Langostinera Tumbes S.A.C

Mediante Orden de Inspección N° 849-2023-SUNAFIL/IRE-TUM, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento en materia de colocación y empleo1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 008-2024-SUNAFIL/IRE-TUM (en adelante, el Acta de Infracción). En mérito a la denuncia formulada en aplicación del inciso d) del artículo 12 de la LGIT.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 28-2024-SUNAFIL/IRE-TUM/SIFN-IC, de fecha 08 de marzo del 2024, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53° del

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53° del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 74- 2024 - SUNAFIL/IRE-TUM/SIFN – IF, de fecha 18 de abril de 2024 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de la conducta infractora imputada a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Sanción de la Intendencia Regional de Tumbes, la que mediante Resolución de Sub Intendencia N° 141-2024-SUNAFIL/IRE- TUM/SISA, de fecha 30 de mayo del 2024, multó a la impugnante por haber incurrido en la siguiente infracción:

Con fecha 05 de agosto del 2024, la impugnante presenta queja por defecto de tramitación, a fin de que se tome en cuenta el escrito presentado con fecha 21 de junio del 2024. Siendo atendido por la Sub Intendencia de Sanción de la Intendencia Regional de Tumbes, a través del Proveído N°64-2024/SUNAFIL/IRE-TUM/SISA, de fecha 05 de setiembre del 2024.

Posteriormente, con fecha 09 de setiembre del 2024, la impugnante presenta recurso de reconsideración contra la Resolución de Sub Intendencia N° 141-2024-SUNAFIL/IRE- TUM/SISA. En atención a ello, la Sub Intendencia de Sanción de la Intendencia Regional de Tumbes mediante Resolución de Sub Intendencia N° 0239-2024-SUNAFIL/IRE- TUM/SISA, de fecha 24 de setiembre del 2024, declaró improcedente por extemporáneo el recurso de reconsideración presentado.

Con fecha 15 de octubre del 2024, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 0239-2024-SUNAFIL/IRE-TUM/SISA.

Mediante Resolución de Intendencia N° 122-2024-SUNAFIL/IRE-TUM, de fecha 28 de octubre del 2024, la Intendencia Regional de Tumbes declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, y confirmó la Resolución de Sub Intendencia N° 0239-2024-SUNAFIL/IRE-TUM/SISA, que declaró improcedente por extemporáneo el recurso de reconsideración presentado.

Con escrito de fecha 15 de noviembre del 2024, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Tumbes, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 122-2024-SUNAFIL/IRE-TUM.

La Intendencia Regional de Tumbes admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORANDUM-000041-2026- SUNAFIL/IRE-TUM, recibido el 20 de enero del 2026 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1° de la Ley N° 299812, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7° de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15° de la Ley N° 299813, en concordancia con el artículo 41° de la Ley General de Inspección del Trabajo4 (en adelante, LGIT), el artículo 17° del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR5, y el artículo 2° del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR6 (en adelante, el Reglamento

El artículo 217° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS y modificatorias (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49° de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55° del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”7.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17° del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En este orden de ideas, resulta indispensable que el Tribunal revise el cumplimiento del ordenamiento jurídico en materia sociolaboral -tanto adjetivo como sustantivo- así como vele por la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema de Inspección del Trabajo. La normativa adjetiva es aquella que garantiza a los administrados constituirse como sujetos del procedimiento administrativo dentro de la relación jurídico-procedimental establecida en el marco del Sistema de Inspección del Trabajo. Cabe precisar que dicho análisis garantiza la vigencia del debido proceso en sede administrativa, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional8.

En esta línea argumentativa, la aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el Principio de Legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que Langostinera Tumbes S.A.C., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 122-2024- SUNAFIL/IRE-TUM, que declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, y confirmó la Resolución de Sub Intendencia N° 0239-2024-SUNAFIL/IRE- TUM/SISA, que declaró improcedente por extemporáneo el recurso de reconsideración interpuesto , confirmándose la sanción impuesta por la comisión de una (01) infracción grave en materia de empleo y colocación, tipificada en el numeral 30.3 del artículo 30 del RLGIT; dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles.

Así, al haber el órgano competente realizado el análisis respecto de si el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el Reglamento del Tribunal corresponde analizar si se encuentra en alguna de las causales de improcedencia establecidas en el artículo 16° del citado instrumento.

Del análisis del recurso se advierte que el administrado pretende impugnar la sanción impuesta, referida a la comisión de una (01) conducta, tipificada como GRAVE y prevista en el numeral 30.3 del artículo 30 del RLGIT. Al respecto, debemos tener en cuenta los alcances establecidos en el artículo 14 del Reglamento del Tribunal:

Comprendiendo – dentro de un supuesto de improcedencia – la interposición de recursos de revisión que no tengan relación con las materias de competencia del mismo:

Conforme a lo expuesto en los considerandos precedentes, el recurso de revisión resulta procedente únicamente respecto de las resoluciones de segunda instancia que imponen sanciones por la comisión de infracciones tipificadas como muy graves en el RLGIT, quedando excluidas de dicho ámbito las infracciones calificadas como leves o graves.

Cabe precisar que las instancias de mérito han evaluado y determinado la existencia de una infracción grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 30.3 del artículo 30 del RLGIT, siendo que, en ningún momento, se ha hecho mención de otro tipo infractor en cuestión.

Por las razones señaladas, y en aplicación de lo dispuesto en los artículos 14 y 16, literal a), del citado reglamento, corresponde declarar la improcedencia del recurso de revisión, por haber sido interpuesto respecto de materias que no se encuentran dentro de la competencia de este colegiado. En tal sentido, no resulta procedente efectuar un análisis de los argumentos planteados en el citado medio impugnatorio.

De otro lado, corresponde recordar que, conforme a lo establecido en los artículos 3, 24 y 228 del TUO de la LPAG, todo acto administrativo debe contener un objeto claro que permita determinar, sin lugar a dudas, sus efectos jurídicos, así como señalar los recursos que resulten procedentes, el órgano ante el cual estos deben interponerse o, en su caso, precisar si dicho acto agota la vía administrativa. Sin embargo, esta Sala advierte que, en la parte resolutiva de la Resolución de Intendencia N° 122-2024-SUNAFIL/IRE-TUM, de fecha 28 de octubre del 2024, la Intendencia no ha consignado que dicha resolución constituye el acto final del procedimiento sancionador, pese a tratarse de una infracción calificada como grave, cuya resolución de segunda instancia agota la vía administrativa. Por el contrario, ha inducido a error al administrado al disponer la procedencia excepcional del recurso de revisión, generando con ello una dilación innecesaria en los

Por ello, corresponde exhortar a la Intendencia Regional de Tumbes a que, en todos los actos administrativos que confirmen únicamente infracciones calificadas como leves o graves —como ocurre en el presente caso—, se consigne de manera clara y precisa el agotamiento de la vía administrativa, conforme a lo dispuesto en los artículos 3, 24 y 228 del TUO de la LPAG, así como en el artículo 41 de la LGIT, precisando, además, que no procede la interposición del recurso de revisión.