Municipalidad Distrital de Subtanjalla

Antecedentes

1 Cabe precisar que, conforme a la Ley N° 13174, se crea el Distrito de Subtanjalla, en la provincia y departamento de Ica, y considerando que la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, si bien regula aspectos como el origen, la jurisdicción y los órganos de los gobiernos locales, no establece de manera expresa la denominación oficial de las municipalidades distritales o provinciales, estas adoptan, por lo general, el nombre del distrito o provincia que administran. En tal sentido, el uso de la denominación “Municipalidad Distrital de Subtanjalla” no resulta jurídicamente incorrecto.

2 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Jornada, horario de trabajo y descansos remunerados (Sub Materia: Vacaciones); Compensación por tiempo de servicios (Sub Materia: Depósito de CTS); Remuneraciones (Sub Materias: Pago de la remuneración (Sueldos y salarios); Gratificaciones).

denuncia formulada en aplicación del literal c) del artículo 12° de la Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la negativa del sujeto inspeccionado o de sus representantes de facilitar a los supervisores inspectores, los inspectores de trabajo o los inspectores auxiliares, la información y documentos necesarios para el desarrollo de sus funciones; tal como no responder el requerimiento de información notificado el 09 de mayo de 2022, frustrando la fiscalización, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46° del RLGIT.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por la negativa del sujeto inspeccionado o de sus representantes de facilitar a los supervisores inspectores, los inspectores de trabajo o los inspectores auxiliares, la información y documentos necesarios para el desarrollo de sus funciones; tal como no responder el requerimiento de información notificado el 17 de mayo de 2022, frustrando la fiscalización, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46° del RLGIT.

3 Tal como consta en la Cédula de Notificación N° 0000048150-2022, expedida en fecha 01 de diciembre de 2022 y obrante en el expediente sancionador. Asimismo, con fecha 05 de diciembre de 2022, se efectuó la notificación a la impugnante a través de la casilla electrónica, conforme se acredita en el referido expediente.

4 Tal como consta en la Cédula de Notificación N° 0000018825-2023, expedida en fecha 06 de junio de 2023 y obrante en el expediente sancionador. Asimismo, con fecha 12 de junio de 2023, se efectuó la notificación a la impugnante a través de la casilla electrónica, conforme se acredita en el referido expediente.

5 Tal como consta en la Cédula de Notificación N° 0000025964-2023, expedida en fecha 31 de agosto de 2023 y obrante en el expediente sancionador. Asimismo, con fecha 04 de setiembre de 2023, se efectuó la notificación a la impugnante a través de la casilla electrónica, conforme se acredita en el referido expediente.

6 Cabe precisar que la Autoridad Sancionadora de Primera Instancia reencauzó el recurso presentado como recurso de reconsideración a un recurso de apelación, al advertir un error en su calificación. Ello se realizó conforme a lo dispuesto en el artículo 223° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el cual establece que el error en la calificación del recurso por parte del administrado no constituye un obstáculo para su tramitación, siempre que del contenido del escrito se desprenda su verdadero carácter.

7 Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo

artículo 55° del RLGIT8 y con lo previsto en el artículo 220° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS9, a fin de contradecir lo resuelto por la autoridad sancionadora de primera instancia. El recurso fue interpuesto dentro del plazo establecido y ante la autoridad que emitió la resolución apelada, la cual procedió a elevarlo a la Intendencia Regional de Ica para el trámite correspondiente.

Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. (…). 8 Decreto Supremo N° 019-2006-TR, Aprueban Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 55.- De los recursos administrativos Los recursos administrativos previstos en el procedimiento sancionador son los siguientes: (…). b) Recurso de apelación: se interpone ante la autoridad que emitió la resolución en primera instancia a fin de que lo eleve a su superior jerárquico, el que resolverá sobre el mismo. El recurso debe indicar los fundamentos de derecho que lo sustenten. El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días hábiles perentorios, (…). 9 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 220.- Recurso de apelación El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico. 10 Tal como consta en la Cédula de Notificación N° 0000033358-2023, expedida en fecha 24 de noviembre de 2023 y obrante en el expediente sancionador. Asimismo, con fecha 28 de noviembre de 2023, se efectuó la notificación a la impugnante a través de la casilla electrónica, conforme se acredita en el referido expediente.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

11 Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1.- Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en adelante Sunafil, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.

12 Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15.- Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…).

13 Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.

14 Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Decreto Supremo que aprueba la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.

15 Decreto Supremo N° 004-2017-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.

Del Recurso De Revisión

16 Artículo 14° del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

De La Interposición Del Recurso De Revisión Por Parte De La Municipalidad Distrital De Subtanjalla

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 13 de diciembre de 2023, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 110-2023-SUNAFIL/IRE-ICA, señalando los siguientes alegatos:

i. Se interpone recurso de revisión contra la resolución impugnada, mediante la cual se impone una multa ascendente a S/. 24,196.00, por cuanto se han vulnerado derechos constitucionales y principios transversales del procedimiento administrativo sancionador, reconocidos en el numeral 3 del artículo 139° de la Constitución Política del Perú y en el TUO de la LPAG. Asimismo, se advierte una errónea cuantificación del monto de la multa conforme al Decreto Supremo N° 353-2016-EF, vulnerándose los principios que rigen la potestad sancionadora administrativa.

ii. Respecto de la conducta sancionada por la supuesta omisión de remitir información requerida, corresponde señalar que una de las infracciones imputadas debe ser anulada al amparo de los numerales 6 y 11 del artículo 248° del TUO de la LPAG, toda vez que se configura una doble sanción por el mismo hecho. En efecto, la conducta tipificada en los artículos 9° y 36° de la LGIT contraviene el Principio de Non Bis In Ídem, al existir identidad de sujeto, hecho y fundamento.

iii. Asimismo, el Decreto Supremo N° 007-2017-TR prohíbe expresamente la generación de más de una orden de inspección originada en una misma actuación oficiosa, estableciendo un límite temporal infranqueable para la fiscalización planificada en determinadas materias, conforme a su artículo 3°. En el presente caso, dicha prohibición no ha sido observada, lo que evidencia una actuación administrativa contraria al marco normativo vigente.

iv. Debe precisarse que en ningún momento existió intención de no proporcionar la documentación solicitada; por el contrario, siempre existió plena disposición para cumplir con los requerimientos de la autoridad inspectiva. Ello se acredita con el descargo presentado mediante mesa de partes, al cual se le asignó la hoja de ruta N° 8008-2022 de fecha 03 de junio de 2023, mediante el cual se dio respuesta al requerimiento notificado vía casilla electrónica, en el que no se consignaban plazos expresos y únicamente se adjuntaba copia del primer requerimiento de fecha 09 de mayo de 2022.

v. En ese contexto, se advierte que dentro de un mismo procedimiento administrativo sancionador se ha sancionado dos veces una misma conducta infractora, situación que transgrede el ordenamiento jurídico y vulnera los Principios de Legalidad, Razonabilidad y Proporcionalidad, configurándose un supuesto de arbitrariedad administrativa que debe ser corregido en sede revisora.

vi. Finalmente, corresponde considerar que, al momento de la supuesta configuración de la infracción, el valor de la Unidad Impositiva Tributaria ascendía a S/. 4,050.00, conforme a lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 353-2016-EF, aspecto que no ha sido correctamente valorado al momento de determinar la sanción. En consecuencia, corresponde tener por presentados los descargos formulados y, oportunamente, declarar la nulidad de lo actuado, restableciendo una relación de fiscalización conforme a ley y respetuosa de los derechos y garantías de los administrados.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre el derecho al debido procedimiento administrativo

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo”. (Énfasis añadido).

“Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…) 2. Debido procedimiento. - No se pueden imponer sanciones sin que se haya tramitado el procedimiento respectivo, respetando las garantías del debido procedimiento. Los

procedimientos que regulen el ejercicio de la potestad sancionadora deben establecer la debida separación entre la fase instructora y la sancionadora, encomendándolas a autoridades distintas”.

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal”. (Énfasis añadido).

“5. Tal como ya lo tiene expresado este Tribunal en uniforme y reiterada jurisprudencia, el derecho al debido proceso tiene un ámbito de proyección sobre cualquier tipo de proceso o procedimiento, sea éste judicial, administrativo o entre particulares. Así, se ha establecido que el derecho reconocido en el inciso 3) del artículo 139 de la Constitución no sólo tiene un espacio de aplicación en el ámbito "judicial", sino también en el ámbito administrativo" y, en general, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha sostenido, puede también extenderse a "cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de carácter materialmente jurisdiccional, (el que) tiene la obligación de adoptar resoluciones apegadas a las garantías del debido proceso legal, en los términos del artículo 8 de la Convención Americana". (Caso Tribunal Constitucional del Perú, párrafo 71). De igual modo la Corte Interamericana sostiene –en doctrina que ha hecho suya este Colegiado en la sentencia correspondiente al Exp. N° 2050-2002-AA/TC– que "si bien el artículo 8° de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, sino al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos"(párrafo 69). (…)”. (Énfasis añadido).

un gran derecho con una estructura compuesta o compleja) que garantizan un estándar de participación justa o debida durante la secuela o desarrollo de todo tipo de procedimiento o proceso (sea este judicial, administrativo, corporativo, particular o de cualquier otra índole). En la segunda de sus dimensiones, exige que los pronunciamientos o resoluciones con los que se pone término a todo tipo de proceso respondan a un referente mínimo de justicia o razonabilidad, determinado con sujeción a su respeto por los derechos y valores constitucionales.

“12. (...) se proyecta (...) como un principio de contradicción de los actos procesales que pudieran repercutir en la situación jurídica de algunas de las partes de un proceso o de un tercero con interés (...). 13. La observancia y el respeto del derecho de defensa es consustancial a la idea de un debido proceso, propio de una democracia constitucional que tiene en el respeto de la dignidad humana al primero de sus valores. Por su propia naturaleza, el derecho de defensa es un derecho que atraviesa transversalmente a todo el proceso judicial, cualquiera [que] sea su materia.”

Sobre la presunta vulneración a la motivación de las resoluciones

“4. Este Tribunal ha tenido oportunidad de expresar su posición respecto a la motivación de los actos administrativos, expresando que:

“[…][E]l derecho a la motivación de las resoluciones administrativas es de especial relevancia. Consiste en el derecho a la certeza, el cual supone la garantía de todo administrado a que las sentencias estén motivadas, es decir, que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes que se aplican. […] La motivación de la actuación administrativa, es decir, la fundamentación con los razonamientos en que se apoya es una exigencia ineludible para todo tipo de actos administrativos, imponiéndose las mismas razones para exigirla tanto respecto de actos emanados de una potestad reglada como discrecional. El tema de la motivación del acto administrativo es una cuestión clave en el ordenamiento jurídico-administrativo, y es objeto central de control integral por el juez constitucional de la actividad administrativa y la consiguiente supresión de los ámbitos de inmunidad jurisdiccional. Constituye una exigencia o condición impuesta para la vigencia efectiva del principio de legalidad, presupuesto ineludible de todo Estado de derecho. A ello, se debe añadir la estrecha vinculación que existe entre la actividad administrativa y los derechos de las personas. Es indiscutible que la exigencia de motivación suficiente de sus actos es una garantía de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisión administrativa. En esa medida, este Tribunal debe enfatizar que la falta de motivación o su insuficiencia constituye una arbitrariedad e ilegalidad, en la medida en que es una condición impuesta por la Ley N° 27444. Así, la falta de fundamento racional suficiente de una actuación

administrativa es por sí sola contraria a las garantías del debido procedimiento administrativo.” (STC 00091-2005-PA, fundamento 9, párrafos 3, 5 a 8, criterio reiterado en STC 294-2005-PA, STC 5514-2005-PA, entre otras). Adicionalmente se ha determinado en la STC 8495-2006-PA/TC que: “un acto administrativo dictado al amparo de una potestad discrecional legalmente establecida resulta arbitrario cuando sólo expresa la apreciación individual de quien ejerce la competencia administrativa, o cuando el órgano administrativo, al adoptar la decisión, no motiva o expresa las razones que lo han conducido a adoptar tal decisión. De modo que, motivar una decisión no sólo significa expresar únicamente bajo qué norma legal se expide el acto administrativo, sino, fundamentalmente, exponer en forma sucinta –pero suficiente– las razones de hecho y el sustento jurídico que justifican la decisión tomada”. (Énfasis añadido).

17 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo (…) 1.11. Principio de verdad material. - En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que corresponde a estas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público”.

sancionador, en aras de desvirtuarlos conforme a la normativa vigente; ello como garantía del debido procedimiento administrativo. (Énfasis añadido).

Sobre los presuntos vicios de motivación en el procedimiento administrativo sancionador

“15. Existe un derecho constitucional a probar, aunque no autónomo, que se encuentra orientado por los fines propios de la observancia o tutela. del derecho al debido proceso. Constituye un derecho básico de los justiciables de producir la prueba relacionada con los hechos que configuran su pretensión o su defensa. Según este derecho, las partes o un tercero legitimado en un proceso o procedimiento, tienen el derecho a producir la prueba necesaria con la finalidad de acreditar los hechos que configuran su pretensión o defensa. Así, por ejemplo, el artículo 188° del Código Procesal Civil establece que los medios probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el juez respecto de los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones. Se trata de un derecho complejo que está compuesto por el derecho a ofrecer medios probatorios que se consideren necesarios, a que estos sean admitidos, adecuadamente actuados, que se asegure la producción o conservación de la prueba a partir de la actuación anticipada de los medios probatorios y que estos sean valorados de manera adecuada y con la motivación debida, con el fin de darle el mérito probatorio que tenga en la sentencia. La valoración de la prueba debe estar debidamente motivada por escrito, con la finalidad de que el justiciable pueda comprobar si dicho mérito ha sido efectiva y adecuadamente realizado. (…)”. (Énfasis añadido).

línea con el derecho constitucional a probar y conforme al estándar constitucional que garantiza el debido proceso, asegurando que las pruebas sean adecuadamente admitidas, actuadas y valoradas, con la debida motivación que justifique su mérito en la decisión. En esa línea, cualquier omisión en la valoración o en la motivación de los medios probatorios aportados por el administrado comporta una vulneración directa del derecho al debido procedimiento.

18 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS Artículo 248.- Principios de la potestad sancionadora administrativa La potestad sancionadora de todas las entidades está regida adicionalmente por los siguientes principios especiales: (…). 9. Presunción de licitud.- Las entidades deben presumir que los administrados han actuado apegados a sus deberes mientras no cuenten con evidencia en contrario.

A) Requerimiento de información de fecha 09 de mayo de 2022 Con relación a la Orden de Inspección antes identificada y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 11° de la Ley N.° 28806 - Ley General de Inspección del Trabajo, y artículo 12°, inciso d), del Decreto Supremo N.° 019-2006-TR - Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, SE REQUIERE INFORMACIÓN POR MEDIO DE SISTEMA DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA al sujeto inspeccionado arriba identificado, a través de la Casilla Electrónica en el plazo de TRES (03) días hábiles de recibido el presente, la siguiente información y/o documentos: [1] Acreditar la Vigencia de Poder vigente del Representante Legal, que consigne dicho cargo, y su correspondiente DNI (Documento Nacional de Identidad), y en caso de Apoderado, adjuntar documento registral vigente que indique su condición de tal y las facultades con las que cuenta, o mediante Carta Poder simple (con las facultades correspondientes) suscrita por el Representante Legal, a la que adjuntará copia simple del documento registral vigente que acredite la condición de éste y su facultad de delegar, y la copia del DNI del Apoderado. [2] Acreditar el registro en PLANILLAS con los requisitos y formalidades de ley, debiendo exhibir el Formato TR5 del T- registro (en formato Excel) de la planilla electrónica. [3] Presentar el formulario PLAME R02, R06 y R07 (en formato Excel) de la planilla electrónica, del periodo de SETIEMBRE 2021 a ABRIL 2022, a favor de UGARTE PEÑA OSCAR FELIX [4] Presentar la Constancia de Alta del Trabajador formulario 2604-1, Constancia de Modificación del Trabajador formulario 2604-2 (de ser el caso) a favor de UGARTE PEÑA OSCAR FELIX. [5] Presentar las BOLETAS DE PAGO DE REMUNERACIONES con los requisitos y formalidades de ley, correspondiente al periodo de SETIEMBRE 2021 a ABRIL 2022, a favor de UGARTE PEÑA OSCAR FELIX. [6] Acreditar haber cumplido con el pago integro por concepto de Reintegro de Remuneración del periodo de febrero de 2019 a mayo 2021, de acuerdo a la Resolución de Alcaldía N° 332-2021-ALC/MDS, del 27 de setiembre de 2021.

[7] Presentar Informe suscrito por el representante legal de la Municipalidad Distrital de Subtanjalla, donde señale claramente, el estado del proceso judicial del Expediente N° 02381- 2018-0-1401-JR-LA-02 (si se encuentra concluido o aún en trámite). [8] Presentar documentación idónea y objetiva que acredite que se encuentra concluido el proceso judicial del Expediente N° 02381-2018-0-1401-JR-LA-02, o en trámite de ser el caso. [9] Presentar La Resolución de Alcaldía N° 332-2021-ALC/MDS, del 27 de setiembre de 2021. [10] Presentar Resolución de Gerencia Municipal N° 052-2021-MDS/GM, del 25 de agosto de 2021. [11] Presentar Informe suscrito por el representante legal de la Municipalidad Distrital de Subtanjalla, donde señale claramente, el estado del proceso judicial del Expediente N° 0071- 2018-0-1401-JP-LA-01 (si se encuentra concluido o aún en trámite). [12] Presentar documentación idónea y objetiva que acredite que se encuentra concluido el proceso judicial del Expediente N° 0071-2018-0-1401-JP-LA-01, o en trámite de ser el caso. ASUNTO: NORMAS SOCIOLABORALES La documentación requerida se refiere al periodo: SETIEMBRE 2021 a ABRIL 2022 y a los siguientes trabajadores afectados: UGARTE PEÑA OSCAR FELIX Cabe recordarle que si el sujeto inspeccionado se niega a proporcionar al inspector comisionado la información solicitada mediante esta modalidad constituirá INFRACCION A LA LABOR INSPECTIVA, sancionable con multa, según dispone los artículos 36 y 39 de la Ley N.° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo y el numeral 46.3 del artículo 46 de su Reglamento aprobado por D.S. N.° 019-2006-TR.

B) Requerimiento de información de fecha 17 de mayo de 2022 Con relación a la Orden de Inspección antes identificada y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 11° de la Ley N.° 28806 - Ley General de Inspección del Trabajo, y artículo 12°, inciso d), del Decreto Supremo N.° 019-2006-TR - Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, SE REQUIERE INFORMACIÓN POR MEDIO DE SISTEMA DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA al sujeto inspeccionado arriba identificado, a través de la Casilla Electrónica en el plazo de TRES (03) días hábiles de recibido el presente, la siguiente información y/o documentos: [1] Acreditar la Vigencia de Poder vigente del Representante Legal, que consigne dicho cargo, y su correspondiente DNI (Documento Nacional de Identidad), y en caso de Apoderado, adjuntar documento registral vigente que indique su condición de tal y las facultades con las que cuenta, o mediante Carta Poder simple (con las facultades correspondientes) suscrita por el Representante Legal, a la que adjuntará copia simple del documento registral vigente que acredite la condición de éste y su facultad de delegar, y la copia del DNI del Apoderado. [2] Acreditar el registro en PLANILLAS con los requisitos y formalidades de ley, debiendo exhibir el Formato TR5 del T- registro (en formato Excel) de la planilla electrónica. [3] Presentar el formulario PLAME R02, R06 y R07 (en formato Excel) de la planilla electrónica, del periodo de SETIEMBRE 2021 a ABRIL 2022, a favor de UGARTE PEÑA OSCAR FELIX [4] Presentar la Constancia de Alta del Trabajador formulario 2604-1, Constancia de Modificación del Trabajador formulario 2604-2 (de ser el caso) a favor de UGARTE PEÑA OSCAR FELIX. [5] Presentar las BOLETAS DE PAGO DE REMUNERACIONES con los requisitos y formalidades de ley, correspondiente al periodo de SETIEMBRE 2021 a ABRIL 2022, a favor de UGARTE PEÑA OSCAR FELIX.

[6] Acreditar haber cumplido con el pago integro por concepto de Reintegro de Remuneración del periodo de febrero de 2019 a mayo 2021, de acuerdo a la Resolución de Alcaldía N° 332-2021-ALC/MDS, del 27 de setiembre de 2021. [7] Presentar Informe suscrito por el representante legal de la Municipalidad Distrital de Subtanjalla, donde señale claramente, el estado del proceso judicial del Expediente N° 02381- 2018-0-1401-JR-LA-02 (si se encuentra concluido o aún en trámite). [8] Presentar documentación idónea y objetiva que acredite que se encuentra concluido el proceso judicial del Expediente N° 02381-2018-0-1401-JR-LA-02, o en trámite de ser el caso. [9] Presentar La Resolución de Alcaldía N° 332-2021-ALC/MDS, del 27 de setiembre de 2021. [10] Presentar Resolución de Gerencia Municipal N° 052-2021-MDS/GM, del 25 de agosto de 2021. [11] Presentar Informe suscrito por el representante legal de la Municipalidad Distrital de Subtanjalla, donde señale claramente, el estado del proceso judicial del Expediente N° 0071- 2018-0-1401-JP-LA-01 (si se encuentra concluido o aún en trámite). [12] Presentar documentación idónea y objetiva que acredite que se encuentra concluido el proceso judicial del Expediente N° 0071-2018-0-1401-JP-LA-01, o en trámite de ser el caso. [13] Acreditar el pago integro por concepto de gratificaciones de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución de Gerencia Municipal N° 052-2021-MDS/GM, del 25 de agosto de 2021, a favor de UGARTE PEÑA OSCAR FELIX. [14] Acreditar el pago integro por concepto de compensación por tiempo de servicios de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución de Gerencia Municipal N° 052-2021-MDS/GM, del 25 de agosto de 2021, a favor de UGARTE PEÑA OSCAR FELIX. [15] Acreditar el pago íntegro por concepto de vacaciones simples y truncas de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución de Gerencia Municipal N° 052-2021-MDS/GM, del 25 de agosto de 2021, a favor de UGARTE PEÑA OSCAR FELIX. ASUNTO: NORMAS SOCIOLABORALES La documentación requerida se refiere al periodo: SETIEMBRE 2021 a ABRIL 2022 y a los siguientes trabajadores afectados: UGARTE PEÑA OSCAR FELIX Cabe recordarle que si el sujeto inspeccionado se niega a proporcionar al inspector comisionado la información solicitada mediante esta modalidad constituirá INFRACCION A LA LABOR INSPECTIVA, sancionable con multa, según dispone los artículos 36 y 39 de la Ley N.° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo y el numeral 46.3 del artículo 46 de su Reglamento aprobado por D.S. N.° 0192006-TR.

referidos al soporte o modalidad de entrega de documentación laboral objeto de una medida de requerimiento de información, los cuales establecen:

“19. Por tanto, teniendo en cuenta las amplias facultades que el ordenamiento jurídico reconoce a los fiscalizadores, la inspección del trabajo podrá requerir al sujeto inspeccionado, mediante una medida de requerimiento, la presentación de información en formato físico o digital. No existiendo una predeterminación obligatoria sobre la forma o modalidad de entrega, por lo que el requerimiento de información, bajo uno u otro soporte, deberá regirse por los principios de razonabilidad y buena fe procedimental. (…). 23. Por consiguiente, cuando el inspector requiera la exhibición de información bajo una de las modalidades mencionadas y se le alcance documentación bajo un soporte distinto al requerido, será de cargo del inspector el justificar —de rechazar tal exhibición— porque no resulta satisfactoria para la práctica de la inspección del trabajo. Asimismo, el administrado deberá expresar las razones por las cuales presenta la documentación en formato distinto al requerido por el inspector originalmente. En tal supuesto, el inspector actuante deberá explicar las razones operativas por las que el medio elegido por el sujeto inspeccionado, en atención a lo solicitado en la medida de requerimiento de información, no resulta idóneo o, cuando así ocurra, resulte un acto de mala fe procedimental”. (Énfasis añadido).

“9. En la misma medida, cuando el inspeccionado no cumpla con la entrega de la información requerida dentro del plazo señalado por el inspector, se sujeta a la calificación del propio inspector actuante, quien podrá o no considerar la documentación remitida en función de la programación de las actuaciones inspectivas que tenga a cargo. En tal supuesto, debe atenderse a que el retraso en la entrega puede producir el efecto de la subsanación o puede imposibilitar la revisión integral de lo solicitado, por lo que se atenderá a la descripción del inspector de trabajo para establecer si tal supuesto constituye un supuesto de aplicación del artículo 46.3 del RLGIT. (…). 11. Por ello, cuando los inspeccionados conocen de antemano el plazo otorgado para las actuaciones inspectivas (por ejemplo, por la notificación de la extensión del plazo de las

actuaciones inspectivas), la entrega de la documentación solicitada durante el último día de etapa fiscalizadora y que por el volumen o complejidad de la misma no le permite a la autoridad fiscalizadora el analizar y adoptar decisiones en base a dicho contenido, colisionando con el principio de buena fe al frustrar la inspección del trabajo. 12. Finalmente, toda remisión de la información solicitada por los inspectores actuantes, en momentos posteriores al cierre de la orden de inspección constituye un supuesto de aplicación del artículo 46.3 del RLGIT”. (Énfasis añadido)

“7. El derecho a la debida motivación de las resoluciones judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial y garantiza que las resoluciones no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona

el ordenamiento jurídico o los que se derivan del caso. Sin embargo, no todo ni cualquier error en el que eventualmente incurra una resolución judicial constituye automáticamente la violación del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. Así, en el Exp. N.° 3943-2006-PA/TC y antes en el voto singular de los magistrados Gonzales Ojeda y Alva Orlandini (Exp. N.° 1744-2005-PA/TC), este Colegiado Constitucional ha precisado que el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado, entre otros, en los siguientes supuestos: a) Inexistencia de motivación o motivación aparente. Está fuera de toda duda que se viola

el derecho a una decisión debidamente motivada cuando la motivación es inexistente o cuando la misma es solo aparente, en el sentido de que no da cuenta de las razones mínimas que sustentan la decisión o de que no responde a las alegaciones de las partes del proceso, o porque solo intenta dar un cumplimiento formal al mandato, amparándose en frases sin ningún sustento fáctico o jurídico. b) Falta de motivación interna del razonamiento. La falta de motivación interna del razonamiento [defectos internos de la motivación] se presenta en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez de una inferencia a partir de las premisas que establece previamente el Juez en su decisión; y, por otro lado, cuando existe incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión. Se trata, en ambos casos, de identificar el ámbito constitucional de la debida motivación mediante el control de los argumentos utilizados en la decisión asumida por el Juez o Tribunal; sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su coherencia narrativa. c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las premisas. El control de la motivación también puede autorizar la actuación del juez constitucional cuando las premisas de las que parte el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. Esto ocurre por lo general en los casos difíciles, como los identifica Dworkin, es decir, en aquellos casos donde suele presentarse problemas de pruebas o de interpretación de disposiciones normativas. La motivación se presenta en este caso como una garantía para validar las premisas de las que parte el Juez o Tribunal en sus decisiones. Si un Juez, al fundamentar su decisión: 1) ha establecido la existencia de un daño; 2) luego, ha llegado a la conclusión de que el daño ha sido causado por “X”, pero no ha dado razones sobre la vinculación del hecho con la participación de “X” en tal supuesto, entonces estaremos ante una carencia de justificación de la premisa fáctica y, en consecuencia, la aparente corrección formal del razonamiento y de la decisión podrán ser enjuiciadas por el juez [constitucional] por una deficiencia en la justificación externa del razonamiento del juez. Hay que precisar, en este punto y en línea de principio, que el hábeas corpus no puede reemplazar la actuación del juez ordinario en la valoración de los medios de prueba, actividad que le corresponde de modo exclusivo a éste, sino de controlar el razonamiento o la carencia de argumentos constitucionales; bien para respaldar el valor probatorio que se le confiere a determinados hechos; bien tratándose de problemas de interpretación, para respaldar las razones jurídicas que sustentan determinada comprensión del derecho aplicable al caso. Si el control de la motivación interna permite identificar la falta de corrección lógica en la argumentación del juez, el control en la justificación de las premisas posibilita identificar las razones que sustentan las premisas en las que ha basado su argumento. El control de la justificación externa del razonamiento resulta fundamental para apreciar la justicia y razonabilidad de la decisión judicial en el Estado democrático, porque obliga al juez a ser exhaustivo en la fundamentación de su decisión y a no dejarse persuadir por la simple lógica formal. d) La motivación insuficiente. Se refiere, básicamente, al mínimo de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o de derecho indispensables para asumir que la decisión está debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este Tribunal en reiterada jurisprudencia, no se trata de dar respuestas a cada una de las pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos generales, sólo resultará relevante desde una perspectiva constitucional si es que la ausencia de argumentos o la

"insuficiencia" de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo que en sustancia se está decidiendo. e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a la debida motivación de las resoluciones obliga a los órganos judiciales a resolver las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia activa). Desde luego, no cualquier nivel en que se produzca tal incumplimiento genera de inmediato la posibilidad de su control. El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva). Y es que, partiendo de una concepción democratizadora del proceso como la que se expresa en nuestro texto fundamental (artículo 139°, incisos 3 y 5), resulta un imperativo constitucional que los justiciables obtengan de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente de las pretensiones efectuadas; pues precisamente el principio de congruencia procesal exige que el juez, al momento de pronunciarse sobre una causa determinada, no omita, altere o se exceda en las peticiones ante él formuladas. f) Motivaciones cualificadas. - Conforme lo ha destacado este Tribunal, resulta indispensable una especial justificación para el caso de decisiones de rechazo de la demanda, o cuando, como producto de la decisión jurisdiccional, se afectan derechos fundamentales como el de la libertad. En estos casos, la motivación de la sentencia opera como un doble mandato, referido tanto al propio derecho a la justificación de la decisión como también al derecho que está siendo objeto de restricción por parte del Juez o Tribunal”. (Énfasis añadido).

19 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS

taxativamente consideradas en el precitado artículo por no tratarse de una motivación insuficiente o parcial sino una aparente. Por ello, conforme al numeral 2 del artículo 10° del TUO de la LPAG, el acto deviene en nulo.

“Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes: (…) 2. El defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14”. (Énfasis añadido).

Artículo 14.- Conservación del acto 14.1 Cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos de validez, no sea trascendente, prevalece la conservación del acto, procediéndose a su enmienda por la propia autoridad emisora. 14.2 Son actos administrativos afectados por vicios no trascendentes, los siguientes:

tales aquellas cuya realización correcta no hubiera impedido o cambiado el sentido de la decisión final en aspectos importantes, o cuyo incumplimiento no afectare el debido proceso del administrado. 14.2.4 Cuando se concluya indudablemente de cualquier otro modo que el acto administrativo hubiese tenido el mismo contenido, de no haberse producido el vicio. 14.2.5 Aquellos emitidos con omisión de documentación no esencial. 14.3 No obstante la conservación del acto, subsiste la responsabilidad administrativa de quien emite el acto viciado, salvo que la enmienda se produzca sin pedido de parte y antes de su ejecución.

Sobre la potestad del Tribunal para declarar la nulidad de los actos emitidos por las autoridades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar FUNDADO EN PARTE el recurso de revisión interpuesto por la Municipalidad Distrital de Subtanjalla, y, en consecuencia, NULA la Resolución de Intendencia N° 110-2023-SUNAFIL/IRE-ICA, notificada a la Procuraduría Pública de la impugnante el 28 de noviembre de 2023, y la de los sucesivos actos y actuaciones emitidas en el procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 724-2022- SUNAFIL/IRE-ICA, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – RETROTRAER el procedimiento administrativo sancionador al momento en el que se produjo el vicio, esto es, la emisión de la Resolución de Intendencia N° 110-2023-SUNAFIL/IRE- ICA, notificada a la Procuraduría Pública de la impugnante el 28 de noviembre de 2023, a fin de que la instancia competente emita un nuevo pronunciamiento considerando los alcances señalados en la presente resolución.

TERCERO. – Remitir los actuados a la Gerencia General de la SUNAFIL, a fin de que, de considerarlo conveniente, procedan conforme a sus atribuciones y de acuerdo con lo señalado en el considerando 6.52 de la presente resolución. CUARTO. – Notificar la presente resolución a la Municipalidad Distrital de Subtanjalla, y a la Intendencia Regional de Ica, para sus efectos y fines pertinentes. QUINTO. – Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

20260211MABJ – HR: 8008-2022