Eulen del Perú de Servicios Generales S.A

Mediante Orden de Inspección N° 22079-2021-SUNAFIL/ILM, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento de del ordenamiento jurídico sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 6155-2021-SUNAFIL/ILM (en adelante, el Acta de Infracción), en mérito a la denuncia formulada en aplicación del inciso c) del artículo 12 de la LGIT.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 829-2021-SUNAFIL/ILM/AI2, notificada a la impugnante el 27 de septiembre de 2021, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 125-2022-SUNAFIL/ILMI/AI2, notificada el 17 de febrero de 2022 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución 2 (actual Sub Intendencia de Sanción 2) de la Intendencia de Lima Metropolitana, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 492-2022-SUNAFIL/ILM/SIRE2, notificada el 21 de abril de 2022, multó a la impugnante por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 02 de mayo de 2022, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 492-2022-SUNAFIL/ILM/SIRE2.

Mediante Resolución de Intendencia N° 681-2023-SUNAFIL/ILM, notificada el 05 de junio de 2023, la Intendencia de Lima Metropolitana declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante.

Con fecha 23 de junio de 2023, la impugnante presentó ante la Intendencia de Lima Metropolitana, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 681- 2023-SUNAFIL/ILM.

La Intendencia de Lima Metropolitana, admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORANDUM-004063- 2023-SUNAFIL/ILM, recibido el 03 de enero de 2024 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299812, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299813, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo4 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR5, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR6 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola,

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”7.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que Eulen del Perú de Servicios Generales S.A., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N°

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por Eulen del Perú de Servicios Generales S.A.

Cabe señalar que, de las disposiciones sobre el registro de control de asistencia y de salida en el régimen laboral de la actividad privada, aprobadas mediante Decreto Supremo N° 004-2006-TR, en su artículo 1 referente al ámbito, precisa lo siguiente:

Por su parte, el artículo 3 del mismo dispositivo normativo establece lo siguiente:

Además, en su artículo 5, dispone expresamente que:

Por su parte, el artículo 8 del Convenio N° 01 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por el Perú el 08 de noviembre de 1945, establece lo siguiente:

La implementación del Registro de control de asistencia implica que los empleadores observen la debida diligencia8 en su manejo, esto es, que la norma no solo prevé que se habilite el registro físico o digital del control de asistencia, sino también que se realicen las acciones necesarias para que el mismo cumpla su finalidad. Así, por ejemplo, en caso de que los empleadores realicen el registro de asistencia de su personal de manera física, no solo lo deberán poner a disposición de sus trabajadores, sino que también deberán asegurar, bajo responsabilidad, que el mismo se realice respecto a todos los trabajadores, adoptando los mecanismos pertinentes orientados a que se continúe con el correcto registro de la asistencia en el centro de trabajo.

En la línea de lo señalado, este Tribunal, en la Resolución de Sala Plena N° 007-2023- SUNAFIL/TFL, publicada el 26 de abril de 2023 estableció, en calidad de precedente vinculante para las autoridades del Sistema de Inspección del Trabajo, los siguientes criterios:

En tal sentido, cuando sea que los empleadores realicen el registro de asistencia de su personal de manera física, deberán poner a disposición de sus trabajadores dicho registro, así como asegurar, bajo responsabilidad, que sus trabajadores cumplan con el registro de su asistencia al centro de labores. Lo mismo ocurre en caso se implemente un registro virtual o biométrico u otro, de similar naturaleza. En cualquier escenario, cuando se evidencie la ausencia del registro de asistencia de uno o más trabajadores, el empleador debe actuar con la debida diligencia para garantizar su adecuada implementación.

Asimismo, el empleador debe garantizar que el registro de asistencia no sufra alteraciones de ningún tipo, lo que puede consistir en deterioro parcial o total que imposibilite continuar con el registro, esto es, en caso evidencie que ha sufrió algún daño, este debe ser motivo de verificación oportuna, así como objeto de la adopción de los mecanismos pertinentes orientados a que se continúe con el correcto registro de la asistencia en el centro de trabajo” (énfasis añadido).

Asimismo, en la Resolución de Sala Plena N° 011-2024-SUNAFIL/TFL, publicada el 5 de junio de 2024, se estableció, en calidad de precedente vinculante para las autoridades del Sistema de Inspección del Trabajo, los siguientes criterios:

De otro lado, el Tribunal de Fiscalización Laboral debe pronunciarse con relación a un elemento propio de la gobernanza privada de las relaciones laborales privadas y que se desprende de la facultad organizativa del empleador fiscalizado en el presente caso. Con relación a las omisiones de marcado determinadas por la SUNAFIL en el periodo de abril-diciembre de 2020, la recurrente informó a la inspección de trabajo y a la autoridad sancionadora que implementó un Módulo de Asistencia y Compensación (MAC) para que el personal que no hubiese cumplido con registrar su ingreso y salida pueda justificar tales omisiones (por olvido de marcado, entre otros). Asimismo, el administrado ha insistido que en su política ha establecido que, en caso que el trabajador no subsane el deber del marcado del registro de asistencia, procederá a realizar los descuentos respectivos. Como se observa, en este caso, el empleador argumenta que en ejercicio de su potestad normativa ha regulado que los sujetos obligados a efectuar el registro (su personal) debe cumplir con efectuar el comportamiento establecido. Sobre el particular, debe destacarse que ni en el expediente inspectivo ni en el sancionador se ha analizado si es que tales descuentos operaron ante evidencia de trabajo realizado pese a la ausencia de registro en una jornada específica. En vez de ello, el procedimiento sancionador se ha decantado por un análisis formal que invalida los actos de rectificación del registro del tiempo de trabajo per se, criterio con el que esta instancia de revisión no concuerda.

Así, no se aprecian razones suficientes por las que se establezca que las "omisiones" en el registro no puedan ser "justificadas" por medio de un mecanismo digital como el implementado por este empleador para gestionar sus relaciones laborales. Tampoco se observa que la Administración del Trabajo haya cumplido, en este caso, con motivar el por qué el uso de este recurso tecnológico resulta insuficiente para los fines normativamente impuestos sobre el registro del ingreso y salida de los trabajadores, el control del tiempo de trabajo y el respeto del tiempo de descanso del personal. En consecuencia, no se advierte una debida motivación que permita desvirtuar el principio de presunción de licitud, de modo suficiente.

En este caso, la conducta que se atribuye a la impugnante es: inconsistencias en el registro de marcado del 2 y 9 de diciembre de 2020 y, las omisiones en el ingreso y salida de seis trabajadores. Sin embargo, conforme con el principio de tipicidad es importante determinar que el tipo sancionador previsto en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT (vigente a la fecha de la comisión de las supuestas infracciones, esto es, abril-diciembre de 2020), prevé taxativamente como infracción muy grave: "No contar con el registro de control de asistencia, o impedir o sustituir al trabajador en el registro de su tiempo de trabajo". Es decir, se reprime a:

Es imperativo recalcar que las instancias del Sistema, responsables de la tramitación del procedimiento administrativo sancionador deben garantizar que la motivación comprenda todas las alegaciones de los administrados que resulten pertinentes para el análisis material y formal de la imputación efectuada (pudiendo descartarse argumentos temerarios, de mala fe o meramente insustanciales), lo que resulta necesario para una valoración adecuada de los fundamentos de hecho y de derecho en un caso particular. Asimismo, es preciso sustentar adecuadamente la aplicación, interpretación o integración normativa que corresponda a la absolución de las alegaciones planteadas por los administrados que cumplan con ser razonablemente relevantes en la discusión jurídica que un recurso administrativo o escrito de descargos pueda proponer, conforme a los precedentes o jurisprudencia constitucionalmente aplicables a cada caso.” (énfasis añadido)

En relación a los alegatos planteados por la impugnante, conforme a lo resuelto y a una lectura sistemática de la normativa aplicable, de los hechos verificados y de los precedentes vinculantes del Tribunal de Fiscalización Laboral, la defensa del impugnante no resulta amparable, pues se sustenta en una comprensión meramente formal de la obligación legal relativa al registro de control de asistencia, desconociendo su contenido material y su finalidad.

En efecto, si bien el sujeto inspeccionado alega haber cumplido con presentar el registro de control de asistencia correspondiente al periodo septiembre de 2019 a mayo de 2020, tal actuación no agota ni satisface el deber jurídico impuesto por el Decreto Supremo N° 004-2006-TR. Dicha norma no exige únicamente la existencia o exhibición del registro, sino que este sea llevado de manera adecuada, veraz y diligente, de modo que permita reflejar el tiempo real de trabajo del personal. Por ello, la base fáctica de la sanción no descansa en la inexistencia material del registro, sino

Al respecto, conforme se desprende de los fundamentos de la resolución impugnada, el registro presentado consigna de manera invariable (pre impresa) para el trabajador afectado la “Hora de Llegada” a las 07:00 horas y “Hora Salida” a las 16:00 horas, sin excepción alguna durante todo el periodo evaluado. Esta uniformidad absoluta ha sido considerada por la autoridad como un elemento, objetivo y razonable, que el registro no fue efectuado de manera personal por el trabajador, sino de forma predeterminada. En tal sentido, la autoridad no incurre en apreciaciones arbitrarias, sino que valora el contenido del registro a la luz de su finalidad legal, concluyendo que este no refleja la realidad del tiempo efectivo de trabajo y, por tanto, incumple con las exigencias del artículo 2 del Decreto Supremo N° 004-2006-TR.

Dicha conclusión se ve reforzada por el propio reconocimiento del impugnante, quien señala que en el registro existía un espacio adicional para que el trabajador consignara de manera personal las horas extras laboradas. Este argumento, lejos de desvirtuar la imputación, evidencia que los horarios de ingreso y salida consignados en el registro principal no reflejaban la realidad de la jornada, pues de haber sido reales y consignados personalmente, no habría sido necesaria ninguna precisión adicional respecto de horas extras. Así, queda demostrado que el registro no cumplía su finalidad de control efectivo de la jornada diaria.

Este incumplimiento debe analizarse, además, a la luz del criterio de debida diligencia desarrollado por el Tribunal de Fiscalización Laboral. Tal como se establece precedente vinculante en la Resolución de Sala Plena N° 007-2023-SUNAFIL/TFL, la obligación del empleador no se limita a habilitar un registro físico o digital, sino que comprende la adopción de todas las acciones necesarias para garantizar su adecuado llevado, control y supervisión continua, asegurando que los trabajadores consignen de manera personal y real sus horas de ingreso y salida. En el presente caso, la ausencia total de variación en los horarios registrados, al encontrarse estos preimpresos, evidencia una falta de control y supervisión diligente por parte del empleador, incumplimiento que le resulta plenamente imputable.

Asimismo, no resulta aplicable al presente caso el criterio desarrollado en la Resolución de Sala Plena N.° 011-2024-SUNAFIL/TFL, referido a la posibilidad de justificar u ordenar rectificaciones de omisiones puntuales de marcado bajo parámetros de razonabilidad, proporcionalidad e inmediatez. En dicho precedente se analizan supuestos de omisiones aisladas o marcaciones ex post, acompañadas de mecanismos formales de control, justificación y eventual sanción interna al trabajador, lo cual denota un comportamiento diligente del empleador. En el caso bajo análisis, por el contrario, no se trata de omisiones excepcionales ni de rectificaciones justificadas, sino de un registro sistemáticamente uniforme y carente de veracidad, que evidencia una sustitución material del trabajador en el registro de su tiempo de trabajo, conducta que afecta la verdad material del registro y que resulta expresamente reprochable conforme a la normativa y a la jurisprudencia administrativa.

Finalmente, corresponde precisar que el argumento referido al cumplimiento del pago de horas extras no resulta relevante para efectos de la imputación analizada, en tanto dicha materia no fue objeto de propuesta de sanción dentro del procedimiento inspectivo. En ese sentido, no corresponde efectuar un pronunciamiento de fondo

En consecuencia, el registro presentado no puede ser considerado válido para acreditar el cumplimiento de la obligación legal de control de asistencia, al no haber sido llevado con la debida diligencia exigida por el Decreto Supremo N° 004-2006-TR ni por los precedentes vinculantes del Tribunal de Fiscalización Laboral. La conducta imputada configura un incumplimiento sustancial del deber de implementar y llevar adecuadamente dicho registro, afectando su finalidad esencial de control del tiempo de trabajo. Por ello, corresponde desestimar la defensa del impugnante y confirmar la validez de la Resolución de Intendencia venida en grado.

Ahora, sobre el tipo infractor utilizado en este extremo, en el presente caso, se sancionó la conducta de la impugnante bajo el tipo administrativo contenido en el numeral 25.19 del RLGIT: “No contar con el registro de control de asistencia, o impedir o sustituir al trabajador en el registro de su tiempo de trabajo”9, tipificación que es correcta según el criterio fijado como precedente en la Resolución de Sala Plena N° 011-2024-SUNAFIL/TFL publicado en el Diario Oficial el Peruano en fecha 5 de junio de 2024, y señalado en párrafo precedente.

En tal sentido, se acreditó que la infracción descrita en el artículo 25.19 del artículo 25 del RLGIT, vigente en el presente procedimiento, y por tanto corresponde desestimar los argumentos en este extremo.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, la multa subsistente como resultado del procedimiento administrativo sancionador sería la que corresponde a la siguiente infracción:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.