CIA Minera Coimalache S.A — Res. 31-2021

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Registro de control de asistencia, así como Jornada, Horario de trabajo y descansos remunerados. PACHECO ZERGA Luz Imelda FAU 20555195444 soft 20555195444 soft la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal a) del inciso 2 del artículo 52 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Dos infracciones MUY GRAVES en materia de relaciones laborales:

- Por instaurar una jornada de trabajo atípica no compatible con la jornada máxima establecida por la Constitución Política del Perú, tipificada en el numeral 6 del artículo 25 del RLGIT; y

- Por no otorgar el descanso semanal obligatorio a los trabajadores, o su adecuada compensación, tipificada en el numeral 6 del artículo 25 del RLGIT.

- Una infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento en relación con la restitución de una jornada máxima de ocho (8) horas diarias y cuarenta y ocho (48) horas semanales y otorgar la sobretasa del 100% por la labor efectuada en el día de descanso semanal obligatorio a los trabajadores afectados, de fecha 16 de octubre de 20202, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

i. La Sub Intendencia de Resolución ha caído en error al considerar que CIA MINERA COIMALACHE S.A. ha instaurado una jornada atípica incompatible con la Constitución: la sentencia del caso N° 4635-2004-AA/TC no es aplicable al presente caso.

ii. Se incurre en error al considerar que el acuerdo con el Sindicato y los acuerdos individuales han vulnerado del carácter de irrenunciabilidad de los derechos reconocidos por la Constitución y la Ley.

iii. No corresponde modificar el acuerdo al que se arribó con los trabajadores pues el acuerdo se adoptó ante una situación excepcional ocasionada por la pandemia.

2 Obrante a folios 276 del expediente inspectivo; se dio un plazo de tres (03) días hábiles para el cumplimiento de la medida, esto es el 22 de octubre de 2020.

iv. Se incurre en error al considerar que la jornada temporal pactada por pandemia no permite la compensación de los días de descanso semanal obligatorio con los días de descanso de la jornada atípica.

v. La medida de requerimiento vulnera el derecho de defensa.

i. El empleador sólo se encuentra habilitado para implementar aquellas medidas reguladas dentro del marco legal vigente bajo el contexto de la pandemia, según lo establecido en el Decreto Supremo N° 038-2020, citando los puntos 4.7 y 4.8 del Acta de Infracción.

ii. La sentencia del Expediente N° 4635-2004-AA/TC del Tribunal Constitucional reconoce el impacto en la salud que significa el trabajo en los centros mineros a excederse las horas de trabajo, más cuando éstas se realizan en horario nocturno. Corresponde evaluar caso por caso a fin de determinar los efectos perjudiciales para la salud y la seguridad de los trabajadores a corto como a largo plazo que puedan generar las jornadas acumulativas en el sector minero.

iii. En ese sentido “no es compatible con la Constitución cualquier modalidad de jornadas atípicas o acumulativas que en promedio superen las ocho horas diarias y cuarenta y ocho semanales dentro de un período de tres semanas o un período mas corto, sin que ello quiera decir que las jornadas sean de tres semanas, sino que su promedio se computa en períodos de tres semanas”, añadiendo que sólo aquellas que superen ese límite no serán compatibles con la Constitución.

iv. En el fundamento 15 de la resolución aclaratoria, se logra “una apertura de criterio que parece aceptar la posibilidad de jornadas atípicas o acumulativas en la actividad minera siempre que se cumpla copulativamente con las condiciones consideradas en el llamado Test de protección”, frente a lo cual únicamente con el cumplimiento de todas estas condiciones, se puede utilizar este tipo de jornadas atípicas, las cuales no se cumplen a cabalidad, según lo señalado en los puntos 4.11 y 4.12 del Acta de Infracción.

3 Notificada a la inspeccionada el 12 de abril de 2021. v. Por ello, al no cumplirse con el test de protección antes indicado, los argumentos vinculados con la situación de pandemia y el convenio colectivo no tienen sustento.

vi. SI bien se reconoce el derecho constitucional a la negociación colectiva, los acuerdos alcanzados “…no pueden ser contrarios -en desmejora- a lo que se encuentra estipulado por Ley…”; en similar sentido, las condiciones legalmente otorgadas deben ser mejoradas por los convenios y no otorgarse menores beneficios a través de éstos.

vii. Por ello, la Sala considera que la cláusula referida a la jornada, que contempla treinta (30) días de labor efectiva y quince (15) de descanso, a razón de diez (10) horas de trabajo efectivo diarias “…vulnera el carácter de irrenunciabilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y la Ley, esto a razón de otorgarles un derecho sin considerar sus verdaderos alcances”, citando al fundamento 24 de la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 008-2005-AI/TC.

viii. Respecto del descanso semanal y obligatorio, acoge lo señalado en el Acta de Infracción en los puntos 4.26 y 4.28:

ix. Concluyendo que “…el derecho a las 24 horas consecutivas de descanso semanal o el proporcional, como es el caso de las jornadas atípicas, es de carácter necesario, de forma tal que sobre este piso mínimo la autonomía privada puede establecer un mejor derecho o, en otros términos, determinar un nuevo mínimo de origen no heterónomo…”, el cual no es el caso, en tanto la jornada laboral pactada no es mas beneficioso para los trabajadores ya que atenta el disfrute del descanso y el tiempo libre y a la salud, debiéndose descartarse lo apelado.

x. Respecto de la supuesto vulneración del principio Non Bis in Ídem por imponerse la medida de requerimiento, la Sala desvirtúa los argumentos señalados por la impugnante al citar una norma no vigente (Oficio Circular N° 0038-2008- MTPE/2/11.4).

xi. Finalmente, respecto de la medida de requerimiento, señala que está acreditada que vencido el plazo otorgado por el inspector, la impugnante no cumplió con la

medida dispuesta, por lo cual se consignó en el Acta de Infracción tal hecho como una infracción muy grave.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en adelante Sunafil, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 5“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 7“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de Sunafil Artículo 15.- Instancia Administrativa Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR8 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 8“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE CIA MINERA COIMALACHE S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

- Inaplicación del artículo 1° del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM.

La impugnante señala que los inspectores de trabajo no han tenido en consideración los alcances del artículo 1 del Decreto Supremo N° 044-2020-PMC, que estableció el Estado de Emergencia Nacional en todo el territorio nacional, a raíz de la pandemia por Covid-19; en vez de aplicar dicho artículo, tanto el personal inspectivo como la

9Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR. “Artículo 17.- Facultades del Tribunal de Fiscalización Laboral Al evaluar el fondo del recurso de revisión, el Tribunal está facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.”no han Intendencia han optado por aplicar al presente caso el precedente del Tribunal Constitucional, contenido en la sentencia recaída en el expediente N° 4635-2004- AA/TC, el cual no es aplicable al presente caso por el contexto de la Pandemia, citando como referencia los alcances de la Sentencia recaída en el Expediente N° 0024-2003-AI/TC. Por el contrario, la Sub Intendencia “…confunde o no toma en cuenta el hecho de que los acuerdos temporales a los que se arribó tanto con el Sindicato como con los trabajadores sobre la modificación temporal de la jornada atípica fueron voluntarios y obedecieron estrictamente a la Pandemia…”, siendo éstos -como parte de la implementación de estas jornadas de trabajo atípicas, medidas extraordinarias de carácter temporal.

- Inaplicación del artículo I del Título Preliminar de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Refieren que por estricta aplicación del Principio de Prevención, contenido en el artículo I del Título Preliminar, con la finalidad de garantizar la seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores en el centro de labores, se establecieron medidas para evitar enfermedades o accidentes tales como el acuerdo de la modificación de la jornada de trabajo entre la impugnante y el Sindicato, con la finalidad de “…establecer mayores tiempos de rotación, gracias a una jornada extendida...”, pues esta “…supone que los trabajadores tengan menos oportunidades de contagiarse”.

- Inaplicación del artículo 42 del Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2003-TR

La accionante señala que la Intendencia Regional de Cajamarca ha desconocido los alcances del artículo 42 del Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo:

Artículo 42.- La convención colectiva de trabajo tiene fuerza vinculante para las partes que la adoptaron. Obliga a éstas, a las personas en cuyo nombre se celebró y a quienes les sea aplicable, así como a los trabajadores que se incorporen con posterioridad a las empresas comprendidas en la misma, con excepción de quienes ocupan puestos de dirección o desempeñan cargos de confianza.

A consideración de la impugnante, la Sunafil pretende desconocer el acuerdo y obligar a su modificación. Señala que como consecuencia del Estado de Emergencia se dictaron una serie de medidas restrictivas a los derechos fundamentales de las personas, entre éstos el libre tránsito, al cual la minería tampoco estuvo exenta y tuvo que adaptarse; razón por la cual, para reducir la rotación de los trabajadores y los ciclos de trabajo, se plasmaron estos alcances en el texto de la modificación del Convenio de Compensación de Vacaciones y Modificación de Jornada Atípica:

La impugnante señala que este acuerdo tuvo una naturaleza temporal (ya no se encuentra vigente); señala que el incremento de los días de trabajo fue proporcional a los días de descanso. Señala que “…los acuerdos arribados entre el empleador y el Sindicato no son modificables por agentes externos a las partes que los suscribieron, en tanto que la fuerza vinculante del convenio implica que el mismo es de obligatorio cumplimiento para estos”. Refiere que no existe perjuicio alguno para los trabajadores, en tanto fue suscrito con el propio Sindicato, y que el requerimiento de la Sunafil de dejarlo sin efecto resulta “arbitrariamente ilegal”.

- Inaplicación del artículo 3 del Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo

La accionante señala que el artículo 3 del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece que el derecho a la libertad sindical no puede verse viciado por la intervención de las autoridades estatales:

Artículo 3 1. Las organizaciones de trabajadores y de empleadores tienen el derecho de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, el de elegir libremente sus representantes, el de organizar su administración y sus actividades y el de formular su programa de acción. 2. Las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho o a entorpecer su ejercicio legal.

La Intendencia Regional de Cajamarca desconoce a estas negociaciones, como producto del ejercicio legítimo del derecho a la libertad sindical, afectando gravemente “…el contenido constitucionalmente protegido de este derecho fundamental (…) delimitado por el Tribunal Constitucional en el fundamento 26 de la Sentencia recaída en el Expediente N° 008-2005-PI/TC, de fecha 12 de agosto del año 2005 (caso Ley Marco del Empleo Público).”, no pudiendo forzarse ni a la empresa ni al Sindicato a modificar un acuerdo ya pactado.

- Inaplicación del artículo 10 del Texto Único Ordenado de la Ley de Jornada de Trabajo, Horario y Trabajo en sobretiempo, aprobado por el Decreto Supremo N° 007-2002-TR

La accionante señala que la Intendencia Regional de Cajamarca, así como la instancia anterior, ha desconocido los alcances del artículo 10 en referencia, al sancionar a la impugnante por no otorgar adecuado descanso a los trabajadores, o en su defecto, la compensación correspondiente.

Señala que:

“…muchos trabajadores permanecieron en la Unidad una cantidad elevada de días, fue precisamente porque mediante D.S. N°044-2020-PCM (el cual también ha sido inaplicado, como bien señalamos anteriormente), se declaró el inicio del Estado de Emergencia Nacional, por quince (15) días a partir del 16 de marzo de 2020 (fecha en la que la libertad de tránsito estaba total y absolutamente restringida) y se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena) por las graves circunstancias que afectaban la vida de la Nación por el brote del COVID-19, situación que inclusive se mantiene vigente hasta la actualidad, siendo que recién en mayo se dio inicio a la reactivación del sector minería, por lo que, mientras tanto, muchos trabajadores debieron quedarse en el centro de trabajo para cumplir con la cuarentena decretada por el Gobierno.”

Añade que no había posibilidad de transportar al personal, pues el derecho a la libertad de tránsito estaba totalmente restringido; desconociéndose además que la Cia Minera Coimalache se encuentra en el departamento de Cajamarca, Hualgayoc, por lo que al encontrarse restringido el transporte público en el poblado más cercano a la unidad minera, no era factible el traslado del personal a sus domicilios.

La impugnante considera que la autoridad, sin justificación alguna y solo por verificar la permanencia superior a los treinta (30) días, se deba asumir tal consecuencia.

Añade que la empresa sí cumplió con pagar los días libres que se quedaron a laborar, así como una bonificación extraordinaria (Bono Especial de Asistencia), por encontrarse dentro de las labores esenciales.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la inaplicación del artículo 1° del Decreto Supremo (D.S.) N° 044-2020-PCM y del artículo I del Título Preliminar de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

El uso de los efectos normativos y la obligación de aplicación de un precedente vinculante depende de: a) La existencia de similitudes fácticas entre el caso a resolver y aquél del que emana el precedente. b) La existencia de similitudes y diferencias fácticas; las que en el caso de estas últimas no justifican un trato jurídico distinto. Por ende, es factible que a través del razonamiento analógico se extienda la regla del precedente vinculante.

10 Expediente N° 0024-2003-AI/TC. 11 De fecha 02 de diciembre de 2020, publicado en El Peruano el 17 de enero de 2021. 12 Ibid. n. 14. 13 Ibid. n. 15. 6.5 En similar sentido se ha pronunciado la OIT al afirmar que el “brote de la pandemia del coronavirus (COVID-19) es una situación mundial sin precedentes”14. Y, entre las medidas que recomienda a los empleadores observar se encuentra la de “revisar o elaborar un plan de continuidad de las actividades que sea compatible con las directrices proporcionadas por las autoridades nacionales y locales con miras a aumentar la capacidad de recuperación de las empresas y apoyar a los trabajadores y sus familias”.

14 Organización Internacional del Trabajo (OIT), Cómo gestionar el lugar de trabajo durante la crisis de la COVID-19: Una Guía para los Empleadores, 2020, p. 7, ubicable en https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/--- act_emp/documents/publication/wcms_741584.pdf 15 Loc. Cit. 16 Cfr. artículo I del Título Preliminar de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 17 Mediante Decreto Supremo N° 105-2021-PCM, se prorrogó el Estado de Emergencia Nacional por un plazo de treinta (30) días calendario, a partir del martes 01 de junio de 20201. Las actuales prórrogas de este se encuentran vinculadas con el Decreto Supremo N° 184-2020-PCM. Por su parte, el Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, art. 14.4, estableció aquellas actividades económicas que no estarían reguladas por lo establecido en las fases de la reanudación de actividades, como es el caso de la minería, por haber sido calificada como actividad esencial (Cfr. Oficio N° 059-2020-EF/10.01). 18 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004- 2019-JUS. “Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…)

Inaplicación del artículo 42 del Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2003-TR

4. Tipicidad. - Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria. (…)” 19 Cfr. Constitución del Perú, art. 28,3. 20 OIT, Cómo gestionar el lugar de trabajo…, p.28. 6.13 El convenio colectivo se encuadra dentro de las atribuciones que competen a un sindicato21, de acuerdo a la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo22. Asimismo, el ordenamiento laboral peruano no prohíbe el trabajo una vez cumplida la jornada máxima, sea diaria o semanal. Lo que ordena es pagar una sobretasa sobre la remuneración o compensar ese tiempo con descansos retribuidos23. En el presente caso, el sindicato y la empresa acordaron, por ser la solución más adecuada a las dificultades de transporte, evitación de la propagación del virus y compensación de los días no laborados, el añadir dos horas a la jornada habitual, espaciando el plazo de retorno a sus hogares, a fin de disminuir al mínimo posible los desplazamientos del personal, evitando así crear más situaciones de posibles contagios del Covid-19.

Respecto de la presunta vulneración al límite de horas de trabajo

21 Celebrar convenciones colectivas: art. 8 c) 22 Carácter vinculante: art. 42. Plazo de vigencia: el que acuerden las partes. 23 Cfr. TUO Dec. Leg. 810, art. 10: “El tiempo trabajado que exceda a la jornada diaria o semanal se considera sobretiempo y se abona con un recargo a convenir, que para las dos primeras horas no podrá ser inferior al veinticinco por ciento (25%) por hora calculado sobre la remuneración percibida por el trabajador en función del valor hora correspondiente y treinta y cinco por ciento (35%) para las horas restantes. (…) El empleador y el trabajador podrán acordar compensar el trabajo prestado en sobretiempo con el otorgamiento de períodos equivalentes de descanso. 24 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. “Artículo 246.- Principios de la potestad sancionadora administrativa (…) 3. Razonabilidad.- Las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o asumir la sanción. Sin embargo, las sanciones a ser aplicadas deben ser proporcionales al incumplimiento calificado como infracción, observando los siguientes criterios que se señalan a efectos de su graduación: a) El beneficio ilícito resultante de la comisión de la infracción; (….) b) La gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido; c) El perjuicio económico causado (…..) f) Las circunstancias de la comisión de la infracción; y g) La existencia o no de intencionalidad en la conducta del infractor 25 ANDRÉS PÉREZ, María del Rocío. El principio de proporcionalidad en el procedimiento administrativo sancionador. Barcelona: Bosch, 2008, p.8

26 Ley General de Inspección del Trabajo, Ley N° 28806 Artículo 2.- Principios ordenadores que rigen el Sistema de Inspección del Trabajo El funcionamiento y la actuación del Sistema de Inspección del Trabajo, así como de los servidores que lo integran, se regirán por los siguientes principios ordenadores: 1. Legalidad, con sometimiento pleno a la Constitución Política del Estado, las leyes, reglamentos y demás normas vigentes. (…) 27 Ley General de Inspección del Trabajo, Ley N° 28806 Artículo 2.- Principios ordenadores que rigen el Sistema de Inspección del Trabajo El funcionamiento y la actuación del Sistema de Inspección del Trabajo, así como de los servidores que lo integran, se regirán por los siguientes principios ordenadores: (…) 6. Jerarquía, con sujeción a las instrucciones y criterios técnicos interpretativos establecidos por la Autoridad Central del Sistema de Inspección del Trabajo para el desarrollo de la función inspectiva, así como cumpliendo las funciones encomendadas por los directivos y responsables de la Inspección del Trabajo, en atención a las competencias establecidas normativamente (a nivel nacional, regional o local) 28 Numeral 2 del artículo II del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. numeral 2 del artículo 247 del TUO de la LPAG29, las disposiciones allí contenidas30 son aplicables con carácter supletorio a todos los procedimientos establecidos en leyes especiales y por ende, al procedimiento sancionador laboral.

Respecto de la responsabilidad por el no otorgamiento del descanso semanal obligatorio o su adecuada compensación

29 Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. Artículo 247.- Ámbito de aplicación de este capítulo (…) 247.2 Las disposiciones contenidas en el presente Capítulo se aplican con carácter supletorio a todos los procedimientos establecidos en leyes especiales, incluyendo los tributarios, los que deben observar necesariamente los principios de la potestad sancionadora administrativa a que se refiere el artículo 248, así como la estructura y garantías previstas para el procedimiento administrativo sancionador. Los procedimientos especiales no pueden imponer condiciones menos favorables a los administrados, que las previstas en este Capítulo. (…) 30 Esto es, los alcances del Capítulo III (Procedimiento Sancionador) del Título IV (Del procedimiento trilateral, del procedimiento sancionador y la actividad administrativa de fiscalización) del TUO de la LPAG. 31 Mediante Decreto Legislativo N° 1029, del 24 de junio de 2008, se modificó el artículo 230 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, estableciéndose que los criterios a aplicar en el caso de la razonabilidad se aplicarían en el orden de prelación contenida en la modificatoria en desarrollo. Posteriormente, mediante Decreto Legislativo N° 1272 se eliminó toda referencia a su aplicación de acuerdo al orden de prelación.

trabajo más allá de la convenida por la situación de cuarentena y emergencia nacional, violando así los principios de verdad material32 y el de legalidad33.

Respecto del incumplimiento de la medida de requerimiento

32 Título Preliminar del TUO de la LGPA, 1.11. 33 Título Preliminar del TUO de la LGPA, 1.1. 34 Obrante a folios 276 del expediente inspectivo; se dio un plazo de tres (03) días hábiles para el cumplimiento de la medida, esto es el 22 de octubre de 2020. 35 TUO de la LPAG, artículo IV. 1.1. Principio de legalidad. - Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas. POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley N° 29981 – Ley que crea la Sunafil, el artículo 41 de la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, los artículos 15 y 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la Sunafil, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y sus modificatorias, y los artículos 2, 3 y 17 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017- TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por CIA MINERA COIMALACHE S.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 038-2021-SUNAFIL/IRE-CAJ de fecha 08 de abril de 2021, emitida por la Intendencia Regional de Cajamarca dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente N° 174-2020-PS- SUNAFIL/IRE-CAJ-SIA.

SEGUNDO.- En consecuencia, REVOCAR la Resolución de Intendencia N° 038-2021-SUNAFIL/IRE- CAJ en el extremo en el que declara infundado el recurso de apelación y confirma la sanción impuesta, REFORMULÁNDOLA y DECLARÁNDOLA FUNDADA EN PARTE, dejando sin efecto la sanción impuesta por la Resolución de Sub Intendencia de Resolución N° 098-2021-SUNAFIL/IRE- CAJ/SIRE de fecha 09 de marzo de 2021, por las razones expuestas en los fundamentos 6.1 a 6.25.

TERCERO.- Devolver los actuados a la Intendencia Regional de Cajamarca, para que en virtud de los considerandos 6.19 a 6.22, identifique a aquellos trabajadores que han superado el período de treinta (30) días continuos de labores, adecuando la sanción al número de trabajadores identificados dentro de dicho supuesto.

CUARTO.- Notificar la presente resolución a CIA MINERA COIMALACHE S.A. y a la Intendencia Regional de Cajamarca, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO.- Devolver los actuados a la Intendencia Regional de Cajamarca.

SEXTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – Sunafil (www.sunafil.gob.pe).

Documento firmado digitalmente

Documento firmado digitalmente Luis Erwin Mendoza Legoas

Desirée Bianca Orsini Wisotzki Presidente

Documento firmado digitalmente Luz Imelda Pacheco Zerga