Banco de Crédito del Perú — Resolución 0234-2026

Mediante Orden de Inspección N° 36882-2021-SUNAFIL/ILM, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 13464-2021- SUNAFIL/ILM (en adelante, el Acta de Infracción). En mérito a la denuncia formulada en aplicación del inciso c) del artículo 12 de la Ley General de Inspección del Trabajo (en adelante, LGIT).

Que, mediante Imputación de Cargos N° 256-2022-SUNAFIL/ILM/SINS/AI5, notificada de 13 de octubre de 2022, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53° del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 758-2022-SUNAFIL/ILM/SINS/AI5, notificada el 28 de noviembre de 2022 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Subintendencia de Sanción 2 de la Intendencia de Lima Metropolitana, la que mediante Resolución de Sub Intendencia N° 750-2023-SUNAFIL/ILM/SISA2, notificada el 24 de febrero de 2023, multó a la impugnante por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 15 de marzo de 2023, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 750-2023-SUNAFIL/ILM/SISA2, solicitando que se declare la nulidad de la misma o que, en su defecto, se deje sin efecto la multa impuesta.

Mediante Resolución de Intendencia N° 1146-2023-SUNAFIL/ILM, notificada el 29 de agosto de 2023, la Intendencia de Lima Metropolitana declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, desestimando los argumentos deducidos y confirmando la sanción impuesta.

Con fecha 31 de agosto de 2023, la impugnante presentó ante la Intendencia de Lima Metropolitana el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 1146-2023- SUNAFIL/ILM.

Con fecha 02 de octubre de 2023, la impugnante presentó un escrito sumillado como “Téngase presente”, mediante el cual amplia sus argumentos impugnatorios del recurso de revisión.

La Intendencia de Lima Metropolitana admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORANDUM-004051-2023- SUNAFIL/ILM, recibido el 03 de enero de 2024 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299812, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299813, en concordancia con el artículo 41 del LGIT4, el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR5, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR6 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”7.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que el Banco de Crédito del Perú, presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1146-2023- SUNAFIL/ILM, que confirmó la sanción impuesta por la comisión de dos (02) infracciones MUY GRAVES a la labor inspectiva, tipificadas en el numeral 46.3 del artículo 46 de RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 31 de agosto de 2023.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por el Banco de Crédito del Perú

Con fecha 31 de agosto de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 1146-2023-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

Con fecha 02 de octubre de 2023, la impugnante presentó un escrito sumillado como “Téngase presente”, mediante el cual amplia sus argumentos impugnatorios del recurso de revisión, señalando lo siguiente:

Sobre el particular, el TUO de la LPAG establece que, “la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procedimental”8 (énfasis añadido).

Del mismo modo, el numeral 15.1 del artículo 15 del RLGIT establece que, “durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos obligados al cumplimiento de las normas sociolaborales, prestarán la colaboración que precisen los inspectores del trabajo para el adecuado ejercicio de las funciones encomendadas, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 9 de la Ley”.

En ese sentido, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la LGIT: “Los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los Supervisores-Inspectores, los Inspectores del Trabajo y los Inspectores Auxiliares cuando sean requeridos para ello. En particular y en cumplimiento de dicha obligación de colaboración deberán: (...) e) Facilitarles la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones”.

Cabe señalar que, “las actuaciones inspectivas, son las diligencias que la Inspección del Trabajo sigue de oficio, con carácter previo al inicio del procedimiento administrativo sancionador, para comprobar si se cumplen las disposiciones vigentes en materia sociolaboral y poder adoptar las medidas inspectivas que en su caso procedan, para garantizar el cumplimiento de las normas sociolaborales”. Asimismo, “la función inspectiva, es entendida como la actividad que comprende el ejercicio de la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo”. En ese entendido, el comportamiento del inspector comisionado debe orientarse al cumplimiento de las funciones establecidas en la LGIT y su Reglamento, tutelando el fin perseguido por dichas normas y debiendo adoptar medidas y acciones en el marco del principio de razonabilidad.9

Por su parte, en el numeral 3.1 del artículo 5 de la LGIT se establece que, “En el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo que estén debidamente acreditados, están investidos de autoridad y facultados para proceder a practicar cualquier diligencia de

Asimismo, de acuerdo a lo señalado en el numeral 7.12.4 de la versión 02 de la Directiva N° 001- 2020-SUNAFIL/INII, Directiva sobre el Ejercicio de la Función Inspectiva, aprobado por Resolución de Superintendencia N° 216-2021-SUNAFIL, de fecha 10 de agosto de 2021, se dispone que, “7.12.4. La negativa del sujeto inspeccionado a proporcionar al inspector comisionado la información solicitada mediante esta modalidad y bajo apercibimiento, constituye infracción a la labor inspectiva, según lo previsto por el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, siempre que haya sido notificado según lo establecido en el TUO de la LPAG y normas sobre la materia. Para que se configure la negativa, tiene que haberse advertido que la información y documentación exigida exista a la fecha del requerimiento, y que ésta deba ser necesaria para el desarrollo de las funciones del inspector comisionado.”.

Es pertinente recordar que el artículo 36 de la LGIT10, establece que el comportamiento subsumible dentro de las infracciones a la labor inspectiva “puede ser directo o indirecto, perjudicando o dilatando la labor del inspector actuante de manera tal que no permita el cumplimiento de la fiscalización, o negándose a prestarle el apoyo necesario” (énfasis añadido).

El tipo administrativo contenido en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, está orientada a sancionar una negativa del sujeto inspeccionado o de sus representantes el facilitar la

Así, corresponde analizar el cumplimiento del principio de tipicidad11. Sobre el particular, recuerda la doctrina que “el mandato de tipificación que este principio conlleva, no solo se impone al legislador cuando redacta el ilícito, sino a la autoridad administrativa cuando instruye un procedimiento sancionador y debe realizar la subsunción de una conducta en los tipos legales existentes”12.

Debemos señalar que de la lectura de las normas que sancionan los incumplimientos a la labor inspectiva, la responsabilidad administrativa no solo admite el comportamiento doloso, pues bajo el principio de culpabilidad se admite también factores subjetivos de responsabilidad, tales como la falta de diligencia13. Tal es el estándar que en este caso se debe establecer, al desacatarse una norma de orden público (revisar la casilla electrónica para cumplir con los diversos requerimientos que pudieran recibirse de parte de la inspección del trabajo).14

Cabe agregar también que el Tribunal de Fiscalización Laboral, en la línea de procurar la más estricta aplicación del principio de tipicidad, emitió el primer precedente sobre la materia, establecido en la Resolución de Sala Plena N° 001-2021-SUNAFIL/TFL, que en su fundamento 15 determina lo siguiente:

Ahora bien, en el caso concreto, del análisis del expediente inspectivo, se advierte la emisión del requerimiento de información de fecha 22 de noviembre de 2021, notificado vía casilla electrónica el mismo día, mediante el cual se solicitó información relacionada a las materias de inspección, otorgándole un plazo de tres (03) días hábiles para su cumplimiento; conforme se comprueba de las siguientes constancias de notificación:

No obstante, conforme se dejó constancia en el numeral 4.7 de los Hechos Constatados del Acta de Infracción, la inspeccionada no cumplió con remitir la información solicitada; de manera que,

Asimismo, al consultar el aplicativo “Consulta de Notificaciones” implementado por la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (OTIC), se corrobora que la impugnante registró sus datos de contacto en el Sistema de Casilla Electrónica mucho antes de la notificación de los requerimientos informativos, de modo que la emisión de la alerta por correo electrónico prevista en el artículo 6 del Decreto Supremo N° 003-2020-TR, fue correctamente enviada a la impugnante, tal como se puede corroborar de las siguientes imágenes: Figura N° 04: Registro de datos

De esta forma, esta Sala corrobora que, no solo por el mandato de obligatoriedad del uso de la casilla electrónica previsto en el Decreto Supremo 003-2020-TR, sino por la comprobación de que la inspeccionada registró sus datos en el Sistema de Casilla Electrónica y por ende tuvo accesos al mismo de manera previa a la notificación de los requerimientos de información,

Ahora bien, a pesar de lo anterior, la inspeccionada alega que la configuración del tipo infractor contenido en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, requiere una negación expresa a brindar la información requerida por el inspector comisionado, lo cual no ha ocurrido en su caso. Al respecto, cabe precisar que al confirmarse que la impugnante tuvo acceso previo al Sistema de Casilla Electrónica y que fue debidamente alertado por correo electrónico respecto del depósito de los requerimientos de información, es evidente que dentro del procedimiento sancionador ha quedado demostrado que la impugnante tuvo conocimiento de la solicitud informativa efectuada por el inspector comisionado y que, sin embargo, no la atendió dentro del plazo que le fue concedido en cada una ni tampoco extemporáneamente. Tal omisión, es una acción denegatoria generada por la negligencia de la inspeccionada que resulta contraria a sus deberes de colaboración, pues como se ha establecido en la Resolución de Sala Plena N° 001-2021- SUNAFIL/TFL, la acción omisiva que se subsume dentro del tipo infractor del numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, es aquella que incumple con la entrega de la información requerida oportunamente frustrando el desarrollo de las actuaciones inspectivas y la comprobación de las materias de inspección, tal cual ha ocurrido en el presente caso.

Así, para la configuración de la infracción mencionada, la intención como acto voluntario de negar la entrega de la información que exige la impugnante, se sustenta en que a pesar de tener conocimiento de los requerimientos informativos, corroborados con el acto válido de la notificación de los documentos que los contienen, la impugnante incumplió con su facilitación, impidiendo que el inspector pueda verificar el cumplimiento de las materias de inspección y limitando el objetivo de la fiscalización. De este modo, la omisión observada por la inspeccionada al no presentar la información solicitada en los requerimientos de información no es un mero acto omisivo de retraso o perturbación del desarrollo de las actuaciones inspectivas sino una negativa derivada de la falta de diligencia que frustró la verificación de las materias de inspección conforme dejó constancia el inspector en el numeral 4.8 de los Hechos Constatados del Acta de Infracción. Tales actos omisivos, calzan como la negativa prevista en el tipo infractor del numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, no observándose infracción al principio de tipicidad y motivo de nulidad alguno por ello.

Por otra parte, la impugnante sostiene que la imposibilidad de cumplirse con el objetivo de la inspección no le sería atribuible, sino que es imputable al inspector comisionado por no haber desplegado acciones adicionales para tal fin, conforme a la Directiva N° 001-2016-SUNAFIL/INII. Al respecto, corresponde precisar que, si bien el numeral 12.1 del artículo 12 del RLGIT reconoce diversas modalidades de actuación a disposición de los inspectores de trabajo para la investigación de las materias comprendidas en la orden de inspección, el requerimiento de información constituye una de las herramientas más esenciales y eficaces para la verificación del cumplimiento de las obligaciones sociolaborales. Ello resulta especialmente relevante en el presente caso, en el que, a partir de los hechos denunciados y la materia de inspección, el comisionado solicitó la remisión de información relevante en poder de la inspeccionada para lograr corroborar la comisión de presuntos actos hostiles. En consecuencia, la omisión de informativa constituye la causa directa de la frustración de la actuación inspectiva, al haber impedido verificar el cumplimiento de las materias objeto de fiscalización.

Asimismo, también se sostiene en el recurso de revisión que la frustración de las actuaciones inspectivas, como elemento esencial para la configuración de la infracción prevista en el numeral

del artículo 46 del RLGIT, no es imputable a la impugnante dado que el inspector comisionado puso término a la investigación antes del cumplimiento del plazo de treinta (30) días hábiles que le fue otorgado, sin que durante el mismo decidiera utilizar otros mecanismos de actuación. En ese sentido, como se ha señalado en el fundamento anterior, es el inspector comisionado quien determina la modalidad de actuación dependiendo de la materia a inspeccionar conforme a cada caso. De este modo, si bien existe un criterio jurisprudencial orientado a que el inspector procure utilizar los mecanismos a su alcance para cumplir con el objetivo de la fiscalización, ello no implica que deba prolongar indefinidamente las actuaciones cuando se verifica una conducta renuente y persistente del sujeto inspeccionado.

Por tanto, frente a la falta de respuesta reiterada a los requerimientos debidamente notificados, resulta válido que el inspector disponga el cierre de la investigación y la calificación de la inconducta contraria al deber de colaboración, más aún cuando se acredita que el comisionado agotó medios razonables de comunicación con la inspeccionada. En el presente caso, consta que con fecha 26 de noviembre de 2021, a las 13:04 horas, el inspector remitió un correo electrónico —a las direcciones registradas por la inspeccionada en el Sistema de Casilla Electrónica— informando sobre el depósito del segundo requerimiento de información, el cual fue expresamente respondido por la inspeccionada el mismo día a las 16:36 horas confirmando la recepción de la notificación, sin que esta cumpliera con remitir la documentación solicitada, conforme consta en los numerales 4.8 y 4.9 de los Hechos Constatados del Acta de Infracción.

Esto demuestra que el inspector comisionado cumplió con disponer las medidas de actuación que mejor consideró en la investigación, desplegando incluso esfuerzos efectivos para comunicarse directamente con la inspeccionada y obtener la información esencial requerida; y que, sin embargo, la inspeccionada no acató la solicitud informativa mostrando una conducta reticente y contrario a los deberes de colaboración. Por tanto, el que el comisionado decidiera poner fin a las actuaciones inspectivas antes del cumplimiento del plazo no significa que limitación o frustración le es imputable a este, no solo porque el plazo concedido en la orden de inspección es un plazo máximo, sino porque –como se ha señalado– el proceder de aquel se basó en la posición renuente de la inspeccionada pese a los esfuerzos ejecutados. Con esto, se comprueba que el inspector actuó dentro de los parámetros de razonabilidad coherentes con el ejercicio de la función inspectiva, desestimando los argumentos presentados por la impugnante en este extremo.

Con relación a la aplicación del precedente vinculante contenido en la Resolución de Sala Plena N° 012-2023-SUNAFIL/TFL, argumento sostenido por la impugnante en el escrito sumillado “Téngase Presente” de fecha 02 de octubre de 2023, es importante citar lo establecido en el mismo en lo sucesivo:

A partir de lo anterior, se advierte que el citado precedente prevé que el uso de las distintas modalidades de actuación se evalúa según el caso en concreto, de manera que no en todos los casos el inspector podrá prescindir de un segundo requerimiento de información y aplicar otros medios de investigación, si es que en virtud del tenor de las materias de inspección –como ocurre en el presente procedimiento– la aportación de documentación e información es el medio más apropiado y necesario para cumplir con la verificación de las materias inspectivas. Además, en el presente caso, se observa que el inspector cumplió con agotar otros medios de comunicación con la inspeccionada, como el correo de fecha 26 de noviembre de 2021, y que la propia inspeccionada a pesar de confirmar la recepción del requerimiento informativo, no cumplió con el mismo reafirmando la vulneración a los deberes de colaboración que le corresponde y frustrando el desarrollo de las actuaciones inspectivas, frente a lo cual la existencia o no de mayores medios de actuación no enerva su responsabilidad administrativa, ni subsana la vulneración advertida. De este modo, el precedente contenido en la Resolución de Sala Plena N° 012-2023-SUNAFIL/TFL, no permite imputar la imposibilidad de continuar con la inspección al inspector comisionado, ni tampoco exime de responsabilidad a la impugnante frente a la reticencia informativa que demostró en el procedimiento.

Así, las alegaciones efectuadas en el recurso de revisión corresponden ser desestimadas, reafirmándose la comisión de las dos infracciones muy graves a la labor inspectiva, tipificadas en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, al haber incumplido la inspeccionada con los requerimientos informativos del 22 y 26 de noviembre de 2022, pese a haber sido debidamente notificada, negándose así a brindar la información solicitada por el inspector, frustrando con dicha conducta el cumplimiento de la función inspectiva.

La impugnante sostiene que ambas infracciones impuestas constituyen una doble sanción por los mismos hechos, lo que implica un exceso de punición carente de razonabilidad pese a que estas implican una infracción continuada. Así, debemos precisar que lo señalado conllevaría una infracción al principio non bis in ídem, el mismo que impide que una misma persona sea sancionada más de una vez por el mismo hecho, siempre que concurra identidad de sujeto, hecho y fundamento. Este mismo es desarrollado por el Tribunal Constitucional en sus diversas resoluciones16 –como en el fundamento 3.3 del expediente N° 02704-2012-PHC/TC– estableciendo que: “La non bis in ídem es un principio que informa la potestad sancionadora del Estado, el cual impide –en su formulación material- que una persona sea sancionada o castigada dos (o más veces) por una misma infracción cuando exista identidad de sujeto, hecho y fundamento”.

En esa misma línea, el numeral 11 del artículo 248° del TUO de la LPAG, precisa que: “No se podrán imponer sucesiva o simultáneamente una pena y una sanción administrativa por el mismo hecho en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, hecho y fundamento. Dicha prohibición se extiende también a las sanciones administrativas, salvo la concurrencia del supuesto de continuación de infracciones a que se refiere el inciso 7”.

Al respecto, corresponde traer a colación lo establecido en la Resolución de Sala Plena N° 013- 2022-SUNAFIL/TFL, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 26 de noviembre de 2022, la cual señala lo siguiente:

En tal sentido, de lo descrito precedentemente, se aprecia que se configura una afectación del principio de non bis in idem, al evidenciarse (i) la identidad subjetiva, que consiste en que ambas pretensiones punitivas sean ejercidas contra el mismo administrado; (ii) la identidad de hecho u objetiva, que consiste en que la conducta incurrida por el administrado debe ser la misma en ambas pretensiones punitivas, bajo los mismos criterios de objetivación (el acto reprochado, durante el mismo periodo fiscalizado); y (iii) la identidad de fundamento, que consiste en que el bien jurídico protegido y los intereses tutelados por las distintas normas sancionadores sean los mismos.

Es preciso recordar que, conforme con la dogmática, el non bis in ídem es un principio que adquiere una faz material, que impide la aplicación de dos o más sanciones ante la verificación de la llamada “triple identidad”; así como una faz procedimental, que impide desplegar múltiples procedimientos sancionadores, cuando entre ellos se pueda deducir la llamada triple identidad. Esto último, claro está, sin perjuicio de la punición de actos continuos o de infracciones permanentes, lo que corresponde a hechos y/o fundamentos distinguibles, cada vez.

En particular, es importante que el órgano de la Administración que conociere un caso donde se invoca al non bis in ídem, deba verificar la identidad de sujetos, hechos y, singularmente (por requerir un análisis más detenido y en algunas ocasiones obviado), la llamada identidad de fundamento punitivo. Por esta última identidad, se entiende que “busca determinar si las normas concurrentes protegen o no un mismo bien jurídico”.17 De esta forma, es preciso que los órganos de la Administración verifiquen si dos procesamientos significan o no la superposición de regímenes sancionadores con idénticos o distintos bienes jurídicos.

En consecuencia, corresponde efectuar un análisis respecto de la concurrencia de la triple identidad (sujeto, hecho y fundamento) en el presente caso, en atención a que la inspeccionada sostiene que se le ha impuesto una doble sanción por un mismo hecho, lo que, en esencia, implica la vulneración del principio non bis in ídem. Al respecto, se precisa lo siguiente:

En ese sentido, se advierte que el incumplimiento del pedido de información contenido en el requerimiento de información de fecha 22 de noviembre de 2022 configura una infracción distinta a la vulneración de los deberes de colaboración verificada respecto del requerimiento de información de fecha 26 de noviembre 2022, en tanto ambos actos fueron emitidos en momentos diferenciados de la investigación inspectiva y generaron obligaciones y exigencias autónomas que fueron respectivamente desacatadas por la inspeccionada. Así, al poseer una identidad objetiva diferenciada, el reproche administrativo correspondiente debe ser particular e independiente. En consecuencia, no se configura la triple identidad de sujeto, hecho y fundamento jurídico exigida para la aplicación del principio non bis in ídem, al no tratarse de una doble persecución sancionadora por los mismos hechos, sino de reproches administrativos autónomos derivados de conductas infractoras distintas; por lo que no se advierte vulneración alguna al principio de razonabilidad y no corresponde estimar este extremo del recurso de revisión.

Por otro lado, con relación a la aplicación del criterio contenido en la Resolución Nro. 035-2023- SUNAFIL/TFL-Primera Sala y en la Resolución N° 737-2022-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, respecto de la vulneración al principio de razonabilidad por la emisión de un segundo requerimiento informativo reiterativo al no existir respuesta al primer requerimiento de información, corresponde precisar que estas resoluciones se emitieron en base al supuesto en el que el sujeto

En base a todo lo señalado de manera precedente, no corresponde tampoco amparar los argumentos esgrimidos por la impugnante en este extremo. De manera que, no existiendo vicio de nulidad ni aplicación y/o interpretación errónea de las normativas que califican la conducta observada por la inspeccionada como dos (02) infracciones a la labor inspectiva, prescritas en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, que han frustrado la verificación de las materias de inspección por parte del inspector comisionado, se confirma la resolución impugnada.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador sería la que corresponde a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.