Cencosud Retail Perú S.A — Res. 233-2021

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento de la siguiente materia: Formación e información sobre seguridad y salud en el trabajo, Identificación de peligros y riesgos (IPER), Norma de ergonomía. PACHECO ZERGA Luz Imelda FAU 20555195444 Bianca FAU 20555195444 soft 20:02:12-0500 20555195444 soft

- Una infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no acreditar haber brindado formación e información en seguridad y salud en el trabajo respecto de las funciones específicas en los puestos de trabajo de atención al público y cajeros; así como respeto de los riesgos específicos a los que están expuestos los trabajadores en los puestos de trabajo con relación a la normativa ergonómica, tipificada en el numeral 27.8 del artículo 27 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, RLGIT).

- Una infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no acreditar contar con un IPER en donde se establezcan los peligros ergonómicos caracterizados por los factores de riesgo disergonómicos presentes en la ejecución de la labor específica para el puesto de Atención en Caja, tipificada en el numeral 27.3 del artículo 27 del RLGIT.

- Una infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no cumplir con la normativa en materia de ergonomía, toda vez que no se adoptó las medidas necesarias respecto a los riesgos ergonómicos en las labores que desempeñan los trabajadores en el puesto de trabajo de Cajera, tipificada en el numeral 27.9 del artículo 27 del RLGIT.

- Una infracción MUY GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no cumplir con acreditar contar con un Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, con la estructura mínima establecida por ley, tipificada en el numeral 28.9 del artículo 28 del RLGIT.

- Una infracción MUY GRAVE en materia de labor inspectiva, por no cumplir con la medida de requerimiento de fecha 11 de mayo de 2016, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

2 Obrante a folios 336 del tomo II del expediente sancionador.

i. La resolución debe ser declarada nula pues ha sido emitida en vulneración del derecho al debido procedimiento.

ii. La resolución es nula porque vulnera el principio de tipicidad al sancionar por una infracción que no es aplicable al caso concreto.

iii. La resolución vulnera el principio de concurso de infracciones.

iv. La resolución debe ser revocada pues los incumplimientos imputados no se verificaron en la realidad.

v. La infracción por el incumplimiento de la medida de requerimiento es accesoria y debe se desestimada.

i. La inspeccionada no acreditó que de los documentos revisados “…no se advierte que se haya consignado los estándares de seguridad y salud en las operaciones de las labores de cajeros, confirmándose lo señalado respecto por la instancia anterior respecto del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.

ii. La inspeccionada no acreditó haber brindado la formación e información sobre seguridad y salud en el trabajo respeto a los riesgos específicos a que están expuestos los trabajadores en su puesto de trabajo en relación a la norma ergonómica.

iii. Respecto de la responsabilidad por no identificar los peligros y evaluar los riesgos, la Intendencia identificó que la conducta 1 (No determinar los peligros ergonómicos caracterizados por los factores de riesgo disergonómicos presentes en la ejecución de la labor específica para el puesto de cajera) se identificó que éste si se encuentra dentro de la Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos, la conducta 2 literal b (Medidas de la organización del trabajo deben implementarse para evitar posturas estáticas por largo tiempo) también se encuentran establecidas disposiciones por parte

3 Notificada a la impugnante el 28 de mayo de 2021.

de la impugnante, revocándose estos dos extremos y manteniéndose lo referente a la conducta 2 literal c), referido a los “Valores Recomendados para la Posición de los Segmentos Corporales”.

iv. Respecto de las disposiciones relacionadas a Ergonomía, se revocan parcialmente lo señalado con respecto a la conducta 1 (No acreditar con evidencia documentada la Identificación de Factores de Riesgo Disergonómicos), conducta 2 (No acreditar la metodología para la evaluación de riesgos disergonómicos y no acredita la ejecución de la evaluación de riesgo disergonómico) y conducta 4 (No acredita contar en su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y la organización del trabajo, las medidas implementadas en las áreas de trabajo específicamente para el puesto de trabajo de cajera que establezcan la alternancia de las posturas de trabajo de pie y sentada durante la jornada de trabajo), manteniéndose el extremo sancionado de la conducta 3 (No acredita que los asientos utilizados en los puestos de trabajo, cumpla con los requisitos mínimos de confort, como son: las sillas no cuentan con ajustes regulables desde la posición de sentado, la altura del asiento de la silla no es regulable ni adaptable a la antropometría de los trabajadores y el respaldo de la silla no es regulable en altura).

v. Respecto del concurso de infracciones, señala que las conductas infractoras son claramente disímiles entre sí y vulnera distintas normas sustantivas, derivando de diferentes hechos, careciendo de sustento lo señalado por la impugnante.

vi. Respecto del incumplimiento de la medida de requerimiento, señala que la naturaleza jurídica de la medida de requerimiento es la de ser una medida correctiva que tiene por objeto revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por la inspeccionada de manera previa al inicio del procedimiento sancionador. Por tanto, “…la inspeccionada tiene la carga de dar cumplimiento a lo ordenado en la medida inspectiva de requerimiento, caso contrario, su incumplimiento constituye infracción a la labor inspectiva…” (fundamento 3.32), situación que se ha presentado en el caso materia de autos, al haberse notificado la referida medida a la impugnante, sin haber cumplido con lo dispuesto en ella.

Admisibilidad Y Análisis De Procedencia Del Recurso De Revisión

4 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del

Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 5“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 6 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 7“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 8“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

como MUY GRAVES, previstas en el numeral 28.9 del artículo 28 y el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles9.

“Artículo 16.- Improcedencia del recurso de revisión El recurso de revisión será declarado improcedente cuando: a) El Tribunal carezca de competencia para resolverlo por tratarse de una materia distinta a las previstas en el artículo 14. b) Sea interpuesto fuera del plazo previsto en el artículo 13. c) El impugnante se encuentre incapacitado legalmente para ejercer actos civiles y/o no acredite derecho o interés legítimo afectado. d) El acto impugnado sea un acto preparatorio o un acto confirmatorio de otro ya consentido.”

9 Cómputo iniciado desde el 31 de junio de 2021.

Respecto A La Caducidad Del Procedimiento Y La Aplicación Del Principio Del Debido Procedimiento En El Ejercicio De La Potestad Sancionadora

10 Para efectuar el computo del plazo para resolver se ha considerado lo establecido en el numeral 145.3 del artículo 145 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, esto es que cuando el plazo es fijado en meses o años, es contado de fecha a fecha, concluyendo el día igual al del mes o año que inició, completando el número de meses o años fijados para el lapso. Sí en el mes de vencimiento no hubiere día igual a aquel en que comenzó el cómputo, es entendido que el plazo expira el primer día hábil del siguiente mes calendario.

acápites precedentes, la autoridad podía ampliar dicho plazo, de manera excepcional, como máximo por tres (3) meses, estando el órgano competente obligado a emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la necesidad de esta medida, de manera previa al vencimiento del plazo primigenio.

restrictiva y no analógica de tales normas. Por ejemplo, en la Sentencia recaída en el Expediente N° 02235-2004-AA, ha señalado:

“8. El Tribunal Constitucional, en diversas oportunidades, ha sostenido, sobre la base del principio general de libertad, que el ser humano, en principio, es libre para realizar todo aquello que no esté prohibido en virtud de una ley, ni obligado de hacer aquello que la ley no manda. En ese sentido, si bien las limitaciones a los derechos fundamentales sólo pueden establecerse respetando el principio de legalidad, la interpretación de una limitación legamente impuesta, deberá además, realizarse en términos necesariamente restrictivos, encontrándose vedada la interpretación analógica, in malam partem, de las normas que restrinjan derechos” (énfasis añadido).

“23. Ahora bien, en tanto el ser humano es libre para realizar todo aquello que no esté prohibido por una norma jurídica imperativa, las disposiciones que restringen derechos, al igual que aquellas que reconocen y consagran deberes constitucionales, no pueden aplicarse por analogía y están sujetas a una interpretación restrictiva” (énfasis añadido).

Al respecto, veamos lo siguiente:

b) La taxatividad

El ejercicio de la competencia constitucional está limitado o reducido a lo expresamente conferido. Esta competencia no puede ser ampliada o extendida en modo alguno. Más aún, las facultades conferidas a las autoridades de los órganos u organismos estatales son objeto de interpretación restrictiva. En el ámbito del derecho constitucional opera el apotegma jurídico que dice que “sólo le está permitido al Estado aquello que expresamente le ha sido conferido”, ello a diferencia de lo dispuesto para la ciudadanía, la que se rige por el principio de que “aquello que no está prohibido, está permitido” (énfasis añadido).

procedimiento y, consecuentemente, la nulidad del o los actos administrativos vinculados.

“Artículo 259. Caducidad administrativa del procedimiento sancionador 1. El plazo para resolver los procedimientos sancionadores iniciados de oficio es de nueve {9} meses contado desde la fecha de notificación de la imputación de cargos. Este plazo puede ser ampliado de manera excepcional, como máximo por tres (3) meses, debiendo el órgano competente emitir una resolución debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo, previo a su vencimiento. La caducidad administrativa no aplica al procedimiento recursivo. Cuando conforme a ley las entidades cuenten con un plazo mayor para resolver la caducidad operará al vencimiento de este. 2. Transcurrido el plazo máximo para resolver, sin que se notifique la resolución respectiva, se entiende automáticamente caducado administrativamente el procedimiento y se procederá a su archivo. 3. La caducidad administrativa es declarada de oficio por el órgano competente. El administrado se encuentra facultado para solicitar la caducidad administrativa del procedimiento en caso el órgano competente no la haya declarado de oficio. 4. En el supuesto que la infracción no hubiera prescrito, el órgano competente evaluará el inicio de un nuevo procedimiento sancionador. El procedimiento caducado administrativamente no interrumpe la prescripción. 5. La declaración de la caducidad administrativa no deja sin efecto las actuaciones de fiscalización, así como los medios probatorios que no puedan o no resulte necesario ser actuados nuevamente. Asimismo, las medidas preventivas, correctivas y cautelares dictadas se mantienen vigentes durante el plazo de tres (3)

meses adicionales en tanto se disponga el inicio del nuevo procedimiento sancionador, luego de lo cual caducan, pudiéndose disponer nuevas medidas de la misma naturaleza en caso se inicie el procedimiento sancionador” (énfasis añadido).

“Disposiciones complementarias transitorias (…)

Décima. - Para la aplicación de la caducidad prevista en el artículo 259 del presente Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, se establece un plazo de un (1) año, contado desde la vigencia del Decreto Legislativo Nº 1272, para aquellos procedimientos sancionadores que a la fecha se encuentran en trámite”(énfasis añadido). 11

1. El plazo para resolver el procedimiento sancionador es de 9 meses, computados desde la fecha de notificación de la imputación de cargos. 2. El plazo de 9 meses puede ser ampliado excepcionalmente, antes de su vencimiento, por un máximo de 3 meses, encontrándose debidamente sustentada, justificando la ampliación del plazo. 3. El ejercicio de esta facultad discrecional requiere que el órgano competente emita una resolución. 4. La autoridad administrativa podrá declarar de oficio la caducidad del procedimiento o podrá ser solicitado por el administrado. 5. La declaración de caducidad mantiene subsistente las actuaciones de fiscalización y determinados medios probatorios, bajo ciertas condiciones.

11 Texto según la sección de las Disposiciones Complementarias Transitorias del Decreto Legislativo Nº 1272.

la LPAG podría configurar un supuesto de vulneración al debido procedimiento y, por tanto, acarrear una nulidad.

“El plazo de caducidad del procedimiento administrativo sancionador es de nueve (9) meses y es computado desde la fecha de notificación de la imputación de cargos, es decir, con el inicio del procedimiento administrativo sancionador. Como ya se mencionó, este plazo es ininterrumpido y no se admite su suspensión. El cómputo del plazo de caducidad de un procedimiento sancionador comienza en la fecha de iniciación del procedimiento y no en la de su notificación al administrado. Por el contrario, el día final de ese plazo no es de la fecha de la resolución sancionadora, sino el de su notificación al administrado, dado que elementales razones de garantía impiden que se conceda efecto interruptor a una resolución no comunicada aún”.

No obstante, la norma admite la ampliación del plazo de caducidad por tres (3) meses, pero requiere de una resolución debidamente sustentada por parte del órgano competente, detallando las justificaciones de hecho y de derecho que conllevan a la necesidad de ampliar el plazo regular” 12.

12 Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444. Lima: Gaceta Jurídica S.A., Décimo Cuarta Edición, abril de 2019, Tomo 2, pp. 538 – 539.

3.4.2.1 En lo que se refiere a la primera condición, es claro que la actuación de la Administración desde la cual se computan los plazos es la notificación de la imputación de cargos efectuada por la unidad orgánica competente de cada uno de los órganos respectivos.

3.4.2.2 A este respecto, la identificación del inicio del cómputo de plazos ha sido señalado correctamente por la SIAI y la Intendencia de Lima Metropolitana: desde la notificación de la imputación de cargos.

3.4.3.1 La exigencia normativa establece que el plazo de 9 meses para resolver el procedimiento administrativo sancionador puede ampliarse de forma excepcional.

3.4.3.2 En este punto resulta indispensable enfatizar la relevancia de la comprensión de la excepcionalidad de la medida: no se trata de una obligación de la autoridad administrativa de ampliarlo al aproximarse los 9 meses. Se trata de una facultad que debe ejercerse interpretando su mandato de forma restrictiva, conforme se ha evidenciado previamente.

3.4.3.3 Complementariamente a ello, debe acotarse que la ampliación prevista normativamente puede dictarse considerando un rango de tiempo: entre 1 día y 3 meses, siendo estos los valores inferiores y superiores de dicho rango. La sola selección de la cantidad de tiempo por la cual específicamente se amplía el plazo para resolver el procedimiento sancionador, requiere una motivación suficiente y adecuada.

3.4.3.4 Con relación a esta condición, no se evidencia que el proveído s/n de fecha 31 de enero de 2019, suscrita por la Autoridad de Primera Instancia, contenga un análisis respecto a la excepcionalidad de dictar la ampliación y el sustento que lo justifique. Antes bien, solamente contiene una referencia genérica la complejidad de las materias y a la excesiva carga de expedientes sancionadores con los que cuenta la Autoridad Sancionadora.

3.4.3.5 Por otro lado, respecto a la información o sustento respecto a la elección de los 3 meses (valor máximo del rango) para la prórroga, se puede apreciar que esta decisión se sustenta en:

“Que, de la revisión de lo actuado en el presente procedimiento, se advierte que la empresa CENCOSUD RETAIL PERÚ S.A., fue notificada con el Acta de Infracción N° 1549-2016 el mes de mayo de 2018, estando a la potestad descrita normativamente y, que en el presente procedimiento sancionador no se ha emitido el pronunciamiento respectivo, debido a la excesiva carga laboral con que cuenta esta Sub Intendencia de Resolución, que excede la capacidad operativa, considerando que todos los procedimientos administrativos requieren un análisis minucioso; además de la complejidad de las materias referidas a la Seguridad y Salud en el Trabajo y el número de infracciones (5) detectadas por la autoridad inspectiva, que por su naturaleza necesita ser evaluada con detenimiento, lo que dificulta una atención oportuna al presente procedimiento (expediente sancionador), este Despacho, por las razones expuestas y al amparo del artículo 257 del TUO de la Ley N° 27444, resuelve: AMPLIAR, por tres (3) meses, el plazo máximo para resolver el presente procedimiento administrativo sancionador (…)” (énfasis añadido).

3.4.3.6 Al respecto, esta Sala puede establecer, a partir de los actuados en el expediente, que resulta atendible que la autoridad requiera efectuar un análisis de los hechos imputados en este procedimiento. Lo anterior, además, conlleva al estudio de la información que, a criterio del inspector actuante, sirvió como fundamento para establecer la comisión de las infracciones que se imputan a la impugnante.

3.4.3.7 En efecto, conforme lo establece el literal c) del artículo 45 de la LGIT y de acuerdo a lo regulado en la Tercera Disposición Complementaria Final de la Directiva N° 001-2017-SUNAFIL-INII13, luego de notificada el Acta de Infracción, el sujeto o sujeto responsables cuentan con un plazo de quince (15) días hábiles para presentar los descargos pertinentes ante el órgano competente para instruir el procedimiento. Además de ello, vencido el plazo y con el respectivo descargo o sin él, el órgano competente para decidir la aplicación de la sanción puede disponer la realización de actuaciones complementarias, siempre que las considere indispensables para resolver el procedimiento.

13 La directiva vigente a la fecha de iniciación del PAS era la aprobada mediante Resolución de Superintendencia N° 171-2017-SUNAFIL. La Tercera Disposición Complementaria Final, referida a los Procedimientos sancionadores en trámite, dispone que “Conforme a lo previsto en la Cuarta Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 016-2017-TR, se establece que los procedimientos sancionadores iniciados por Actas de Infracción derivadas de órdenes de inspección generadas hasta el 15 de marzo de 2017, se tramitarán conforma al procedimiento establecido en la LGIT y el RLGIT, previo a las modificaciones realizadas mediante Decreto Supremo N° 015-2017-TR y Decreto Supremo N° 016-2017-TR. Asimismo, los procedimientos sancionadores iniciados por Actas de Infracción derivadas de órdenes de inspección generadas a partir del 16 de marzo de 2017 se tramitarán conforme a las normas de adecuación previstas en el Decreto Supremo N° 016-2017-TR y a la presente Directiva. “

Además de ello, concluido el trámite precedente, se dicta la resolución correspondiente, teniendo en cuenta lo actuado en el procedimiento, en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo para presentar los descargos. Se debe considerar que, además, la resolución correspondiente debe ser notificada al administrado, al órgano o entidad que formuló la solicitud, a quien denunció la infracción, de ser el caso, así como a toda persona con legítimo interés en el procedimiento.

3.4.3.8 Sin perjuicio de lo anterior, se debe considerar que la resolución con la que se amplía el plazo de caducidad debe estar “debidamente sustentada”. Como se ha explicado en líneas precedentes, la Autoridad Sancionadora ha señalado, como fundamento para la ampliación, la excesiva carga y la necesidad de realizar actuaciones administrativas en dicha resolución detalladas, aunque de manera general. Sin embargo, el argumento referido por la autoridad sancionadora no precisa los fundamentos que, en sí mismos, justifican la ampliación del plazo. Además, no obra en el expediente sancionador sustento que permita acreditar la excesiva carga y la necesidad de un análisis minucioso que requiriera un plazo mayor al establecido por ley, y que sustente la ampliación emitida.

3.4.3.9 A mayor abundamiento, a consideración de esta Sala, el carácter excepcional de la medida bajo análisis exige que la Autoridad Administrativa, en principio, haya hecho todo lo posible por cumplir las actuaciones que le corresponden dentro del plazo de los nueve (9) meses establecidos en la norma, procediendo solo a la ampliación cuando el incumplimiento se advierta inminente.

3.4.3.10 Como se puede apreciar en el presente caso, no se advierte que la administración haya agotado todos los esfuerzos necesarios con el fin de culminar con el procedimiento dentro de los plazos de ley, o que dicha actuación se encuentre sustentada debidamente. Además de ello, tampoco se ha sustentado la razón por la cual la Administración requiere del plazo máximo que establece el artículo 259 del TUO de la LPAG, para terminar con su actividad, no sustentándose lo razonable de la decisión en torno a los hechos expuestos y descritos en el expediente.

3.4.3.11 Por tanto, dada la excepcionalidad de la ampliación del plazo de caducidad, la interpretación que se haga sobre dicho procedimiento debe ser restrictiva respecto a los supuestos en los que es posible su aplicación, radicando dicha exigencia en que la autoridad exteriorice las razones objetivas que fundamentan su decisión, a efectos que se pueda determinar si las razones que la sustentan se encuentran arregladas a ley, considerando un necesario análisis de proporcionalidad.

3.4.4.1 Debe precisarse que la decisión de ampliación de plazo deberá materializarse en un tipo jurídico específico: Resolución. La norma no ha dejado a libre configuración del operador jurídico (autoridad administrativa) la determinación de la forma, sino que ha establecido que sea una específica.

3.4.4.2 El objetivo de la norma ha sido, precisamente y dada la interpretación constitucional previamente analizada, que se preserve la excepcionalidad de la medida, imponiendo determinadas cargas a la Administración a fin de evitar que pueda prorrogar con facilidad el plazo previsto sin mediar justificación adecuada ni un tipo jurídico específico.

3.4.4.3 Debe señalarse que, además a esto, la Resolución deberá ser emitida por el órgano competente. Sobre el particular, ni LGIT, la RLGIT, el Reglamento del Tribunal ni el TUO de la LPAG establecen cuál es el órgano competente para emitir la resolución de prórroga.

3.4.4.4 No obstante, el TUO de la LPAG si establece algunas consideraciones que permiten a este Tribunal identificar -dentro del Sistema de Inspección del Trabajo- que autoridad resulta competente para emitir la Resolución prorrogando el plazo de caducidad.

3.4.4.5 La primera está referida a la literalidad de la norma que habilita la competencia para prorrogar el plazo de caducidad. El TUO de la LPAG hace referencia al “órgano” y tal denominación corresponde únicamente a las unidades de organización de primer y segundo nivel en una estructura orgánica, conforme al Anexo 1 – Glosario de Términos del Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, Decreto Supremo que aprueba los Lineamientos de Organización del Estado. En el caso de la SUNAFIL, las autoridades dentro del Sistema de Inspección del Trabajo son la INTENDENCIA DE LIMA METROPOLITANA, así como las unidades orgánicas dependientes de aquella.

3.4.4.6 Por ende, dado que funcionalmente son los órganos de segundo nivel organizacional aquellos que ostentan las competencias inspectivas en el marco del Sistema, son tales órganos de segundo nivel organizacional aquellos competentes para decidir la ampliación del plazo de tramitación del procedimiento administrativo sancionador previo a su caducidad.

3.4.4.7 La segunda consideración a tener en cuenta está referida a la aplicación del principio del debido procedimiento. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado en reiterada jurisprudencia respecto del contenido del derecho fundamental al debido proceso, y su acepción en el Derecho Administrativo como principio del debido procedimiento, incluyendo disposiciones respecto de la autoridad que conoce de una controversia.

3.4.4.8 Por ejemplo, en la Sentencia recaída en el Expediente N° 6149-2006-AA/TC:

“48. Ciertamente, el derecho a ser juzgado por jueces imparciales no se encuentra reconocido expresamente en la Constitución. Ello, sin embargo, no ha impedido a este Tribunal reconocer en él a un derecho implícito que forma parte de un derecho expreso. A saber, del derecho al debido proceso, reconocido en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución (…). El principio de imparcialidad posee dos acepciones: a) imparcialidad subjetiva, que se refiere a cualquier tipo de compromiso que pudiera tener el juez con las partes procesales o en el resultado del proceso; b) imparcialidad objetiva, que está referida a la influencia negativa que puede tener en el juez la estructura del sistema, restándole imparcialidad, es decir, si el sistema no ofrece suficientes garantías para desterrar cualquier duda razonable” (énfasis añadido).

3.4.4.9 Asimismo, en la Sentencia recaída en el Expediente N° 3361-2004-AA/TC:

“El derecho a la tutela procesal efectiva no sólo tiene un ámbito limitado de aplicación, que se reduce a sede judicial. Se emplea en todo procedimiento en el que una persona tiene derecho al respeto de resguardos mínimos para que la resolución final sea congruente con los hechos que la sustenten” (énfasis añadido).

3.4.4.10 Finalmente, en la Sentencia recaída en el Expediente N° 0090-2004-AA/TC:

“[el debido proceso] (…) está concebido como el cumplimiento de todas las garantías, requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias procesales de todos los procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos” (énfasis añadido).

3.4.4.11 Con relación a lo anterior, se aprecia que, como parte del principio del debido proceso, se identifica el derecho a la tutela procesal efectiva y a la imparcialidad, los cuales son aplicables al procedimiento administrativo, como bien señala el propio Tribunal Constitucional.

3.4.4.12 A este respecto, se evidencia que si la Sub Intendencia de Resolución (unidad orgánica distinta a un órgano) tuviera la competencia de prorrogar el propio plazo que ostenta para evitar la caducidad, tendría todos los incentivos para prorrogar las actuaciones a su cargo por el máximo plazo posible. Esta situación genera un perjuicio evidente a los administrados e interpreta extensivamente la norma del TUO de la LPAG respecto de la competencia para emitir la Resolución de ampliación del plazo de culminación del procedimiento administrativo sancionador dado que la Sub Intendencia no tiene la cualidad jurídica de “órgano” sino de “unidad orgánica”.

3.4.4.13 Es importante acotar, entonces, que en el presente caso la SIRE no ha cumplido con la carga establecida por el TUO de la LPAG, así como la justificación de la excepcionalidad de la ampliación y de la extensión del tiempo de dicha prórroga hasta el máximo posible.

3.4.5.1 En el presente caso, dado que se trata de una materia sujeta a la competencia del Tribunal y no fue advertida en la instancia inferior, la caducidad será declarada por este órgano de revisión.

3.4.5.2 Conforme a ello, este Tribunal ha revisado la totalidad de las actuaciones que componen el expediente administrativo y ha evidenciado la configuración de la causal de caducidad como consecuencia de la vulneración del debido procedimiento al emitir la Resolución de Sub Intendencia N° 208-2019- SUNAFIL/ILM/SIRE3 de fecha 04 de marzo de 2021.

3.4.6.1 Es importante aclarar que la declaración de caducidad que efectúa el Tribunal no supone la nulidad de toda la actuación realizada por las instancias precedentes, sino que, en virtud al texto expreso de los numerales 4 y 5 del artículo 259° del TUO de la LPAG, determinadas actuaciones resultan subsistentes.

3.4.6.2 De esta forma, la declaración de caducidad no deja sin efecto las actuaciones de fiscalización, así como los medios probatorios que no puedan o no resulte necesario ser actuados nuevamente.

3.4.6.3 Así también las medidas preventivas, correctivas y cautelares dictadas se mantienen vigentes durante el plazo de tres (3) meses adicionales en tanto se disponga el inicio del nuevo procedimiento sancionador, luego de lo cual caducan, pudiéndose disponer nuevas medidas de la misma naturaleza en caso se inicie el procedimiento sancionador.

3.4.6.4 Finalmente, la autoridad competente conforme al Sistema, en caso la infracción no hubiera prescrito, evaluará el inicio de un nuevo procedimiento sancionador. El procedimiento caducado administrativamente no interrumpe la prescripción.

Resultado Del Análisis Realizado

haga valer en la vía legal que corresponda, en tanto la caducidad sólo incide en el presente procedimiento administrativo.

POR TANTO:

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley N° 29981 – Ley que crea la SUNAFIL, el artículo 41 de la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, el artículo 259° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, y los artículos 15 y 17 del Decreto Supremo N° 007-2013-TR – Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL y sus modificatorias, y los artículos 2, 3 y 17 del Decreto Supremo N° 004-2017-TR – Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral,

SE RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar NULO el proveído s/n del 31 de enero de 2019 emitido por la Sub Intendencia de Resolución 3 de la Intendencia Lima Metropolitana, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO.- Declarar la CADUCIDAD del procedimiento administrativo sancionador seguido contra CENCOSUD PERÚ RETAIL S.A.., recaído en el expediente N° 2269-2016-SUNAFIL/ILM/SIRE3 de la Intendencia de Lima Metropolitana.

TERCERO.- Devolver los actuados a la Intendencia de Lima Metropolitana con la finalidad que proceda conforme a lo establecido en el numeral 4 del artículo 259° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, de ser el caso y conforme a sus competencias. Además de lo señalado en el fundamento 4.5 de la presente resolución.

14“TUO de la LPAG Artículo 11.- Instancia competente para declarar la nulidad (…) 11.3 La resolución que declara la nulidad dispone, además, lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad del emisor del acto inválido, en los casos en que se advierta ilegalidad manifiesta, cuando sea conocida por el superior jerárquico”.

CUARTO.- Notificar la presente resolución a CENCOSUD PERÚ RETAIL S.A. y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil)

Documento Firmado Digitalmente

Documento Firmado Digitalmente Luis Erwin Mendoza Legoas

Desirée Bianca Orsini Wisotzki Presidente

Documento Firmado Digitalmente Luz Imelda Pacheco Zerga