Municipalidad Provincial de Pacasmayo — Res. 935-2026

Mediante Orden de Inspección N° 3279-2022-SUNAFIL/IRE-LIB, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento sociolaboral, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 1272- 2022-SUNAFIL/IRE-LIB (en adelante, el Acta de Infracción). En mérito a la denuncia formulada en aplicación del literal c) del artículo 12° de la LGIT.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 405-2023-SUNAFIL/IRE-LIB/SIFN-IF, notificada al Procurador Público el 30 de marzo de 2023, se dio inicio la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final N° 887-2023/SUNAFIL/IRE-LIB/SIFN/IF, notificada al Procurador Público el 07 de agosto de 2023 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual, procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Sanción de la Intendencia Regional de La Libertad, la que mediante Resolución de Subintendencia N° 1142-2023-SUNAFIL SUNAFIL/IR-LL/SISA, notificada al Procurador Público el 11 de octubre de 2023, multó a la impugnante por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 02 de noviembre de 2023, la impugnante mediante su Procurador Público interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Subintendencia N° 1142-2023- SUNAFIL SUNAFIL/IR-LL/SISA.

Mediante Resolución de Intendencia N° 375-2024-SUNAFIL/IRE-LIB, notificada al Procurador Público el 16 de agosto de 2024, la Intendencia Regional de La Libertad declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante.

Con fecha 11 de noviembre de 2024, la impugnante interpuso recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 375-2024-SUNAFIL/IRE-LIB.

La Intendencia Regional de La Libertad, admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, el cual fue recibido el 10 de diciembre de 2024 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299811, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299812, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo3 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR4, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR5 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 206° del Texto Único Ordenado de la Ley de N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 006-2026-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificada por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”6.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En este orden de ideas, resulta indispensable que el Tribunal revise el cumplimiento del ordenamiento jurídico en materia sociolaboral -tanto adjetivo como sustantivo- así como vele por la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema de Inspección del Trabajo. La normativa adjetiva es aquella que garantiza a los administrados constituirse como sujetos del procedimiento administrativo dentro de la relación jurídico-procedimental establecida en el marco del Sistema de Inspección del Trabajo. Cabe precisar que dicho análisis garantiza la vigencia del debido proceso en sede administrativa, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional7.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO, presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 375- 2024-SUNAFIL/IRE-LIB, que confirmó la sanción impuesta por la comisión, entre otras, de una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, tipificadas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, respectivamente, fuera del plazo legal de quince (15) días hábiles.

Así, al haber el órgano competente realizado el análisis respecto de si el recurso interpuesto por el impugnante cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar si se encuentra en alguna de las causales de improcedencia establecidas en el artículo 16° del citado instrumento.

Al respecto, al plazo de interposición del recurso de revisión, el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2017-TR, en su artículo 13 establece que “el término para la interposición del recurso de revisión es de quince (15) días hábiles perentorios contados desde el día siguiente de la notificación de la respectiva resolución”.

En cuanto a las causales de improcedencia del recurso de revisión, el referido Reglamento, en su artículo 16, dispone:

Por consiguiente, de la norma citada se desprende que constituye causal de improcedencia del recurso de revisión la interposición de este fuera del plazo legal establecido, esto es, posterior a los quince (15) días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación de la resolución impugnada.

En el caso en particular, se advierte que, cédula de notificación al Procurador Público de fecha 16 de agosto de 2024, se notificó a la parte inspeccionada la resolución impugnada. Siendo así, el cómputo del plazo para la interposición del recurso de revisión se inició el día hábil siguiente, venciendo el 09 de setiembre de 2024, conforme al plazo perentorio de quince (15) días hábiles establecido en el artículo 13 del Reglamento del Tribunal8. No obstante, se verifica que el recurso fue presentado recién el 11 de noviembre de 2024, cuando dicho plazo ya se encontraba vencido.

Cabe precisar que, la Resolución de Intendencia N° 486-2024-SUNAFIL/IRE-LIB mediante la cual se rectifican errores materiales de la Resolución de Intendencia N° 375-2024- SUNAFIL/IRE-LIB, no constituye un nuevo pronunciamiento sobre el fondo de la controversia ni sustituye al acto originalmente emitido, limitándose únicamente a corregir errores de carácter material conforme al artículo 201 del TUO de la LPAG. En consecuencia, su notificación no genera un nuevo plazo para la interposición del recurso de revisión, el cual debe computarse desde la notificación al procurador público de la Resolución de Intendencia N° 375-2024-SUNAFIL/IRE-LIB, la cual resolvió el recurso de apelación.

En consecuencia, al haberse identificado que el recurso de revisión interpuesto por la impugnante fue presentado fuera del plazo establecido en el Reglamento del Tribunal, concordante con el TUO de la LPAG, corresponde declararlo improcedente.