Proyecto Especial Olmos Tinajones — Res. 378-2024

Antecedentes

1 Se verificó el cumplimiento sobre la siguiente materia: Relaciones colectivas (Sub materia: Convenios colectivos). 2 Notificada a la Procuraduría Pública, el 08 de abril de 2022. Véase folio 17 del expediente sancionador. soft 20555195444 soft DE LAMA LAURA Manuel Gonzalo FAU 20555195444 soft

remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la negativa del sujeto inspeccionado de facilitar a los inspectores de trabajo, la información y documentación necesarios para el desarrollo de sus funciones. Respecto de un primer requerimiento de información del 29 de diciembre de 2021, cuyo vencimiento fue el 06 de enero de 2022, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 12,098.00.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la negativa del sujeto inspeccionado de facilitar a los inspectores de trabajo, la información y documentación necesarios para el desarrollo de sus funciones. Respecto de un segundo requerimiento de información del 07 de enero de 2022, cuyo vencimiento fue el 12 de enero de 2022, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 12,098.00.

i. Refieren que su representada cumplió con presentar la información solicitada el día 07 de enero de 2022, ante el segundo requerimiento; es decir que, dicha información ha sido entregada fuera del plazo (tardía), consecuentemente, no existe la falta de colaboración con la inspectora comisionada. Asimismo, enfatiza en que se debe tener en cuenta que el retraso en la presentación de la documentación requerida, se debió a la impericia del funcionario de su institución al momento de administrar la casilla electrónica, aunado a la demora en el tránsito interno de la documentación que padece su institución.

ii. Señalan que la sanción impuesta resulta ser desproporcional e irracional, en tanto que, perjudica sus intereses. Asimismo, agrega que no existe una debida motivación en la resolución apelada.

3 Notificada a la Procuraduría Pública, el 17 de junio de 2022. Véase folio 35 del expediente sancionador.

i. Se comprueba que la impugnante incumplió con su deber de colaboración al no haber atendido, dentro del plazo otorgado, los requerimientos de fecha 29 de diciembre de 2021 y 07 de enero de 2022, conforme se detalla en el acta de infracción. Por lo que, ante este hecho, la autoridad inspectiva, analizó que correspondía emitir la sanción.

ii. Se debe tener en cuenta lo previsto en la Resolución de Sala Plena N° 001-2021- SUNAFIL/TFL-Primera Sala, de fecha 30 de julio de 2021. Al respecto, la citada resolución contiene el precedente administrativo de observancia obligatoria, donde se estableció los casos de negativa de la entrega de la información al inspector de trabajo, y los casos de demora en la respuesta a un requerimiento de información realizado por el inspector comisionado y su subsunción en las normas sancionadoras contempladas en el artículo 46.3 o en el 45.2 del RLGIT, según las circunstancias.

iii. En el caso de autos, se evidencia la existencia de dos conductas; la primera, en la negativa en la entrega de la información respecto al requerimiento de fecha 06 de enero de 2022, comportamiento sancionable, tipificado en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, y la segunda, la negativa en la entrega de la información respecto al requerimiento de fecha 12 de enero de 2022, comportamiento sancionable, tipificado en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT; por tanto, se concluye que ha existido una debida valoración de la conducta de la impugnante.

iv. De la revisión de los actuados, en contrario a lo aducido por la impugnante, se advierte que no ha presentado información ante la autoridad inspectiva, instructora y sancionadora, respecto a los dos requerimientos de información, tal como lo ha señalado el inspector comisionado en el Acta de Infracción.

v. Por otro lado, de la revisión de los actuados, se determina que la resolución impugnada no ha incurrido en ninguna causal de nulidad contemplada en el artículo 10 del TUO de la LPAG, y de la revisión de la resolución venida en alzada, se tiene que esta habría cumplido con los requisitos de validez que debe contener todo acto administrativo.

4 Notificada a la impugnante el 24 de octubre de 2022 y a la Procuraduría Pública, el 04 de noviembre de 2022. Véase folios 55 y 56 del expediente sancionador.

vi. Respecto al cuestionamiento del principio de razonabilidad, conforme al artículo 47 del RLGIT, la determinación de la sanción ha respetado, además de los criterios de graduación señalados en la LGIT, los principios de razonabilidad y proporcionalidad, según lo dispuesto por el artículo 248, numeral 3) del TUO de la LPAG.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

5 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 6 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 7 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 8 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Reglamento de Organización y Funciones de SUNAFIL. Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. 9 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral

del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

Del Recurso De Revisión

Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”

el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”10.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De Proyecto Especial Olmos Tinajones

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 14 de noviembre de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 271-2022-SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE, señalando los siguientes alegatos:

i. Refieren que la resolución deviene en nula al vulnerar la garantía constitucional a la debida motivación en las resoluciones administrativas, al expedir una resolución

10 Artículo 14 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N°004-2017- TR.

confusa y contradictoria, vulnerando lo previsto en el numeral 1.2 del artículo IV de la Ley N° 27444.

ii. Sobre la no entrega de información en el plazo otorgado, alegan que se indica que han presentado de manera tardía la información requerida con fecha 07 de enero de 2022, lo cual amerita una infracción a la labor inspectiva; sin embargo, no contradice y/o cuestiona de manera alguna las conductas en virtud de las cuales se le han imputado las infracciones que dan mérito al inicio del presente procedimiento administrativo sancionador, lo cual no es correcto, puesto que el motivo de la desatención del requerimiento de información fue causado por problemas con el manejo de la casilla de SUNAFIL, lo cual se debió a la impericia del funcionario al momento de administrar la misma; y, ello sumado a la sobrecarga laboral que actualmente impera en el PEOT.

iii. Alegan que, si bien es cierto, no se cumplió con remitir la información solicitada en el plazo indicado en el requerimiento de fecha 29 de diciembre de 2021 y 07 de enero de 2022, esto se debió a una falta de disponibilidad de la información requerida, y a la demora en el tránsito interno de documentación que toda institución pública padece, y, además, en el corto plazo concedido en el requerimiento; no obstante, dicha información era subsanable.

iv. Manifiestan que la resolución cuestionada adolece de falta de motivación, vulnera el derecho a la defensa y a un debido proceso; pues, al momento de motivar si se cometió alguna infracción y determinar la responsabilidad solo se limita a mencionar artículos y normas, sin tener una conexión lógica con los hechos en cuestión y sin denotar análisis crítico, ni valorativo en el presente caso.

v. Señalan que, la conducta por la que se sanciona, se encuentra tipificada en el numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT; sin embargo, no ha sido demostrado por la Sub Intendente de actuación inspectiva, que el retraso en presentar información, perturbó o retrasó la función inspectiva; más aún cuando en el considerando 7.1.6 del Informe Final de Instrucción N° 127-2022/SUNAFIL/IRE-LAM/SIAI, se señala que la inspección de trabajo no se ha visto frustrada sino por el contrario, la inspección de trabajo ha proseguido con sus actuaciones, lo cual evidencia que la multa impuesta no se encuentra acorde a criterios de razonabilidad y proporcionalidad; más aún, cuando sí se cumplió con presentar la información solicitada.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el deber de colaboración a la labor inspectiva 6.1 Sobre el particular, el principio de buena fe procedimental regulado en el numeral 1.8 del inciso 1 del artículo IV del TUO de la LPAG, establece que “la autoridad

administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procedimental” (énfasis añadido).

11 TUO de la LPAG, Título Preliminar, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.”

disposiciones legales, así como a exigir la identificación, o razón de su presencia, de las personas que se encuentren en el centro de trabajo inspeccionado”. En similar sentido, el artículo 11 del mismo dispositivo legal establece que “las actuaciones inspectivas de investigación se desarrollan mediante requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica, visita de inspección a los centros y lugares de trabajo, mediante requerimiento de comparecencia del sujeto inspeccionado ante el inspector actuante para aportar documentación y/o efectuar las aclaraciones pertinentes o mediante comprobación de datos o antecedentes que obren en el Sector Público” (énfasis añadido).

Figura N° 01:

Figura N° 02:

 A folio 02 del expediente inspectivo se aprecia el documento denominado “Requerimiento de Información (1er) para las Actuaciones Inspectivas de Investigación”, de fecha 28 de diciembre de 2021, en la que se precisa que su incumplimiento constituirá infracción a la labor inspectiva sancionable con multa; y, a folio 03, la “Constancia de Notificación Vía Casilla Electrónica”, notificada en la Casilla Electrónica de la impugnante el 29 de diciembre de 2021, con lo cual se deja constancia del depósito del referido documento, conforme se puede apreciar a continuación:

Figura N° 03:

 Asimismo, a folio 04 del expediente inspectivo se aprecia el documento denominado “Requerimiento de Información (2do) para las Actuaciones Inspectivas de Investigación”, de fecha 07 de enero de 2022, en la que se precisa que su incumplimiento constituirá infracción a la labor inspectiva sancionable con multa; y, a folio 05, la “Constancia de Notificación Vía Casilla Electrónica”,

notificada en la Casilla Electrónica de la impugnante el mismo 07 de enero de 2022, con lo cual se deja constancia del depósito del referido documento, conforme se puede apreciar a continuación:

Figura N° 04:

no se encuentra enmarcado dentro de ninguna de las causales de eximente de responsabilidad, descritas en el artículo 257 del TUO de la LPAG.

Sobre el debido procedimiento administrativo y la debida motivación 6.14 Sobre el particular, el numeral 1.2 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo” (énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal” (énfasis añadido).

la Resolución de Intendencia N° 271-2022-SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE, han contemplado la argumentación y medios de prueba expuestos por la impugnante, advirtiéndose el cumplimiento de los requisitos referidos al cumplimiento del debido procedimiento como principio y derecho material, de los derechos de defensa y a la prueba, así como el cumplimiento de la garantía de la debida motivación.

Información Adicional

N° Materia Conducta Infractora Tipificación legal y calificación Labor inspectiva La negativa del sujeto inspeccionado de facilitar a los inspectores de trabajo, la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones. Respecto de un primer requerimiento de información del 29 de diciembre de 2021, cuyo vencimiento fue el 06 de enero de 2022. Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE Labor inspectiva La negativa del sujeto inspeccionado de facilitar a los inspectores de trabajo, la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones. Respecto de un segundo requerimiento de información del 07 de enero de 2022, cuyo vencimiento fue el 12 de enero de 2022. Numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT

MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;

SE RESUELVE:

PRIMERO. - Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES, en contra de la Resolución de Intendencia N° 271-2022-SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE, de fecha 20 de octubre de 2022, emitida por la Intendencia Regional de Lambayeque, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 204-2022-SUNAFIL/IRE-LAM, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 271-2022-SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE, en todos sus extremos.

TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.

CUARTO. - Notificar la presente resolución a PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES, y a la Intendencia Regional de Lambayeque, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

MANUEL GONZALO DE LAMA LAURA

20240417MCR