Opticas GMO Perú Sociedad Anónima Cerrada

Mediante Orden de Inspección N° 0000002720-2022-SUNAFIL/IRE-LIB, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 1333-2022-SUNAFIL/IRE-LIB (en adelante, el Acta de Infracción), en mérito a la denuncia formulada en aplicación del inciso c) del artículo 12 de la LGIT.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 293-2023-SUNAFIL/IRE-LIB/SIFN-IC, notificada el 23 de febrero de 2023, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019- 2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final N° 651-2023/SUNAFIL/IRE-LIB/SIFN, notificada el 25 de mayo de 2023 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de la conducta infractora imputada a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Subintendencia de Sanción de la Intendencia Regional de La Libertad, la que mediante Resolución de Subintendencia N° 1164-2023-SUNAFIL/IR-LL/SISA, notificada el 11 de octubre de 2023, multó a la impugnante por haber incurrido en la siguiente infracción:

Con fecha 30 de octubre de 2023, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Subintendencia N° 1164-2023-SUNAFIL/IR-LL/SISA.

Mediante Resolución de Intendencia N° 387-2023-SUNAFIL/IRE-LIB, notificada el 11 de diciembre de 2023, la Intendencia Regional de La Libertad declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante.

Con fecha 03 de enero de 2024, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de La Libertad, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 387-2023- SUNAFIL/IRE-LIB.

La Intendencia Regional de La Libertad admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORANDUM N°56-2024- SUNAFIL/IRE-LIB, recibido el 17 de enero de 2024 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299812, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299813, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo4 (en adelante, LGIT), el artículo 17

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”7.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que Opticas GMO Perú Sociedad Anónima Cerrada, presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 387-2023-SUNAFIL/IRE-LIB, emitida por la Intendencia Regional de La Libertad, que confirmó la sanción impuesta por la comisión de una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; el 12 de diciembre de 2023.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por Opticas GMO Perú Sociedad Anónima Cerrada

Como parte de los alegatos del recurso de revisión, esta Sala ha identificado que la impugnante insta una presunta vulneración al debido procedimiento relacionado a su derecho a la debida motivación. Por ende, corresponde en primer término, emitir pronunciamiento sobre esta causal, dado los efectos nulificantes que posee en caso de advertirse su inobservancia en el presente procedimiento administrativo.

El debido procedimiento administrativo se manifiesta en la necesidad de garantizar a las partes todos los derechos y garantías asociadas al procedimiento sancionador, de acuerdo con lo regulado en el numeral 1.2 del artículo IV. Principios del Procedimiento Administrativo del TUO de la LPAG, el principio del debido procedimiento implica que los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo más no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten.

En ese contexto, se establece como uno de los elementos esenciales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa, el atribuir a la autoridad que emite el acto administrativo la obligación de sujetarse al procedimiento establecido y de respetar las garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo.

Sobre el particular, el artículo 44 inciso a) de la LGIT establece, como uno de los principios del procedimiento sancionador, la observancia al debido proceso, “por el que las partes gozan de todos los derechos y garantías inherentes al procedimiento sancionador, de manera que les permita exponer sus argumentos de defensa, ofrecer pruebas y obtener una decisión por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo debidamente fundada en hechos y en derecho”.

Por otro lado, de acuerdo a lo establecido en el numeral 4 del artículo 3 del TUO de la LPAG, “El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico”, motivación que deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a las anteriores justifican el acto adoptado, tal y como lo establece el artículo 6 del TUO de la LPAG. Asimismo, el contenido del acto administrativo mencionado, como requisito de validez, implica que aquel deba comprender todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas por los administrados tal y como lo prescribe el numeral 5.4 del artículo 5 del TUO de la LPAG.

En esa línea argumentativa, esta Sala identifica, desde un análisis formal, que tanto la Resolución de Subintendencia N° 1164-2023-SUNAFIL/IR-LL/SISA, como la Resolución de Intendencia N° 387-2023-SUNAFIL/IRE-LIB, han contemplado la argumentación y medios de prueba expuestas por la impugnante, advirtiéndose el cumplimiento de los requisitos referidos al cumplimiento del debido procedimiento como principio y derecho material, de los derechos de defensa y a la prueba, así como el cumplimiento de la garantía de la debida motivación.

Conforme con el fundamento jurídico 4 de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional del 8 de febrero de 2022 (expediente 349-2021-PA/TC), toda decisión judicial debe cumplir con cuatro requisitos para que cumpla con el deber de motivación, lo que lleva a contemplarlas en su extensibilidad al ámbito administrativo del presente expediente: 1) coherencia interna, para comprobar que lo decidido se deriva de premisas establecidas por el órgano resolutivo en su fundamentación; 2) justificación de las premisas externas, que aluden al respaldo probatorio de los hechos y sobre el derecho considerado por el órgano al resolver; 3) la suficiencia, que refiere a que se hayan expuesto razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados y necesarios para la resolución del caso; y 4) la congruencia, como elemento que permite establecer si las razones especiales requeridas para adoptar determinada decisión se encuentran recogidas en la resolución en concreto.

Del examen efectuado por esta Sala sobre las resoluciones emitidas en el Procedimiento Sancionador, se puede observar que estos 4 elementos pueden ser satisfactoriamente comprobados, por lo que, de manera formal y material, el debido procedimiento ha sido respetado dentro del trámite del procedimiento sancionador, así como, no se advierte vulneración genérica por ausencia de motivación. Por tanto, no cabe acoger los argumentos expuestos en este extremo, debiendo ser desestimados; sin perjuicio de examinarse la motivación específica respecto de cada reproche administrativo, calificados como infracciones muy graves.

Que, de acuerdo a lo establecido por el artículo 13° de la LGIT “Las actuaciones de investigación o comprobatorias deben realizarse en el plazo que se señale en cada caso concreto, sin que, con carácter general, puedan dilatarse más de treinta días hábiles, salvo que la dilación sea por causa imputable al sujeto inspeccionado. Cuando sea necesario o las circunstancias así ́ lo aconsejen, puede autorizarse la prolongación de las actuaciones comprobatorias por el tiempo necesario hasta su finalización, excepto en los casos cuya materia sea de seguridad y salud en el trabajo”. Ello debe ser concordado con el numeral 13.3 del artículo 13 del RLGIT, el cual establece que: “Las actuaciones de investigación o comprobatorias deberán realizarse en el plazo señalado en las ordenes de inspección. El plazo máximo de 30 días hábiles a que se refiere el artículo 13 de la Ley, se computa desde la fecha en que se inicie las actuaciones inspectivas”.

En atención a lo indicado, se advierte que mediante la Orden de Inspección se otorgó al Inspector de Trabajo el plazo de treinta (30) días hábiles para realizar sus investigaciones en materia de relaciones laborales (Desnaturalización de la Relación Laboral). No obstante, obra en el expediente inspectivo la Resolución de Sub Intendencia N° 099-2022- SUNAFIL/IRE-LIB/SIFN, de fecha 21 de noviembre de 2022, en cuya parte resolutiva se autoriza la ampliación del plazo de la Orden de Inspección por un plazo de seis (06) días hábiles adicionales.

En cuanto a la ampliación del plazo de la Orden de Inspección, debe traerse a colación lo señalado en el numeral 7.6.11. de la versión 2 de la Directiva N° 001-2020-SUNAFIL/INII, aprobada mediante Resolución de Superintendencia N° 216-2021-SUNAFIL, denominada “Directiva sobre el Ejercicio de la Función Inspectiva” (en adelante, la Directiva), la cual establece:

En efecto, la citada disposición señala que el proveído que autoriza la prórroga debe ser notificado al sujeto inspeccionado hasta el día hábil anterior al vencimiento del plazo original, debiendo además anexarse dicho proveído y su constancia de notificación al expediente inspectivo. No se establece, en ningún extremo, que la solicitud interna del inspector constituya un acto cuya notificación sea requisito de validez de la ampliación

Sin perjuicio de lo antes señalado, esta Sala advierte que la Resolución de Sub Intendencia N° 099-2022-SUNAFIL/IRE-LIB/SIFN ha cumplido con identificar, de manera expresa, la Orden de Inspección materia de ampliación, consignando la existencia de la solicitud presentada por el inspector comisionado, citando el marco normativo aplicable, incluyendo el artículo 13 de la LGIT y la Directiva. Asimismo, la resolución determina de manera expresa el plazo concreto de la ampliación autorizada, de seis (06) días hábiles adicionales, precisando que dicha ampliación se otorga a fin de concluir las actuaciones inspectivas correspondientes, lo que satisface la exigencia de determinación clara del alcance temporal de la prórroga. Del mismo modo, el proveído dispone expresamente la notificación de la resolución al sujeto inspeccionado y ordena su incorporación, junto con la constancia de notificación, al expediente inspectivo, en concordancia con lo previsto por el numeral 7.6.11 de la Directiva.

Asimismo, esta Sala advierte que la Resolución de Sub Intendencia N° 099-2022- SUNAFIL/IRE-LIB/SIFN no se limita a autorizar mecánicamente la ampliación solicitada, sino que consigna expresamente las circunstancias que justifican la prórroga, al señalar que las actuaciones inspectivas seguidas contra el sujeto inspeccionado demandarán un mayor tiempo para la verificación de las materias asignadas. Tal motivación se encuentra alineada con el supuesto habilitante previsto en el artículo 13 de la LGIT y en el numeral 7.6.11 de la Directiva, en tanto la ampliación responde a la necesidad de concluir adecuadamente las actuaciones comprobatorias. En consecuencia, el acto administrativo exterioriza las razones que sustentan la decisión adoptada, cumpliendo con el deber de motivación exigible en el marco del procedimiento inspectivo.

En consecuencia, esta Sala no advierte, en el análisis del procedimiento seguido para ampliar el plazo de la Orden de Inspección, se haya vulnerado alguna garantía del procedimiento administrativo, por lo que corresponde desestimar los alegatos señalados en dicho extremo.

Sobre el particular, el principio de buena fe procedimental regulado en el numeral 1.8 del artículo IV del TUO de la LPAG, establece que “la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente

Del mismo modo, el numeral 15.1 del artículo 15 del RLGIT establece que, “durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas, los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos obligados al cumplimiento de las normas sociolaborales, prestarán la colaboración que precisen los inspectores del trabajo para el adecuado ejercicio de las funciones encomendadas, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 9 de la Ley”.

En ese sentido, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la LGIT: “los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los Supervisores-Inspectores, los Inspectores del Trabajo y los Inspectores Auxiliares cuando sean requeridos para ello. En particular y, en cumplimiento de dicha obligación de colaboración, deberán: (...) e) Facilitarles la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones”.

Cabe señalar que, conforme al artículo 1 de la LGIT, “las actuaciones inspectivas son las diligencias que la Inspección del Trabajo sigue de oficio, con carácter previo al inicio del procedimiento administrativo sancionador, para comprobar si se cumplen las disposiciones vigentes en materia sociolaboral y poder adoptar las medidas inspectivas que en su caso procedan, para garantizar el cumplimiento de las normas sociolaborales”. Asimismo, “la función inspectiva es entendida como la actividad que comprende el ejercicio de la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo”. En ese entendido, el comportamiento del inspector comisionado debe orientarse al cumplimiento de las funciones establecidas en la LGIT y su Reglamento, tutelando el fin perseguido por dichas normas y debiendo adoptar medidas y acciones en el marco del principio de razonabilidad8.

Por su parte, en el numeral 3.1 del artículo 5 de la LGIT se establece que, “en el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo que estén debidamente acreditados, están investidos de autoridad y facultados para proceder a practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que considere necesario para

Es pertinente recordar que el artículo 36 de la LGIT9, establece que el comportamiento subsumible dentro de las infracciones a la labor inspectiva “puede ser directo o indirecto, perjudicando o dilatando la labor del inspector actuante de manera tal que no permita el cumplimiento de la fiscalización, o negándose a prestarle el apoyo necesario” (énfasis añadido).

El tipo administrativo contenido en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, está orientado a sancionar una negativa del sujeto inspeccionado o de sus representantes a facilitar la información y documentación necesaria; no una mera omisión o falta de respuesta, sino una conducta claramente establecida en la que la impugnante o su representante se niegan a entregar la información solicitada.

Así, corresponde analizar el cumplimiento del principio de tipicidad10. Sobre el particular, recuerda la doctrina que “el mandato de tipificación que este principio conlleva, no solo se impone al legislador cuando redacta el ilícito, sino a la autoridad administrativa cuando

Dicha situación se condice con las respectivas constancias de depósito de las notificaciones en la casilla electrónica, conforme al siguiente detalle:  Del expediente inspectivo se aprecia el documento denominado “Requerimiento de Información para las Actuaciones Inspectivas de Investigación”, de fecha 17 de noviembre de 2022, donde se precisa que su incumplimiento constituirá infracción a la labor inspectiva sancionable con multa; y obra la “Constancia de Notificación Vía Casilla Electrónica”, documento que acredita la notificación en la Casilla Electrónica de la impugnante el mismo 17 de noviembre de 2022, conforme se puede apreciar a continuación: Figura N° 03:

Del mismo modo, de la consulta del aplicativo de consultas elaborado por la Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la SUNAFIL, se aprecia que se enviaron, para cada requerimiento, las respectivas alertas a los correos electrónicos y mensajes de texto a los contactos registrados por la impugnante en el mismo sistema, conforme se puede apreciar a continuación:

En ese entendido, estando a la notificación efectuada de dicho requerimiento de información, sin que haya sido atendido dentro del plazo otorgado por el inspector comisionado, se corrobora la conducta reprochable sancionada por la Autoridad de Primera Instancia y confirmada en la resolución venida en grado.

En relación a los cuestionamientos formulados por la impugnante referidos al tipo infractor sancionado, debe señalarse que el Tribunal de Fiscalización Laboral, en la línea de procurar la más estricta aplicación del principio de tipicidad, emitió el primer

Tal como fluye del precedente vinculante, la tipificación en el supuesto de hecho previsto en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, referido a la negativa del sujeto inspeccionado de entregar información al inspector de trabajo, está orientado a sancionar una conducta claramente establecida en la que el sujeto inspeccionado o su representante se niegan a entregar la información solicitada, perjudicando con ello la labor del personal inspectivo, al no permitirle dar cumplimiento al objeto de la fiscalización.

Como se concluye de la lectura de los numerales 4.19 del Acta de Infracción, el inspector deja constancia que, no se pudo determinar la existencia de incumplimientos relacionados con la materia “desnaturalización de la relación laboral” dado que la inspeccionada no presentó los documentos que figuran como causas objetivas de los contratos sujetos a modalidad de los trabajadores, constituyendo dicho accionar un actuar reprochable susceptible de sanción administrativa. Ello se explica en atención a que la norma busca proteger el correcto funcionamiento de la labor inspectiva, la cual se puede perjudicar por la conducta de los empleadores que, teniendo posesión de la documentación e información necesaria para dilucidar un caso, se nieguen a exhibirla o no colaboren con proporcionarla a la Autoridad Administrativa del Trabajo, ello con la finalidad de entorpecer su labor.

En el presente caso, conforme a lo valorado en los considerandos precedentes, se acredita que la impugnante tenía pleno conocimiento del contenido del requerimiento de información, así como de las consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento. Pese a ello, no atendió lo expresamente requerido dentro del plazo otorgado, configurándose una negativa inequívoca a colaborar con la Inspección del Trabajo y, por tanto, un incumplimiento de su deber de colaboración, conducta que se subsume correctamente en la infracción tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, conforme al apercibimiento efectuado por el personal inspectivo, por lo que corresponde desestimar los alegatos señalados en dicho extremo.

Sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, y en lo que respecta al contenido y a la pertinencia de la información requerida mediante el requerimiento de información

En relación con la documentación solicitada por el inspector de trabajo, en el numeral 4.19 del Acta de Infracción, este dejó señalado que los documentos solicitados figuran como causas objetivas de los contratos sujetos a modalidad. En tal sentido, respecto de los requerimientos de información efectuados por el personal inspectivo, esta Sala considera que el inspector de trabajo precisó de manera clara, concreta y específica la información solicitada, encontrándose está directamente vinculada con las materias objeto de verificación establecidas en la orden de inspección.

En ese sentido, el requerimiento emitido se ajustó a los criterios de pertinencia, claridad y razonabilidad, en concordancia con lo establecido por el Tribunal de Fiscalización Laboral en la Resolución de Sala Plena N° 012-2023-SUNAFIL/TFL. Bajo dicho marco, no se evidencia que el inspector haya formulado requerimientos genéricos, imprecisos o incongruentes con el objeto de la fiscalización, ni tampoco que haya solicitado documentación ajena a las materias inspeccionadas. Por el contrario, la información requerida guardó correlato directo con la finalidad de verificar el cumplimiento de las obligaciones sociolaborales objeto de la inspección, lo cual permitía al administrado atenderlos de manera adecuada y ejercer plenamente su deber de colaboración.

Por otro lado, corresponde precisar que, si bien la impugnante cuestiona la referencia al Acta de Infracción contenida en el numeral 19 de la Resolución de Intendencia, en el que la segunda instancia sustenta la configuración de la infracción en los hechos consignados en el numeral 4.10 del Acta, se advierte de la revisión integral de dicho documento que tales hechos se encuentran desarrollados expresamente en el numeral 4.19 del mismo instrumento. En tal sentido, la referencia efectuada no constituye un elemento determinante que desvirtúe o afecte la debida motivación de la resolución venida en grado, al mantenerse indemne la exposición fáctica que sustenta la decisión adoptada.

Advirtiendo el error material incurrido, a consideración de esta Sala, el mismo no altera los aspectos sustanciales de dicha resolución, al verificarse que la infracción muy grave a la labor inspectiva, imputada a la impugnante, se encuentra debidamente motivada en la Resolución de Subintendencia N° 1164-2023-SUNAFIL/IR-LL/SISA, y confirmada por la Resolución de Intendencia N° 387-2023-SUNAFIL/IRE-LIB. Por lo expuesto, no corresponde acoger el pedido de nulidad contra la resolución venida en grado, en tanto no se advierte causal de nulidad conforme a lo establecido en el artículo 10° del TUO de la LPAG.

Sin perjuicio de ello, corresponde exhortar a la Intendencia Regional de La Libertad a observar dicho hecho y actuar conforme los principios y mandatos del TUO de la LPAG, así como, en los futuros casos a su cargo, tener mayor cuidado al momento de emitir los actos administrativos a su cargo.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, la multa subsistente como resultado del procedimiento administrativo sancionador sería la que corresponde a la siguiente infracción:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.