Municipalidad Provincial Jorge Basadre — Resolución 0278-2026

Mediante Orden de Inspección N° 369-2022-SUNAFIL/IRE-TAC, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo (en adelante, SST)1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 201-2022-SUNAFIL/IRE-TAC (en adelante, el Acta de Infracción). En mérito a la investigación del accidente de trabajo, en aplicación del inciso e) del artículo 12 de la LGIT.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 014-2023-SUNAFIL/IRE-TAC/SIFN-IC, de fecha 06 de enero de 2023, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53° del

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53° del RLGIT, la Autoridad Instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 025-2023-SUNAFIL/IRE-TAC/SIFN-IFI, de fecha 10 de febrero de 2023 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de la conducta infractora imputada a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Subintendencia de Sanción de la Intendencia Regional de Tacna, la que mediante Resolución de Subintendencia N° 199-2023-SUNAFIL/IRE- TAC/SISA, de fecha 21 de abril de 2023, multó a la impugnante por haber incurrido en la siguiente infracción:

Con fecha 08 de junio de 2023, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Subintendencia N° 199-2023-SUNAFIL/IRE-TAC/SISA.

Mediante Resolución de Intendencia N° 104-2023-SUNAFIL/IRE-TAC, de fecha 24 de noviembre de 2023, la Intendencia Regional de Tacna declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, confirmando la Resolución de Subintendencia N° 199-2023-SUNAFIL/IRE-TAC/SISA.

Con escrito de fecha 29 de diciembre de 2023, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Tacna el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 104-2023-SUNAFIL/IRE-TAC.

La Intendencia Regional de Tacna admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORANDUM-000007-2024- SUNAFIL/IRE-TAC, recibido el 05 de enero de 2024 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1° de la Ley N° 299812, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7° de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15° de la Ley N° 299813, en concordancia con el artículo 41° de la Ley General de Inspección del Trabajo4 y modificatorias (en adelante, LGIT), el artículo 17° del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR5, y el artículo 2° del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR6 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 217° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS y modificatorias (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de estos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49° de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55° del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”7.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17° del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes, al derecho, y de conformidad con el Principio de Legalidad, y que caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que la Municipalidad Provincial Jorge Basadre, presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N°

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por la Municipalidad Provincial Jorge Basadre.

El “Glosario de Términos” del reglamento de la LSST, aprobado por el Decreto Supremo N° 005- 2012-TR, define al accidente de trabajo como un “suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo” (énfasis añadido).

Asimismo, debemos considerar que el accidente de trabajo presenta diferentes elementos, los mismos que concurren para su configuración, tales como: “a) Causa externa: Agente productor extraño a la víctima; b) Instantaneidad: Tiempo breve de duración del hecho generador; c) Lesión: El trabajador debe sufrir lesiones externas e internas como consecuencia del hecho”.8

Siendo que el artículo VI del Título Preliminar del TUO de la LPAG dispone que los precedentes administrativos de observancia obligatoria constituyen fuente de Derecho, de conformidad con el numeral 2.8 del artículo V de la norma en mención. Corresponde invocar la Resolución de Sala Plena N° 005-2022-SUNAFIL/TFL, mediante la cual se establece como precedentes administrativos de observancia obligatoria los fundamentos 6.15, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21:

(…) De esta forma, si dos o más incumplimientos son causas suficientes del accidente de trabajo, podrían ser válidamente imputados de forma independiente a través de los numerales 28.10 o 28.11 del artículo 28 del RLGIT, según corresponda, si el inspector expresa los nexos de causalidad correspondientes. (…) 6.21 Así, cuando se invoca alguna de estas normas sancionadoras, todas las premisas indicadas anteriormente deberían ser correctamente determinadas en el acta de infracción, con una expresión adecuada del nexo causal. En ese entendido, podemos establecer los siguientes criterios:

Bajo las consideraciones expuestas líneas arriba, debe precisarse que, para la configuración del tipo sancionador previsto en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, después de la modificatoria dispuesta por D.S. N° 008-2020-TR se requiere la concurrencia de los siguientes presupuestos: i) que el incumplimiento a la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo haya ocasionado el accidente de trabajo; y ii) que - como consecuencia de lo anterior - se haya causado daño en el cuerpo o en la salud del trabajador. Es decir, el incumplimiento, así como el accidente de trabajo deben ser determinados a propósito del nexo de causalidad establecido por el inspector de trabajo.

En este orden de ideas, corresponde analizar si se ha acreditado que las causas determinantes del accidente de trabajo fueron consecuencia directa de la labor desempeñada por el trabajador accidentado, y si es consecuencia de los incumplimientos por parte de la impugnante de las normas de seguridad y salud en el trabajo.

Respecto al accidente de trabajo en concreto, corresponde precisar que, ocurrió el 20 de julio de 2022 en la Obra “Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa Inicial Nro. 461” del anexo de Piñapa, distrito de Locumba, provincia de Jorge Basadre, Tacna, cuando el trabajador “operario de construcción civil” se encontraba prestando apoyo en el Área de encofrado y desencofrado del cerco perimétrico en muro caravista; mientras realizaban el desencofrado de la losa aligerada y desencofrado de vigas. En el desencofrado el trabajador afectado, cargaba los paneles (medidas aproximadas entre 50 y 60 cm de ancho y 2.50 a 3 metros de largo; peso aproximado entre 40 y 50 kg), cuando se disponía a trasladar el panel hizo un sobreesfuerzo, lo cual le provocó un fuerte dolor entre la cintura y la espalda, no pudiendo caminar correctamente ya que el dolor era demasiado fuerte, lo que le ocasionó en la espalda ruptura muscular dorsal, y consecuentemente reposo absoluto por cuatro (04) días.

Así, se sanciona a la impugnante bajo el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, por las siguientes conductas: a) no hubo una adecuada identificación de los peligros en relación a la actividad de encofrado, al no determinar la clase de materiales pesados para su carga manual y con ellos realizar las medidas de control; b) ausencia de una supervisión eficiente de las tareas realizadas por el trabajador; y, c) falta de capacitación en los riesgos relacionados a sus labores, y prevención efectiva con procedimientos de trabajo debidamente ejecutados y difundidos.

El tipo infractor imputado a la impugnante dispone: “Son infracciones muy graves, los siguientes incumplimientos: 28.10 El incumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo que ocasione un accidente de trabajo que cause daño al cuerpo o a la salud del trabajador, que requiera asistencia o descanso médico, conforme al certificado o informe médico legal”.

Es oportuno señalar que la determinación de la responsabilidad exige la concurrencia de cuatro presupuestos9: a) El daño, b) Conducta antijurídica, c) La relación de causalidad, y d) El factor de atribución. Así, debemos entender por cada uno de ellos:

Asimismo, debemos tener en cuenta que, en torno a la atribución de la responsabilidad generada como efecto de un accidente de trabajo, se consideran las siguientes teorías:

A continuación, se detallan las causas del accidente de trabajo ocurrido al trabajador afectado, conforme a la información descrita en el numeral 4.15 de los Hechos Constatados del Acta de Infracción:

Ahora bien, respecto a que no hubo una adecuada identificación de los peligros en relación a la actividad de encofrado, al no determinar la clase de materiales pesados para su carga manual y con ellos realizar las medidas de control; sobre el particular, debemos considerar que, los literales a), b) y c) del artículo 49 de la LSST, disponen la obligación del empleador de garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en el desempeño de todos los aspectos relacionados con su labor, en el centro de trabajo o con ocasión del mismo; desarrollar acciones permanentes con el fin de perfeccionar los niveles de protección existentes; así como, identificar las modificaciones que puedan darse en las condiciones de trabajo y disponer lo necesario para la adopción de medidas de prevención de los riesgos laborales.

Asimismo, se tiene que el artículo 50 de la LSST, en concordancia con lo estipulado en el literal g) del artículo 26 del RLSST, establece que el empleador como medida de prevención de los riesgos laborales deberá gestionarlos, sin excepción, adoptando disposiciones efectivas para identificar y eliminar los peligros y los riesgos relacionados con el trabajo desde su origen, aplicando sistema de control a aquellos que no se puedan eliminar, a fin de promover la seguridad y salud en el trabajo (énfasis añadido).

En ese sentido, el empleador debe actualizar la evaluación de riesgos como mínimo una vez al año o cuando cambien las condiciones de trabajo o se haya producido daños a la salud y seguridad en el trabajo, de conformidad con lo señalado por el artículo 57 de la LSST, en concordancia con el primer párrafo del artículo 82 del RLSST.

Por su parte, el numeral 3 del anexo 1 de la Resolución Ministerial N° 050-2013-TR, establece que la identificación de riesgos es la acción de observar, identificar, analizar los peligros o factores de riesgos relacionados con los aspectos del trabajo, ambiente de trabajo, estructura e instalaciones, equipos de trabajo como la maquinaria y herramientas, así como los riesgos químicos, físicos, biológicos y disergonómicos presentes en la organización; asimismo, señala que la evaluación deberá realizarse considerando la información sobre la organización, las características y complejidad del trabajo, los materiales utilizados, los equipos existentes y el estado de salud de los trabajadores, valorando los riesgos existentes en función de criterios objetivos que brinden confianza sobre los resultados a alcanzar (énfasis añadido).

Por último, la Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómico, aprobada por la RESOLUCION MINISTERIAL Nº 375-2008-TR, en su título III MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS, establece que:

Al respecto, se tiene que el inspector comisionado precisó en el numeral 4.11.1 de los hechos constatados del acta de infracción, lo siguiente:

Sobre el particular, se advierte que la inspectora comisionada, luego de revisados los documentos exhibidos por el sujeto inspeccionado, así como las declaraciones brindadas por los trabajadores en el curso de la investigación del accidente de trabajo, dejó constancia del incumplimiento que se le atribuye, debido a que la “Matriz IPERC CONTINUO/ATS”; si bien la misma describe la actividad relacionada al “encofrado y desencofrado de muro”, no obstante, se advierte que no determina la clase de materiales pesados para su carga manual (medidas aproximadas entre 50 y 60 cm de ancho y 2.50 a 3 metros de largo; peso aproximado entre 40 y 50 kg), y con ellos realizar las medidas de control respectivas. En consecuencia, el sujeto inspeccionado no adoptó las medidas de control según lo señalado en la normatividad vigente que inicia con eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y finalmente el uso de equipos de protección individual.

Lo expuesto, tiene sustento en lo establecido en el artículo 21 de la LSST, que establece las medidas de prevención y protección dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, los que se aplican en un orden de prioridad establecido en el mencionado dispositivo que involucran las siguientes acciones, en cuyo defecto, complemento o sustitución se aplica la siguiente medida de control prevista, y así sucesivamente, conforme se detalla a continuación: Si se puede 1) Se eliminan los peligros y los riesgos, en su defecto, 2) Se tratan, controlan o aíslan los peligros y riesgos, pudiendo, 3) Minimizarse los peligros y los riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro, o, 4) Programando la sustitución progresiva de los procedimientos, técnicas,

Por consiguiente, al no realizarse una adecuada identificación de los peligros en relación a la actividad de encofrado y desencofrado de muro, al no determinar la clase de materiales pesados para su carga manual y con ellos realizar las medidas de control, según el orden de prioridad de acuerdo a lo estipulado en el artículo 21 de la LSST, en atención al puesto de “operario de construcción civil” que ocupaba el trabajador, la cual se debió implementar, antes del accidente de trabajo, es que sufre el accidente.

Por lo tanto, queda evidenciado que durante las actuaciones inspectivas se ha establecido el nexo causal entre la conducta imputada y el accidente de trabajo ocurrido el 20 de julio de 2022. En tal sentido, acreditado dicho nexo causal, corresponde confirmar la infracción imputada tipificada en el numeral 28.11 del artículo 28 del RLGIT, por no cumplir con adecuada identificación de los peligros en relación a la actividad de encofrado, al no determinar la clase de materiales pesados para su carga manual y con ellos realizar las medidas de control, manteniéndose la sanción impuesta en este extremo.

Por otro lado, respecto a la ausencia de una supervisión eficiente de las tareas realizadas por el trabajador; sobre el particular, debemos señalar que, de acuerdo al artículo 41 de la LSST, la supervisión permite: a) Identificar las fallas o deficiencias en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, b) Adoptar las medidas preventivas y correctivas necesarias para eliminar o controlar los peligros asociados al trabajo, c) Prever el intercambio de información para determinar si las medidas ordinarias de prevención y control de riesgo, se aplican y demuestran ser eficaces y e) Servir de base para la adopción de decisiones que tengan por objeto mejorar la identificación de los peligros y el control de los riesgos, y el Sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Por su parte, el literal c) del artículo 26 del RLSST, dispone que todo empleador está obligado a: “(…) Disponer de una supervisión efectiva, según sea necesario, para asegurar la protección de la seguridad y salud de los trabajadores” (énfasis añadido).

Asimismo, con relación a la Supervisión del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, en el capítulo VIII denominado “Evaluación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el RSST en su artículo 85, establece que: “El empleador debe elaborar, establecer y revisar periódicamente procedimientos para supervisar, medir y recopilar con regularidad datos relativos a los resultados de la seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, debe definir en los diferentes niveles de la gestión, la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas en materia de supervisión. La selección de indicadores de eficiencia debe adecuarse al tamaño de la organización, la naturaleza de sus actividades y los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo” (énfasis añadido).

Cabe precisar que, la naturaleza de la LSST es de promover una cultura de prevención de riesgos laborales, sobre la base de observación del deber de prevención de los trabajadores, el rol y la participación de los empleados y sus empresas sindicales, quienes, mediante el diálogo, velan por la seguridad y el cumplimiento de la normativa en dicha materia. Por lo tanto, en la LSST y su reglamento se establece como obligación del empleador la de realizar una supervisión efectiva sobre las actividades que vienen ejecutando sus trabajadores, durante el desarrollo de sus labores, de ahí se desprende que dicha obligación resulta de vital importancia para que el empleador cumpla con su deber de prevención de riesgos laborales.

Aunado a ello, se debe señalar que de conformidad con lo dispuesto en el literal c) del artículo 26 del RLSST, el empleador está obligado a: “Disponer de una supervisión efectiva, según sea necesario, para asegurar la protección de la seguridad y salud de los trabajadores”; ello a través de inspecciones a cargo de sus supervisores que consiste en el proceso de observación metódica en el puesto de trabajo a fin de identificar prácticas y condiciones sub estándares existentes, y realizar una adecuada evaluación de exposición a pérdidas que permita adoptar medidas preventivas oportunas y eficaces. En tal sentido, la supervisión efectiva constituye un medio primordial para que el empleador pueda controlar los riesgos, así como para determinar si las medidas ordinarias de prevención y control de peligro que se vienen aplicando resultan eficaces.

Sobre el particular, cabe precisar los criterios expuestos en la Resolución de Sala Plena N° 011-2022-SUNAFIL/TFL, publicada el 19 de noviembre de 2022, referidos a la supervisión en materia de seguridad y salud en el trabajo:

Cabe precisar que la supervisión está orientada a evitar actuaciones basadas en el exceso de confianza de realizar la tarea habitualmente, actos inseguros, entre otros, siendo obligación de todo empleador, cumplir con su deber de prevención, garantizando la seguridad y salud en su centro de trabajo, y en el ejercicio de su poder de dirección hacer

Ahora bien, en el presente caso, se advierte como causa del accidente de trabajo la ausencia de una supervisión eficiente de las tareas realizadas por el trabajador, en tanto que, de las investigaciones realizadas por el inspector comisionado, así como de las manifestaciones brindadas por los trabajadores mediante el aplicativo MEET, el encargado de seguridad y salud en el trabajo y la prevencionista de riesgo del sujeto inspeccionado, respecto del accidente del extrabajador afectado, se tiene que, el trabajador “operario de construcción civil”, durante la ejecución de órdenes del sujeto inspeccionado se encontraba prestando apoyo en el Área de encofrado y desencofrado del cerco perimétrico en muro caravista, cargando paneles (medidas aproximadas entre 50 y 60 cm de ancho y 2.50 a 3 metros de largo; peso aproximado entre 40 y 50 kg), lo que implicaba un sobreesfuerzo, que le ocasionó en la espalda ruptura muscular dorsal; en tanto que, por el peso del panel, el traslado y desencofrado es un trabajo que debe realizarse entre dos operarios, debiéndose tener en consideración la postura correcta para levantar la carga (panel), la zona desnivelada en el desencofrado, la falta de orden y limpieza que se verificó en el centro de trabajo.

Por tanto, se evidencia que la carga de paneles en la labor de encofrado y desencofrado del cerco perimétrico en muro caravista, debía ser realizada entre dos trabajadores; sin embargo, el sujeto inspeccionado no recomendó las prácticas de trabajo seguro, por el contrario, expuso al trabajador afectado a un sobreesfuerzo por la carga de paneles, con medidas aproximadas entre 50 y 60 cm de ancho y 2.50 a 3 metros de largo y, peso aproximado entre 40 y 50 kg, contraviniendo el título III MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS, de la Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgo Disergonómico, aprobada por la RESOLUCION MINISTERIAL Nº 375-2008-TR, lo que ocasionó en el trabajador, ruptura muscular dorsal; en tal sentido, se advierte por parte del sujeto inspeccionado la ausencia de una supervisión eficiente en el procedimiento de encofrado y desencofrado del cerco perimétrico en muro caravista, que no previno los riesgos y peligros asociados a la labor de carga de paneles.

Por lo tanto, queda evidenciado que durante las actuaciones inspectivas se ha establecido el nexo causal entre la conducta imputada y el accidente de trabajo ocurrido el 20 de julio de 2022. Por tanto, acreditado dicho nexo causal, corresponde confirmar la infracción imputada tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, por la ausencia de una

Por último, respecto a la falta capacitación en los riesgos relacionados a sus labores, y prevención efectiva con procedimientos de trabajo debidamente ejecutados y difundidos, debemos considerar que, el literal f) del artículo 50 de la LSST, establece que el empleador aplica como medidas de prevención de los riesgos laborales, capacitar y entrenar anticipada y debidamente a los trabajadores, entre otros. Asimismo, el artículo 52 del citado cuerpo normativo, señala que el empleador transmite a los trabajadores, de manera adecuada y efectiva, la información y los conocimientos necesarios en relación con los riesgos en el centro de trabajo y en el puesto o función específica, así como las medidas de protección y prevención aplicables a tales riesgos” (énfasis añadido).

De otro lado, el literal a) del artículo 27 del RLSST establece que “El empleador, en cumplimiento del deber de prevención y del artículo 27 de la Ley, garantiza que los trabajadores sean capacitados en materia de prevención. La formación debe estar centrada: a) En el puesto y ambiente de trabajo específico o en la función que cada trabajador desempeña, cualquiera que sea la naturaleza del vínculo, modalidad o duración de su contrato. (…)”. Aunado a ello, el literal a) del artículo 29 del citado cuerpo normativo dispone que “Los programas de capacitación deben hacerse extensivos a todos los trabajadores, atendiendo de manera específica a los riesgos existentes en el trabajo” (énfasis añadido).

Al respecto, de la documentación aportada por el sujeto inspeccionado no obra medio probatorio que acredite la capacitación e información específica al trabajador afectado sobre la labor de carga de paneles para encofrado y desencofrado del cerco perimétrico en muro, actividad que realizaba el trabajador al momento del accidente, en cumplimiento de su labor como “operario de construcción civil”. Corresponde precisar en este extremo que, de la revisión de los actuados, se advierte el Informe N° 225-2023- GDTI/MPJB, de fecha 03 de marzo de 2023 (posterior al accidente), por medio del cual el sujeto inspeccionado deja constancia que en la obra “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. N° 461 DEL ANEXO DE PIÑAPA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA DE JORGE BASADRE – TACNA” se realizó la capacitación al trabajador, según el registro de capacitación del mes de julio y Hoja de Inducción Específica y Entrenamiento; sin embargo, de los documentos que obran en el expediente digital, en el documento denominado “REGISTRO DE CAPACITACIÓN” de fecha 02 de julio de 2022, se evidencia que no se consigna el tipo de capacitación, el tema, así como tampoco el nombre del capacitador. Igualmente, en la ficha de “REGISTRO DE CAPACITACIÓN” de fecha 04, 05, 06, 07, 08, 09, 13, 14, 15, 16 y 19 de julio de 2022, no se señala el tipo de capacitación, ni el tema; por otro lado, en el registro del 11 de julio de 2022 se detalla como tema “Huella Hídrica”; asimismo, se advierte que el 12 de julio de 2022 el trabajador recibió una charla de 5 minutos del tema “Primeros auxilios y quemadura”, del mismo modo el 20 de julio de 2022, el tema que se transmite es “Diez factores humanos que causen accidentes”.

En tal sentido, se evidencia que el trabajador afectado no fue capacitado en la labor específica que desarrollaba a la fecha del accidente de trabajo, “carga de paneles labor para encofrado y desencofrado del cerco perimétrico en muro caravista”, y al no cumplir el sujeto inspeccionado con capacitarlo, el trabajador se expuso a un peligro realizando una labor que, conforme a lo declarado por el encargado de seguridad y salud en el trabajo y la prevencionista de riesgo del sujeto inspeccionado, debía ser realizada por dos

Corresponde agregar que, el “INFORME DE ACCIDENTE DE TRABAJO”, presentado por el sujeto inspeccionado, consigna como Causas Básicas (Factores de trabajo): Falta de capacitación en riesgos ergonómicos”. Asimismo, posterior al accidente de trabajo (20 de julio de 2022) el sujeto inspeccionado implemento las siguientes acciones correctivas para evitar la ocurrencia del accidente, de acuerdo a lo consignado en el Informe de Accidente de Trabajo, conforme se puede apreciar a continuación:

Por lo tanto, se advierte que, al no haberse efectuado una correcta capacitación al trabajador accidentado, no contaba con los elementos y conocimientos necesarios para el desempeño de sus funciones y los riesgos de la misma, acorde a la función específica desarrollada en la obra “Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa Inicial”, en el área “centro perimétrico en muro caravista”, incumplimiento que contribuyó a que el accidente de trabajo se produzca.

Por lo tanto, queda evidenciado que durante las actuaciones inspectivas se ha establecido el nexo causal entre la conducta imputada y el accidente de trabajo ocurrido el 20 de julio de 2022. Por tanto, acreditado dicho nexo causal, corresponde confirmar la infracción imputada tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, por no cumplir con el deber de formación e información del trabajador afectado, manteniéndose la sanción impuesta en este extremo.

Al respecto la impugnante alega que, el trabajador no estaría en su puesto de trabajo; por tanto, no se investigó con mayor rigurosidad, si el trabajador prestaba apoyo por voluntad propia o por orden de algún funcionario y jefe inmediato; sobre el particular, contrario a lo alegado por la impugnante, de la declaración brindada por el encargado de seguridad y salud en el trabajo y la prevencionista de riesgo del sujeto inspeccionado, se advierte que el trabajador “operario de construcción civil”, realizaba la carga de paneles (medidas

Con relación a lo alegado por la impugnante, es preciso traer a colación al artículo 38 de la LGIT, que establece los tipos de sanciones y criterios de la graduación de las sanciones, precisando que:

En ese sentido, en el artículo 47 del RLGIT, se dispuso además de los criterios de graduación señalados en la LGIT, que la determinación de la sanción debe respetar los principios de razonabilidad y proporcionalidad según lo dispuesto por el artículo 246 numeral 3) del TUO de la LPAG12. Considerando ello, en la resolución de primera instancia, al momento de realizar la imposición de la sanción de multa se realiza el juicio valorativo respectivo y se aplican los artículos pertinentes del marco normativo establecido. Cabe indicar que los montos de las multas contenidas en la tabla del RLGIT son fijas y predeterminadas, sin que la autoridad sancionadora ni Intendencia puedan imponer o ajustar el monto de la multa a valor distinto. Por tanto, corresponde a esta sala desestimar el recurso en este extremo.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, la multa subsistente como resultado del procedimiento administrativo sancionador sería la que corresponde a la siguiente infracción:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.