Consorcio Ejecutor Chirapa II — Res. 594-2024

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Compensación por tiempo de servicios (Sub materia: Depósito de CTS); Planillas o registros que la sustituyan (Sub materia: Registro de trabajadores y otros en planilla); Remuneraciones (Sub materia: Pago de la remuneración (Sueldos y salarios); Gratificaciones; y, Pago de bonificaciones); Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Sub materia: Vacaciones); y, Registro de control de asistencia (Sub materia: Incluye todas). soft 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

de registro en la planilla electrónica, la entrega de boletas, el pago de acuerdo a Convenio Colectivo de Construcción Civil, entre otros.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la negativa del sujeto inspeccionado de facilitar al inspector de trabajo, la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones, a través del requerimiento de información notificado el 06 de junio de 2022, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 12,098.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la negativa del sujeto inspeccionado de facilitar al inspector de trabajo, la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones, a través del requerimiento de información notificado el 16 de junio de 2022, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 12,098.00.

i. Solicitan la nulidad de la resolución impugnada, en tanto que, se verifica que no se toma en consideración lo vertido en el descargo de fecha 07 de octubre de 2022, referente a que las Ordenes Concretas de Inspección N° 288-2022-SUNAFIL/IRE-SMA, de fecha 06 y 16 de junio de 2022, han sido emitidas sin observarse las formalidades y requisitos legales, pues indican una dirección fiscal distinta, coligiéndose la vulneración de los previsto en el artículo 26, numeral 1) y 2) del TUO de la LPAG. ii. Refieren, además, que no se ha tomado en cuenta que, el inspector auxiliar, no ha contestado las dos cartas remitidas, actuación que fue avalada por las demás autoridades del PAD al continuar con el procedimiento, lo cual es irregular por ilegal, por ende, se vulnera el debido proceso y tutela procesal efectiva en el ámbito administrativo. iii. Alegan que en la fundamentación del acto administrativo materia de alzada, no existe el análisis para concluir que la calificación de la infracción supuestamente cometida sea catalogada muy grave, deduciéndose que la recurrida adolece de una

manifiesta motivación interna y externa, lo cual vulnera el artículo 149, inciso 5 de la norma suprema. iv. Asimismo, señalan que no se ha tomado en cuenta el principio de razonabilidad, en vista que solo se está imputando la comisión de infracción muy grave por haberse negado en facilitar la información y documentación (…), lo cual es ajeno a la verdad de los hechos, pues es la propia autoridad que se ha negado a responder sobre la valide de las notificaciones con relación a las Ordenes Concretas de Inspección N° 288-2022-SUNAFIL/IRE-SMA. v. Refieren que se ha vulnerado el principio de non bis in ídem, pues las infracciones son por un mismo hecho, que si bien es cierto fueron notificadas en fechas diferentes, siguen resultando de un mismo hecho; es decir, iniciaron procedimiento administrativo en base a un mismo hecho y con idéntico fundamento jurídico.

i. Que, el primer requerimiento de información se emitió con fecha 06 de junio de 2022, y mediante Carta N° 16-2022, de fecha 09 de junio de 2022, la apelante solicitó ampliación de plazo para la entrega de los documentos solicitados; sin embargo, dicha solicitud no fue atendida por el inspector a cargo de la investigación. ii. Conforme lo señala el Tribunal de Fiscalización Laboral en la Resolución N° 226- 2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, una manifestación del derecho de petición administrativa, reconocido en el artículo 1171 del TUO de la LPAG, es precisamente la obligación que tiene la administración de dar al interesado una respuesta por escrito dentro del plazo legal. iii. En ese sentido, y con respecto a las solicitudes de prórroga de plazos, el numeral 147.2 del artículo 147 del TUO de la LPAG, establece que las autoridades pueden otorgar prórroga de plazos siempre que lo soliciten antes de su vencimiento; por lo que, en el caso materia de autos, al haberse presentado la solicitud dentro del término del plazo de tres (03) días hábiles otorgados mediante el requerimiento de fecha 06 de junio de 2022, corresponde a la autoridad inspectiva el pronunciarse sobre la solicitud de ampliación de plazo. iv. Por ello, el imponer una sanción por la omisión de presentación de documentos, sin valorar la solicitud de ampliación de plazo vulnera el debido procedimiento, por

2 Notificada a la impugnante el 28 de noviembre de 2022.

lo que, corresponde dejar sin efecto la sanción impuesta por el incumplimiento de dicho requerimiento. v. Ahora, el segundo requerimiento de información se emitió el 16 de junio de 2022, y de la revisión del sistema de consulta de notificación de alertas de la casilla electrónica, se verifica que se envió la alerta de notificación al correo electrónico, verificándose de esta forma el cumplimiento de lo precisado en el artículo 6 del Decreto Supremo N° 003-2020-TR. vi. Respecto a la nulidad alegada por la administrada, si bien en el requerimiento de información de fecha 16 de junio de 2022, en el domicilio fiscal se consignó: OTROS OBRA CREACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LA LOCALIDAD DE CHIRAPA NRO. S/N, RUMUSAPA – LAMAS – SAN MARTIN; ello no implica que dicho requerimiento de información sea inválido, debido a que la notificación de dicho requerimiento se efectuó vía casilla electrónica y cumpliéndose las formalidades exigidas en el Decreto Supremo N° 003-2020-TR. Por tanto, la notificación efectuada no adolece de ningún defecto, debido a que el hecho de que se haya consignado el domicilio del centro de trabajo en vez del domicilio fiscal no afecta en nada el procedimiento de notificación realizado, más aún si este se practicó vía casilla electrónica. vii. De la revisión de la resolución impugnada, se verifica que ésta se encuentra debidamente motivada, ya que, se puede comprobar que la autoridad administrativa de primera instancia valoró todos los medios probatorios que se encuentran en el expediente para llegar a determinar la comisión de infracción por parte de la Empresa, así también, puede contrastarse que la autoridad administrativa se pronunció sobre los alegatos desarrollados por la Empresa en sus descargos; llegando a fundamentar las razones de hecho y de derecho para establecer finalmente su decisión. viii. Además, se contrasta que la autoridad de primera instancia se pronunció sobre la petición de la Administrada en lo referente al hecho que, la misma señaló que con fecha 14 y 20 de junio de 2022, remitió dos cartas dirigidas a la Intendencia Regional a través de las cuales devolvía los requerimientos de información de fechas 6 y 16 de junio del 2022, a fin de que sean subsanadas o desestimadas en vista de que en las mismas se señalaba un domicilio fiscal diferente vulnerándose el debido procedimiento. ix. Respecto a la supuesta vulneración del principio de razonabilidad, el artículo 38° de la LGIT, en concordancia con el numeral 47.1 del artículo 47° del RGLIT, prescribe que, las sanciones a imponer por la comisión de infracciones, se gradúan atendiendo a los siguientes criterios generales: i) gravedad de la falta cometida, y ii) número de trabajadores afectados. Por su parte, el numeral 48.1 del artículo 48° del RLGIT, establece la tabla para el cálculo del monto de las sanciones aplicables. x. Sobre la supuesta vulneración del principio de non bis in ídem, es de referir que, en el presente caso, solo se está sancionando a la Administrada por el incumplimiento del requerimiento de información de fecha 16 de junio de 2022; razón por la cual, no se está vulnerando el principio non bis in ídem.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 7 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa.

del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte Del Consorcio Ejecutor Chirapa Ii

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 19 de diciembre de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia Regional N° 74-2022-SUNAFIL/IRE-SMA, señalando los siguientes alegatos:

i. Solicitan la nulidad de la Resolución de Intendencia Regional N° 74-2022-SUNAFIL/IRE- SMA, por contravenir el principio de legalidad y debido procedimiento, en tanto que adolece de vicios, conforme al artículo 10 del TUO de la LPAG. ii. Refieren que, conforme es de verse en los fundamentos 8 y 9 de la recurrida, la autoridad de segundo grado hace mención que, para formar su decisión con relación a dejar sin efecto la sanción impuesta por el imaginario incumplimiento del requerimiento de información de fecha 06 de junio de 2022, valoró lo dispuesto en el artículo 147.2 y artículo 117 del TUO de la LPAG; sin embargo, arbitramiento, no realizó la misma

interpretación jurídica con relación al derecho de petición administrativa realizada mediante la Carta N° 20-2022-CECH-II/RH, de fecha 20 de junio de 2022. iii. Alegan que se ha vulnerado el principio del debido procedimiento administrativo, por la infracción normativa del artículo 117 del TUO de la LPAG, referido al derecho de petición administrativa, en tanto que, la autoridad administrativa de segunda instancia ha realizado una incorrecta apreciación de los hechos, puesto que, solo se ha limitado a indicar tácitamente que la solicitud de ampliación de plazo contenida en la Carta N° 16- 2022-CECH-II/RC, de fecha 09 de junio de 2022, corresponde conceptualmente a una petición administrativa, más no así la otra solicitud presentada con fecha 20 de junio de 2022, donde se peticiona a la autoridad administrativa la subsanación de la omisión contenida en el requerimiento de fecha 16 de junio de 2022, por ende una respuesta de la autoridad en el plazo de ley. iv. Señalan que, se debe tener claro que el argumento mencionado en la Carta N° 20-2022- CECH-II/RH, de fecha 20 de junio de 2022, corresponde ser considerado como una petición administrativa; máxime, si en ella existe el requerimiento de subsanación de la información y por consiguiente una respuesta al administrado, lo cual, no ocurrió así, lo que vulnera el debido procedimiento administrativo. v. Manifiestan que, la Carta de fecha 20 de junio de 2022, devolviendo la notificación del requerimiento de información de fecha 16 de junio de 2022, y peticionando la subsanación de las omisiones advertidas, tiene la calidad de graciable, a pesar de no contar con un derecho específico en que se sustente dicho requerimiento; en ese sentido, la autoridad administrativa debió generar un procedimiento administrativo, desarrollándose conforme a las normas y principios que rigen todo procedimiento administrativo, ello con el objeto de brindar una respuesta oportuna al administrado. vi. En el presente caso, aducen que actuaron como administrado frente a la SUNAFIL, al devolver la notificación del requerimiento de información de fecha 16 de junio de 2022, solicitando la subsanación de las omisiones encontradas en dicho requerimiento, sin contar con un derecho preexistente específico, con el objeto de que el inspector auxiliar emita un acto sujeto a su discrecionalidad y libre apreciación; empero, no ocurrió así, lo que vulnera el debido procedimiento administrativo. vii. Por otro lado, alegan que se ha vulnerado la debida motivación, en tanto que, la Resolución de Intendencia Regional materia de revisión, hace una apreciación individual de lar normas (artículo 117 del TUO de la LPAG y el sub numeral 7.15.9. de la Versión N° 2 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII), indicando en el primero de los casos, que la petición realizada con la Carta N° 20-2022-CECH-II/RH, de fecha 20 de junio de 2022, no constituye derecho de petición administrativa y en el segundo de los casos, que, si bien el sujeto inspeccionado es el mismo, los hechos y los fundamentos son distintos, de lo que fluye una deficiente motivación y, por ende, vulneración al debido proceso administrativo. viii. Por último, precisan el artículo 261.4 del Título V, Capítulo II del TUO de la LPAG, sobre responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de la administración pública.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el deber de colaboración a la labor inspectiva 6.1 Sobre el particular, el principio de buena fe procedimental regulado en el numeral 1.8 del artículo IV del TUO de la LPAG, establece que “la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la

presente Ley. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procedimental” (énfasis añadido).

9 TUO de la LPAG, Título Preliminar, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.”

debidamente acreditados, están investidos de autoridad y facultados para proceder a practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que considere necesario para comprobar que las disposiciones legales se observan correctamente y, en particular, para requerir información, solo o ante testigos, al sujeto inspeccionado o al personal de la empresa sobre cualquier asunto relativo a la aplicación de las disposiciones legales, así como a exigir la identificación, o razón de su presencia, de las personas que se encuentren en el centro de trabajo inspeccionado”. En similar sentido, el artículo 11 del mismo dispositivo legal establece que “las actuaciones inspectivas de investigación se desarrollan mediante requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica, visita de inspección a los centros y lugares de trabajo, mediante requerimiento de comparecencia del sujeto inspeccionado ante el inspector actuante para aportar documentación y/o efectuar las aclaraciones pertinentes o mediante comprobación de datos o antecedentes que obren en el Sector Público” (énfasis añadido).

Figura N° 01:

Figura N° 02:

▪ Del expediente inspectivo se aprecia el documento denominado “Requerimiento de Información para las Actuaciones Inspectivas de Investigación”, de fecha 16 de junio de 2022, en la que se precisa que su incumplimiento constituirá infracción a la labor inspectiva sancionable con multa; y, la “Constancia de Notificación Vía Casilla Electrónica”, notificada en la Casilla Electrónica de la impugnante el mismo 16 de junio de 2022, con lo cual se deja constancia del depósito del referido documento, conforme se puede apreciar a continuación:

Figura N° 03:

Sobre el principio del non bis in ídem 6.13 Respecto al alegato referido a que, se ha vulnerado la debida motivación, en tanto que, la Resolución de Intendencia Regional hace una apreciación individual de las normas, dado que, si bien el sujeto inspeccionado es el mismo, los hechos y los fundamentos son distintos, de lo que fluye una deficiente motivación y, por ende, vulneración al debido proceso administrativo; vislumbrando una supuesta vulneración del principio del non bis in ídem.

10 Fund. Jur. N°. 3.3. 11 Fund. Jur. N°. 19.

a. Identidad Subjetiva. - Para que se configure este presupuesto el administrado debe ser el mismo en ambos procedimientos. b. Identidad Objetiva. - Los hechos constitutivos de la infracción deben ser los mismos en ambos procedimientos. c. Identidad causal o de fundamento. - Identidad entre los bienes jurídicos protegidos y los intereses tutelados por las distintas normas sancionadoras.

Sobre el debido procedimiento administrativo y la debida motivación 6.19 Sobre el particular, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

12 Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Novena Edición. Lima: Gaceta Jurídica S.A. 2011, pp.729-730.

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

derecho al debido proceso administrativo de la recurrente. Por tanto, no cabe acoger este extremo del recurso.

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y calificación Labor inspectiva La negativa del sujeto inspeccionado de facilitar al inspector de trabajo, la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones, a través del requerimiento de información notificado el 16 de junio de 2022. Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por el CONSORCIO EJECUTOR CHIRAPA II, en contra de la Resolución de Intendencia Regional N° 74-2022- SUNAFIL/IRE-SMA, de fecha 25 de noviembre de 2022, emitida por la Intendencia Regional de San Martín, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente

sancionador N° 156-2022-SUNAFIL/IRE-SMA, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia Regional N° 74-2022-SUNAFIL/IRE-SMA, en todos sus extremos.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución al CONSORCIO EJECUTOR CHIRAPA II, y a la Intendencia Regional de San Martín, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20240619MCR - HR 221800-2022