Artimoda S.A — Res. 137-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Compensación por tiempo de servicios (Sub materia: Depósito de CTS); Remuneraciones (Sub materia: Pago íntegro y oportuno de la remuneración convencional (Sueldos y salarios); y, Gratificaciones); Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Sub materia: Vacaciones); Bonificación no remunerativa (Sub materia: Incluye todas); y, Planillas o registros que la sustituyan (Sub materia: Entrega de boletas de pago al trabajador y sus formalidades). Luis Mendoza Legoas DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de la gratificación legal, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 5,670.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de la bonificación extraordinaria, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 5,670.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de la compensación por tiempo de servicios, tipificada en el numeral 24.5 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 14,196.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de la remuneración vacacional, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 9,450.00.

- Una (01) infracción LEVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar la entrega de las boletas de pago, tipificada en el numeral 23.2 del artículo 23 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 966.00.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, por no acreditar el pago de la remuneración convencional, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 5,670.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la verificación de la medida de requerimiento de fecha 23 de enero de 2019, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 18,900.00.

i. Sobre las gratificaciones legales y bonificaciones extraordinarias, la inspeccionada afirma haber cumplido con el pago integro, acreditado con las boletas de pago de remuneraciones correspondientes a los meses de diciembre 2017 y julio y diciembre de 2018, suscrita por cada trabajador en señal de conformidad con el pago. ii. Precisan que, el artículo 18 del Decreto Supremo N° 001-98-TR señala que el pago de la remuneración se acredita con la boleta de pago firmada. Siendo que a partir del año 2020 recién existe la obligatoriedad de pago de todo concepto remunerativo de manera bancarizada, no debiendo multar. iii. Sobre la compensación por tiempo de servicios, la inspeccionada afirma que ha cumplido con el pago integro de los periodos observados, acreditando ello con los depósitos bancarios y liquidaciones de beneficios sociales correspondientes, no debiendo aplicársele ninguna multa. iv. Sobre el pago de la remuneración vacacional, la inspeccionada afirma haber cumplido con el pago íntegro, lo que demuestra con documentos adjuntos. Precisando que, respecto al trabajador Juan Martín Tipola Cabanillas, la fecha señalada en el cuadro de la resolución apelada no obedece a la realidad, pues el trabajador gozó de sus vacaciones por el periodo 2018 a 2019, desde el 14 al 28 de enero de 2019, no guardando relación, pues en el mes de enero de 2018, según lo señalado por la autoridad, el trabajador aún no había ganado su derecho vacacional respecto al periodo 2018 a 2019; situación similar ocurre con la trabajadora Armilda Elizabeth Moreno Reaño, en la cual se exigen la acreditación de vacaciones otorgadas desde el 14 al 21 de enero de 2018, por el periodo 2018 a 2019. Sin embargo, se obtuvo derecho a dicho periodo recién a partir del 29 de enero de 2019, más aún cuando el referido trabajador ingresó a la empresa el 29 de enero de 2018. Por lo que, se debe validar el goce del periodo vacacional durante el 31 de diciembre de 2018 al 21 de enero de 2019. v. Sobre el pago de las remuneraciones y la no entrega de las boletas, se ha cumplido con pagar la totalidad de las remuneraciones observadas por la autoridad inspectiva, acreditado con las boletas correspondientes a los meses de setiembre a diciembre de 2018, debidamente suscritas por cada trabajador en señal de conformidad, debiéndose tener en cuenta que recién a partir del mes de mayo de 2020, existe la obligatoriedad de pago de todo concepto remunerativo de manera bancarizada, por lo que, se cumple con subsanar el supuesto incumplimiento detectado. vi. Sobre el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento de fecha 23 de enero de 2019, la inspeccionada considera que durante todo el procedimiento

remitió información, evidenciando la intencionalidad de apoyo a la autoridad y la inexistencia de la figura de obstrucción. Siendo que la autoridad inspectiva no señala cuál fue la conducta obstruccionista que podría ser tipificada como tal, ya que incluso el mismo 30 de enero de 2019 se remitió información, no existiendo obstrucción de su parte, sino un criterio errado de la autoridad, que evidencia una intencionalidad por generar una multa en su contra.

i. Que, de la revisión de la documentación adjunta, y vuelta del expediente sancionador, si bien obra copia de 07 Detalles de Operación emitidos por el Banco BanBif, se puede advertir que éstos no son suficientes para cubrir el pago de la totalidad de los periodos adeudados de los conceptos de remuneración y vacaciones, siendo que en el caso de la remuneraciones faltaría cubrir los periodos de setiembre y diciembre de 2018, y de vacaciones los periodos 2016 a 2017 y 2017 a 2018; observándose de las citadas copias que no corresponden al pago de los otros beneficios sociales adeudados. ii. Asimismo, se observa que, en las liquidaciones de beneficios sociales, no consta la firma de los trabajadores en señal de conformidad; así como también se advierte que nueve de las boletas de pago presentadas, también se encuentran sin la firma de los trabajadores. Mientras que otros documentos presentados como el voucher de pago que obra a fojas 51, boletas de pago y papeles sobre pago de planillas presentadas son completamente ilegibles, al ser borrosas, estar incompletas o manchadas, no pudiendo corroborar de su contenido el cumplimiento de las obligaciones de la inspeccionada. iii. De la revisión de las copias de las boletas de pago restantes, que son legibles y presuntamente contarían con las firmas de los trabajadores, se verifica que tampoco acreditan el pago íntegro de los beneficios sociales y remuneración adeudados a los 12 trabajadores afectados, no cubriendo por completo los periodos adeudados. De igual manera, se observa que la inspeccionada presentó a su vez documentos como copias de solicitud de vacaciones y una carta notarial de fecha 04 de marzo de 2020 sin la constancia de recepción del trabajador a la que fue dirigida, que no acreditan el pago de las obligaciones adeudadas por la inspeccionada.

2 Notificada el 13 de mayo de 2022. Véase folio 123 del expediente sancionador.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

III. DEL RECURSO DE REVISIÓN 3.1 El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

8 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017- TR. 20555195444 soft

derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE ARTIMODA S.A.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 03 de junio de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 776-2022-SUNAFIL/ILM, señalando los siguientes alegatos:

i. Consideran que existe falta de motivación en la resolución impugnada, en tanto que, no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión, intentando solo dar cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico. ii. Evidencian una motivación aparente al momento de emitirse la resolución, asimismo, un precario análisis, sin precisar que beneficios y respecto de qué trabajadores se habrían acreditado con los documentos remitidos en la segunda instancia, limitándose a señalar que se ha podido advertir que éstos no son suficientes para cubrir el pago de la totalidad de los periodos adeudados de los conceptos de remuneración y vacaciones. iii. Sostienen que no se analiza de manera conjunta los medios probatorios remitidos, sin especificar qué periodos y que trabajadores sí habrían sido acreditado y cuáles no, lo que evidencia un carente análisis de los medios probatorios entregados, emitiéndose una resolución con una indebida motivación. iv. Refieren que se ha vulnerado el principio al debido procedimiento y presunción de licitud, por lo que, la autoridad inspectiva debió tomar por cierto lo manifestado,

respecto al pago de los beneficios sociales reclamados, más aún sí, de la propia lectura del recurso de apelación se contemplaban los cálculos realizados, los mismos que se complementaban con los pagos efectuados y remitidos. v. Alegan que se ha desconocido la presunción de licitud, en tanto que se determina que no habrían cumplido con los pagos de los beneficios sociales de los trabajadores, desconociendo el recurso de apelación y los documentos presentados, bajo el abstracto criterio de que no se visualizaría de manera nítida los documentos, sin tener en cuenta que, al momento de presentar un escrito por mesa de partes virtual, el peso de los documentos es limitado. vi. Sobre la no acreditación del pago de las gratificaciones legales y bonificación extraordinaria, precisan que, sí han cumplido con el pago de la totalidad de las gratificaciones legales y bonificaciones extraordinarias observadas por la autoridad inspectiva, acreditando lo señalado con las boletas de remuneraciones suscritas por cada trabajador en señal de conformidad con el pago. vii. Señalan que, en las boletas correspondientes a los meses de diciembre 2017, así como los meses de julio y diciembre de 2018, se constata el pago de las gratificaciones legales y bonificaciones correspondientes, encontrándose las boletas en mención, debidamente suscritas por cada trabajador en señal de conformidad. viii. Consideran que se debe tener en cuenta que, recién a partir de mayo de 2020, existe la obligatoriedad de pago de todo concepto remunerativo de manera bancarizada, esto de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1499. En ese sentido, de manera previa al 2020, la boleta de remuneración debidamente suscrita por el trabajador equivalía a sustento suficiente para acreditar el pago de la remuneración y de cualquier otro concepto contenido en esta; por lo que, con la remisión de las boletas de remuneración de los periodos observados por la autoridad, debidamente suscritas por los trabajadores cumplieron con subsanar el supuesto incumplimiento detectado, no debiéndose imponer multa alguna al respecto. ix. Sobre la no acreditación del pago de la CTS, manifiestan que han cumplido con el pago de la totalidad de la compensación por tiempo de servicios de los periodos observados por la autoridad inspectiva, acreditando lo señalado, con los depósitos bancarios y liquidaciones de beneficios sociales correspondientes. x. Respecto a la no acreditación del pago de la remuneración vacacional, refieren que, han cumplido con el pago de la totalidad de las vacaciones observadas, lo que demuestran con documentos adjuntos. Asimismo, precisan que, respecto del trabajador Tipola Cabanillas Juan Martín, la fecha señalada en el cuadro (14 al 23 de enero de 2018) no obedece a la realidad, toda vez que el referido trabajador, gozo de vacaciones por el periodo 2018-2019 desde el 14 de enero al 28 de enero de 2019, lo cual guarda relación, toda vez que, en el mes de enero del 2018, el trabajador no había ganado su derecho vacacional respecto del periodo 2018-2019. Situación similar ocurre con la trabajadora Moreno Reaño Armilda Elizabeth, en la cual se exige la acreditación de vacaciones otorgadas desde el 14 al 21 de enero de 2018, por el periodo 2018 a 2019; sin embargo, se obtuvo derecho a dicho periodo recién a partir del 29 de enero de 2019, más aún cuando la referida trabajadora ingresó a la empresa el 29 de enero de 2018. Por lo que, se debe validar el goce del periodo vacacional durante el 31 de diciembre de 2018 al 21 de enero de 2019.

xi. Sobre el pago de las remuneraciones y la no entrega de las boletas, alegan que han cumplido con pagar la totalidad de las remuneraciones observadas por la autoridad inspectiva, acreditado con las boletas de remuneraciones suscritas por cada trabajador en señal de conformidad. xii. Consideran que se debe tener en cuenta que recién a partir del mes de mayo de 2020, existe la obligatoriedad de pago de todo concepto remunerativo de manera bancarizada, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1499; por lo que, se cumple con subsanar el supuesto incumplimiento detectado. xiii. Sobre el incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento de fecha 23 de enero de 2019, la inspeccionada considera que durante todo el procedimiento remitió información, evidenciando la intencionalidad de apoyo a la autoridad y la inexistencia de la figura de obstrucción. Asimismo, sostiene que la autoridad no detalla cómo es que el comportamiento de su representada podría ser tipificado como obstruccionista, cuando en todo momento remitió la información que iba recopilando, como es el caso del mismo 30 de enero de 2019, donde la autoridad señala que tuvieron una abierta actitud obstruccionista; sin embargo, de la Constancia de Actuaciones Inspectivas de Investigación se evidencia que, en dicha diligencia sí se remitió información, por lo que no existe obstrucción. xiv. Alegan concurso de infracciones, en tanto que, dentro de la sanción impuesta, se realiza un desagregado por cada supuesta infracción; no obstante, observan una contravención, ya que, en el supuesto negado de confirmarse un actuar contrario a la norma, la sanción real a imponerse debería ser únicamente la contemplada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT, para los casos del pago íntegro de las remuneraciones y beneficios sociales, en lugar de quintuplicarse los montos sancionables al dividir cada beneficio social, evidenciándose así, el afán desmedido por parte de la autoridad de generar sanciones por un mismo incumplimiento, el no pagar oportunamente los beneficios laborales. xv. Consideran que, al señalarse cinco infracciones que en realidad tienen una misma naturaleza (el no pago íntegro de los beneficios sociales, tales como gratificaciones, bonificación extraordinaria, CTS, vacaciones, así como el pago de remuneraciones), se debió considerar el numeral 24.4 del artículo 24 como un solo supuesto de infracción y aplicar sanciones individualizadas, verificándose así, un actuar irrazonable y desproporcional, así como un incumplimiento a lo dispuesto en lo concerniente al concurso de infracciones. xvi. Por otro lado, observan una errada tipificación del pago de vacaciones truncas, toda vez que, en este caso, se debió considerar como un beneficio más (en base al artículo 24.4 del artículo 24 del RLGIT), ya que en este caso estamos frente a un no pago de

vacaciones truncas y no frente a un no otorgamiento de descanso vacacional, toda vez que, al momento del cese, aún no había adquirido su derecho al descanso vacacional. xvii. Sobre la subsanación de las infracciones, al respecto señalan que debe tenerse en cuenta que, dentro de su recurso de apelación, se adjuntaron mayores elementos de prueba que sustentarían el pago de los beneficios sociales y remuneraciones observadas, así como de las boletas de remuneraciones correspondientes. Así, observan que cumplieron con remitir mayor sustento probatorio, sin embargo, la autoridad no analizó los medios de prueba remitidos, limitándose a confirmar el monto de multa.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre los precedentes administrativos de observancia obligatoria

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá

circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (el resaltado es nuestro).

“6.17. Sobre la base de lo previsto en el literal a) del artículo 16 y el inciso 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (Decreto Supremo Nº 004-2017- TR), tras el control de admisibilidad del recurso de revisión interpuesto, a cargo de la autoridad emisora de la decisión impugnada, este órgano de revisión tiene el deber de efectuar el control de procedencia del recurso. Así, se declarará la improcedencia del recurso de revisión en los siguientes supuestos: i) Cuando el acto impugnado no corresponda a resoluciones de segunda instancia que se pronuncian sobre la imposición de sanciones; ii) Cuando la infracción materia de sanción que se impugna, no esté tipificada como muy grave en el RLGIT; o iii) Cuando el recurso de revisión no se sustente en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal.

debiendo este órgano colegiado declarar la improcedencia, conforme a la normativa que rige su actuación” (El resaltado es nuestro).

Disponiéndose la entrada en vigencia del mismo a partir del día siguiente de su publicación.

Sobre la infracción al numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT

Figura N° 01

Tipificándose dicho incumplimiento laboral en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT.

en el numeral 25.6 del RLGIT establece claramente que la conducta sancionable se fundamenta en: “El incumplimiento de las disposiciones relacionadas con la jornada de trabajo, refrigerio, trabajo en sobretiempo, trabajo nocturno, descanso vacacional y otros descansos, licencias, permisos y el tiempo de trabajo en general.”( énfasis nuestro). Sin embargo, el personal inspectivo le imputa a la Inspeccionada una infracción laboral en materia de relaciones laborales por no cumplir con el pago integro de dicho concepto.

Sobre los presuntos vicios de motivación en el procedimiento administrativo sancionador 6.18 Conforme se detalla, la resolución de sanción (Resolución de Sub Intendencia N° 1250- 2021-SUNAFIL/ILM/SIRE5) no ha efectuado una correcta subsunción de los hechos constatados bajo la conducta sancionada para la asignación de responsabilidades hacia la Inspeccionada.

“7. El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales.

Así, en el Exp. N.º 3943-2006-PA/TC y antes en el voto singular de los magistrados Gonzales Ojeda y Alva Orlandini (Exp. N.º 1744-2005-PA/TC), este Colegiado Constitucional ha precisado que el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado, entre otros, en los siguientes supuestos:

a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de

las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico.

b) Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna del razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de identificar el ámbito constitucional de la debida motivación mediante el control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el Juez o Tribunal; sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa.

c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. El control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. Esto ocurre por lo general en los casos difíciles, como los identifica Dworkin, es decir, en aquellos casos donde suele presentarse problemas de pruebas o de interpretación de disposiciones normativas. La motivación se presenta en este caso como una garantía para validar las premisas de las que parte el Juez o Tribunal en sus decisiones. Si un Juez, al fundamentar su decisión: 1) ha establecido la existencia de un daño; 2) luego, ha llegado a la conclusión de que el daño ha sido causado por “X”, pero no ha dado razones sobre la vinculación del hecho con la participación de “X” en tal supuesto, entonces estaremos ante una carencia de justificación de la premisa fáctica y, en consecuencia, la aparente corrección formal del razonamiento y de la decisión podrán ser enjuiciadas por el juez [constitucional] por una deficiencia en la justificación externa del razonamiento del juez.

Hay que precisar, en este punto y en línea de principio, que el hábeas corpus no puede reemplazar la actuación del juez ordinario en la valoración de los medios de prueba, actividad que le corresponde de modo exclusivo a éste, sino de controlar el razonamiento o la carencia de argumentos constitucionales; bien para respaldar el valor probatorio que se le confiere a determinados hechos; bien tratándose de problemas de interpretación, para respaldar las razones jurídicas que sustentan determinada comprensión del derecho aplicable al caso. Si el control de la motivación interna permite identificar la falta de corrección lógica en la argumentación del juez, el control en la justificación de las premisas posibilita identificar las razones que sustentan las premisas en las que ha basado su argumento. El control de la justificación externa del razonamiento resulta fundamental para apreciar la justicia y razonabilidad de la decisión judicial en el Estado democrático, porque obliga al juez a ser exhaustivo en la fundamentación de su decisión y a no dejarse persuadir por la simple lógica formal.

d) La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la “insuficiencia” de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo.

e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control. El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva). Y es que, partiendo de una concepción democratizadora del proceso como la que se expresa en nuestro texto fundamental (artículo 139º, incisos 3 y 5), resulta un imperativo constitucional que los justiciables obtengan de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente de las pretensiones efectuadas; pues precisamente el principio de congruencia procesal exige que el juez, al momento de pronunciarse sobre una causa determinada, no omita, altere o se exceda en las peticiones ante él formuladas.

f) Motivaciones cualificadas. - Conforme lo ha destacado este Tribunal, resulta indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de rechazo de la demanda, o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales como el de la libertad. En estos casos, la motivación de la sentencia opera como un doble mandato, referido tanto al propio derecho a la justificación de la decisión como también al derecho que está siendo objeto de restricción por parte del Juez o Tribunal.” (énfasis agregado).

“Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: (…)

2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14. (énfasis agregado)”.

9 Fundamento jurídico 14, Exp. N° 02098-2010-PA/TC. 10 Cfr. artículo IV del TUO de la LPAG 11 “Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: 1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias.

Sobre la vulneración al principio del debido procedimiento 6.27 El numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten…” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139° de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8° de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. N° 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a

efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis añadido).

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que:

“[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […]

La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional.

El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional.

Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa.

12 Numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG “Los jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales conforme a la interpretación que resulte de las resoluciones del Tribunal Constitucional”.

En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N.° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras).

Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido).

13 “TUO de la LPAG Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público”.

Sobre la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo 6.35 El artículo 15 de la Ley N° 29981 señala que el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. En ese sentido, el artículo 14 del Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema”.

14 Artículo 13.- Alcances de la nulidad 13.2 La nulidad parcial del acto administrativo no alcanza a las otras partes del acto que resulten independientes de la parte nula, salvo que sea su consecuencia, ni impide la producción de efectos para los cuales, no obstante, el acto pueda ser idóneo, salvo disposición legal en contrario.

Sistema Administrativo de Gestión de los Recursos Humanos y conforme al Título V del TUO de la LPAG. Sobre la infracción a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse” (énfasis añadido).

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (énfasis añadido).

15 Aprobada por Resolución de Superintendencia N° 031-2020-SUNAFIL, del 03 de febrero de 2020.

Figura 02: Numeral 7.14.5 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL

Figura N° 03:

artículo 46 del RLGIT, pues la medida inspectiva de requerimiento se sustentaba en el “documento que acredite el pago de la remuneración vacacional, con los intereses legales según se detalla y a favor de los ex trabajadores indicados en el hecho verificado octavo del presente requerimiento”, entre otros, es decir, si bien la conducta reprochada no fue debidamente tipificada ello no implica que la impugnante en el caso concretó no debía incumplir con la normatividad sociolaboral.

Sobre la vulneración al principio de concurso de infracciones

Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 6. Concurso de Infracciones. - Cuando una misma conducta califiqué como más de una infracción, se aplicará la sanción prevista para la infracción de mayor gravedad, sin perjuicio de que se puedan exigir las demás responsabilidades que establezcan las leyes.

TEMA ACUERDO

Tema N° 1: El concurso de infracciones normativas. El concurso de infracciones será aplicable en caso que una misma acción u omisión configure más de una infracción, en cuyo caso se aplica la sanción prevista de mayor gravedad. Si las infracciones son de la misma gravedad se aplicará la sanción de mayor cuantía. En caso de tener la misma cuantía, se multará solo por una.

16 Morón Urbina, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Lima: Gaceta Jurídica S.A., Décimo Cuarta Edición, 2019, Tomo 1, p. 438.

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales No acreditar el pago de la gratificación legal. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE Relaciones Laborales No acreditar el pago de la bonificación extraordinaria. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE Relaciones Laborales No acreditar el pago de la compensación por tiempo de servicios. Numeral 24.5 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE Relaciones Laborales No acreditar la entrega de las boletas de pago. Numeral 23.2 del artículo 23 del RLGIT

LEVE Relaciones Laborales No acreditar el pago de la remuneración convencional. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT

GRAVE Labor inspectiva No cumplir con la verificación de la medida de requerimiento de fecha 23 de enero de 2019. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar, FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por ARTIMODA S.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 776-2022-SUNAFIL/ILM, de fecha 11 de mayo de 2022, emitida por la Intendencia de Lima Metropolitana, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente N° 4425-2020-SUNAFIL/ILM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución. SEGUNDO. – Declarar la NULIDAD PARCIAL de la Resolución de Sub Intendencia N° 1250-2021- SUNAFIL/ILM/SIRE5, de fecha 25 de noviembre de 2021 y, la de los sucesivos actos y actuaciones en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 4425- 2020-SUNAFIL/ILM, en el extremo referido a la infracción tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT. TERCERO. - RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en que se produjo el vicio, esto es, a la emisión de la Resolución de Sub Intendencia N° 1250-2021- SUNAFIL/ILM/SIRE5, de fecha 25 de noviembre de 2021, a fin de que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento, en el extremo referido a la infracción muy grave tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT, considerando los alcances señalados en la presente resolución. CUARTO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia Nº 776-2022-SUNAFIL/ILM, en el extremo referido a la infracción muy grave, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, respectivamente. QUINTO. – Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en la materia de su competencia, respecto a la infracción muy grave, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.

SEXTO. - Notificar la presente resolución a ARTIMODA S.A., y a la Intendencia de Lima Metropolitana, para sus efectos y fines pertinentes. SÉPTIMO. - Remitir los actuados a la Intendencia de Lima Metropolitana, y a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin de que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.39 de la presente resolución.

OCTAVO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20250212MCR- HR 82718-2018