, desconociendo así lo previsto en el art. 139°, Numeral 2 de la Constitución Política del Perú; “Ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes ante el Órgano Judicial no interferir en el ejercicio de sus funciones”. - La resolución apelada señaló que la Casación laboral N° 8389-2018-Moquegua había establecido un NUEVO CRITERIO RECTOR para la suspensión de los procedimientos inspectivos a cargo de la Superintendencia Nacional de Fiscalización laboral a cargo de dicha dependencia no puede llevarse a cabo NI CONCLUIRSE si en el transcurso de su desarrollo se toma conocimiento de la existencia de un proceso de fiscalización en la vía judicial incluso después de iniciado el proceso de fiscalización laboral la autoridad administrativa – en el cual se discuten los mismos derechos laborales (Pago de Beneficios Sociales) tal como se ha

ocurrido en el caso materia de autos). Asimismo, se observa que la Resolución de Intendencia N° 154-2021-SUNAFIL/IRE/CAL, no ha merituado en oportunidad de resolver Recurso de Apelación interpuesto por el sujeto inspeccionado, el artículo 7.2 de la Directiva N° 001-2020- SUNAFIL-INII, permitiendo que continúe en forma simultánea en giro dos procesos contra el sujeto inspeccionado: el Administrativo y el Judicial conjuntamente. - La motivación de la actuación administrativa es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones de una potestad reglada como discrecional, por lo que, el Tribunal Constitucional considera que la falta o su insuficiencia constituye una arbitrariedad y legalidad, resultando así contraria al debido procedimiento administrativo, tal como ha ocurrido por parte de la autoridad administrativa en el caso materia de autos.

Análisis Del Recurso De Revisión

SOBRE LA CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 6.1. De la revisión del procedimiento sancionador ha operado la caducidad, pues desde la fecha en la que se notificó el inicio del procedimiento, transcurrieron más de 9 meses sin que el procedimiento administrativo sancionador se haya resuelto. Al respecto, debemos señalar lo siguiente:

- El 11 de setiembre de 2020 inició el procedimiento con la notificación a la impugnante de la imputación de Cargos N° 336-2020-SUNAFIL/IRE-CAL/SIAI8.

- El 17 de junio de 2021 se emitió la Resolución de Sub Intendencia N° 498-2021- SUNAFIL/IRE-CAL/SIRE, siendo notificada el 21 de junio de 20219.

“Artículo 259.- Caducidad administrativa del procedimiento sancionador

1. El plazo para resolver los procedimientos sancionadores iniciados de oficio es de nueve (9) meses contados desde la fecha de notificación de la imputación de cargos. Este plazo puede ser ampliado de manera excepcional, como máximo por tres (3) meses, debiendo el órgano competente emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo, previo a su vencimiento. La caducidad administrativa no aplica al procedimiento recursivo.

8 Véase folio 11 del expediente sancionador. 9 Véase folio 67 del expediente sancionador.

Cuando conforme a ley las entidades cuenten con un plazo mayor para resolver la caducidad operará al vencimiento de este. 2. Transcurrido el plazo máximo para resolver, sin que se notifique la resolución respectiva, se entiende automáticamente caducado administrativamente el procedimiento y se procederá a su archive. 3. La caducidad administrativa es declarada de oficio por el órgano competente. El administrado se encuentra facultado para solicitar la caducidad administrativa del procedimiento en caso el órgano competente no la haya declarado de oficio. 4. En el supuesto que la infracción no hubiera prescrito, el órgano competente evaluará el inicio de un nuevo procedimiento sancionador. El procedimiento caducado administrativamente no interrumpe la prescripción. 5. La declaración de la caducidad administrativa no deja sin efecto las actuaciones de fiscalización, así como los medios probatorios que no puedan o no resulte necesario ser actuados nuevamente. Asimismo, las medidas preventivas, correctivas y cautelares dictadas se mantienen vigentes durante el plazo de tres (3) meses adicionales en tanto se disponga el inicio del nuevo procedimiento sancionador, luego de lo cual caducan, pudiéndose disponer nuevas medidas de la misma naturaleza en caso se inicie el procedimiento sancionador” (énfasis añadido).

10 MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. 12a Edición. Lima: Gaceta Jurídica, 2017.

desde el inicio del procedimiento sancionador, este caducará indefectiblemente, procediéndose a su archivo.

SOBRE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR 6.9. Del análisis del expediente sancionador, se evidencia que mediante Resolución Nº 467- 2021-SUNAFIL/IRE-CAL/SIRE de fecha 08 de junio de 2021, se resuelve ampliar excepcionalmente, por 03 meses, el plazo para resolver el procedimiento administrativo sancionador instaurado en contra de la impugnante.

Debe señalarse que, además de esto, la Resolución deberá ser emitida por el órgano competente y, sobre el particular, ni la LGIT, el RLGIT, el Reglamento del Tribunal ni el TUO de la LPAG establecen cuál es el órgano competente para emitir dicha prórroga. No obstante, el TUO de la LPAG sí establece algunas consideraciones que permiten a esta Sala identificar -dentro del Sistema de Inspección del Trabajo- qué autoridad resulta competente para emitir la Resolución prorrogando el plazo de caducidad.

La primera está referida a la literalidad de la norma que habilita la competencia para prorrogar el plazo de caducidad. El TUO de la LPAG hace referencia al “órgano” y tal denominación corresponde únicamente a las unidades de organización de primer y segundo nivel en una estructura orgánica, conforme al Anexo 1 – Glosario de Términos del Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, Decreto Supremo que aprueba los Lineamientos de Organización del Estado. En el caso de la SUNAFIL, las autoridades dentro del Sistema de Inspección del Trabajo son la Intendencia de Lima Metropolitana, Intendencia Regional, Gerencia/Dirección Regional, así como las unidades orgánicas dependientes de aquellas.

Por ende, dado que funcionalmente son los órganos de segundo nivel organizacional aquellos que ostentan las competencias inspectivas en el marco del Sistema, son tales órganos de segundo nivel organizacional aquellos competentes para decidir la ampliación del plazo de tramitación del procedimiento administrativo sancionador previo a su caducidad.

La segunda consideración a tener en cuenta está referida a la aplicación del principio del debido procedimiento. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado en reiterada jurisprudencia respecto del contenido del derecho fundamental al debido proceso, y su acepción en el Derecho Administrativo como principio del debido procedimiento, incluyendo disposiciones respecto de la autoridad que conoce de una controversia. Al respecto, en la Sentencia recaída en el Expediente N° 6149-2006-AA/TC se precisa lo siguiente:

“Ciertamente, el derecho a ser juzgado por jueces imparciales no se encuentra reconocido expresamente en la Constitución. Ello, sin embargo, no ha impedido a este

Tribunal reconocer en él, a un derecho implícito que forma parte de un derecho expreso. A saber, del derecho al debido proceso, reconocido en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución (…) El principio de imparcialidad posee dos acepciones: a) imparcialidad subjetiva, que se refiere a cualquier tipo de compromiso que pudiera tener el juez con las partes procesales o en el resultado del proceso; b) imparcialidad objetiva, que está referida a la influencia negativa que puede tener en el juez la estructura del sistema, restándole imparcialidad, es decir, si el sistema no ofrece suficientes garantías para desterrar cualquier duda razonable”(énfasis añadido).

De la misma manera, en la Sentencia recaída en el Expediente N° 3361-2004-AA/TC, se indica que:

“(el debido proceso) está concebido como el cumplimiento de todas las garantías, requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias procesales de todos los procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos” (énfasis añadido).

Con relación a lo anterior, se aprecia que, como parte del principio del debido proceso, se identifica el derecho a la tutela procesal efectiva y a la imparcialidad, los cuales son aplicables al procedimiento administrativo, como bien señala el propio Tribunal Constitucional.

numeral 2 del artículo 10 del TUO de la LPAG11. Por tanto, corresponde declarar su nulidad, no resultando procedente la ampliación de plazo contenida en la misma.

Resultado Del Análisis Realizado

11 “Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: (…) 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14.”

POR TANTO: Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar NULO la Resolución de Sub Intendencia N° 467-2021-SUNAFIL/IRE-CAL/SIRE, de fecha 08 de junio de 2021, emitida por la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional del Callao, por los fundamentos expuestos en la presente Resolución. SEGUNDO.- Declarar la CADUCIDAD del procedimiento administrativo sancionador seguido contra CONSTRUCCIONES A MAGGIOLO S.A. recaído en el expediente sancionador N° 215-2020- SUNAFIL/IRE-CAL de la Intendencia Regional del Callao, disponiendo su archivamiento.

TERCERO.- Devolver los actuados a la Intendencia Regional del Callao, con la finalidad de que proceda conforme a lo establecido en el numeral 259.4 del artículo 259 del TUO de la LPAG, de ser el caso y conforme a sus competencias. Además de lo señalado en el fundamento 7.5 de la presente resolución. CUARTO.- Notificar la presente resolución a CONSTRUCCIONES A MAGGIOLO S.A. y a la Intendencia Regional del Callao, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil)

Documento Firmado Digitalmente

Documento Firmado Digitalmente Luis Erwin Mendoza Legoas

Desirée Bianca Orsini Wisotzki Presidente

Documento Firmado Digitalmente Luz Imelda Pacheco Zerga