Universidad Alas Peruanas S.A — Res. 95-2023

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Remuneraciones (Gratificaciones, Pago de Bonificaciones), Jornada, Horario de Trabajo y Descansos Remunerados (Vacaciones), Compensación por Tiempo de Servicios (Depósito de CTS), Registro de control de asistencia (Todos). soft 23:15:44-0500

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no presentar (ni en medios físicos ni virtuales), la documentación solicitada a través de requerimiento de información notificado el día 15 de julio de 2020, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,309.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no presentar (ni en medios físicos ni virtuales), la documentación solicitada a través de requerimiento de información notificado el día 22 de julio de 2020, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 11,309.00.

i. La resolución deviene en nula al vulnerar la garantía constitucional a la debida motivación en las resoluciones administrativas cuando expide una resolución confusa y contradictoria. ii. Existe inobservancia al debido procedimiento (vulnerándose los principios de presunción de veracidad y de licitud), puesto que la resolución adolece de una debida motivación, debido a que no se ha tomado en cuenta que existieron serias limitaciones para poder exhibir la información solicitada por la Autoridad Administrativa de Trabajo, dado que el Ministerio Público con fecha 15 de enero de 2020 intervino en Lima, la Sede Central de la Dirección de Gestión de Talento, todo el acervo documentario, incluso digital, de tal forma que esa incautación hizo imposible cumplir con el requerimiento formulado, dado que la información pertinente se encontraba centralizada en la sede principal de Lima. iii. La Autoridad Administrativa de Trabajo no ha tomado en cuenta el criterio de razonabilidad y proporcionalidad para la aplicación de la sanción en la medida que no ha ponderado que la supuesta comisión de la conducta que se le imputa y pretende sancionar no podría ser más ventajosa desde el punto de vista a cumplir con la norma o tener que asumir una sanción económica.

i. El artículo 10 del TUO de la LPAG ha establecido cuales son los vicios del acto administrativo que causa la nulidad de pleno derecho, entre los que destacan la contravención a la constitución o a las leyes o a las normas reglamentarias, así como el defecto u omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto, siendo que, el artículo 3 del referido cuerpo legal, señala que el acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico, siendo obligación de la administración pública, el sustentar sus decisiones no sólo expresando las normas legales aplicables al caso concreto, sino además exponer en forma sucinta – pero suficiente – las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada. ii. En el caso materia de autos, se observa que el escrito de apelación contiene una repetición de los mismos argumentos de defensa que anteriormente había expuesto y que habían sido oportunamente desvirtuados por las instancias previas. iii. Así, no se han llegado a precisar cuáles son los requisitos de validez contemplados en el artículo 3 del TUO de la LPAG que habrían sido vulnerados o cual sería el vicio del acto administrativo que desencadenaría la nulidad de pleno derecho; es decir, la impugnante no ha cumplido con sustentar adecuadamente su pedido de nulidad, enunciando de manera general la vulneración abstracta o genérica de diversos principios. iv. De igual forma, de la resolución apelada, se observa que a través de esta, la autoridad sancionadora analizó y valoró el argumento de defensa expuesto por la impugnante con relación a la intervención que sufrieron en su sede central por parte del Ministerio Público y la incautación de su acervo documentario, explicando y sustentando que no bastaba con enunciar o señalar la ocurrencia de dicho evento para justificar su falta de respuesta a los requerimientos de información, puesto que parte de la información solicitada por el personal inspectivo correspondía a los meses de febrero a octubre de 2020, fechas que resultaron ser posteriores a la presunta intervención. v. Tampoco llegó a demostrar que parte o toda la información requerida había sido centralizada o remitida a las oficinas de Lima, pues conforme lo establece el literal a) del numeral 257.1 del artículo 257 del TUO de la LPAG, los supuestos de caso fortuito

2 Notificada a la impugnante el 17 de marzo de 2022. Ver folio 87 del expediente sancionador.

o fuerza mayor deben estar debidamente comprobados, lo cual no ocurrió en el presente caso. vi. Contrario a lo argumentado, todos los documentos emitidos durante el procedimiento sancionador y también el Acta de Infracción se encuentran debidamente motivados y han cumplido con identificar las conductas infractoras cometidas por el sujeto responsable, su tipificación y la sanción de multa que les corresponde. vii. Ambos requerimientos de información fueron debidamente notificados en el domicilio del sujeto inspeccionado, sin que se aprecie una respuesta por parte de éste al correo de los inspectores comisionados, conforme se detalló en los requerimientos. Por el contrario, casi un mes después de emitido el Acta de Infracción, un colaborador del sujeto responsable responde al inspector comisionado señalando haber recibido los requerimientos de información, por lo que se reafirma que éstos no fueron atendidos oportunamente. viii. Habiéndose verificado que no se dio respuesta a dos requerimientos de información notificados válidamente, y que este hecho impidió que el inspector actuante llegara a verificar las materias de inspección solicitadas, corresponde confirmar la resolución apelada y las sanciones de multa impuestas.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.”

Del Recurso De Revisión

4“Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia.” 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6“Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.” 7“Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS S.A.

8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, art. 14

a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; 18 de marzo de 2022.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 06 de abril de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 30-2022-SUNAFIL/IRE-PIU, señalando lo siguiente:

i. La Resolución de Intendencia objeto del presente recurso debe ser anulada porque, al igual que en la Resolución de Sub Intendencia, hay inobservancia al debido procedimiento, puesto que adolece de una debida motivación, y por ende vulnera lo prescrito en el numeral 1.2 del artículo IV del TUO de la LPAG, al expedirse una resolución confusa y contradictoria. ii. En el presente caso, señalan que, se encuentran frente a una Resolución de Intendencia que, siguiendo el mismo criterio que el de la Resolución de Sub Intendencia, no ha advertido debidamente el contenido de la información de público conocimiento, acaecida en el presente periodo y a su entender los releva de haber incurrido en las infracciones que se les pretende imputar, conforme a lo señalado en el numeral 1.7 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG. iii. Por tanto, la Resolución de Intendencia, a su entender, persiste en la vulneración del derecho a una debida motivación de la resolución administrativa, pues incurre (al igual que la Resolución de Sub Intendencia) en una demostración de manifiesta incongruencia. iv. De igual forma consideran que la autoridad administrativa de trabajo al proponer la sanción objeto de descargo incurre en inobservancia de lo expresamente prescrito en el artículo 246 del TUO de la LPAG, relativo al principio de razonabilidad que debe observar la potestad sancionadora de los entes estatales. En la medida que no ha ponderado que la supuesta comisión de la conducta que se les imputa y pretende sancionar, no podría ser ventajosa desde ningún punto de vista a cumplir con la norma o a tener que asumir una sanción económica como la que se propone. v. Se ha vulnerado el principio de licitud; cabe precisar que, la naturaleza sustancialmente procesal de la presunción de inocencia, se manifiesta en que la carga de la prueba recae sobre la administración, permitiendo la destrucción de la

presunción, la cual es siempre posible, pero como mínimo debe supone la prueba de los hechos constitutivos y de los elementos integrantes del tipo. vi. Cabe precisar que, el calificar como infracción a la labor inspectiva el hecho de no cumplir oportunamente con el requerimiento, constituye una violación al principio de non bis in ídem, pues se impone sanción por un solo hecho, que es propiamente el supuesto incumplimiento de normas socio laborales (sobre el pago de horas extra), respecto del cual se propone una sanción en forma individual. (sic)

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la vulneración de la debida motivación alegada

acta levantada por la autoridad respectiva—, máxime si es que correspondía que se les entregue una copia de los mismos, a fin de determinarse si se encontraban relacionados a la acreditación del cumplimiento de las normas sociolaborales. Por lo que, se estima no acoger este extremo del recurso de revisión.

Sobre la aplicación del principio de razonabilidad y proporcionalidad

Sobre la aplicación al principio de licitud

9 Ahora artículo 248 del TUO de la LPAG.

prueba que razonablemente deben estar en su alcance, por qué resulta imposible cumplir con lo ordenado en la fiscalización laboral. De esta forma, puede establecerse un comportamiento contrario a la buena fe procedimental y a la probidad, por lo que no resulta amparable dicho proceder conforme al principio invocado en el recurso de revisión.

Sobre la aplicación del principio del non bis in ídem

“La propia norma nos expresa que para la exclusión de la segunda pretensión punitiva del Estado (plasmada en un procedimiento o sanción concurrente o sucesiva) tiene que acreditarse que entre ella y la primera deba apreciarse una triple identidad de “sujeto, hecho y fundamento”, dado que, si no apareciera alguno de estos elementos comunes, si sería posible jurídicamente la acumulación de acciones persecutorias en contra del administrado. Por ello, en todos los casos, los presupuestos de operatividad para la exclusión de la segunda pretensión sancionadora son tres:

- La identidad subjetiva o de persona (eadem personae) consistente en que ambas pretensiones punitivas sean ejercidas contra el mismo administrado, independientemente de cómo cada una de ellas valore su grado de participación o forma de culpabilidad imputable. No se refiere a la identidad del agraviado o sujeto pasivo (…)

10 Ver Sentencia del Tribunal Constitucional del 16 de abril de 2003, recaída en el Expediente N° 2050-2002-AA/TC, así como la Sentencia del Tribunal Constitucional del 24 de mayo de 2013, recaída en el Expediente N° 02704-2012- PHC/TC

- La identidad de hecho u objetiva (eadem rea) consiste en que el hecho o conducta incurridas por el administrado deba ser la misma en ambas pretensiones punitivas, sin importar la calificación jurídica que las normas les asignen o el presupuesto de hecho que las normas contengan. No es relevante el nomen juris o como el legislador haya denominado a la infracción o título de imputación que se les denomine, sino la perspectiva fáctica de los hechos u omisiones realizados.

- Finalmente, la identidad causal o de fundamento (eadem causa petendi) consiste en la identidad en ambas incriminaciones, esto es, que exista superposición exacta entre los bienes jurídicos protegidos y los intereses tutelados por las distintas normas sancionadoras, de suerte tal que si los bienes jurídicos que se persiguen resultan ser heterogéneos existirá diversidad de fundamento, mientras que, si son iguales, no procederá la doble punición (…)”11 (énfasis añadido).

a) Identidad de Sujetos: Universidad Alas Peruanas S.A.

b) Identidad de Hechos: La normativa sociolaboral –así como el primer precedente vinculante emitido por el Tribunal de Fiscalización Laboral a través de la Resolución de Sala Plena N° 001-2021-SUNAFIL/TFL– reconoce el carácter independiente de cada incumplimiento a la labor inspectiva, los cuales no son accesorios ni interrelacionados entre sí; encontrándose una conducta similar, pero ejercida en momentos distintos.

c) Identidad de Fundamentos: Las obligaciones cuyos incumplimientos se sancionan tienen diferentes fundamentos: la obstrucción a la labor inspectiva, por la falta del deber de colaboración en la inspección, en fechas distintas (los días 15 y 22 de julio de 2020).

11 MORON URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Lima: Gaceta Jurídica, 2015, p. 790.

descargos correspondientes, tanto en la etapa sancionadora contra la imputación de cargos e informe final de instrucción como en la etapa recursiva, contra la resolución sancionadora y la resolución de Intendencia; no teniendo asidero lo manifestado. Asimismo, la infracción determinada en la resolución sancionadora contiene la expresión de la normativa vulnerada, así como la adecuada calificación y tipificación conforme lo señala la LGIT y el RLGIT, de esta manera, corresponde no acogerse a lo alegado por la impugnante en este extremo.

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y calificación Labor Inspectiva No presentar (ni en medios físicos ni virtuales), la documentación solicitada a través de requerimiento de información notificado el día 15 de julio de 2020. Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR

MUY GRAVE Labor Inspectiva No presentar (ni en medios físicos ni virtuales), la documentación solicitada a través de requerimiento de información notificado el día 22 de julio de 2020. Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por la UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS S.A., en contra de la Resolución de Intendencia N° 30-2022-SUNAFIL/IRE-PIU, de fecha 15 de marzo de 2022, emitida por la Intendencia Regional de Piura, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 218-2021- SUNAFIL/IRE-PIU, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 30-2022-SUNAFIL/IRE-PIU, en todos sus extremos. TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a la UNIVERSIDAD ALAS PERUANAS S.A. y a la Intendencia Regional de Piura, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

Presidente

20230201RAN