Consorcio Alborada y Otro — Res. 490-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Certificado de trabajo (Subgrupo: incluye todas), Planillas o registros que la sustituyan (Subgrupo: entrega de boletas de pago al trabajador y sus formalidades), Remuneraciones (Subgrupo: pago de la remuneración (sueldos y salarios), gratificaciones), Jornada, horario de 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

Infracción N° 377-2021-SUNAFIL/IRE-PUN (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de, entre otras, tres (03) infracciones muy graves a la labor inspectiva.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, porque el sujeto inspeccionado no cumplió con acreditar el pago íntegro y oportuno de la remuneración, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 6,908.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, porque el sujeto inspeccionado no cumplió con pagar u otorgar íntegra y oportunamente las remuneraciones y los beneficios laborales (gratificaciones legales) por lo periodos señalados en la respectiva medida inspectiva de requerimiento, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 6,908.00

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, porque el sujeto inspeccionado no acreditó el depósito o pago de forma íntegra y oportuna de la compensación por tiempo de servicios, en los periodos señalados en la respectiva medida inspectiva de requerimiento, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 6,908.00

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, porque el sujeto inspeccionado no cumplió con pagar u otorgar íntegra y oportunamente las remuneraciones y los beneficios laborales (vacaciones truncas) por los periodos señalados en la respectiva medida inspectiva de requerimiento, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 6,908.00

trabajo y descansos remunerados (Subgrupo: vacaciones), Compensación por tiempo de servicios (Subgrupo: depósito de CTS).

- Una (01) infracción LEVE en materia de relaciones laborales, porque el sujeto inspeccionado no cumplió con acreditar la entrega de boletas de pago con sus formalidades al trabajador, tipificada en el numeral 23.2 del artículo 23 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 1,144.00.

- Una (01) infracción LEVE en materia de relaciones laborales, porque el sujeto inspeccionado no cumplió con acreditar la entrega de certificado de trabajo con sus formalidades al extrabajador, tipificada en el numeral 23.2 del artículo 23 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 1,144.00.

- Una (01) infracción GRAVE a la labor inspectiva, porque el sujeto inspeccionado no cumplió oportunamente con facilitar la información y documentación requerida a través del Requerimiento de Información notificado con fecha 18/10/2021, tipificada en el numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 6,908.00.

- Una (01) infracción GRAVE a la labor inspectiva, porque el sujeto inspeccionado no cumplió oportunamente con facilitar la información y documentación requerida a través del Requerimiento de Información notificado con fecha 25/10/2021, tipificada en el numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 6,908.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, porque el sujeto inspeccionado no cumplió con facilitar la información y documentación requerida a través del Requerimiento de Información notificado con fecha 29/10/2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, porque el sujeto inspeccionado no cumplió con facilitar la información y documentación requerida a través del Requerimiento de Información notificado con fecha 08/11/2021, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, porque el sujeto inspeccionado no cumplió oportunamente con el requerimiento de la adopción de medidas, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,572.00

i. Alega que la Sunafil carece de competencia para intervenir, así como tampoco se encuentra facultada a imponer sanciones de naturaleza laboral siendo el vínculo contractual de naturaleza civil y no laboral. Indica que no se valoró los escritos presentados, no se pronuncian respecto de la naturaleza de la relación contractual lo que implica una arbitraria decisión de sancionarlos por presuntas infracciones de carácter laboral derivadas de una relación civil. Y por ello existe infracción por no presentar información o documentación que no existe. ii. Señala que en la norma no existe plazo para la presentación de documentación requerida, y corresponde aplicar de manera supletoria el plazo de diez (10) días hábiles que refiere el numeral 4 del Art. 143° del TUO de la LPAG, no estando habilitado el inspector para otorgar un plazo diminuto, por lo tanto, su actuación devendría en arbitraria, lo cual vicia de toda nulidad el procedimiento generado. Agrega la contravención del numeral 2 del artículo ll del título preliminar de la LPAG, y que tampoco aplicó lo normado por la R.A. N° 288-2015- CEP-PJ, dado que el domicilio del Consorcio se ubica en la ciudad de Lima y la sede de la entidad fiscalizadora se ubica en la ciudad de Puno. iii. Señala que se vulneró el criterio normativo contenido en la Resolución de Superintendencia N° 358-2019-SUNAFIL, es el caso que las autoridades administrativas de Sunafil en la ciudad de Puno tienen perfecto conocimiento de las empresas consorciadas que integran el Consorcio Alborada, por lo que, debió de emitirse órdenes de inspección concretas dirigidas no solo al Consorcio sino también a las empresas consorciadas. Lo que ha generado indefensión puesto que únicamente se ha emitido órdenes de inspección a nombre del Consorcio, correspondería verificar estos vicios y declarar la nulidad de oficio del procedimiento, reponiendo el mismo hasta el estado de emitirse nuevamente órdenes de inspección dirigidas no solo al Consorcio Alborada, sino también a las empresas consorciadas. Asimismo, la resolución impugnada no ha sustentado la responsabilidad solidaria de CONTRATISTAS GENERALES & MINERÍA L Y R S.A.C, no habiendo acreditado los hechos que configuren tal atribución de responsabilidad solidaria. iv. Se invoca la prescripción de las infracciones, por haber superado el plazo de 4 años, de acuerdo a las pautas recogidas en el numeral 252.1 del artículo 252 del Texto Único Ordenado de la Ley de N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. v. Solicitan el uso de la palabra para efectos de sustentar su posición.

2 Notificada a la impugnante el 25 de abril de 2023 y a la consorciada el 05 de mayo de 2023.

i. En el desarrollo de la función inspectiva, la actuación de la Inspección del Trabajo se desarrolla en el régimen laboral común de la activada privada y en los regímenes especiales, donde se realiza la vigilancia y exigencia del cumplimiento de las normas legales, reglamentarias, convencionales y condiciones contractuales de orden sociolaboral, actuaciones que se inician por disposición superior, mediante la expedición de una orden de inspección. ii. Con la documentación contenida en el expediente inspectivo se tiene identificado que los extrabajadores afectados se encuentran bajo el régimen laboral especial de construcción civil, regulado por el Decreto Legislativo N° 727 y otras disposiciones legales, máxime si de los documentos aportados se ha acreditado la existencia del vínculo laboral de los extrabajadores Quispe Puraca Maguin Abdon y Soto Apaza Alfredo (boletas de pago, reporte de la planilla electrónica y certificados de trabajo). iii. En ese sentido, según los hechos constatados se ha demostrado la existencia de una relación laboral y el régimen laboral especial de los extrabajadores afectados (sustentado con documentación probatoria contenida en el expediente inspectivo), la misma que no se ajusta a un contrato de naturaleza civil; por lo que, las normas que se han aplicado en el presente caso con relación a las infracciones incurridas por el sujeto inspeccionado son aquellas vulneradas o infringidas, toda vez que, las mismas se encuentran debidamente detallas por el inferior en grado en la Resolución de Sub Intendencia que dispone la sanción de multa. Además, referente al régimen laboral a fiscalizar, esta se encuentra identificada en la orden de inspección, considerando la denuncia efectuada de parte, documentos aportados en el procedimiento y de la actividad económica que realiza el sujeto inspeccionado. iv. Se tiene que el primer requerimiento de información diligenciado por casilla electrónica (18 de octubre de 2021), se le otorgó al sujeto inspeccionado el plazo de tres días hábiles para el cumplimiento de lo requerido por el inspector actuante, resultando razonable el plazo de los siguientes requerimientos de información en el procedimiento inspectivo, encontrándose las actuaciones inspectivas con arreglo a Ley. v. Es así que, los requerimientos de información de fecha 29 de octubre de 2021 y 08 de noviembre de 2021 de su contenido indican que lo solicitado por el inspector actuante debía remitirse a la casilla electrónica en el plazo señalado de recibido el requerimiento de información, respecto al plazo para el cumplimiento de los requerimientos de información por medio de sistemas de comunicación electrónica, este se encuentra previsto en la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII, siendo su regulación en dispositivo legal especial aplicable al procedimiento inspectivo, no correspondiendo aplicar lo establecido en el numeral 4 del artículo 143° del Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. vi. La modalidad de actuación inspectiva requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica, su notificación y remisión de información

resulta por el mismo medio (casilla electrónica) según lo previsto en la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII; por lo que, considerando la naturaleza de esta modalidad y no entendida como un caso de urgencia prevista en la Ley, no podría aplicarse el término de la distancia regulado en la R.A. N° 288-2015- CEP-PJ. Por lo que, la notificación se entiende válidamente efectuada con el depósito del documento en la casilla electrónica asignada al usuario, según lo previsto en el numeral 11.1 del artículo 11° del Decreto Supremo N° 003-2020-TR, considerando que los datos registrados en la calilla electrónica lo realiza el sujeto inspeccionando quien toma conocimiento y puede atender las notificaciones de los procedimientos administrativos y actuaciones de la SUNAFIL, siendo su atención por el mismo medio electrónico; además, la R.A. N° 288-2015- CEP-PJ no hace referencia en las reglas de aplicación para el término de la distancia para las notificaciones por casilla electrónica. vii. Advierten que existe vinculación económica según la Adenda N° 04 al Contrato de “CONSORCIO ALBORADA”, con RUC N° 20604966478, con domicilio fiscal en la Av. IGNACIO MERINO NRO. 2134 INT. 404 LIMA - LIMA – LINCE, integrado por los consorciados: CONTRATISTAS GENERALES & MINERÍA LYR S.A.C., con RUC N° 20448245668 Y OPROLER OBRAS Y PROYECTOS SLU SUCURSAL DEL PERÚ, con RUC N° 20556147508, los mismos que resultan responsables solidarios frente a infracciones detectadas y las respectivas sanciones, ello de acuerdo a lo establecido en el numeral 42.1 del artículo 42° de LGIT. Siendo así, las razones sociales conformantes del sujeto inspeccionado son considerados como responsables solidarios en cuanto a las infracciones que, en su caso, se cometan y la obligación del cumplimiento de la sanción de multa determinada por el inferior en grado en la resolución apelada, ya que en el procedimiento se encuentra plenamente identificado al sujeto inspeccionado, así como a los responsables solidarios, determinándose la responsabilidad de las conductas infractoras incurridas por el sujeto inspeccionado que ha conllevado a la emisión del acto administrativo que con la debida motivación la autoridad de primera instancia ha decidido sancionar con multa al sujeto inspeccionado y respecto de los responsables solidarios quienes responderán de acuerdo a Ley. viii. Las empresas consorciadas decidieron nombrar a un representante común del consorcio, donde las actuaciones inspectivas, los actos en el procedimiento sancionador no han incurrido en ningún vicio sobre la notificación que vulnere el derecho de defensa, por tanto, con ello se tiene que los consorciados se encuentran debidamente representados, con lo que no se evidencia transgresión alguna al debido procedimiento. ix. Para este caso la facultad de la autoridad inspectiva para determinar infracciones a la labor inspectiva y en materia de relaciones laborales no ha prescrito, las mismas que son infracciones instantáneas e infracciones instantáneas con efectos permanentes, consumándose la conducta infractora en la fecha que debió cumplir con el requerimiento de información, medida inspectiva, pago de la compensación vacacional, pago de remuneraciones, pago de gratificaciones, compensación por tiempo de servicios y entrega del certificado de trabajo, encontrándose dentro del plazo de Ley la facultad de determinar las infracciones a la labor inspectiva y en materia de relaciones laborales por el inferior en grado en la resolución venida en alzada. x. Consideramos que para el caso materia de estudio, se cuenta con elementos de juicio suficientes para poder resolver el recurso apelación, no resultando pertinente llevar a cabo el informe oral solicitado por el sujeto inspeccionando y su consorciado. xi. Corresponde adecuar la calificación y tipificación de la conducta infractora que constituye una infracción a la labor inspectiva calificada como una infracción GRAVE

y tipificada en el numeral 45.1 del artículo 45° de la RLGIT. Por tanto, corresponde revocar en parte y reformar la sanción impuesta por la autoridad de primera instancia referente a los requerimientos de información (fecha 29 de octubre de 2021 y 08 de noviembre de 2021) y confirmar en los demás extremos la resolución apelada, a través de la presente resolución.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento.

17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 7 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De La Impugnante Y La Consorciada

8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fechas 08 y 16 de mayo de 2023, CONSORCIO ALBORADA y su consorciado CONTRATISTAS GENERALES & MINERIA L Y R S.A.C., fundamentan su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 034-2023-SUNAFIL/IRE-PUN, señalando lo siguiente:

CONSORCIO ALBORADA

i. No se ha considerado nuevos medios probatorios y no se encuentran debidamente motivados, por haberse dictado prescindiendo del procedimiento legal establecido por infringir el principio del debido proceso, el principio de tipicidad, causalidad, culpabilidad, non bis in ídem, seguridad jurídica. ii. Indican que las resoluciones impugnadas adolecen de motivación suficiente, e invocan la aplicación del principio de razonabilidad, por cuanto los importes de las sanciones exceden en demasía el valor patrimonial de la impugnante, toda vez que el inspector no ha buscado aplicar el principio de verdad material y ha vulnerado el procedimiento sancionador. iii. Señala que el consorcio no es sujeto de obligaciones tributarias laborales, por lo que tales atribuciones no corresponden sean aplicables al consocio, siendo dicho proceder del inspector un abuso de facultades más aun cuando no está acreditado que el referido inspector sea competente por razón de materia, grado y territorio. iv. No se encuentra acreditado el vínculo laboral entre el sujeto inspeccionado y el trabajador, la Sunafil carece de competencia. Además, la Inspectora no respetó los plazos de ley, no existe norma que precise el plazo para la presentación de documentación requerida por lo que corresponde aplicar de manera supletoria el plazo de diez (10) días hábiles que refiere el numeral 4 del artículo 143 del TUO de la LPAG. En la normativa laboral tampoco existe la norma que otorgue una facultad discrecional a la inspectora para fijar un plazo diminuto para exigir la presentación de información o documentación, su actuación devendría en arbitraria. v. Señala además que la inspectora tampoco aplicó lo normado por la R.A. N° 288- 2015-CEP-PJ, dado que el domicilio del Consorcio se ubica en la ciudad de Lima y la sede de la entidad fiscalizadora se ubicad en la ciudad de Puno, siendo que dicho término es de aplicación por imperio de lo normado por el numeral 1 del artículo VIII del TP y el Art. 146 de la LAPG. vi. Menciona que en el Informe Final y demás documentos no se pronuncian respecto de la naturaleza de la relación contractual, lo que implica una arbitraria decisión de sancionar a su representada por presuntas infracciones de carácter laboral derivadas de una relación civil, no puede existir infracción por no presentar información o documentación que no existe. vii. Respecto de la segunda presunta infracción, se reitera el argumento esgrimido para la primera infracción imputada, en cuanto a la tercera presunta infracción, la inspectora no ha cumplido con el debido procedimiento respecto a la anticipación que debe existir entre la notificación y la fecha de la realización de la actuación administrativa, entre la notificación y la fecha de actuación solo a mediado dos días hábiles. viii. Se ha vulnerado el criterio normativo contenido en la Resolución de Superintendencia N° 358-2019-SUNAFIL, es el caso que las autoridades administrativas de SUNAFIL en la ciudad de Puno tienen perfecto conocimiento de las empresas consorciadas que integran al Consorcio Alborada a lo que debió de emitirse órdenes de inspección concretas dirigidas no solo al Consorcio sino

también a las empresas consorciadas (1) Contratistas Generales & Minería L y R S.A.C. y (2) OPROLER Obras y Proyectos S.L.U. Sucursal del Perú. Lo que ha generado indefensión a su representada puesto que únicamente se ha emitido órdenes de inspección a nombre del consorcio, además de vulnerar el debido procedimiento, debería retrotraerse todo al punto de emitirse nuevamente órdenes de inspección dirigidas no solo al Consorcio Alborada, sino también a las empresas consorciadas. ix. Se les pretende imponer multa por infracciones que nunca fueron cometidas por las impugnantes, tampoco le ha sido notificado el requerimiento de comparecencia o de presentación de información, entonces al no tener conocimiento de dichos requerimientos es materialmente imposible que haya podido tener conocimiento de dichos requerimientos, no se les puede sancionar por cometer actos que no han sido notificados. La autoridad administrativa debió de emitir órdenes inspectivas y requerimientos de información dirigidas expresamente las consorciadas. x. Respecto a la alegada solidaridad de las consorciadas se circunscribe al cumplimiento de sus obligaciones sociolaborales mas no así a las actuaciones procedimentales en el interior de un procedimiento inspectivo y sus derivados. xi. Dentro del procedimiento inspectivo no ha considerado plazos prudentes y no ha considerado el término de la distancia establecido en la LPAG, por lo que los plazos otorgados resultaron insuficientes para poder sustentar las observaciones por cuanto su representada se encuentra en un proceso de cambio de gerencia y su plana a cargo de los asuntos laborales hecho que no ha sido considerado en la resolución impugnada. xii. Asimismo, la resolución impugnada no ha sustentado la responsabilidad solidaria de las contratistas, no habiendo acreditado los hechos que configuren tal atribución de responsabilidad solidaria, ni se hubiese cumplido lo establecido en el inciso d) del artículo 26 de la Ley 28806, que señala que en los supuestos de existencia de responsable solidaria se hará constar tal circunstancia, la fundamentación jurídica de dicha responsabilidad y los mismos datos exigidos para el responsable principal. xiii. Invocan la prescripción de las infracciones materia de la presente apelación por haber superado el plazo de 4 años, de acuerdo a las pautas recogidas en el numeral 251.1 del artículo 252 del TUO de la LPAG. xiv. Señala que el importe de las sanciones aplicadas ha sido emitido infringiendo el principio de proporcionalidad, dado que el quantum determinado excede la capacidad contributiva y capacidad de pago de su apoderada, poniéndolo en peligro y al borde de la quiebra, la suma de todas las infracciones erosiona de manera inquisitoria nuestro capital empresarial. xv. Que las resoluciones impugnadas han resuelto indebidamente rectificar de oficio un supuesto error material, sin embargo, se ha modificado la base legal de las supuestas infracciones por lo que correspondía que se declare su nulidad al no calificar como error material, además que hubo un delante de criterio porque de

manera anticipada en sus artículos terceros y siguientes se ha declarado que el acto administrativo quedará consentido y disponiendo la ejecución coactiva. xvi. Asimismo, en sus artículos terceros se ha dispuesto notificar al consorcio, pero no ha dispuesto la notificación a sus consorciados por lo que dicho extremo debe ser declarado nulo de pleno derecho. xvii. Solicitan el uso de la palabra para sustentar su posición.

CONTRATISTAS GENERALES & MINERÍA L Y R S.A.C.

i. No ha considerado nuevos medios probatorios y no se encuentran debidamente motivados, al haberse dictado prescindiendo del procedimiento legal establecido, por infringir el principio del debido proceso, principio de tipicidad, principio de causalidad, culpabilidad, non bis in ídem y de seguridad jurídica. ii. Invocan la aplicación del principio de razonabilidad por cuanto los importes de las sanciones exceden su valor patrimonial, siendo de carácter confiscatorio dichas obligaciones, argumentando que el inspector laboral no ha buscado aplicar el principio de verdad material y ha vulnerado el procedimiento sancionador iii. Señala que el consorcio no es sujeto de obligaciones tributarias laborales, por lo que tales atribuciones no corresponden sean aplicadas al consorcio, siendo dicho proceder del inspector un abuso de facultades más aun cuando no está acreditado que el referido inspector sea competente por razón de materia, grado y territorio. iv. No se encuentra acreditado el vínculo laboral entre el sujeto inspeccionado y el trabajador, la Sunafil carece de competencia. Además, la Inspectora no respetó los plazos de ley, no existe norma que precise el plazo para la presentación de documentación requerida por lo que corresponde aplicar de manera supletoria el plazo de diez (10) días hábiles que refiere el numeral 4 del artículo 143 del TUO de la LPAG. En la normativa laboral tampoco existe la norma que otorgue una facultad discrecional a la inspectora para fijar un plazo diminuto para exigir la presentación de información o documentación, su actuación devendría en arbitraria. v. Señala además que la inspectora tampoco aplicó lo normado por la R.A. N° 288- 2015-CEP-PJ, dado que el domicilio del Consorcio se ubica en la ciudad de Lima y la sede de la entidad fiscalizadora se ubicad en la ciudad de Puno, siendo que dicho término es de aplicación por imperio de lo normado por el numeral 1 del artículo VIII del TP y el Art. 146 de la LAPG. vi. Mencionad que en el Informe Final y demás documentos no se pronuncian respecto de la naturaleza de la relación contractual, lo que implica una arbitraria decisión de sancionar a su representada por presuntas infracciones de carácter laboral derivadas de una relación civil, no puede existir infracción por no presentar información o documentación que no existe. vii. Respecto de la segunda presunta infracción, se reitera el argumento esgrimido para la primera infracción imputada, respecto a la tercera presunta infracción, la inspectora no ha cumplido con el debido procedimiento respecto a la anticipación que debe existir entre la notificación y la fecha de la realización de la actuación administrativa, entre la notificación y la fecha de actuación solo a mediado dos días hábiles. viii. Se ha vulnerado el criterio normativo contenido en la Resolución de Superintendencia N° 358-2019-SUNAFIL, es el caso que las autoridades administrativas de SUNAFIL en la ciudad de Puno tienen perfecto conocimiento de las empresas consorciadas que integran al Consorcio Alborada a lo que debió de emitirse órdenes de inspección concretas dirigidas no solo al Consorcio sino también a las empresas consorciadas (1) Contratistas Generales & Minería L y R S.A.C. y (2) OPROLER Obras y Proyectos S.L.U. Sucursal del Perú. Lo que ha generado

indefensión a su representada puesto que únicamente se ha emitido órdenes de inspección a nombre del consorcio, además de vulnerar el debido procedimiento, debería retrotraerse todo al punto de emitirse nuevamente órdenes de inspección dirigidas no solo al Consorcio Alborada, sino también a las empresas consorciadas. ix. Se les pretende imponer multa por infracciones que nunca fueron cometidas por las impugnantes, tampoco le ha sido notificado el requerimiento de comparecencia u de presentación de información, entonces al no tener conocimiento de dichos requerimientos es materialmente imposible que haya podido tener conocimiento de dichos requerimientos, no se puede sancionarlos por cometer actos que no han sido notificados. La autoridad administrativa debió de emitir órdenes inspectivas y requerimientos de información dirigidas expresamente las consorciadas. x. Respecto a la alegada solidaridad de las consorciadas se circunscribe al cumplimiento de sus obligaciones sociolaborales mas no así a las actuaciones procedimentales en el interior de un procedimiento inspectivo y sus derivados. xi. Dentro del procedimiento inspectivo no ha considerado plazos prudentes y no ha considerado el término de la distancia establecido en la LPAG, por lo que los plazos otorgados resultaron insuficientes para poder sustentar las observaciones por cuanto su representada se encuentra en un proceso de cambio de gerencia y su plana a cargo de los asuntos laborales hecho que no ha sido considerado en la resolución impugnada. xii. Asimismo, la resolución impugnada no ha sustentado la responsabilidad solidaria de las contratistas, no habiendo acreditado los hechos que configuren tal atribución de responsabilidad solidaria, ni se hubiese cumplido lo establecido en el inciso d) del artículo 26 de la Ley 28806, que señala que en los supuestos de existencia de responsable solidaria se hará constar tal circunstancia, la fundamentación jurídica de dicha responsabilidad y los mismos datos exigidos para el responsable principal. xiii. Invocan la prescripción de las infracciones materia de la presente apelación por haber superado el plazo de 4 años, de acuerdo a las pautas recogidas en el numeral 251.1 del artículo 252 del TUO de la LPAG. xiv. Señala que el importe de las sanciones aplicadas ha sido emitido infringiendo el principio de proporcionalidad, dado que el quantum determinado excede la capacidad contributiva y capacidad de pago de su apoderada, poniéndolo en peligro y al borde de la quiebra, la suma de todas las infracciones erosiona de manera inquisitoria nuestro capital empresarial. xv. Que las resoluciones impugnadas han resuelto indebidamente rectificar de oficio un supuesto error material, sin embargo, se ha modificado la base legal de las supuestas infracciones por lo que correspondía que se declare su nulidad al no calificar como error material, además que hubo un delante de criterio porque de manera anticipada en sus artículos terceros y siguientes se ha declarado que el acto administrativo quedará consentido y disponiendo la ejecución coactiva.

xvi. Asimismo, en sus artículos terceros se ha dispuesto notificar al consorcio, pero no ha dispuesto la notificación a sus consorciados por lo que dicho extremo debe ser declarado nulo de pleno derecho. xvii. Solicitan el uso de la palabra para sustentar su posición.

Análisis Del Recurso De Revisión

De la vulneración al principio del debido procedimiento

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten…” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8° de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. N° 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las

personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis añadido).

Sobre la motivación de las resoluciones administrativas 6.5 Con relación al derecho o garantía de la motivación de las decisiones que afecten los intereses de la impugnante, es importante recalcar que el principio de debido procedimiento se encuentra relacionado con la exigencia de la debida motivación del acto administrativo. Lo anterior se desprende de la necesidad de que sea una garantía a favor de los administrados de exponer sus argumentos, ofrecer y producir pruebas y, a su vez, a obtener una decisión por parte de la autoridad administrativa motivada y fundada en derecho.

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que: “[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo

administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […] La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional. El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional. Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa. En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras). Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido).

9 “TUO de la LPAG Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público”.

“La falta de motivación equivale a una falta de fundamentación y afecta la validez del acto, ya que la Administración Pública no puede obrar arbitrariamente. Las decisiones de las entidades deben expresar los motivos de hecho y de derecho que concurren para determinar la legitimidad del acto. Por dicha razón, la ausencia de motivación constituye un vicio transcendente, que no es susceptible de enmienda, no siendo posible la aplicación de la conservación del acto” (énfasis añadido).

“El derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican” (énfasis añadido).

De la necesidad de aplicar acumulación de procedimientos para garantizar el principio de razonabilidad

10 GUZMÁN NAPURÍ, Christian. Manual del Procedimiento Administrativo General. 3era ed. Lima: Instituto Pacifico, 2017. p. 348. 11 Morón Urbina, J. C. (2019). Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General (Tomo I, 14.ª ed., p.160).

administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.

12 Ídem, p. 92) 13 Ocampo Vázquez, F. (2015). El principio de razonabilidad como límite a la tipificación reglamentaria de los Organismos Reguladores. IUS ET VERITAS, 26 de abril de 2015. 14 Cassagne, J. C. (2019). El acto administrativo (teoría y régimen jurídico) (1.ª ed., pp. 93–94). Ediciones Olejnik.

leyes o a las normas reglamentarias (según el numeral 4 del artículo 10 del TUO de la LPAG). 6.13 Por tanto, la existencia de procedimientos sancionadores llevados por la inspección de trabajo de forma simultánea, cuando estos son iniciados por un mismo trabajador en contra de un mismo empleador (sujeto inspeccionado) invocando la misma conducta proscrita por Ley, transgrede el principio de razonabilidad, que tiene por objeto regular las actuaciones de la administración. De observarse lo expuesto, el órgano administrativo a cargo deberá evaluar si es física y jurídicamente posible la aplicación de la acumulación de procedimientos, dispuesto en el artículo 160 del TUO de la LPAG. Esto en virtud de una multiplicidad de intereses públicos concurrentes, entre los que podemos referir: i) proveer una eficiente atención a las necesidades ciudadanas de quienes denuncian que sus empleadores cometieron infracciones típicas de diversas normas de trabajo; ii) reducir el número de procedimientos, privilegiando que uno solo pueda tener diversos objetos; reducir el riesgo de que la Administración Pública emita pronunciamientos contradictorios. 6.16 Atendiendo a lo descrito precedentemente, para identificar un supuesto de acumulación en los procesos a cargo del sistema de inspección de trabajo, es necesario determinar la concurrencia copulativa de los siguientes elementos en los expedientes iniciados (fiscalizadores o sancionadores), solicitudes, o denuncias tramitadas ante el sistema de inspección del trabajo:

a. Identidad del sujeto investigado. Debe advertirse si las actuaciones de la inspección de trabajo y/o la del órgano administrativo sancionador, se ejercen o ejercerán contra el mismo administrado. b. Conexidad de hechos. En relación con la materia del reproche administrativo, los servidores del Sistema de Inspección del Trabajo deben observar la homogeneidad de la norma infringida, bien jurídico lesionado, así como la conexión temporal existente. c. Conexidad de afectados. Es necesario que los agentes del Sistema de Inspección del Trabajo determinen si las diversas actuaciones se producen respecto del mismo trabajador o trabajadores afectados en ambos procedimientos. En este caso debe prestarse atención a los casos promovidos por un trabajador singular y un sindicato que actúe en su nombre, sea que se trate de un afiliado a dicha organización de trabajadores o no. d. Unidad del órgano competente. Finalmente, la Administración Pública debe evaluar y analizar si los procedimientos están a cargo de un mismo órgano administrativo, es decir, cuando dicha competencia corresponda que sea ejercida a través de una sola intendencia regional de la SUNAFIL. De lo contrario, no será posible disponer su acumulación si dichos procedimientos se encuentran dentro de la competencia territorial de distintos órganos administrativos (carácter suprarregional de una infracción, que en el actual estado de cosas motiva actuaciones coordinadas entre las diversas intendencias intervinientes). 6.17 Por resultar conveniente para la aplicación uniforme del Derecho dentro del Sistema de Inspección del Trabajo, los criterios precedentes, elevados al rango de precedentes vinculantes, permiten a la administración acumular los procedimientos

administrativos sancionadores en un solo procedimiento. Con excepción de aquellos procesos administrativos de carácter suprarregional, cada Intendencia Regional evaluará su propia competencia conforme con la legislación aplicable y determinará — en aplicación del precedente vinculante que se está aprobando— si cabe proseguir con los procedimientos administrativos respectivos de forma independiente o de forma acumulada. (resaltado agregado)

Sobre el caso en concreto

N° ORDEN DE INSPECCIÓN N° SUJETO INSPECCIONADO RESPONSABLE SOLIDARIO RESPONSABLE SOLIDARIO 976-2021- SUNAFIL/IRE- PUN CONSORCIO ALBORADA CONTRATISTAS GENERALES & MINERIA L Y R S.A.C. OPROLER OBRAS Y PROYECTOS S.L.U. SUCURSAL DEL PERU 984-2021- SUNAFIL/IRE- PUN CONSORCIO ALBORADA CONTRATISTAS GENERALES & MINERIA L Y R S.A.C. OPROLER OBRAS Y PROYECTOS S.L.U. SUCURSAL DEL PERU 983-2021- SUNAFIL/IRE- PUN CONSORCIO ALBORADA CONTRATISTAS GENERALES & MINERIA L Y R S.A.C. OPROLER OBRAS Y PROYECTOS S.L.U. SUCURSAL DEL PERU 982-2021- SUNAFIL/IRE- PUN CONSORCIO ALBORADA CONTRATISTAS GENERALES & MINERIA L Y R S.A.C. OPROLER OBRAS Y PROYECTOS S.L.U. SUCURSAL DEL PERU 980-2021- SUNAFIL/IRE- PUN CONSORCIO ALBORADA CONTRATISTAS GENERALES & MINERIA L Y R S.A.C. OPROLER OBRAS Y PROYECTOS S.L.U. SUCURSAL DEL PERU 977-2021- SUNAFIL/IRE- PUN CONSORCIO ALBORADA CONTRATISTAS GENERALES & MINERIA L Y R S.A.C. OPROLER OBRAS Y PROYECTOS S.L.U. SUCURSAL DEL PERU

979-2021- SUNAFIL/IRE- PUN CONSORCIO ALBORADA CONTRATISTAS GENERALES & MINERIA L Y R S.A.C. OPROLER OBRAS Y PROYECTOS S.L.U. SUCURSAL DEL PERU 978-2021- SUNAFIL/IRE- PUN CONSORCIO ALBORADA CONTRATISTAS GENERALES & MINERIA L Y R S.A.C. OPROLER OBRAS Y PROYECTOS S.L.U. SUCURSAL DEL PERU 965-2021- SUNAFIL/IRE- PUN CONSORCIO ALBORADA CONTRATISTAS GENERALES & MINERIA L Y R S.A.C. OPROLER OBRAS Y PROYECTOS S.L.U. SUCURSAL DEL PERU 963-2021- SUNAFIL/IRE- PUN CONSORCIO ALBORADA CONTRATISTAS GENERALES & MINERIA L Y R S.A.C. OPROLER OBRAS Y PROYECTOS S.L.U. SUCURSAL DEL PERU 964-2021- SUNAFIL/IRE- PUN CONSORCIO ALBORADA CONTRATISTAS GENERALES & MINERIA L Y R S.A.C. OPROLER OBRAS Y PROYECTOS S.L.U. SUCURSAL DEL PERU 973-2021- SUNAFIL/IRE- PUN CONSORCIO ALBORADA CONTRATISTAS GENERALES & MINERIA L Y R S.A.C. OPROLER OBRAS Y PROYECTOS S.L.U. SUCURSAL DEL PERU 974-2021- SUNAFIL/IRE- PUN CONSORCIO ALBORADA CONTRATISTAS GENERALES & MINERIA L Y R S.A.C. OPROLER OBRAS Y PROYECTOS S.L.U. SUCURSAL DEL PERU 975-2021- SUNAFIL/IRE- PUN CONSORCIO ALBORADA CONTRATISTAS GENERALES & MINERIA L Y R S.A.C. OPROLER OBRAS Y PROYECTOS S.L.U. SUCURSAL DEL PERU 966-2021- SUNAFIL/IRE- PUN CONSORCIO ALBORADA CONTRATISTAS GENERALES & MINERIA L Y R S.A.C. OPROLER OBRAS Y PROYECTOS S.L.U. SUCURSAL DEL PERU 972-2021- SUNAFIL/IRE- PUN CONSORCIO ALBORADA CONTRATISTAS GENERALES & MINERIA L Y R S.A.C. OPROLER OBRAS Y PROYECTOS S.L.U. SUCURSAL DEL PERU 969-2021- SUNAFIL/IRE- PUN CONSORCIO ALBORADA CONTRATISTAS GENERALES & MINERIA L Y R S.A.C. OPROLER OBRAS Y PROYECTOS S.L.U. SUCURSAL DEL PERU

970-2021- SUNAFIL/IRE- PUN CONSORCIO ALBORADA CONTRATISTAS GENERALES & MINERIA L Y R S.A.C. OPROLER OBRAS Y PROYECTOS S.L.U. SUCURSAL DEL PERU 985-2021- SUNAFIL/IRE- PUN CONSORCIO ALBORADA CONTRATISTAS GENERALES & MINERIA L Y R S.A.C. OPROLER OBRAS Y PROYECTOS S.L.U. SUCURSAL DEL PERU 986-2021- SUNAFIL/IRE- PUN CONSORCIO ALBORADA CONTRATISTAS GENERALES & MINERIA L Y R S.A.C. OPROLER OBRAS Y PROYECTOS S.L.U. SUCURSAL DEL PERU 988-2021- SUNAFIL/IRE- PUN CONSORCIO ALBORADA CONTRATISTAS GENERALES & MINERIA L Y R S.A.C. OPROLER OBRAS Y PROYECTOS S.L.U. SUCURSAL DEL PERU 971-2021- SUNAFIL/IRE- PUN CONSORCIO ALBORADA CONTRATISTAS GENERALES & MINERIA L Y R S.A.C. OPROLER OBRAS Y PROYECTOS S.L.U. SUCURSAL DEL PERU 967-2021- SUNAFIL/IRE- PUN CONSORCIO ALBORADA CONTRATISTAS GENERALES & MINERIA L Y R S.A.C. OPROLER OBRAS Y PROYECTOS S.L.U. SUCURSAL DEL PERU 968-2021- SUNAFIL/IRE- PUN CONSORCIO ALBORADA CONTRATISTAS GENERALES & MINERIA L Y R S.A.C. OPROLER OBRAS Y PROYECTOS S.L.U. SUCURSAL DEL PERU 987-2021- SUNAFIL/IRE- PUN CONSORCIO ALBORADA CONTRATISTAS GENERALES & MINERIA L Y R S.A.C. OPROLER OBRAS Y PROYECTOS S.L.U. SUCURSAL DEL PERU

N° ORDEN DE INSPECCIÓN N° MOTIVO DEL INICIO DE INVESTIGACIÓN FECHA DE LA ORDEN DE INSPECCIÓN INFRACCIONES MUY GRAVES COMETIDAS (RLGIT) FECHA DE INICIO DEL PAS (NOTIFICACIÓN DE LA IC) 976-2021- SUNAFIL/IRE- PUN Denuncia 30/09/2021 46.7 - INCUMPLIMIENTO DE LA MIR 1/04/2022 984-2021- SUNAFIL/IRE- PUN Denuncia 30/09/2021 25.6 - PAGO DE VACACIONES 46.7 - INCUMPLIMIENTO DE LA MIR 1/04/2022 983-2021- SUNAFIL/IRE- PUN Denuncia 30/09/2021 25.6 - PAGO DE VACACIONES 46.7 - INCUMPLIMIENTO DE LA MIR 1/04/2022

982-2021- SUNAFIL/IRE- PUN Denuncia 30/09/2021 25.6 - PAGO DE VACACIONES 46.7 - INCUMPLIMIENTO DE LA MIR 1/04/2022 980-2021- SUNAFIL/IRE- PUN Denuncia 30/09/2021 46.7 - INCUMPLIMIENTO DE LA MIR 1/04/2022 977-2021- SUNAFIL/IRE- PUN Denuncia 30/09/2021 46.7 - INCUMPLIMIENTO DE LA MIR 1/04/2022 979-2021- SUNAFIL/IRE- PUN Denuncia 30/09/2021 46.7 - INCUMPLIMIENTO DE LA MIR 1/04/2022 978-2021- SUNAFIL/IRE- PUN Denuncia 30/09/2021 46.7 - INCUMPLIMIENTO DE LA MIR 1/04/2022 965-2021- SUNAFIL/IRE- PUN Denuncia 30/09/2021 25.6 - PAGO DE VACACIONES 46.7 - INCUMPLIMIENTO DE LA MIR 1/04/2022 963-2021- SUNAFIL/IRE- PUN Denuncia 30/09/2021 25.6 - PAGO DE VACACIONES 46.7 - INCUMPLIMIENTO DE LA MIR 1/04/2022 964-2021- SUNAFIL/IRE- PUN Denuncia 30/09/2021 25.6 - PAGO DE VACACIONES 46.7 - INCUMPLIMIENTO DE LA MIR 1/04/2022 973-2021- SUNAFIL/IRE- PUN Denuncia 30/09/2021 46.7 - INCUMPLIMIENTO DE LA MIR 1/04/2022 974-2021- SUNAFIL/IRE- PUN Denuncia 30/09/2021 46.7 - INCUMPLIMIENTO DE LA MIR 1/04/2022 975-2021- SUNAFIL/IRE- PUN Denuncia 30/09/2021 46.7 - INCUMPLIMIENTO DE LA MIR 1/04/2022 966-2021- SUNAFIL/IRE- PUN Denuncia 30/09/2021 25.6 - PAGO DE VACACIONES 46.7 - 1/04/2022

INCUMPLIMIENTO DE LA MIR 972-2021- SUNAFIL/IRE- PUN Denuncia 30/09/2021 25.6 - PAGO DE VACACIONES 46.7 - INCUMPLIMIENTO DE LA MIR 1/04/2022 969-2021- SUNAFIL/IRE- PUN Denuncia 30/09/2021 25.6 - PAGO DE VACACIONES 46.7 - INCUMPLIMIENTO DE LA MIR 1/04/2022 970-2021- SUNAFIL/IRE- PUN Denuncia 30/09/2021 25.6 - PAGO DE VACACIONES 46.7 - INCUMPLIMIENTO DE LA MIR 1/04/2022 985-2021- SUNAFIL/IRE- PUN Denuncia 30/09/2021 25.6 - PAGO DE VACACIONES 46.7 - INCUMPLIMIENTO DE LA MIR 1/04/2022 986-2021- SUNAFIL/IRE- PUN Denuncia 30/09/2021 25.6 - PAGO DE VACACIONES 46.7 - INCUMPLIMIENTO DE LA MIR 1/04/2022 988-2021- SUNAFIL/IRE- PUN Denuncia 30/09/2021 25.6 - PAGO DE VACACIONES 46.7 - INCUMPLIMIENTO DE LA MIR 1/04/2022 971-2021- SUNAFIL/IRE- PUN Denuncia 30/09/2021 25.6 - PAGO DE VACACIONES 46.7 - INCUMPLIMIENTO DE LA MIR 1/04/2022 967-2021- SUNAFIL/IRE- PUN Denuncia 30/09/2021 25.6 - PAGO DE VACACIONES 46.7 - INCUMPLIMIENTO DE LA MIR 1/04/2022 968-2021- SUNAFIL/IRE- PUN Denuncia 30/09/2021 25.6 - PAGO DE VACACIONES 46.7 - INCUMPLIMIENTO DE LA MIR 1/04/2022 987-2021- SUNAFIL/IRE- PUN Denuncia 30/09/2021 25.6 - PAGO DE VACACIONES 46.7 - INCUMPLIMIENTO DE LA MIR 1/04/2022

N° ORDEN DE INSPECCIÓN N° TRABAJADORES AFECTADOS 976-2021- SUNAFIL/IRE-PUN 1) QUISPE SUCASACA JULIO CESAR 984-2021- SUNAFIL/IRE-PUN 1)GUTIERREZ QUISPE RONAL JAEL 2) MAMANI CHIPANA ESTEBAN 983-2021- SUNAFIL/IRE-PUN 1) QUISPE LUNA ALAN 2) JOSÉ GONZALES SAMILLAN 982-2021- SUNAFIL/IRE-PUN 1) CHOQUE COHA CIPRIANO 2) IDME RAMOS WILBER HUGO 3) BEJAR MUCHICA RENE MANUEL 980-2021- SUNAFIL/IRE-PUN 1) COAQUIRA MAMANI CARLOS 2) MAMANI GOZME AARON GABRIL 977-2021- SUNAFIL/IRE-PUN 1) SOTO APAZA ALFREDO 2) QUISPE PURACA MAGIN ABDON 979-2021- SUNAFIL/IRE-PUN 1)PARILLO PANCCA ANTONIO 2) QUISPE PARI ROMULO 978-2021- SUNAFIL/IRE-PUN 1) QUISPE PURACA REYES ERNESTO 2) CALLATA APAZA ANGELINO TOMAS 965-2021- SUNAFIL/IRE-PUN 1) GRANDE COARI JULMER 2) TUNI PUMA RENE 963-2021- SUNAFIL/IRE-PUN 1) MAMANI ARI HUGO 2) QUISOCALA CONDORI JULIAN 3) YOSMANI RONCAL YORDAN 964-2021- SUNAFIL/IRE-PUN 1) ORELLANA CHECA AMÉRICO WILLIAM 2) LAURA LEÓN JAIME 973-2021- SUNAFIL/IRE-PUN 1) CONDORI COTRADO DAVID EFRAIN 974-2021- SUNAFIL/IRE-PUN 1) RODRIGUEZ PUMA RAUL NESTOR 975-2021- SUNAFIL/IRE-PUN 1) ZELA MAMANI DAVID BETO 966-2021- SUNAFIL/IRE-PUN 1) RAMOS CALSIN JORGE 972-2021- SUNAFIL/IRE-PUN 1) PACOMPIA HUMPIRI LUIS JENRRY 2) QUISPE COILA VICTOR WALTER

969-2021- SUNAFIL/IRE-PUN 1) PACOMPIA QUISPE WILLY HUBER 2) SANCHEZ TTILA LUCIO 970-2021- SUNAFIL/IRE-PUN 1) GARCIA CCALLO YONATAN 2) CUTIPA TICONA EMILIANO 985-2021- SUNAFIL/IRE-PUN 1) APAZA MAMANI BLADIMIR 2) CURO CAHUARI GREGORIO 986-2021- SUNAFIL/IRE-PUN 1) MAMANI LAURA YERSON EDISON 2) PARIONA CHUA CARLOS ALBERTO 988-2021- SUNAFIL/IRE-PUN 1) SANCA APAZA HERMENEGILDO 2) MAMANI CHIPANA CODY OSWALDO 3) MAMANI MANI HUGO SANTOS 971-2021- SUNAFIL/IRE-PUN 1) SUAQUITA CHURA DAVID QUINTIN 2) APAZA VILCA HUGO 967-2021- SUNAFIL/IRE-PUN 1) HUAMAN SARCCO EDWIN EVERSON 2) RODRÍGUEZ CEREZO JULIO 968-2021- SUNAFIL/IRE-PUN 1) MAMANI CHIPANA JOSE CARLOS 2) FLORES PACOMPIA DARÍO 987-2021- SUNAFIL/IRE-PUN 1) AGUARO QUISPE HILBER RICHARD 2) TURANO AROQUIPA MIGUEL

15 Sappia, J. (2002). Justicia Laboral y medios alternativos de solución de conflictos colectivos e individuales del trabajo (Documento de Trabajo Nº 149). Oficina Internacional del Trabajo.

es crucial para garantizar los derechos de los administrados, la eficiencia de la administración y la coherencia del sistema sancionador.

“7. El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. (…)

a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico. b) Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna del razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. (…) c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. El control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. (…) d) La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. (…) e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). (…) f) Motivaciones cualificadas. - Conforme lo ha destacado este Tribunal, resulta indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de rechazo de la demanda, o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales como el de la libertad. En estos casos, la motivación de la sentencia opera como un doble mandato, referido tanto al propio derecho a la justificación de la decisión como también al derecho que está siendo objeto de restricción por parte del Juez o Tribunal.” (énfasis agregado).

“Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: (…) 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14. (énfasis agregado)”.

De la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo 6.39 El artículo 15 de la Ley N° 29981 señala que el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. En ese sentido, el artículo 14 del Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema”. Precisa, además, que se sustenta en la “inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal”.

Sobre la solicitud de informe oral 6.45 Sobre el particular, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG reconoce a los administrados el goce de los derechos y garantías del debido procedimiento administrativo, que comprende de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

“No resulta vulneratorio del derecho de defensa, la imposibilidad de realizar el informe oral, siempre que el interesado haya tenido la oportunidad de ejercer el derecho de defensa por escrito a través de un informe”.

“28. Por tanto, si bien los administrados pueden solicitar una audiencia ante las Salas del Tribunal de Fiscalización Laboral, dicho elemento no es indispensable ni necesario

16 TUO de la LPAG Artículo 11.- Instancia competente para declarar la nulidad (…) 11.3 La resolución que declara la nulidad dispone, además, lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad del emisor del acto inválido, en los casos en que se advierta ilegalidad manifiesta, cuando sea conocida por el superior jerárquico”.

para la ejecución de las competencias que el ordenamiento jurídico le ha asignado a la instancia de revisión. 29. Así, tomando en cuenta casos anteriores tales como los analizados en las Resoluciones N° 002-2021, 019-2021, 126-2021, 210-2021 y 401-2021-SUNAFIL/TFL- Primera Sala, este Tribunal puede prescindir del informe oral, sin que ello constituya una vulneración de los derechos de los administrados, debido a que éstos han podido presentar sus argumentos por escrito, así como todo documento u otro instrumento de prueba, que les haya permitido fundamentar sus actos y/o pronunciamientos”.

POR TANTO:

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR; SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por el CONSORCIO ALBORADA y otro y, en consecuencia, NULA la Resolución de Sub Intendencia N° 292-2022- SUNAFIL/IRE-PUN/SISA de fecha 27 de diciembre de 2022 y, la de los sucesivos actos y actuaciones en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 355-2021-SUNAFIL/IRE-PUN por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en que se produjo el vicio, esto es, a la emisión de Resolución de Sub Intendencia N° 292-2022- SUNAFIL/IRE-PUN/SISA de fecha 27 de diciembre de 2022, a fin de que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento, considerando los alcances señalados en la presente resolución.

TERCERO. - Remitir los actuados a la Intendencia Regional de Puno, y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin de que, de considerarlo conveniente, proceda conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.43 de la presente resolución.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a CONSORCIO ALBORADA y a las empresas responsables solidariamente y a la Intendencia Regional de Puno para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil)

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA Presidente