Alvarez Diaz Melcy Gemma — Res. 132-2025

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Compensación por Tiempo de Servicios (Submateria: Depósito de CTS); Jornada, Horario de trabajo y descansos remunerados (Submateria: Horas Extras, Vacaciones); Registro de Control de Asistencia; Remuneraciones (Submateria: Gratificaciones, Pago de Bonificaciones). Luis Mendoza Legoas DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción GRAVE a las relaciones laborales, por no acreditar el pago de la gratificación legal por navidad 2020, fiestas patrias 2021 y trunca por navidad 2021; tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/484.00. - Una (01) infracción GRAVE a las relaciones laborales, por no acreditar el pago de la bonificación extraordinaria del 9% en relación a las referidas gratificaciones legales y truncas; tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/484.00. - Una (01) infracción GRAVE a las relaciones laborales, por no acreditar el pago de la compensación por tiempo de servicios del periodo del 10 de agosto del 2020 al 28 de agosto del 2021; tipificada en el numeral 24.5 del artículo 24 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/484.00. - Una (01) infracción MUY GRAVE a las relaciones laborales, por no contar con el registro de control de asistencia de la trabajadora afectada; tipificada en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/1, 012.00. - Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no asistir a la comparecencia programada para el 12 de noviembre del 2021; tipificada en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/1, 012.00. - Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con el requerimiento de la adopción de las medidas referidas a cumplimiento de la normativa sociolaboral; tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/1, 012.00. 1.4 Con fecha 19 de enero de 2023, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Subintendencia N° 921-2022-SUNAFIL/IRE-SISA-AQP, argumentando lo siguiente:

i. Que, solicita la nulidad de la resolución que vulnera el principio de verdad material, al no considerar la naturaleza de la relación de participación de servicio asociativo existente en un contrato de asociación en participación, detallado en los descargos y presentado como medio probatorio para acreditar que no tiene las obligaciones materia de multa.

ii. Que, la denunciante no estaba obligada de prestar los servicios de manera personal, de ahí que se solicitó la emisión de facturas. En cuanto, a la remuneración, los recibos por honorarios corresponden al pago de los servicios proporcionados. En cuanto al registro de control de asistencia, fueron obtenidos directamente en Essalud, no encontrándose la denunciante sujeta a fiscalización, no sujeta a subordinación, no cumpliendo con un horario de trabajo, las horas firmadas obedecen al cumplimiento de servicios prestados; por lo que, no ejercía labores propias de un trabajador. iii. Que, no se pronuncia sobre el medio de prueba presentado consistente en la boleta Informativa del vehículo de la placa VAA729, que es propiedad de la denunciante, conforme la partida N° 60778475, concordante con el contrato de asociación en participación que señala que el asociado aporta y presta en alquiler el vehículo de su propiedad a favor del asociante. iv. Que, sobre la desnaturalización de contrato de asociación en participación, la denunciante en todo momento tuvo conocimiento del contrato de asociación en participación, buscando cubrir la solicitud de Essalud para el transporte en pandemia, ya que la empresa personal no cuenta con los vehículos para el servicio, no dotando de horario de trabajo a la denunciante que sería la causa objetiva del contrato desnaturalizado; además, que por el régimen de microempresa no hay obligaciones laborales del régimen general.

i. Sobre la asociación en participación, se advierte que, en primer lugar, el mismo no ha sido presentado durante la investigación, motivo por el cual no fue valorado por la inspectora comisionada; y en segundo lugar, dentro del procedimiento sancionador, si bien la apelante aportó copias de un contrato de asociación en participación, el mismo fue merituado por la autoridad instructora y sancionadora, señalando que dicho contrato no ha sido suscrito por la denunciante; por ende, el medio probatorio no resulta idóneo, por no surtir efecto por la falta de la firma de una de las partes. Ante la invalidez del medio de prueba del contrato de asociación en participación, resulta irrelevante el alquiler de vehiculo invocado, pues la apelante argumenta es parte del contenido del contrato y al no surtir efecto dicho documento; en consecuencia, las condiciones estipuladas en el mismo tampoco tienen validez.

2 Notificada a la impugnante el 02 de marzo de 2023.

No se advierte vicio alguno en el desarrollo del procedimiento, tanto en la etapa inspectiva y sancionadora.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa.

del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias8.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De Alvarez Diaz Melcy Gemma

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 22 de marzo de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 067-2023-SUNAFIL/IRE-AQP, señalando los siguientes alegatos:

i. Alegan que la resolución materia del recurso, se aparta del Precedente Vinculante del Tribunal de Fiscalización, Resolución de Sala Plena N°01-2023-SUNAFIL/TFL, vulnerándose los principios de licitud y verdad material, debido a que la autoridad administrativa se encuentra obligada a verificar la verdad de los hechos materia de inspección que son materia de sanción. Siendo en este caso puntual, que la autoridad administrativa tuvo conocimiento que la denunciante no ostentaba la calificación de trabajadora por brindar servicio de transporte con el vehículo de la placa VAA729 de propiedad de Yuliana Alemán Núñez. ii. Sostienen que la autoridad instructora del Procedimiento Administrativo Sancionador no garantizó de manera mínima el correcto ejercicio del derecho de la impugnante, al

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14 20555195444 soft

no valorar las pruebas ofrecidas en sus descargos, dejándola en un estado de indefensión frente al procedimiento, siendo ello causal de nulidad. iii. Manifiestan que se ha vulnerado el debido procedimiento por apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria, siendo que la resolución materia de revisión, no establece, ni motiva la resolución de no calificar los medios probatorios aportaos en el escrito de descargos.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre los precedentes administrativos de observancia obligatoria

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral

se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (el resaltado es nuestro).

“6.17. Sobre la base de lo previsto en el literal a) del artículo 16 y el inciso 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (Decreto Supremo No 004-2017-TR), tras el control de admisibilidad del recurso de revisión interpuesto, a cargo de la autoridad emisora de la decisión impugnada, este órgano de revisión tiene el deber de efectuar el control de procedencia del recurso. Así, se declarará la improcedencia del recurso de revisión en los siguientes supuestos: i) Cuando el acto impugnado no corresponda a resoluciones de segunda instancia que se pronuncian sobre la imposición de sanciones; ii) Cuando la infracción materia de sanción que se impugna, no esté tipificada como muy grave en el RLGIT; o iii) Cuando el recurso de revisión no se sustente en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal.

observancia obligatoria emitido por este Tribunal, que haya incidido directa o indirectamente, en la determinación de las infracciones.

Disponiéndose la entrada en vigencia del mismo a partir del día siguiente de su publicación.

Sobre el Registro de Control de Asistencia

9 Dictan disposiciones sobre el registro de control de asistencia y de salida en el régimen laboral de la actividad privada”, publicado el 06 de abril de 2006 en el diario oficial El Peruano.

cumplimiento de la jornada máxima de trabajo”, así como el “Establecer presunciones para una mejor fiscalización del trabajo en sobre tiempo y un cumplimiento más efectivo de los derechos y obligaciones que se generan con ocasión de su prestación”, entre otra.

 Prestación personal En fecha 28 de octubre de 2021, el inspector comisionado entrevistó al Jefe Coordinador de la Micro Red Pedregal La Joya, quien declaró que la señora Alemán realizaba el transporte de equipos de respuesta rápida durante el periodo de del 10 de agosto de 2020 al 28 de agosto de 2021, realizando sus labores en el turno de la mañana y de manera que debía permanecer en el centro de salud.

 Remuneración En fecha 22 de noviembre de 2021 durante la diligencia de comparecencia, la impugnante señalo que a la señora Alemán se le pagaba 4000 soles, por brindar el servicio de traslado de personas, que constaba en el alquiler de su vehículo y transporte de personas; sin embargo, cuando el inspector requiere señale el monto que correspondía al alquiler del vehículo y cuanto, a la prestación de servicio de traslado, la impugnante no pudo dar respuesta.

10 Artículo 2 del Decreto Supremo N° 004-2006-TR

 Subordinación En fecha 28 de octubre se constado en el documento exhibido por la inspeccionada, denominado Términos de Referencia para contratación de servicio de movilidad local para visitas de equipos de respuesta rápida COVID- 19 Red Asistencial Arequipa, se verifica que el supuesto servicio se brindaba en un horario determinado. Además, se verificó que la labor que desarrollaba la Sra. Aleman corresponde a la actividad que realiza la inspeccionada, siendo esta la que brinda las directivas y lineamientos de cómo se realiza el servicio para dar cumplimiento a los términos de referencia para contratación de servicio de movilidad local para visitas de equipos de respuesta rápida COVID19 Red Asistencial Arequipa.

Sobre las infracciones a la labor inspectiva

trabajo- que puede tener como objeto el revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado de manera previa al inicio del procedimiento sancionador (medida de requerimiento en modalidad de subsanación de una infracción determinada por la inspección del trabajo),11 existiendo otra variante por la que los inspectores conminan al sujeto inspeccionado a adecuar su comportamiento a lo prescrito en las normas de trabajo (medida de requerimiento en modalidad de rectificación de una infracción determinada por la inspección del trabajo).

“6.26 La medida inspectiva de requerimiento, al ser una “orden dispuesta por la inspección de trabajo para el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo”12, debe contener un mandato claro y su entendimiento debe regirse por la razonabilidad, el deber de colaboración y la buena fe procedimental. En ese sentido, la medida de requerimiento debe cumplir con expresar el ámbito subjetivo y objetivo, siendo estos extremos suficientes para producir el resultado esperado por la medida: la rectificación de una situación antijurídica.

a) Ámbito subjetivo: En primer lugar, debe individualizar a los trabajadores afectados por el incumplimiento reprochado al sujeto inspeccionado;

b) Ámbito objetivo: En segundo lugar, a) debe identificar la afectación resultante de un comportamiento imputable al empleador —como ocurre en el caso de autos, al describirse el número de horas en sobretiempo laboradas, así como su incumplimiento en el pago— y, b) establecer cómo es que debe cumplirse dicha medida, es decir, qué acciones debe ejecutar el inspeccionado a fin de revertir la conducta reprochada. En ese sentido, el ámbito objetivo de la medida de requerimiento no se agota con la mención de la normativa legal vigente afectada o inobservada por el sujeto inspeccionado, sino que incluye el mandato de su cumplimiento, en la forma y modo esperado. (…)”.

11 Considerando 6.7 de la Resolución N° 018-2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, del 08 de junio de 2021, recaída en el Expediente N° 1098-2016-SUNAFIL/ILM/SIRE4 12 RLGIT, Numeral 20.3 del artículo 20.

por lo que, su emisión ha respetado y observado el principio de legalidad y, por ende, su proporcionalidad y razonabilidad, al amparo del artículo 14 de la LGIT; observando, además, lo dispuesto en el numeral 17.2 del artículo 17 del RLGIT.

13 LGIT, artículo 1 14 TUO de la LPAG, Título Preliminar, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.”

inspectivas.” siendo la comparecencia una de las modalidades de actuación inspectiva conforme lo regula el artículo 1115 de la LGIT (énfasis añadido).

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo sancionador

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer

15 Artículo 11.- Modalidades de actuación Las actuaciones inspectivas de investigación se desarrollan mediante visita de inspección a los centros y lugares de trabajo, mediante requerimiento de comparecencia del sujeto inspeccionado ante el inspector actuante para aportar documentación y/o efectuar las aclaraciones pertinentes o mediante comprobación de datos o antecedentes que obren en el sector público.”

argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

“Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito “administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8 de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suyo este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. Nº 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8 de

la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)” (énfasis añadido)

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que: “[…] El derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […] El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional.

Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de Derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa. En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras). Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada” (énfasis añadido).

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales Por no acreditar el pago de la gratificación legal por navidad 2020, fiestas patrias 2021 y trunca por navidad 2021 Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT GRAVE Relaciones Laborales Por no acreditar el pago de la bonificación extraordinaria del 9% en relación a las referidas gratificaciones legales y truncas Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT GRAVE Relaciones Laborales Por no acreditar el pago de la compensación por tiempo de servicios del periodo del 10 de agosto del 2020 al 28 de agosto del 2021 Numeral 24.5 del artículo 24 del RLGIT GRAVE Relaciones Laborales Por no contar con el registro de control de asistencia de la trabajadora afectada Numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT MUY GRAVE Labor Inspectiva Por no asistir a la comparecencia programada para el 12 de noviembre del 2021 Numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT MUY GRAVE

Labor Inspectiva Por no cumplir con el requerimiento de la adopción de las medidas referidas a cumplimiento de la normativa sociolaboral Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral- SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR. SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por ALVAREZ DIAZ MELCY GEMMA, en contra de la Resolución de Intendencia N° 067-2023-SUNAFIL/IRE-AQP, de fecha 28 de febrero de 2023, emitida por la Intendencia Regional de Arequipa dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 124-2022-SUNAFIL/IRE- AQP, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 067-2023-SUNAFIL/IRE-AQP, sobre las infracciones muy graves en materia de relaciones labores, tipificada en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT; y a la labor inspectiva, tipificadas en los numerales 46.10 y 46.7 del artículo 46 del RLGIT. TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en las materias de su competencia. CUARTO. - Notificar la presente resolución a ALVAREZ DIAZ MELCY GEMMA, y a la Intendencia Regional de Arequipa, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20250205LGN - HR 145736-2021