CN Minería y Construcción Sociedad Anónima Cerrada — Res. 869-2022

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre lo siguiente: Gestión interna de seguridad y salud en el trabajo (sub materias: registro de equipos de seguridad o emergencia; registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia; registro de enfermedades ocupaciones; registro de exámenes médicos ocupacionales) y Seguro complementario de trabajo de riesgo. 20555195444 soft 20555195444 soft CABALLERO SEGA Katty Angelica FAU 20555195444 soft

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no implementar el registro de equipos de seguridad o emergencia, tipificada en el numeral 27.6 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 5,670.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento del 24 de mayo de 2019, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 9,450.00.

i. El Acta de Infracción 000121-2019-SUNAFIL/INSSI, no está debidamente motivada. Por lo que, solicita su nulidad por vulnerar el principio de legalidad. ii. Además, manifiesta que, no se ha realizado un debido análisis de la infracción imputada, pues el inspector solo se ciñe al Decreto Supremo Nº 005-2012-TR, más no si imputación se encuentra dentro de las calificaciones contenidas en el RLGIT, ni del artículo 31 de la Ley Nº 28806, concordante con el Decreto Supremo Nº 012-2013-TR. iii. Se vulnera el principio de una adecuada motivación de las resoluciones administrativas, pues, señala que, se calificó una infracción en base a una norma de seguridad y no en función al RLGIT. Por ende, solicita que la multa impuesta debe ser declarada nula.

i. Del numeral 4.10 de los hechos constatados del Acta de Infracción, la Intendencia observa que si bien la inspeccionada exhibió el documento denominado "Tarjeta de Control de Entrega de EPP", tal no califica como Registro de Seguridad o Emergencia, porque, de acuerdo a los elementos mínimos obligatorios del artículo 2 de la Resolución Ministerial N” 050-2013-TR; incumplimiento lo dispuesto por el artículo 28 de la LSST, relativa al implemento de los registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Por lo que, incurrió en la infracción tipificada en el numeral 27.6 del artículo 27 del RLGIT.

2 Notificada a la impugnante el 04 de enero de 2022, véase folio 47 del expediente sancionador.

ii. Asimismo, afirma que, el RLGIT define y tipifica las conductas que contravienen o desconocen el ordenamiento sociolaboral, en las que destacan las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo, como es el caso de no implementar los registros de dicho régimen. En ese sentido, enfatiza que, contrariamente a lo alegado por la impugnante, el hecho que el RLSST no establezca las consecuencias jurídicas por incurrir en la comisión del presente incumplimiento no enerva su responsabilidad, tipificada en el numeral 27.6 del artículo 27 del RLGIT. iii. Además, señala que, el inspector ha valorado la documentación aportada a lo largo del procedimiento de inspección, lo que permitió detectar la omisión de los requisitos esenciales sobre el Registro de Equipos de Seguridad o Emergencia. iv. Finalmente, concluye que, al incumplirse con la medida inspectiva de requerimiento, la impugnante incurrió en la infracción muy grave a la labor inspectiva, prevista en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

Del Recurso De Revisión

4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 16. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia.” Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De Cn Mineria Y Construcción Sociedad Anónima Cerrada

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14

corresponde analizar los argumentos planteados por CN MINERIA Y CONSTRUCCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 21 de enero de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1847-2021-SUNAFIL/ILM, señalando lo siguiente:

i. Vulneración del debido proceso, legítima defensa y falta de motivación en las resoluciones materia de la presente impugnación. ii. Asimismo, afirma que, la sanción impuesta resulta excesiva, pues dio cumplimiento a la entrega de los equipos de seguridad, y si bien lo realizó en un formato distinto, lo cierto es que cumplió con acreditar la entrega de EPPS, en forma oportuna. iii. Alega, también, una vulneración de los principios de legalidad y tipicidad, en la calificación de la infracción contenida en el numeral 25.17 del artículo 25 del Decreto Supremo Nº 019-2006- TR, pues no existe una infracción en la entrega de los equipos de seguridad. iv. Lo que debió emitir la autoridad inspectiva es una advertencia, más no un requerimiento de entrega de EPPS de periodos anteriores, pues afirma que, es un imposible jurídico volver a entregar equipos que ya fueron utilizados. v. Solicita se declare la nulidad del presente expediente sancionador, pues vulnera los principios de legalidad, debido procedimiento y motivación, conforme lo establecido en los numerales 1 y 2 del artículo 10 de la LPAG. vi. No se ha sustentado ni motivado las razones para considerarse que la entrega de EPPS sin el formato de ley, califique como una infracción normativa de seguridad y salud en el trabajo, pues, afirma que, ha cumplido con la entrega de los EPPS, conforme la tarjeta de control de entrega de EPP, exhibida oportunamente. vii. Así, señala que, el inspector no ha realizado un adecuado análisis, ni ejercita la más mínima argumentación jurídica al calificar una infracción en base a una norma de seguridad, sin sustentarla en el RLGIT, por ello no cabe la imposición de la multa impuesta, pues no incurrió en la falta grave referida a la no entrega de registros de equipos. viii. Finalmente, indica que, no existe un incumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo, en consecuencia, las calificaciones por falta grave y muy grave son nulas.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la infracción grave

"Artículo 49.- Recursos administrativos

Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo Nº 004- 2019-JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos.”

“…la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias” (énfasis añadido).

Sobre la infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal.

Figura N° 01:

Figura N° 02: Numeral 7.14.5 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL

9 Aprobada mediante Resolución de Superintendencia N° 039-2016-SUNAFIL 10 Aprobada por Resolución de Superintendencia N° 031-2020-SUNAFIL, del 03 de febrero de 2020.

“Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.”

Advirtiéndose que el incumplimiento de dicha medida constituiría infracción a la labor inspectiva, sancionable con una multa.

señala que el sujeto inspeccionado no acreditó haber implementado, en forma completa, a favor de su ex trabajador el “REGISTRO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD O EMERGENCIA”, dejando constancia que el documento denominado “TARJETA DE CONTROL DE EQUIPO DE ENTREGA DE EPP”, no contiene las formalidades del registro de ley; por lo que ordena se acredite la implementación del REGISTRO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD O EMERGENCIA, más no ordena, como erróneamente sostiene la impugnante, que se vuelva a entregar los EPP al ex trabajador afectado. Asimismo, se ordena, también, que la impugnante acredite la entrega de los resultados médicos a su ex trabajador Marcelino Lima Choccelehua.

De la presunta afectación al debido procedimiento y motivación, legítima defensa

“6.11 Sobre el particular, debemos señalar que en el procedimiento administrativo se debe observar las reglas que lo informan y regulan, entre ellas la del debido procedimiento. Conforme ha precisado el Tribunal Constitucional Peruano, dicha obligación radica en la Constitución Política del Perú, que en su artículo 139 establece

como un derecho de la función jurisdiccional, aplicable en sede administrativa, la “observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional”11. 6.12 Asimismo, el TUO de la LPAG es clara en señalar en el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar que los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo, comprendiéndose entre estos el derecho “a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten”. 6.13 La misma norma consagrada dicho derecho como un elemento de validez del acto administrativo, de modo que su ausencia determinaría su nulidad12, así como también lo consagra como uno de los principios rectores de toda actuación administrativa13. 6.14 De lo señalado, se desprende que la Administración tiene el deber de producir sus decisiones mediante el cumplimiento de las reglas que conforman el procedimiento, de modo que es flagrantemente violatorio de este principio, la producción de actos administrativos de plano o sin escuchar a los administrados”14. 6.15 Así, el principio del debido procedimiento se constituye como garante de una serie de derechos procesales de los administrados, dentro de los cuales se encuentra el derecho a ofrecer y producir pruebas, y que las mismas sean debidamente valoradas por la Administración (…)”

“(...) por el derecho a ofrecer medios probatorios que se consideren necesarios, a que estos sean admitidos, adecuadamente actuados, que se asegure la producción o conservación de la prueba a partir de la actuación anticipada de los medios probatorios y que éstos sean valorados de manera adecuada y con la motivación debida, con el fin de darle el mérito probatorio que tenga en la sentencia. La valoración de la prueba debe estar debidamente motivada por escrito, con la finalidad de que el justiciable pueda comprobar si dicho mérito ha sido efectiva y adecuadamente realizado” (énfasis añadido).

11 Fundamento 12 de la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente 4944-2011-AA, “el derecho al debido proceso previsto por el artículo 139.9° de la Constitución Política del Perú, aplicable no sólo a nivel judicial sino también en sede administrativa e incluso entre particulares, supone le cumplimiento de todas las garantías, requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias procesales de todos los procedimientos, incluidos los administrativos y conflictos entre privados, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto que pueda afectarlos”. 12 TUO de la LPAG, Artículo 10: “Son vicio del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias. 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14. (…)” 13 TUO de la LPAG, Título Preliminar, artículo II.- Contenido: 1. La presente Ley contiene normas comunes para las actuaciones de la función administrativa del Estado y, regula todos los procedimientos administrativos desarrollados en las entidades, incluyendo los procedimientos especiales. 2. Las leyes que crean y regulan los procedimientos especiales no podrán imponer condiciones menos favorables a los administrados que las previstas en la presente Ley. 3. Las autoridades administrativas, al reglamentar los procedimientos especiales, cumplirán con seguir los principios administrativos, así como los derechos y deberes de los sujetos del procedimiento, establecidos en la presente Ley. 14 Juan Morón Urbina, Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Tomo I (Lima: Grijley, 2019), 83. 15 Cfr. numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG.

la obligación de sujetarse al procedimiento establecido y de respetar las garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo.

16 Cfr. numeral 2 del artículo 248 del TUO de la LPAG.

los hechos y sobre el derecho considerado por el órgano al resolver; 3) la suficiencia, que refiere a que se hayan expuesto razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados y necesarios para la resolución del caso; y 4) la congruencia, como elemento que permite establecer si las razones especiales requeridas para adoptar determinada decisión se encuentran recogidas en la resolución en concreto.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Seguridad y Salud en el trabajo No implementar el registro de equipos de seguridad o emergencia Numeral 27.6 del artículo 27 del RLGIT GRAVE Labor inspectiva No cumplir con la medida inspectiva de requerimiento de fecha 24 de mayo de 2019.

Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por CN MINERA Y CONTRUCCIÓN S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 1847-2021-SUNAFIL/ILM, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 2700-2020-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 1847-2021-SUNAFIL/ILM, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a CN MINERA Y CONTRUCCIÓN S.A.C, y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente KATTY ANGELICA CABALLERO SEGA