Allus Spain SL Sucursal del Perú — Res. 69-2021

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Compensación por tiempo de servicios (incluye todas), Jornada, Horario de Trabajo y Descansos Remunerados (sub materia: vacaciones) y Remuneraciones (sub materia: Gratificaciones). PACHECO ZERGA Luz Imelda FAU 20555195444 soft 1.2 Mediante Imputación de cargos N° 181-2020-SUNAFIL/IRE-LAM/SIAI del 01 de octubre de 2020, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal a) del inciso 2 del artículo 52 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, incumplimiento de pago íntegro de la gratificación de los meses de julio y diciembre del 2019, así como el trunco de julio de 2020, tipificada en el numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT, ascendente a S/ 6,751.00.

- Una infracción GRAVE en materia de relaciones laborales, incumplimiento de pago íntegro de la compensación por tiempo de servicios truncos, comprendido desde mayo hasta junio del 2020, tipificada en el numeral 24.5 del artículo 24 del RLGIT, ascendente a S/ 6,751.00.

- Una infracción MUY GRAVE en materia de relaciones laborales, incumplimiento de pago de la remuneración vacacional, computada desde 08 de abril de 2019 hasta el 01 de junio de 2020, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT, ascendente a S/ 11,309.00.

- Una infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento, de fecha 14 de septiembre de 2020, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, ascendente a S/ 11,309.00.

i. Se ha vulnerado el derecho al debido proceso, por falta de precisión de la norma incumplida.

ii. La resolución ha inobservado el criterio normativo que refiere la Resolución de Superintendencia N° 016-2020-SUNAFIL, relativo a la acreditación del pago de obligaciones laborales económicas.

i. Con relación al primer argumento, se expone lo siguiente:

“… previa revisión de la resolución impugnada se puede evidenciar que el órgano de primera instancia en los considerandos 26 al 29 y 48 de la resolución apelada ha fundamentado en forma clara, precisa y concisa los argumentos que le permitieron crear convicción para determinar el cumplimiento, de parte del sujeto inspeccionado, del depósito íntegro y oportuno de la Compensación por Tiempo de Servicios correspondiente al periodo de mayo 2020 hasta el 01 de junio de 2020 a favor de la trabajadora Magna Giulliana Guevara Silva, incurriendo en la comisión de la infracción tipificada en el numeral 24.5 del artículo 24 del RLGIT (…)”.3

ii. Respecto a la presunta falta de observancia del citado criterio normativo, se expresa que: “… conforme a las documentales obrantes en el presente expediente, se tiene que (…) las boletas de pago donde no aparece la firma de la trabajadora afectada, así como los estados de operaciones de pagos masivos, mediante el cual pretende acreditar el pago de vacaciones …, no ofrecen certeza del depósito realizado en la cuenta de haberes de la trabajadora afectada. Y en cuanto, a la Hoja de Liquidación de Beneficios Sociales se evidencia un descuento S/ 186.15 que el empleador no ha logrado explicar las razones objetivas de su proceder arbitrario. (…) Siendo así, en atención a su argumento de apelación, ha quedado evidenciado que el sujeto inspeccionado no ha logrado acreditar fehacientemente los adeudos descritos, de conformidad con lo establecido en el artículo 18 del D.S. N° 001-98-TR, así conforme lo dispuesto por el criterio normativo establecido mediante Resolución de Superintendencia N° 016-2020- SUNAFIL.4

iii. Por ello, se confirma la sanción impuesta en todos sus extremos, al no encontrarse suficiente argumentación fáctica ni jurídica en los descargos de la accionante.

2 Notificada a la inspeccionada el 03 de mayo de 2021. 3 Página 7 de la Resolución de Intendencia N° 075-2021-SUNAFIL/IRE LAMBAYEQYE, obrante en el folio 132 del expediente sancionador. 4 Páginas 8 al 9 de la Resolución de Intendencia N° 075-2021-SUNAFIL/IRE LAMBAYEQYE, obrante en el reverso del folio 132 al folio 133 del expediente sancionador.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

5 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en adelante Sunafil, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 6“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)” 7 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 8“Decreto Supremo N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de Sunafil Artículo 15.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 9“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa.

del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.” inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal de Fiscalización Laboral.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE ALLUS SPAIN S.L. SUCURSAL DEL PERU

Fundamentos Del Recurso De Revisión

- El apartamiento inmotivado del criterio normativo de la Resolución de Superintendencia N° 016-2020-SUNAFIL y sus efectos adversos

Precisa que, a partir del presente criterio, se posibilita al empleador acreditar los pagos laborales mediante cualquier medio probatorio, incluyendo los emitidos por medios electrónicos, por lo que, al no haberse considerado los reportes financieros del Banco de Crédito del Perú, respecto a la cuenta de la ex-trabajadora Guevara Silva Magna Giuliana, así como de las boletas de pagos presentadas, documentación conjunta que, incluso, en mérito al principio de presunción de veracidad, comprueba el pago de beneficios laborales que le asiste a la citada colaboradora, el acto recurrido inobservó el criterio antes referido.

En ese orden, agrega que, al incurrir en una valoración arbitraria de los medios probatorios ofrecidos, no solo se ha vulnerado el derecho constitucional al debido proceso, sino, también, a lo establecido en el numeral 7.1.3.7 de la Directiva N° 001-

10 Iniciándose el plazo el 04 de mayo de 2021.

2017-SUNAFIL/INII -Directiva que regula el Procedimiento Sancionador del Sistema de Inspección de Trabajo-, aprobada mediante Resolución de Superintendencia N° 171-2017-SUNAFIL, respecto a la debida valoración y descripción de las pruebas que sustentan la decisión resolutiva. Por tanto, se invoca la causal de nulidad del numeral 1 del artículo 10 del TUO de la LPAG.

- El descuento realizado en la hoja de liquidación no ha sido materia de pronunciamiento por la autoridad pertinente

Señala que, pese a la inexistencia de pronunciamiento en la Resolución de Sub Intendencia N° 381-2019-SUNAFIL/IRE-LAM/SIRE de fecha 26 de noviembre de 2020, referente al descuento consignado en la liquidación de beneficios sociales de la citada trabajadora, por el valor de S/ 186.15, en la recurrida, se ha empleado como base para validar la sanción impuesta, afectando el principio de congruencia procesal.

De otro lado, a manera complementaria, agrega que el descuento antes mencionado obedece a un crédito, y no -como podría entenderse- un ingreso remunerativo. En efecto, debido al otorgamiento de la licencia con goce por quince (15) días naturales, concedido dentro del estado de emergencia sanitaria, se realizó un descuento inicial de S/ 465.00 a la liquidación materia de autos. Sin embargo, a efectos que el resultado de la liquidación no resulte negativo, se reintegró el mismo, restando únicamente el monto otorgado como crédito, ascendente a S/ 186.15.

- No se ha precisado la norma legal incumplida acorde al numeral 48.1 del artículo 48 de la LGIT

Refiere que, respecto al incumplimiento de pago de la compensación por tiempo de servicios trunca, la resolución recurrida ha establecido la vulneración de dos normas legales cuyo supuesto fáctico resulta diferente. Dicha afirmación guarda coherencia con el criterio normativo expuesto en la Resolución de Superintendencia N° 358- 2019-SUNAFIL, relativa a “la falta del depósito de la compensación por tiempo de servicios (CTS) corresponde tipificarse, únicamente, bajo los alcances del numeral 24.5 del artículo 24 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo (…)”.

De esta manera, concluye que la contradicción incursa en la resolución impugnada vulneró el derecho al debido proceso en el entendido de una debida motivación.

Análisis Del Recurso De Revisión

De la creación de la Sunafil y sus competencias

11 Iniciando funciones el 01 de abril de 2014, según lo dispuesto por el artículo 2 de la Resolución Ministerial N° 037-2014-TR. La transferencia de competencias del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo a la Sunafil, se realizó el 31 de marzo de 2014, según lo dispuesto en el artículo 1 de la resolución en mención. 12 Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección Del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 29981 Artículo 18. Ente rector La Sunafil es la autoridad central del Sistema de Inspección del Trabajo a que se refiere la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo; y como ente rector de ese sistema funcional dicta normas y establece procedimientos para asegurar el cumplimiento de las políticas públicas en materia de su competencia que requieren de la participación de otras entidades del Estado, garantizando el funcionamiento del Sistema con la participación de los gobiernos regionales y de otras entidades del Estado según corresponda. 13 Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección Del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N° 29981 “Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en adelante Sunafil, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 14 Considerar los alcances del literal “i” del artículo 4 de la Ley N° 29981, para aquellos trabajadores que presten servicios en entidades públicas sujetas al régimen laboral. 15 Mediante la Primera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 31131, Ley que establece disposiciones para erradicar la discriminación en los regímenes laborales del Sector Público, se estableció que la fiscalización de las condiciones contractuales o convencionales, así como las condiciones legales de los trabajadores bajo el régimen del Contrato Administrativo de Servicios (CAS) estaría a cargo de la Sunafil. 16 Primera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29981 17 Segunda Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N° 29981, que modificó el literal f) del artículo 48 de la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales

territorial; posteriormente, mediante Ley N° 30814, Ley de fortalecimiento del Sistema de Inspección del Trabajo, se dispuso que de manera temporal se asignarían éstas competencias y funciones en materia de inspección del trabajo (de los Gobiernos Regionales) por un plazo de ocho (08) años contados a partir de la vigencia de dicha ley18 a la Sunafil, disponiéndose que en aquellos ámbitos de gobierno regional en donde se haya implementado una Intendencia Regional de la Sunafil, esta transferencia se efectuaría a partir de la vigencia de dicha ley y de manera progresiva; debiéndose implementar Intendencias Regionales en aquellos ámbitos en los cuales éstas no se habían implementado hasta el 31 de diciembre de 2020.

18 A partir del 10 de julio de 2018, en tanto la referida ley fue publicada el 09 de julio de 2018 en el diario oficial El Peruano. 19 Aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR. 20 Decreto Supremo que modifica el Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, publicado el 25 de octubre de 2013. 21 Artículo 18 de la Ley General de Inspección del Trabajo, Ley N° 28806. 22 Decreto Supremo que aprueba los Lineamientos de Organización del Estado, Decreto Supremo N° 054-2018-PCM 23 En ese sentido, el texto original del artículo 37 y el actual artículo 47 del ROF de la Sunafil establecen que las Intendencias Regionales dependen jerárquicamente del Despacho del Superintendente de la Sunafil. Inspección del Trabajo a nivel nacional que sancionan las infracciones calificadas como muy graves en el RGLIT y sus modificatorias; estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que éste se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descrita; y de los argumentos del recurso de revisión se observa que éste contiene referencias a materias que no son de competencia de este Tribunal, por lo cual corresponde identificar aquellos extremos sobre los cuales esta Sala puede pronunciarse.

N° Conducta Norma Infringida Tipificación Gravedad Número de trabajadores afectados Propuesta de monto de multa Monto UIT Relativa al incumplimiento del pago íntegro de la gratificación de los períodos 07/2019, 12/2019, 07/2020 (trunca) a favor de la trabajadora Magna Giulliana Guevara Silva. Artículo 2 de la Ley N° 27735, Ley que regula el otorgamiento de las gratificaciones para los trabajadores del régimen de la actividad privada por fiestas y navidad; artículos 4 y 5 del reglamento de la Ley, aprobado por Decreto Supremo N° 005-2002-TR. Numeral 24.4 del artículo 24 del RLGIT Grave S/ 6,751.00

(1.57 UIT) S/ 4,300.00 Relativa al incumplimiento del pago íntegro de la compensación por tiempo de servicios (trunco de mayo 2020 hasta el 01.06.2020) a favor de la trabajadora Magna Giulliana Guevara Silva Artículos 1, 2 y 3 del Decreto Supremo N° 01-97-TR, que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 650, Ley de Compensación por Tiempo de Servicios. Numeral 24.5 del artículo 24 del RLGIT Grave S/ 6,751.00

(1.57 UIT) S/ 4,300.00 Relativo al incumplimiento de la remuneración vacacional del período 08.04.2019 hasta el 01.06.2020 a Artículos 10, 15 y 22 del Decreto Legislativo N° 713, Consolidan la legislación sobre descansos Numeral 25.6 del artículo 25 del RLGIT Muy Grave S/ 11,309.00

(2.63 UIT) S/ 4,300.00

favor de la trabajadora Magna Giulliana Guevara Silva remunerados de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, y el artículo 23 del reglamento del Decreto Legislativo, aprobado por Decreto Supremo N° 012-92-TR. Relativa al incumplimiento de lo dispuesto en la medida inspectiva de requerimiento Numeral 5.3 del artículo 5, artículo 9 y artículo 14 de la LGIT. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Muy grave S/ 11,309.00

(2.63 UIT) S/ 4,300.00 MONTO TOTAL DE LA MULTA (S/): 36,120.00

En consecuencia, corresponde a esta Sala del Tribunal revisar si el incumplimiento de la remuneración vacacional se dio; así como también analizar la legalidad de las otras sanciones, a fin de determinar la corrección jurídica del requerimiento y verificar si el administrado estaba obligado o no a cumplir con él, lo cual exige determinar la legalidad de dicha orden, ya que ésta tiene un carácter unitario, respecto al cumplimiento de las infracciones que comprende.

De la compensación de la licencia con goce de haber con la liquidación de beneficios sociales y de la posibilidad de efectuar descuentos unilaterales a efecto de compensar la licencia con goce de haber otorgada durante el Estado de Emergencia

24 Art. 26.1 a) 25 Art. 26 b).

26 Constitución del Perú, Artículo 24.- Derechos del trabajador.- El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficiente, que procure, para él y su familia, el bienestar material y espiritual. 27 PACHECO ZERGA, Luz. "Los elementos esenciales del contrato de trabajo." Revista de Derecho, Nº. 13 (2012): 29-54.

la liquidación de beneficios sociales comprende, tanto la remuneración a la que tuviera derecho por los servicios prestados desde la última vez que le fueron cancelados, como, -en caso haya superado el mes de servicios-, el monto que corresponda al récord trunco o completo de los siguientes beneficios laborales: remuneración28, vacaciones29, gratificaciones30 y compensación por tiempo de servicios31. Todos estos beneficios constituyen una suerte de remuneración diferida, ya que se calculan y pagan, como ya se ha dicho, en relación a los servicios prestados y a la remuneración recibida. También constituye una remuneración diferida la participación en las utilidades para aquellas empresas que están obligadas a distribuirlas entre sus trabajadores32, que deben calcularse por día laborado y pagarse dentro de los 30 días naturales (calendario) siguientes al vencimiento del plazo legal para la presentación de la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta33.

28 Cfr. Ley de Productividad y Competitividad Laboral (LPCL), art. 6. 29 Cfr. Decreto Legislativo 713. 30 Cfr. Ley 27735. 31 Cfr. TUO del Dec. Leg. 650. 32 Cfr. Dec. Leg. 892. 33 Cfr. Dec. Leg. 892. Art. 6. 34 Artículo 40.- La compensación por el tiempo de servicios devengada al 31 de diciembre de 1990, así como los depósitos de la compensación por tiempo de servicios y sus intereses sólo pueden garantizar sumas adeudadas por los trabajadores a sus empleadores por concepto de préstamos, adelantos de remuneración, venta o suministro de mercadería producida por su empleador, siempre que no excedan en conjunto del 50% del beneficio 35 TUO Dec. Leg. 650, art. 47. 36 Cfr. D.U. 029-2020, art. 26 b). que tuviera en su poder, como se aprecia de la Liquidación de Beneficios Sociales la cual comprendía, entre otros conceptos, el referido a la remuneración vacacional 37:

Respecto del no cumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento

37 Liquidación de beneficios sociales de la trabajadora Magna Giulliana Guevara Silva, adjunto al recurso de revisión.

ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, por lo que, pueden adoptar acciones orientadas a ello, entre las que se encuentra la emisión de medidas inspectivas de requerimiento.

“Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse”. (el énfasis es añadido)

“Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, (…), según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización”. (el énfasis es añadido)

38 Obrante a folios 67 y siguientes del expediente inspectivo.

Sobre el supuesto incumplimiento al deber de motivar las decisiones

39 TUO de la LPAG, artículo IV. 1.1. Principio de legalidad. - Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas. 40 “Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo”. 41 STC recaída en el Expediente N° 01412-2007-PA/TC, que señala: “Como ya lo ha expresado el Tribunal Constitucional en abundante sostenida jurisprudencia el debido proceso está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, en cuyo

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley N° 29981 – Ley que crea la Sunafil, el artículo 41 de la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, los artículos 15 y 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la Sunafil, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2013-TR y sus modificatorias, y los artículos 2, 3 y 17 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017- TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO.- Declarar por mayoría FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por ALLUS SPAIN SL SUCURSAL DEL PERÚ, en contra de la Resolución de Intendencia N° 075-2021- SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE, de fecha 30 de abril de 2021, emitida por la Intendencia Regional de Lambayeque dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente N° 142-2020-SUNAFIL/IRE-LAM/SIRE, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

seno se alberga los actos administrativos, a fin de que las personas estén en la posibilidad de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado o de los particulares que pueda afectarlos. Queda claro, entonces, que la cláusula fundamental contenida en el artículo 139.3 de la Constitución Política del Perú, no es “patrimonio” exclusivo de los procesos jurisdiccionales, sino que el respeto del contenido del debido proceso se hace extensivo a los procesos administrativos públicos (como es el caso de autos) o privados”. (Fundamento 8). “Dentro de la misma línea de razonamiento este Colegiado ha precisado que dentro de aquel conjunto de garantías mínimas que subyacen al debido proceso se encuentra el derecho a la motivación de las resoluciones, que adquiere vital preponderancia en el caso que nos ocupa, pues es este el derecho que el demandante reclama como vulnerado y por el cual acude a esta instancia en pos de tutela. Por su parte, la doctrina considera que la motivación supone la exteriorización obligatoria de las razones que sirven de sustento a una resolución de la administración” (Fundamento 10). “En consecuencia debemos afirmar que el derecho a la motivación de las decisiones administrativas si bien no tiene un sustento constitucional directo, no es menos cierto que forma parte de aquella parcela de los derechos fundamentales innominados que integra la construcción constitucional del Estado que permite apartarse de toda aquella visión absoluta o autoritaria” (Fundamento 11). “Hablar de un Estado Constitucional significa hablar de un modelo estatal en el que sus acciones están regidas por el Derecho, lo que trae como correlato que la actuación de la administración deberá dar cuenta de esta sujeción para alejar cualquier sospecha de arbitrariedad. Para lograr este objetivo, las decisiones de la administración deberán contener una adecuada motivación, tanto de los hechos como de la interpretación de las normas o el razonamiento realizado por el funcionario o colegiado, de ser el caso”. (Fundamento 12). “Cuando en el considerando precedente se ha hecho referencia al término adecuada motivación, esta debe ser entendida como aquella que genera consecuencias positivas en un Estado de Derecho en el que la protección de los derechos fundamentales se rige como uno de sus principales pilares. Así, por un lado tenemos que una resolución debidamente motivada brinda seguridad jurídica a los administrados, y por otro, sirve como elemento de certeza a la autoridad administrativa que decide el procedimiento”. (Fundamento 13). SEGUNDO.- REVOCAR EN PARTE la Resolución de Intendencia N° 075-2021-SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE en el extremo que confirma la sanción impuesta por la Resolución de Sub Intendencia N° 381-2019-SUNAFIL/IRE-LAM/SIRE, referente al incumplimiento del pago de la remuneración vacacional, tipificada en el numeral 25.6 del artículo 26 del RLGIT, así como el incumplimiento a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 de la RLGIT, dejando sin efecto las multas impuestas por dichas infracciones.

TERCERO.- Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO.- Notificar la presente resolución a ALLUS SPAIN SL SUCURSAL DEL PERÚ. y a la Intendencia Regional de Lambayeque, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO.- Devolver los actuados a la Intendencia Regional de Lambayeque.

SEXTO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – Sunafil (www.gob.pe/sunafil).

Documento firmado digitalmente

Documento firmado digitalmente Luz Imelda Pacheco Zerga

Desirée Bianca Orsini Wisotzki

VOTO DISCORDIA DEL VOCAL LUIS ERWIN MENDOZA LEGOAS

Con el debido respeto por la opinión de nuestros colegas, disiento de la posición de la ponencia, adoptada por la mayoría de este colegiado en el presente caso, por las siguientes consideraciones:

1. El caso sometido a análisis de la Sala consiste en la retención de la totalidad de la liquidación de beneficios sociales de una trabajadora, adoptado bajo la forma de una compensación inopinada y sin información previa a la deudora, quien había sido beneficiada por una licencia con goce de haberes ordenada por la legislación laboral emitida durante la emergencia sanitaria para casos de actividades no esenciales donde no pudo aplicarse el trabajo remoto. Conforme con los actuados, la orden de inspección se genera a raíz de la denuncia presentada por la señorita Magna Giulliana Guevara Silva.

2. Si bien el Decreto de Urgencia Nº 029-2020 refirió a que dicho adelanto de remuneración tenía carácter “compensable”, se emitieron reglas en función de la naturaleza del tipo de empleador, cuestión ampliamente criticable.

laboral durante la pandemia, remitiéndose la normativa especial a las previsiones generales de la legislación laboral.

3. En los casos que nos ocupan (los del sector privado), la posición jurídica de acreedor que puede tener el empleador en la relación de trabajo, es una que, ciertamente, merece tutela jurídica; siendo esta tutela una que se despliega conforme con el marco de las normas laborales, entre ellas, la protección de la remuneración (que goza de reconocimiento constitucional en el artículo 24º), cuya extensión material se extiende a los beneficios sociales y cuya extensión temporal alcanza también al término de la relación laboral, momento en el que no pierde los atributos a los que se refiere la norma constitucional citada.

4. En ese sentido, la única regla autorizativa para proceder unilateralmente contra el pago de los beneficios de salida de una trabajadora está reconocida en el artículo 40 del TUO del Decreto Legislativo Nº 650, conforme aparece citado en la resolución aprobada en mayoría. Se ha previsto esa regla de afectación de la remuneración, por la que el empleador puede proceder unilateralmente, respecto de un límite concreto, que en el caso examinado ha sido excedido con creces, al retenerse la totalidad de los beneficios pagaderos a la salida de la relación laboral.

5. En el marco de una relación laboral, la posición de un acreedor y un deudor que se ven en una relación especial de crédito por la imposición de una fórmula normativa (licencia con goce de haberes) ofrece dificultades atendibles por las que debe prevenirse la existencia de resultados desproporcionados en la afectación de los intereses tutelables de ambas partes del contrato de trabajo. Sin embargo, el suscrito considera que tales situaciones deben tener solución, bien de forma autónoma (por la vía del acuerdo de partes o por la acción unilateral en la porción que autoriza el artículo 40º del TUO del Decreto Legislativo Nº 650); bien en forma heterónoma (en donde la función jurisdiccional es la llamada a resolver un conflicto intersubjetivo originado por una relación de crédito, no siendo ello competencia de la autoridad de trabajo).

6. El proceder unilateral del acreedor empleador, respecto de la deuda originada por la licencia con goce de haberes, cuando es unilateral y no se ve reflejado en comportamiento alguno que sea proporcional (el caso) deja de lado un análisis que debería efectuarse sobre la capacidad de endeudamiento (o de pago) de una parte trabajadora, máxime si se reconoce que, durante la relación de trabajo, pueden establecerse formas de compensación bilateralmente asumidas.

Por estos fundamentos, mi voto es porque el recurso de revisión sea declarado INFUNDADO.

Documento firmado digitalmente

Luis Erwin Mendoza Legoas

Presidente