Clima Comfort S.A.C

Mediante Orden de Inspección N° 28627-2022-SUNAFIL/ILM, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 10269-2021-SUNAFIL/ILM (en adelante, el Acta de Infracción). En mérito a la denuncia formulada en aplicación del inciso c) del artículo 12 de la LGIT.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 0309-2022-SUNAFIL/ILM-SINS-AI6, notificada el 14 de octubre de 2022, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción, y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 948-2022-SUNAFIL/ILM-SINS-AI6, notificado el 23 de diciembre de 2022 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia de Lima Metropolitana, la que mediante Resolución de Subintendencia N° 589-2023-SUNAFIL/ILM/SISA5, notificada el 01 de febrero de 2023, multó a la impugnante, por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 20 de febrero de 2023, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Subintendencia N° 589-2023-SUNAFIL/ILM/SISA5.

Mediante Resolución de Intendencia N° 1455-2023-SUNAFIL/ILM, notificada el 24 de noviembre de 2023, la Intendencia de Lima Metropolitana, declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, confirmando la Resolución de Subintendencia N° 589-2023-SUNAFIL/ILM/SISA5.

Con fecha 18 de diciembre de 2023, la impugnante presentó ante la Intendencia de Lima Metropolitana, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 1455- 2023-SUNAFIL/ILM.

La Intendencia de Lima Metropolitana admitió a trámite el recurso de revisión, y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORANDUM-4046-2023- SUNAFIL/ILM, recibido el 22 de diciembre de 2023 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299812, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299813, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo4 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR5, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR6 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por el Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”7.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el Principio de Legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que Clima Comfort S.A.C., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1455-2023-SUNAFIL/ILM, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, que confirmó la sanción impuesta por la comisión de dos (02) infracciones MUY GRAVES a la labor inspectiva, tipificadas en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 27 de noviembre de 2023.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por Clima Comfort S.A.C.

Sobre el particular, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

El Tribunal Constitucional -máximo intérprete de la Constitución- se ha pronunciado en numerosas oportunidades en relación con el derecho al debido procedimiento, estableciendo una reiterada y uniforme jurisprudencia al respecto, como lo recuerda la Sentencia recaída en el Expediente N° 04289-2004-AA/TC:

En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional, en el fundamento jurídico 5 de la sentencia recaída en el expediente N° 02098-2010-AA/TC, señaló que no solo existe base constitucional o jurisprudencial para la configuración y desarrollo del derecho al debido procedimiento, sino que existe sustento convencional, a saber:

Conforme a ello, dada la claridad expositiva del Tribunal Constitucional, así como de la norma contenida en el TUO de la LPAG, respecto de los alcances del derecho al debido procedimiento, debe analizarse el caso concreto en relación con las vulneraciones alegadas por la impugnante, respecto a la debida motivación.

Con relación al derecho o garantía de la motivación de las decisiones que afecten los intereses de la impugnante, es importante recalcar que el principio de debido procedimiento se encuentra relacionado con la exigencia de la debida motivación del acto administrativo. Lo anterior se desprende de la necesidad de que sea una garantía a favor de los administrados de exponer sus argumentos, ofrecer y producir pruebas y, a su vez, a obtener una decisión por parte de la autoridad administrativa motivada y fundada en derecho.

En ese contexto, en el mencionado principio se establece como uno de los elementos esenciales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa, el atribuir a la autoridad que emite el acto administrativo la obligación de sujetarse al procedimiento establecido y a respetar las garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo.

Partiendo de ello, resulta relevante traer a colación el requisito de la motivación de las resoluciones, señalado en el numeral 4 del artículo 3 del TUO de la LPAG, en concordancia con el artículo 6 del citado instrumento; en virtud del cual, todo acto administrativo debe estar motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.

Sobre el particular, el Tribunal Constitucional ha tenido la oportunidad de pronunciarse en más de una ocasión estableciendo, incluso, criterios jurisprudenciales al respecto. A este entender, el propio Tribunal Constitucional recopiló en la Sentencia recaída en el Expediente N° 00312-2011-AA/TC, una serie de elementos vinculados a la motivación de los actos administrativos, resaltando la definición de la naturaleza jurídica de la motivación de actos administrativos: ser una garantía constitucional que busca evitar la arbitrariedad de la Administración. Señaló el Tribunal Constitucional, además, lo siguiente:

Conforme a ello, la motivación deberá ser expresa, a efectos de que el acto administrativo que sustenta sea emitido a partir de una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso, y donde se expongan las razones jurídicas que justifiquen su adopción; no siendo admisibles como motivación las fórmulas que, por su contradicción, no resulten esclarecedoras para la motivación del acto.

Asimismo, conforme con el fundamento jurídico 4 de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional del 8 de febrero de 2022 (expediente 349-2021-PA/TC), toda decisión judicial debe cumplir con cuatro requisitos para que cumpla con el deber de motivación, lo que lleva a contemplarlas en su extensibilidad al ámbito administrativo del presente expediente: 1) coherencia interna, para comprobar que lo decidido se deriva de premisas establecidas por el órgano resolutivo en su fundamentación; 2) justificación de las premisas externas, que aluden al respaldo probatorio de los hechos y sobre el derecho considerado por el órgano al resolver; 3) la suficiencia, que refiere a que se hayan expuesto razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados y necesarios para la resolución del caso; y 4) la congruencia, como elemento que permite establecer si las razones especiales requeridas para adoptar determinada decisión se encuentran recogidas en la resolución en concreto.

En el caso en particular, del examen efectuado por esta Sala sobre la resolución emitida por la instancia de apelación, se puede observar que los cuatro elementos, antes referidos, pueden ser satisfactoriamente comprobados; toda vez que, de la resolución impugnada se verifica que en sus fundamentos se ha absuelto todos los extremos alegados por la impugnante en su recurso de apelación, de manera suficiente y congruente. Del mismo modo, atendiendo al desarrollo de la resolución impugnada, se advierte que la instancia de apelaciones establece la fundamentación jurídica que respalda su decisión; asimismo, efectuó el análisis detallado de los medios probatorios que respaldan la misma, así como los hechos constatados en el acta de infracción. En similar sentido, se advierte que las instancias previas han evaluado los descargos presentados por la impugnante en cada oportunidad. Cabe señalar que de la revisión del acta de infracción se advierte la correcta fundamentación sobre la configuración de la infracción imputada y de su momento, determinando la conducta infractora y la fundamentación jurídica al respecto.

Por lo tanto, de manera formal y material, el debido procedimiento ha sido respetado dentro del trámite del procedimiento sancionador, no evidenciándose vulneración alguna a dicho principio ni al deber de motivación, encontrándose debidamente sustentada la infracción imputada. Así como, se advierte, se ha respetado la garantía del derecho de defensa de la administrada durante el procedimiento, no advirtiéndose tampoco vicios de nulidad.

Sobre el particular, el TUO de la LPAG establece que “la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. (…)”8 (énfasis añadido).

El numeral 3 del artículo 5 de la LGIT, en el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo que estén debidamente acreditados están investidos de autoridad y facultados de proceder a practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que considere necesario para comprobar que las disposiciones legales se observen correctamente, y, en particular, para requerir información al sujeto inspeccionado, situación que se condice con lo dispuesto en el artículo 12 del RLGIT. (énfasis añadido).

De igual modo, el numeral 15.1 del artículo 15 del RLGIT establece: “Durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos obligados al cumplimiento de las normas socio laborales, prestarán la colaboración que precisen los inspectores del trabajo para el adecuado ejercicio de las funciones encomendadas, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 9 de la Ley”.

En ese sentido, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la LGIT, “Los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los Supervisores-Inspectores, los Inspectores del Trabajo y los Inspectores Auxiliares cuando sean requeridos para ello. En particular y en cumplimiento de dicha obligación de colaboración deberán: (...) e) Facilitarles la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones”. Por lo que, queda entendido que constituye una obligación ineludible de los empleadores, el colaborar con el desarrollo de las actuaciones inspectivas, coadyuvando a que las mismas se logren desarrollar en atención a su finalidad, esto es, la verificación del cumplimiento de las normas socio laborales y/o en materia de seguridad y salud en el trabajo (énfasis añadido).

Es pertinente recordar que el artículo 36 de la LGIT9 establece que el comportamiento subsumible dentro de las infracciones a la labor inspectiva: “puede ser directo o indirecto, perjudicando o dilatando la labor del inspector actuante de manera tal que no permita el cumplimiento de la fiscalización, o negándose a prestarle el apoyo necesario” (énfasis añadido).

El tipo administrativo contenido en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, está orientado a sancionar una negativa del sujeto inspeccionado o de sus representantes de facilitar la información y documentación necesaria; no una mera omisión o falta de respuesta, sino una conducta claramente establecida en la que la impugnante o su representante se niegan a entregar la información solicitada (énfasis añadido).

Así, corresponde analizar el cumplimiento del principio de tipicidad10. Sobre el particular, recuerda la doctrina que, “el mandato de tipificación que este principio conlleva, no sólo se impone al legislador cuando redacta el ilícito, sino a la autoridad administrativa cuando instruye un procedimiento sancionador, y debe realizar la subsunción de una conducta en los tipos legales existentes”11.

Debemos señalar que de la lectura de las normas que sancionan los incumplimientos a la labor inspectiva, la responsabilidad administrativa no solo admite el comportamiento doloso, pues bajo el principio de culpabilidad se admite también factores subjetivos de responsabilidad, tales como la falta de diligencia12.

En el caso en particular, del expediente inspectivo se verifica el documento denominado “Requerimiento de Información para las actuaciones inspectivas de investigación”, de fecha 03 de septiembre de 2021, notificado en la diligencia realizada en la misma fecha, conforme ha sido validado incluso por las instancias previas, y el cual contiene el debido apercibimiento de sanción en caso de incumplimiento, donde, además, se advierte lo siguiente13: Figura N°01 Requerimiento de información de fecha 03.09.2021

Que, ante la verificación del inspector comisionado a la fecha de vencimiento del respectivo requerimiento de información, teniendo cuatro (4) días hábiles el administrado para la presentación documentaria, sin remitir información alguna al vencimiento del plazo (09 de septiembre de 2021), revisada con fecha 13 de septiembre de 2021, conforme obra en los actuados, determina la infracción tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT.

Posteriormente, es remitido un segundo requerimiento de información al administrado con fecha 14 de septiembre de 2021, otorgándole el plazo de cuatro (4) días hábiles para presentar la información correspondiente, se advierte fue requerida de forma previa, sin que al vencimiento del plazo se haya presentado información alguna por parte de éste, esto es ante su verificación de fecha 21 de septiembre de 2021. Figura N°02 Requerimiento de información de fecha 14.09.2021

De esta forma, habiéndose dejado mediante el Acta de Infracción de fecha 28 de septiembre de 2021, constancia de la validez de ambas notificaciones efectuadas con fechas 03 y 14 de septiembre de 2021; así como, es de advertir de los actuados del expediente sancionador que las alertas fueron debidamente enviadas a la Casilla

Al respecto, la recurrente alega que el primer requerimiento de información sería inválido toda vez que no cumple las formalidades para efectuar su cumplimiento; siendo así, atendiendo a dicho análisis, tenemos que, toda vez que se advierte de su contenido -establecido en el fundamento 6.10 de la presente resolución- que el mandato no especifica la identidad del sujeto del cual se estaba realizando el requerimiento de información, esto es, no indicaba quién era el trabajador afectado, además de no señalar el periodo sobre el cuál estaría comprendido dicho requerimiento de información, pese a que tenía plazo fijado para cumplimiento, lleva a esta Sala a concluir en la imposibilidad material de darle cumplimiento, advirtiendo que éste fue expedido sin la información mínima en cuanto a contenido a efectos de poder ser ejecutado por la recurrente.

Dicho de otra forma, el mandato así expedido, no permitía atender el requerimiento de información de fecha 03 de septiembre de 2021, advirtiéndose de su contenido que éste atenta contra el principio de legalidad, dada la claridad manifiesta que debería existir al momento de su expedición, lo contrario implicaría una clara afectación a dicho principio. De esta forma, el debido procedimiento cobra relevancia, pues la administración debe motivar el requerimiento de tal forma que el administrado entienda la infracción a efectos de dar cumplimiento, lo cual además supone el respecto a su derecho fundamental a la defensa.

En consecuencia, sancionar por el incumplimiento de un requerimiento de información cuyo objeto no podía ser cumplido dada la falta de claridad en su expedición, desnaturaliza la finalidad de éste, y vulnera el principio legalidad y el deber de motivación. Por ello, a criterio de esta Sala, al haberse emitido dicho vicio advertido, corresponde dejar sin efecto la multa impuesta por la comisión de la infracción prevista en el numeral 46.3 del artículo 46° del RLGIT, respecto al requerimiento de Información de fecha 03 de septiembre de 2021 (énfasis añadido).

Ahora bien, respecto al segundo de los requerimientos de información tenemos que, como se advierte también de los actuados, el requerimiento de fecha 14 de septiembre de 2021 (Contenido en el fundamento 6.12 de la presente resolución), cumple con las formalidades, habiéndose dado el plazo de cuatro (4) días hábiles para su cumplimiento, el cual fue válidamente notificado sin que la impugnante lo haya cuestionado. En este caso, del contenido del Acta de Infracción se aprecia incluso que

En este punto, se determina en la falsedad de las alegaciones de la impugnante, quien manifiesta que habría presentado información para dar cumplimiento, advirtiendo que simplemente se omitió el envío de información ante el requerimiento realizado, pretendiendo justificar la administrada que dicho incumplimiento se debió a que previamente ya se le habría requerido dicha información mediante otra Orden de inspección, y que por ello no se habría cumplido (como es de advertir de los descargos a la Imputación de Cargos).

Por lo expuesto, se advierte que, se ha configurado el tipo infractor contenido en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, al no haberse cumplido con el requerimiento de información solicitado por la autoridad inspectiva, en los términos y plazo otorgado por ésta, conforme lo han determinado adecuadamente las instancias de mérito, al establecer la sanción a imponerse. Por tales razones, se deben desestimar los argumentos expuestos sobre el presente extremo.

Al respecto el Tribunal de Fiscalización Laboral, en la línea de procurar la más estricta aplicación del principio de tipicidad, emitió el primer precedente sobre la materia, establecido en la Resolución de Sala Plena N° 001-2021-SUNAFIL/TFL, que en su fundamento 15 determina lo siguiente:

En el caso particular, se advierte que las actuaciones inspectivas estaban orientadas a verificar la materia de Relaciones laborales, conforme obra de los hechos constatados del Acta de Infracción; en mérito a ello el inspector comisionado notificó, para que la impugnante cumpla con proporcionar la información y/o documentación solicitada con el requerimiento de fecha 14 de septiembre de 2021. Sin embargo, la impugnante

Entonces, tomando en cuenta que durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos obligados al cumplimiento de las normas socio laborales, deben prestar la colaboración que precisen los inspectores del trabajo para el adecuado ejercicio de sus funciones, y siendo el requerimiento de información a través de medio electrónico una actuación inspectiva, la impugnante se encontraba en la obligación legal de proporcionar a la Inspección del Trabajo los datos, antecedentes o información con relevancia en las actuaciones inspectivas en la oportunidad, y en cumplimiento pleno de lo requerido.

Asimismo, es pertinente hacer referencia a la Resolución de Sala Plena N° 008-2023 SUNAFIL/TFL, publicada el 09 de mayo de 2023, que constituye precedente vinculante, por medio de la cual se determinó:

Así, conforme se advierte de autos, la impugnante no cumplió con presentar la documentación requerida por el inspector dentro del plazo.

Cabe señalar que, las infracciones a la labor inspectiva son de comisión inmediata e insubsanable16, lo que implica que se configuran y consuman en el momento en el que se realizaron, no siendo factible retrotraer en el tiempo y enmendar dicha conducta. En consecuencia, esta Sala concluye que la impugnante resulta ser responsable administrativamente por el incumplimiento advertido con fecha 21 de septiembre de 2021, ante el requerimiento de información de fecha 14 de septiembre de 2021; en consecuencia, las infracciones tipificadas en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT se habrían configurado, toda vez que la administrada se negó a dar cumplimiento al requerimiento de información antes referido.

En este sentido, tampoco es atendible, y no resulta válido, lo esgrimido por la impugnante de que se acreditó que está siendo investigada por los mismos hechos concurriendo una duplicidad de procesos, por lo que correspondió aplicar el principio de non bis in ídem.

Al respecto, y al tratarse el requerimiento de información, de infracción a la labor inspectiva de configuración instantánea, no resulta atendible el argumento de los procedimientos sobre li mismo, o la configuración del non bis in ídem, toda vez que al configurarse en el tiempo dichas infracciones, y, aún cuando todas ellas pudieran tratarse sobre las mismas materias sustantivas, lo que en el caso de autos no ha ocurrido17, se debe dejar en claro que los incumplimientos a los requerimientos de información son de comisión instantánea e insubsanable, por lo que se materializan al momento de su vencimiento al cumplimiento por parte del administrado, lo cual puede darse en distintos momento, y ante distintas órdenes de inspección, siendo todas las infracciones, ante los incumplimientos detectados, válidas y eficaces, pues constituyen actos independientemente plausibles de ser sancionados.

En este sentido, y conforme a lo dispuesto en la Resolución de la Sala Plena N°001- 2021-SUNAFIL/TFL, el cuan contiene precedente de observancia obligatoria en la materia, en la cual se reconoce la naturaleza independiente de las infracciones contra la labor inspectiva, concordante con lo establecido en las Directivas N°01-2016- SUNAFIL/INII y N°01-2020-SUNAFIL/INII sobre el ejercicio de la función inspectiva, las cuales disponen que cada incumplimiento de requerimiento de información acarrea la imposición de una multa; se concluye que la conducta de la inspeccionada ha ocasionado una afectación a la labor inspectiva, al impedir el cauce continuo de las actuaciones de investigación, las que se frustraron respecto a las materias de relaciones laborales determinadas en la Orden de Inspección en el presente caso.

Es necesario dejar sentado que el documento que contiene el requerimiento de fecha 14 de septiembre de 2021, precisa que en caso de negarse a proporcionar al inspector de trabajo la información solicitada, dicha conducta constituirá una infracción a la

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, la multa subsistente como resultado del procedimiento administrativo sancionador sería la que corresponde a la siguiente infracción:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.