Consorcio Vial Amazonas — Res. 401-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Investigaciones de accidente de trabajo (Subgrupo: incumplimientos en materia de SST que cause daño a la salud del trabajador) Formación e información sobre seguridad y salud en el trabajo (Subgrupo: incluye todas). 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019- 2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la seguridad y salud en el trabajo, por no cumplir con la normatividad sobre inducción y capacitación en trabajo de excavación manual con la cual se ocasionó el accidente de trabajo, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 13,018.50. - Una (01) infracción GRAVE a la seguridad y salud en el trabajo, por no implementar correctamente el registro de accidente de trabajo respecto a la correcta investigación del accidente de trabajo, tipificada en el numeral 27.6 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 7,751.50. - Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento solicitada en fecha 11 de mayo de 2023, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 13,018.50.

i. Indica que debe declararse la nulidad de la resolución recurrida por afectación al debido procedimiento establecido en el numeral 2) del artículo 248° del TUO de la LPAG. Señala que conforme al numeral 6.21 de la Resolución de Sala Plena N° 005- 2022 SUNAFIL/TFL, se establecen los elementos del nexo causal en un accidente de trabajo. El Inspector señala que la falta de inducción y/o capacitación en trabajo en excavación manual es la causa básica del accidente de trabajo, lo cual tiene que probar conforme al artículo 95° del Decreto Supremo N° 005-2012-TR. Además, se debe tener en cuenta la Casación N° 18190-2016-LIMA. ii. Ratifica su posición sobre la falta de inducción y capacitación en los trabajos de excavación manual, lo cual no constituye causa básica del accidente sufrido, pues afirmar lo contrario, significaría que los trabajadores capacitados en el tema indicado estarían libres de este tipo de accidentes. Por lo tanto, al no haberse determinado de manera correcta el nexo causal, este no se encontraría acreditado, pues no se evidencia en el Acta de Infracción los elementos que permitan determinar que el accidente ocurrido al trabajador se dio como consecuencia de dicha omisión, debiendo revocarse la multa impuesta. iii. Señala que la resolución recurrida es nula, por afectación directa a los principios de legalidad y jerarquía al amparo de los numerales 1) y 6) del artículo 2° de la Ley N°

28806. Respecto a la falta de implementación del registro de accidentes de trabajo y una correcta investigación del accidente de trabajo, y por no cumplir con la medida inspectiva del 11 de mayo de 2023. iv. Indica que, en el Acta de Infracción, se propone sanción por la materia registro de accidentes de trabajo, la cual no está considerada en la Orden de Inspección, por lo que el Inspector se ha extralimitado en su actuación de investigación. v. Menciona que la medida inspectiva concede el plazo de dos (02) días hábiles, plazo irrazonable, y si bien el plazo vencía el 15 de mayo de 2023, el Inspector sin respetar su propio plazo, el mismo 15 de mayo de 2023 se emite el Acta de Infracción. Por lo tanto, dicho actuar vulnera los principios de legalidad y jerarquía.

i. El sujeto responsable durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas presentó diversa documentación, sin embargo, no presentó los documentos que acrediten que el trabajador afectado recibió la capacitación y formación asociada a la actividad “trabajos en excavación manual (procedimiento de trabajo en excavaciones con maquinaria y manual)”, así como los peligros y riesgos asociados a ésta, como causas directas a la materia de seguridad y salud en el trabajo. ii. El empleador al no brindar las capacitaciones e inducciones oportunamente, originó que el trabajador no tuviera el conocimiento debido sobre los peligros y riesgos asociados respecto a la actividad “trabajos en excavación manual (procedimiento de trabajo en excavaciones con maquinaria y manual)”, así como las medidas de seguridad que debía adoptar para la realización del mismo, por lo que dicha situación es una causa determinante en el accidente de trabajo ocurrido el 01 de julio de 2022, esto asociado a una falta de supervisión que si bien no ha sido desarrollada por el Inspector comisionado, no debe dejarse de lado para fines de aseveración de la infracción imputada. iii. La impugnante no se encontraba obligado a cumplir con la medida inspectiva de requerimiento, porque no respetaba el Principio de Legalidad, no habiendo, por tanto, incurrido en la infracción a la labor inspectiva tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT, y como consecuencia directa, no se habría incurrido en la infracción tipificada en el numeral 27.6 del artículo 27° del RLGIT. iv. Corresponde declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto, y en consecuencia, dejar sin efecto la sanción impuesta al impugnante por las conductas

2 Notificada en fecha 16 de diciembre de 2024.

tipificadas en el numeral 27.6 del artículo 27°, y en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT, al contravenir el Principio de Legalidad y el Debido Procedimiento; subsistiendo la infracción tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28° del RLGIT.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 7 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa.

Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” 8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De Consorcio Vial Amazonas

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 14 de enero de 2025, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 000104-2024-SUNAFIL/IRE-AMZ, señalando lo siguiente:

i. Invoca afectación directa al principio del debido procedimiento establecido en el numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG ii. Señala que no se determinó de forma correcta el nexo causal, pues no se evidencia del acta de infracción elementos fehacientes que permitan determinar que el accidente de trabajo ocurrido al trabajador se dio como consecuencia de la omisión de capacitación en el tema de trabajos de excavación manual

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el plazo máximo para resolver el procedimiento administrativo sancionador y la caducidad administrativa

9 Se publicó en el Diario Oficial El Peruano, el 21 de diciembre de 2016.

casos en los que los procedimientos iniciados por los órganos competentes quedan paralizados afectando los derechos de los administrados involucrados”10.

“(…) 53.4.2 El plazo máximo para resolver el procedimiento sancionador es de nueve (9) meses calendarios contados desde la fecha de la notificación de la imputación de cargos. Este plazo puede ser ampliado de manera excepcional, como máximo por tres (3) meses calendario, debiendo el órgano competente emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo, previo a su vencimiento. (…)”

10 LÓPEZ RAMÓN, Fernando, “La caducidad del procedimiento de oficio”. En Revista de Administración Pública, Num. 194, Madrid, mayo- agosto, 2014, p. 17. Citado por la Guía práctica sobre el procedimiento administrativo sancionador. Actualizada con el Texto Único Ordenado de la Ley N.° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, junio, 2017, p. 54. 11 GÓMEZ TOMILLO, Manuel y Iñigo SANZ RUBIALES, Derecho Administrativo Sancionador. Parte general. Teoría General y Práctico del Derecho Penal Administrativo. 2.a ed., Pamplona: Editorial Aranzadi S.A, p. 771

“Artículo 259.- Caducidad administrativa del procedimiento sancionador 1. El plazo para resolver los procedimientos sancionadores iniciados de oficio es de nueve (9) meses contados desde la fecha de notificación de la imputación de cargos. Este plazo puede ser ampliado de manera excepcional, como máximo por tres (3) meses, debiendo el órgano competente emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo, previo a su vencimiento. La caducidad administrativa no aplica al procedimiento recursivo. Cuando conforme a ley las entidades cuenten con un plazo mayor para resolver la caducidad operará al vencimiento de este. 2. Transcurrido el plazo máximo para resolver, sin que se notifique la resolución respectiva se entiende automáticamente caducado administrativamente el procedimiento y se procederá a su archivo. 3. La caducidad administrativa es declarada de oficio por el órgano competente. El administrado se encuentra facultado para solicitar la caducidad administrativa del procedimiento en caso el órgano competente no lo haya declarado de oficio (...)” (énfasis añadido).

“El plazo de caducidad del procedimiento administrativo sancionador es de nueve (9) meses y es computado desde la fecha de notificación de la imputación de cargos, es decir, con el inicio del procedimiento administrativo sancionador. (…) Por el contrario, el día final de ese plazo no es de la fecha de la resolución sancionadora, sino el de su notificación al administrado, dado que elementales razones de garantía impiden que se conceda efecto interruptor a una resolución no comunicada aún. No obstante, la norma admite la ampliación del plazo de caducidad por tres (3) meses, pero requiere de una resolución debidamente sustentada por parte del órgano competente, detallando las justificaciones de hecho y de derecho que conllevan a la necesidad de ampliar el plazo regular”12.

Sobre la caducidad operada en el presente procedimiento

12 Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444. Lima: Gaceta Jurídica S.A., Décimo Cuarta Edición, abril de 2019, Tomo 2, pp. 538 – 539.

o a pedido de parte, siendo que en el supuesto que la infracción no hubiera prescrito, la autoridad competente evaluará el inicio de un nuevo procedimiento sancionador.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar la CADUCIDAD del procedimiento administrativo sancionador seguido contra CONSORCIO VIAL AMAZONAS recaído en el expediente sancionador N° 050-2023-SUNAFIL/IRE- AMZ, de la Intendencia Regional de Amazonas, por los fundamentos expuestos en la presente Resolución, disponiendo su archivo.

SEGUNDO. - Notificar la presente resolución a CONSORCIO VIAL AMAZONAS y a la Intendencia Regional de Amazonas, para sus efectos y fines pertinentes.

TERCERO. – Remitir los actuados a la Intendencia Regional de Amazonas, con la finalidad de que proceda conforme a lo establecido en el numeral 4 del artículo 259 del TUO de la LPAG, de ser el caso y conforme a sus competencias.

CUARTO. – Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA Presidente