Cusco Kad Ladrillera Mecanizada Empresa Individual de Responsabilidad Limitada

Mediante Orden de Inspección N° 0000000539-2023-SUNAFIL/IRE-CUS, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento en Seguridad y Salud en el Trabajo (en adelante, SST)1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 265-2023-SUNAFIL/IRE-CUS (en adelante, el Acta de Infracción), en mérito a la denuncia formulada en aplicación del inciso c) del artículo 12 de la LGIT.

Que, mediante Imputación de Cargos N° 371-2023-SUNAFIL/IRE-CUSCO/SIFN, notificada el 29 de mayo de 2023, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (5) días hábiles para la presentación de los

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 510-2023-SUNAFIL/IRE-CUSCO/SIFN, notificado el 15 de septiembre de 2023(en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Sanción de la Intendencia Regional de Cusco, la cual mediante Resolución de Subintendencia N° 830-2023-SUNAFIL/IRE CUSCO-SISA, notificada el 14 de noviembre de 2023, multó a la impugnante por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 01 de diciembre de 2023, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 830-2023-SUNAFIL/IRE CUSCO-SISA.

Mediante Resolución de Intendencia N° 027-2024-SUNAFIL/IRE CUS, notificada el 30 de enero de 2024, la Intendencia Regional de Cusco declaró infundado el recurso de apelación, confirmando la resolución apelada.

Con fecha 14 de febrero de 2024, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Cusco, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 027-2024- SUNAFIL/IRE CUS.

La Intendencia Regional de Cusco, admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORANDUM-000148-2024- SUNAFIL/IRE-CUS, recibido el 20 de febrero de 2024 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299812, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299813, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo4 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR5, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por el Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”7.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado

En este orden de ideas, resulta indispensable que el Tribunal revise el cumplimiento del ordenamiento jurídico en materia sociolaboral -tanto adjetivo como sustantivo- así como vele por la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema de Inspección del Trabajo. La normativa adjetiva es aquella que garantiza a los administrados constituirse como sujetos del procedimiento administrativo dentro de la relación jurídico-procedimental establecida en el marco del Sistema de Inspección del Trabajo. Cabe precisar que dicho análisis garantiza la vigencia del debido proceso en sede administrativa, conforme a reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional8.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que Cusco Kad Ladrillera Mecanizada Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 027-2024-SUNAFIL/IRE CUS, emitida por la Intendencia Regional de Cusco, que confirmó la sanción impuesta por la comisión, entre otras, de dos (02) infracciones MUY GRAVES en materia de seguridad y salud en el trabajo, en materia de IPERC y Formación e Información, que fueron causa del accidente de trabajo, tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, y una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.10 del artículo 46 del citado cuerpo normativo, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 31 de enero de 2024.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos jurídicos, previstos en el ordenamiento jurídico corresponde analizar los argumentos planteados por Cusco Kad Ladrillera Mecanizada Empresa Individual de Responsabilidad Limitada.

En cuanto a la naturaleza del recurso de revisión, el artículo 218 del TUO de la LPAG establece que solo procede cuando una ley o decreto legislativo lo prevea expresamente. En el presente caso, el artículo 49 de la LGIT, ley especial de la materia, señala lo siguiente:

En esa línea, el artículo 55 del RLGIT determina que el recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia. Su procedencia y requisitos de admisibilidad se desarrollan en el Reglamento del Tribunal, conforme se indicó en el punto 3.4 de la presente resolución.

Respecto de la finalidad del recurso de revisión en específico, el artículo 14 del Reglamento del Tribunal establece que éste tiene por finalidad:

Para esta Sala, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también su conformidad con la Constitución, las leyes y el derecho, de acuerdo con el principio de legalidad que debe caracterizar el actuar de las autoridades administrativas.

En ese sentido, el análisis de los argumentos de la impugnante se realizará dentro de la competencia del Tribunal, vinculada a las infracciones muy graves, verificando si concurre alguno de los supuestos del artículo 14 del Reglamento citado en el numeral precedente. Por ello, no corresponde a esta Sala pronunciarse sobre lo alegado en relación con las infracciones graves, ni valorar su subsanación, por encontrarse fuera de la competencia conferida por la LGIT, su reglamento y el artículo 14 del Reglamento del Tribunal.

Asimismo, mediante Resolución de Sala Plena N.º 003-2022-SUNAFIL/TFL, vigente desde el 18 de agosto de 2022, este Tribunal estableció precedente de observancia obligatoria, señalando:

Lo anterior exige al administrado una mayor rigurosidad en la formulación de sus escritos de revisión, en la medida que, al tratarse de un recurso extraordinario, para que los fundamentos contenidos en este puedan ser conocidos y evaluados por el Tribunal, no basta que la resolución recurrida contenga la imposición de sanciones por infracciones muy graves, sino que su impugnación debe ceñirse estrictamente a los presupuestos básicos establecidos en el artículo 14 del Reglamento del Tribunal, esto es: 1) Debe cuestionar al menos una infracción tipificada y calificada como muy grave, en el RLGIT, o en caso de omisión, el razonamiento empleado es suficiente para deducir ello, y; 2) Este cuestionamiento debe sustentarse necesariamente, en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas que rigen el derecho laboral, y/o en el apartamiento inmotivado de algún precedente de observancia obligatoria emitido por este Tribunal, que haya incidido directa o indirectamente, en la determinación de las infracciones. 6.19. Y es que, en ciertos casos, se aprecia la existencia de recursos de revisión donde, impugnándose una resolución que confirma la imposición de una sanción económica por la comisión de alguna infracción tipificada como muy grave en el RLGIT; no se cuestiona expresamente dicha infracción de forma directa o siquiera indirecta (cuando no se plantea algún razonamiento que pueda permitir deducir ello). Tal situación implica que tales recursos promueven asuntos fuera de la competencia material de este Tribunal, debiendo este órgano colegiado declarar la improcedencia, conforme a la normativa que rige su actuación”.

Del recurso de revisión se advierte que algunos alegatos son genéricos y no se vinculan con los criterios señalados: no se sustentan en la inaplicación o en la aplicación o interpretación errónea de normas laborales, ni en el apartamiento inmotivado de precedentes obligatorios, ni se relacionan con las infracciones muy graves materia de sanción. En consecuencia, esta instancia analizará solo los fundamentos vinculados a los aspectos del precedente citado y/o a la invocación de afectación del debido procedimiento, sin pronunciarse sobre los alegatos ajenos a dichos presupuestos.

Como parte de los alegatos del recurso de revisión, esta Sala ha identificado que la impugnante cuestiona una presunta vulneración al debido procedimiento. Por ende, corresponde en primer término, emitir pronunciamiento sobre esta causal, dado los efectos nulificantes que posee en caso de advertirse su inobservancia en el presente procedimiento administrativo.

El debido procedimiento es una garantía que tienen los administrados de exponer sus argumentos, ofrecer y actuar pruebas, que deberán ser tenidas en cuenta por la autoridad administrativa al decidir, para que esa decisión sea conforme a derecho.

En ese contexto, se establece como uno de los elementos esenciales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa, el atribuir a la autoridad que emite el acto administrativo la obligación de sujetarse al procedimiento establecido y de respetar las garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo.

Sobre el particular, el artículo 44 inciso a) de la LGIT establece, como uno de los principios del procedimiento sancionador, la observancia al debido proceso, “por el que las partes gozan de todos los derechos y garantías inherentes al procedimiento sancionador, de

Por su parte, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa, como integrante del principio del derecho al debido procedimiento administrativo, el “obtener una decisión motivada, fundada en derecho”. El principio al debido procedimiento tiene como uno de los elementos esenciales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa, el atribuir a la autoridad que emite el acto administrativo la obligación de sujetarse al procedimiento establecido y a respetar las garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo, dentro del cual se encuentra el deber de motivación de los actos administrativos.

Conforme a lo establecido en el numeral 4 del artículo 3 del TUO de la LPAG, “El acto administrativo debe estar debidamente motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico”, motivación que deberá ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a las anteriores justifican el acto adoptado, tal y como lo establece el artículo 6 del TUO de la LPAG. Asimismo, el contenido del acto administrativo mencionado, como requisito de validez, implica que aquel deba comprender todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas por los administrados tal y como lo prescribe el numeral 5.4 del artículo 5 del TUO de la LPAG.

En esa línea argumentativa, esta Sala identifica, desde un análisis formal, de la Resolución de Intendencia N° 027-2024-SUNAFIL/IRE CUS y de la Resolución de Subintendencia N° 830-2023-SUNAFIL/IRE CUSCO-SISA han contemplado la argumentación y medios de prueba expuestas por la impugnante, advirtiéndose el cumplimiento de los requisitos referidos al cumplimiento del debido procedimiento como principio y derecho material, de los derechos de defensa y a la prueba, así como el cumplimiento de la garantía de la debida motivación.

Conforme con el fundamento jurídico 4 de la Sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional del 8 de febrero de 2022 (expediente 349-2021-PA/TC), toda decisión judicial debe cumplir con cuatro requisitos para que cumpla con el deber de motivación, lo que lleva a contemplarlas en su extensibilidad al ámbito administrativo del presente expediente: 1) coherencia interna, para comprobar que lo decidido se deriva de premisas establecidas por el órgano resolutivo en su fundamentación; 2) justificación de las premisas externas, que aluden al respaldo probatorio de los hechos y sobre el derecho considerado por el órgano al resolver; 3) la suficiencia, que refiere a que se hayan expuesto razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados y necesarios para la resolución del caso; y 4) la congruencia, como elemento que permite establecer si las razones especiales requeridas para adoptar determinada decisión se encuentran recogidas en la resolución en concreto.

Del examen efectuado por esta Sala sobre las resoluciones emitidas en el Procedimiento Sancionador, se puede observar que estos 4 elementos pueden ser satisfactoriamente comprobados, por lo que, de manera formal y material, el debido procedimiento ha sido respetado dentro del trámite del procedimiento sancionador, ya que se han valorado todas las pruebas e indicios aportados al procedimiento sin distinción alguna.

Por tanto, no cabe acoger los argumentos expuestos en este extremo, debiendo ser desestimados, sin perjuicio de examinarse la motivación específica respecto del reproche administrativo, calificado como infracción muy grave.

El “Glosario de Términos” del Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, aprobado por el Decreto Supremo N° 005-2012-TR (en adelante, RLSST), define al accidente de trabajo como: “Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo”.

Asimismo, debemos considerar que el accidente de trabajo presenta diferentes elementos, los mismos que concurren para su configuración, tales como: “a) Causa externa: Agente productor extraño a la víctima; b) Instantaneidad: Tiempo breve de duración del hecho generador; c) Lesión: El trabajador debe sufrir lesiones externas e internas como consecuencia del hecho”9.

Siendo que el artículo VI del Título Preliminar del TUO de la LPAG dispone que aquellos actos administrativos que los precedentes administrativos de observancia obligatoria constituyen fuente de Derecho, de conformidad con el numeral 2.8 del artículo V de la norma en mención. Corresponde invocar la Resolución de Sala Plena N° 005-2022- SUNAFIL/TFL, mediante la cual se establece como precedentes administrativos de observancia obligatoria los fundamentos 6.15, 6.18, 6.19, 6.20 y 6.21:

(…) De esta forma, si dos o más incumplimientos son causas suficientes del accidente de trabajo, podrían ser válidamente imputados de forma independiente a través de los numerales 28.10 o 28.11 del artículo 28 del RLGIT, según corresponda, si el inspector expresa los nexos de causalidad correspondientes. (…)

Así, cuando se invoca alguna de estas normas sancionadoras, todas las premisas indicadas anteriormente deberían ser correctamente determinadas en el acta de infracción, con una expresión adecuada del nexo causal. En ese entendido, podemos establecer los siguientes criterios:

Así, se sanciona a la impugnante, bajo el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT, por las siguientes conductas: a) por no realizar la identificación de peligros y evaluación de riesgos para aplicar las medidas de control; b) por no realizar la formación e información sobre SST; c) por no establecer los estándares de SST en el RISST; d) por no cumplir con los procedimientos de trabajo.

El tipo infractor imputado a la impugnante dispone: “Son infracciones muy graves, los siguientes incumplimientos: 28.10 El incumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo que ocasione un accidente de trabajo que cause daño al cuerpo o a la salud del trabajador, que requiera asistencia o descanso médico, conforme al certificado o informe médico legal”. (énfasis añadido).

Es oportuno señalar que la determinación de la responsabilidad exige la concurrencia de cuatro presupuestos10: a) El daño, b) Conducta antijurídica, c) La relación de causalidad, y d) El factor de atribución. Así, debemos entender por cada uno de ellos:

Asimismo, debemos tener en cuenta que, en torno a la atribución de la responsabilidad generada como efecto de un accidente de trabajo, se consideran las siguientes teorías:

En ese entendido, en la Casación Laboral N° 4258-2016-Lima, se ha establecido:

En este orden de ideas corresponde analizar si se ha acreditado que las causas determinantes del accidente de trabajo son consecuencia directa de la labor desempeñada por el trabajador accidentado, y, si es consecuencia de los incumplimientos por parte de la impugnante de las normas de seguridad y salud en el trabajo.

En el presente caso se aprecia del documento denominado “Anexo – Hechos Insubsanables”, así como del numeral Tercero inciso 3.1 del acápite IV Hechos Constatados del Acta de Infracción, que el trabajador ocupaba el puesto de peón, y con ocasión de dichas funciones sufrió un accidente el 19 de agosto de 2022, determinándose lo siguiente:

Del mismo modo, en el mismo numeral Tercero inciso 3.1 del acápite IV Hechos Constatados del Acta de Infracción, el inspector deja constancia que el trabajador fue trasladado al Hospital Regional del Cusco donde finalmente fue atendido por el personal médico de emergencia de dicho nosocomio, conforme se tienen de las evidencias que obran en el orden 3 al 6 del expediente digital; cabe precisar que dicho trabajador debido al accidente que sufrió quedó en estado de discapacidad (incapacidad total permanente), conforme se tiene del certificado de discapacidad emitido por el Ministerio de Salud obrante en el orden 19 del expediente digital.

De acuerdo con el Principio de Información y Capacitación, recogido en el artículo IV del Título Preliminar de la LSST, las organizaciones sindicales y los trabajadores reciben del empleador una oportuna y adecuada información y capacitación preventiva en la tarea a desarrollar, con énfasis en lo potencialmente riesgoso para la vida y salud de los trabajadores y su familia.

El literal f) del artículo 50 de la LSST, establece que el empleador aplica como medidas de prevención de los riesgos laborales, capacitar y entrenar anticipada y debidamente a los trabajadores, entre otros. Asimismo, el artículo 52 del citado cuerpo normativo, señala que el empleador transmite a los trabajadores, de manera adecuada y efectiva, la información y los conocimientos necesarios en relación con los riesgos en el centro de trabajo y en el puesto o función específica, así como las medidas de protección y prevención aplicables a tales riesgos. (énfasis añadido).

Al respecto, los artículos 27 y 29 del RLSST, establecían el contenido, la oportunidad y los alcances que los programas de capacitación deben desarrollar estableciéndose, adicionalmente en el Glosario de Términos del RLSST, qué se entiende por capacitación: “Actividad que consiste en trasmitir conocimientos teóricos y prácticos para el desarrollo de competencias, capacidades y destrezas acerca del proceso de trabajo, la prevención de los riesgos, la seguridad y la salud”.

Así, el sustento de la imputación para el reproche administrativo referido al incumplimiento en formación e información en materia de seguridad y salud en el trabajo se funda en la no presentación de documentos, por parte de la impugnante, que acrediten haber proporcionado la formación e información sobre seguridad y salud en el trabajo anticipada, en prevención de riesgos laborales en las funciones específicas que desarrollaba el trabajador afectado al momento del accidente.

Al respecto, en el presente caso, en el numeral 4.1 del Acta de Infracción el inspector de trabajo deja constancia que, de las actuaciones inspectivas practicadas se ha verificado

En relación a los argumentos planteados en su recurso de revisión, vinculados a que la impugnante cumplió con brindar indicaciones y orientaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo de manera verbal, debe señalarse que el cumplimiento de las obligaciones en materia de formación e información en SST no se agota en la mera transmisión verbal de recomendaciones, sino que exige su acreditación objetiva mediante registros, documentos o cualquier otro medio idóneo que permita verificar su realización, contenido, periodicidad y adecuación al puesto de trabajo.

Es de señalar, al respecto, que las normas de la materia imponen al empleador el deber de garantizar una capacitación efectiva, suficiente y debidamente documentada, lo que permite no solo su control por la autoridad administrativa, sino también asegurar el adecuado seguimiento y la eficacia de las acciones preventivas implementadas. En ese sentido, las manifestaciones del trabajador sobre eventuales indicaciones verbales no acreditan el cumplimiento de una obligación formal y sustancial que es de entera responsabilidad del impugnante y que, conforme se advierte del análisis del expediente, no ha cumplido.

Del mismo modo, debe señalarse que la existencia de actos subestándar por parte del trabajador, para el presente caso, no enervan la responsabilidad del impugnante, dado que la obligación de brindar formación e información en materia de seguridad y salud en el trabajo constituye un deber propio e indelegable del empleador, el cual debe ser acreditado de manera objetiva. En ese sentido, aun cuando se alegue la concurrencia de una conducta imprudente del trabajador, ello no exonera al empleador de haber implementado previamente medidas eficaces de capacitación, supervisión y control orientadas a prevenir este tipo de riesgos. Sin embargo, en el presente caso, no se advierte la existencia de documentación o medios probatorios idóneos que acrediten el cumplimiento de dicha obligación, por lo que no corresponde eximir de responsabilidad a la impugnante en este extremo.

Del mismo modo, si bien se advierte que, adjunto a su recurso de revisión, se ha presentado el documento denominado “Registro de capacitación, inducción, entrenamiento y simulacro”, debe señalarse que el mismo tiene fecha posterior al del

En relación al nexo causal, en el fundamento 4.12 al 4.21 de la resolución sancionadora, la Autoridad de Primera Instancia ha evaluado la determinación de la sanción prevista el tipo infractor recogido en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT. Así, ha señalado que la impugnante no garantizó la seguridad y salud en el trabajo del trabajador afectado, toda vez que no brindó al trabajador formación e información específica en seguridad y salud en el trabajo respecto de peligros y riesgos relacionados a su puesto de trabajo, conforme a lo señalado en el sub numeral 4.1 del Acta de Infracción, determinando que corresponde sancionar, independientemente cada incumplimiento que constituye nexo causal del accidente de trabajo, con el tipo infractor previsto en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT.

Además, en dicha evaluación, la Autoridad de Primera Instancia ha ponderado que, en el presente caso, a consecuencia del accidente, el trabajador sufrió la pérdida inmediata por amputación traumática del quinto dedo (pérdida del dedo meñique), así como la lesión ósea del segundo, tercer y cuarto dedo de la mano derecha, evidencias que obran en el orden 3 al 6 del expediente digital. Del mismo modo, conforme a los hechos constatados por el inspector de trabajo, dicho trabajador quedó en estado de discapacidad (incapacidad total a permanente), conforme se tiene del certificado de discapacidad emitido por el Ministerio de Salud obrante en el orden 19 del expediente digital.

De este modo, además del incumplimiento en materia de SST, queda acreditada la existencia del daño al cuerpo o a la salud del trabajador accidentado quien sufrió un accidente de trabajo durante las labores realizadas para el administrado, motivo por el cual se corrobora la conducta sancionada tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28° del RLGIT.

Por todo lo antes señalado, se advierte clara y objetivamente que los inspectores comisionados y la Autoridad Sancionadora, han corroborado y constatado la existencia del nexo causal generado entre la infracción detectada y el accidente que padeció el trabajador afectado. Por lo tanto, corresponde desestimar lo alegado por la impugnante, confirmándose la infracción en dicho extremo.

Sobre el particular, debemos tener en cuenta que el artículo 36 de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (en adelante, la LSST), dispone que: “(…) Sin perjuicio de la responsabilidad de cada empleador respecto de la salud y la seguridad de los trabajadores a quienes emplea y habida cuenta de la necesidad de que los trabajadores participen en materia de salud y seguridad en el trabajo, los servicios de salud en el trabajo aseguran que las funciones siguientes sean adecuadas y apropiadas para los riesgos de la empresa para la salud en el trabajo: a) Identificación y evaluación de los riesgos que puedan afectar a la salud en el lugar de trabajo (…)”. (énfasis añadido).

Asimismo, el artículo 21 de la LSST dispone que “Las medidas de prevención y protección dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo se aplican en el siguiente orden de prioridad: a) Eliminación de los peligros y riesgos. Se debe combatir y controlar los riesgos en su origen, en el medio de transmisión y en el trabajador, privilegiando el control colectivo al individual. b) Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, adoptando medidas técnicas o administrativas. c) Minimizar los

Del mismo modo, el artículo 50 del citado cuerpo normativo señala que: “El empleador aplica las siguientes medidas de prevención de los riesgos laborales: a) Gestionar los riesgos, sin excepción, eliminándolos en su origen y aplicando sistemas de control a aquellos que no se puedan eliminar (…)”.

De igual manera, el artículo 57 de la LSST señala que el empleador actualiza la evaluación de riesgos una vez al año como mínimo, o cuando cambien las condiciones de trabajo o se hayan producido daños a la salud y seguridad en el trabajo. Asimismo, si los resultados de la evaluación de riesgos lo hacen necesario se realizan: a) controles periódicos de la salud de los trabajadores y de las condiciones de trabajo para detectar situaciones potencialmente peligrosas, y b) medidas de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de trabajo y de producción, que garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores.

Por otro lado, el literal g) del artículo 26 del RLSST, prescribe que: “el empleador está obligado a: (...) g) Adoptar disposiciones efectivas para identificar y eliminar los peligros y los riesgos relacionado con el trabajo y promover la seguridad y salud en el trabajo (…)”.

Asimismo, el literal c) del artículo 32 del RLSST dispone la documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que debe exhibir el empleador es la siguiente: “(...) c) La identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus medidas de control (...)”.

Así también, en el artículo 77 del RLSST, vigente a la fecha del accidente de trabajo, se dispone que la evaluación inicial de riesgos debe realizarse en cada puesto de trabajo del empleador, por personal competente, en consulta con los trabajadores y sus representantes ante el Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta evaluación debe considerar las condiciones de trabajo existentes o previstas, así como la posibilidad de que el trabajador que lo ocupe, por sus características personales o estado de salud conocido, sea especialmente sensible a alguna de dichas condiciones. Adicionalmente, la evaluación inicial debe: “(...) b) Identificar los peligros y evaluar los riesgos existentes o posibles en materia de seguridad y salud que guarden relación con el medio ambiente de trabajo o con la organización del trabajo. c) Determinar si los controles previstos o existentes son adecuados para eliminar los peligros o controlar riesgos (…)”.

De igual manera, el artículo 82 del RLSST, dispone que: “el empleador debe identificar los peligros y evaluar los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores en forma periódica, de conformidad con lo previsto en el artículo 57 de la Ley. Las medidas de prevención y protección deben aplicarse de conformidad con el artículo 50 de la Ley (…). (énfasis añadido).

En ese contexto normativo, se verifica la obligación del empleador de cumplir con la evaluación de riesgos, su actualización, a identificar y eliminar los peligros y los riesgos relacionados con el trabajo y promover la seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, al ser el empleador el responsable de velar por la seguridad y salud de sus trabajadores está obligado a gestionar todos los riesgos sin excepción. Es decir, el sujeto inspeccionado, en calidad de garante de la seguridad y salud en el trabajo, se encuentra obligado a efectuar un estudio adecuado sobre aquellos peligros y riesgos existentes o posibles relacionados a las actividades y al medio ambiente de trabajo y adoptar las medidas de control adecuadas que resulten necesarias para eliminar los peligros o controlar riesgos, debiendo consignar dicha información en su matriz IPERC.

Sobre dicho incumplimiento, el inspector de trabajo ha dejado señalado, en el numeral 4.2 del Acta de infracción, que no acreditó haber llevado a cabo la identificación de peligros, evaluación de riesgos y la adopción de medidas de control de las condiciones de trabajo y de la actividad o tarea del personal accidentado en forma previa al evento dañoso. La ausencia de dicho IPER implica que no se identificaran los peligros específicos del puesto ni se evaluaran los riesgos asociados a las tareas y equipos utilizados; en consecuencia, no se implementaron medidas de control siguiendo el orden de prioridad. Así, la falta de IPER califica como una de las causas del accidente de trabajo, debido que guardan relación directa con el mismo.

En relación a los argumentos planteados en su recurso de revisión, debe señalarse que fue el propio representante del sujeto inspeccionado, durante las investigaciones, quién señaló el no encontrarse capacitado para levantar dicha matriz. Que, conforme también ha dejado señalado el inspector de trabajo en el Acta de Infracción, dicha alegación no lo exime, ni lo exceptúa de la responsabilidad que debió cumplir en dicha materia en forma previa al evento dañoso. Del mismo modo, en su escrito de revisión, además de reiterar dichos alegatos, reconoce que no contaban con dicha matriz por falta de conocimiento, lo que no lo exime de responsabilidad por el incumplimiento sancionado. Por tanto, la presentación de un documento elaborado con posterioridad al accidente, denominado “Matris de Riesgos”, no enerva su responsabilidad en el incumplimiento sancionado, quedando corroborada la comisión de la infracción en dicha materia.

Del mismo modo, no se advierte mérito probatorio alguno para enervar su responsabilidad en dicho extremo, la presentación del folleto relativo a la feria sociolaboral de formalización o a la constancia de actuaciones inspectivas de investigación del 31 de marzo de 2023, dada cuenta que se encuentra acreditada su responsabilidad conforme a lo corroborado por el inspector y lo señalado por el representante de la impugnante.

Del mismo modo, en relación al nexo causal, en el fundamento 4.12 al 4.21 de la resolución sancionadora, la Autoridad de Primera Instancia ha evaluado la determinación de la sanción prevista el tipo infractor recogido en el numeral 28.10 del artículo 28 del RLGIT. Así, ha señalado que la impugnante no garantizó la seguridad y salud en el trabajo del trabajador afectado, toda vez que, no elaboró la Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos (IPER) del puesto de trabajo con medidas de control adecuadas y pertinentes,

Además, en dicha evaluación, la Autoridad de Primera Instancia ha ponderado que, en el presente caso, a consecuencia del accidente, el trabajador sufrió la pérdida inmediata por amputación traumática del quinto dedo (pérdida del dedo meñique), así como la lesión ósea del segundo, tercer y cuarto dedo de la mano derecha, evidencias que obran en el orden 3 al 6 del expediente digital. Del mismo modo, conforme a los hechos constatados por el inspector de trabajo, dicho trabajador quedó en estado de discapacidad (incapacidad total a permanente), conforme se tiene del certificado de discapacidad emitido por el Ministerio de Salud obrante en el orden 19 del expediente digital.

De este modo, además del incumplimiento en materia de SST, queda acreditada la existencia del daño al cuerpo o a la salud del trabajador accidentado quien sufrió un accidente de trabajo durante las labores realizadas para el administrado, motivo por el cual se corrobora la conducta sancionada tipificada en el numeral 28.10 del artículo 28° del RLGIT.

De lo antes expuesto, se advierte clara y objetivamente que los inspectores comisionados y la Autoridad Sancionadora, han corroborado y constatado la existencia del nexo causal generado entre la infracción detectada y el accidente que padeció el trabajador afectado. Por lo tanto, corresponde desestimar lo alegado por la impugnante, confirmándose, también para el presente caso, la infracción en dicho extremo.

En resumen, el análisis causal del accidente de trabajo puede presentarse mediante el siguiente esquema:

En ese sentido, los argumentos presentados en esta parte del recurso deben ser desestimados, ya que la resolución impugnada ha realizado una correcta valoración de los medios probatorios obtenidos durante las etapas de inspección y sanción, sin vulnerar el derecho de defensa ni el derecho a la prueba del impugnante. Se ha llegado a conclusiones precisas y comprobadas de que los incumplimientos por parte del impugnante fueron la causa del accidente de trabajo ocurrido el 19 de agosto de 2022.

La LGIT establece que “la función inspectiva, es entendida como la actividad que comprende el ejercicio de la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo”13. De allí que, el comportamiento del

Asimismo, el artículo 9 de la LGIT, establece que “los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los supervisores- inspectores, los inspectores de trabajo y los inspectores auxiliares cuando sean requeridos para ello. En particular y en cumplimiento de dicha obligación de colaboración deberán: (…) Colaborar con ocasión de sus visitas u otras actuaciones inspectivas”.

Sobre este punto, se trae a colación lo señalado en el artículo 1015 de la LGIT, por el cual las actuaciones inspectivas de investigación o comprobatorias de la Inspección del Trabajo, pueden desarrollarse de manera presencial y/o a través de medios de sistemas de comunicación electrónica, mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación (virtual), en esa línea, el artículo 1116 del mismo cuerpo normativo prevé que las actuaciones inspectivas pueden proseguirse o completarse sobre el mismo sujeto inspeccionado, de manera presencial y/o a través de sistemas de comunicación electrónica, mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación (virtual).

Por su parte, inciso 3) del artículo 36 de la LGIT establece que “Son infracciones a la labor inspectiva las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, contrarias al deber de colaboración por parte de los sujetos inspeccionados por los Supervisores-Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares, establecidas en la presente Ley y su Reglamento. Tales infracciones pueden consistir en: (…) 3. La inasistencia a la diligencia, cuando las partes hayan sido debidamente citadas, por el Inspector o la Autoridad Administrativa de Trabajo y éstas no concurren”. (énfasis añadido).

En ese contexto, el RLGIT, que tipifica y contiene las infracciones, establece en el numeral 46.10 del artículo 46, que la inasistencia del sujeto inspeccionado ante el requerimiento

Además, es importante recalcar que el requerimiento de comparecencia señala expresamente que la inasistencia constituirá infracción a la labor inspectiva sancionable con multa, según dispone los artículos 36 y 39 de la LGIT y los artículos 45 y 46 de su reglamento.

Al respecto, en el numeral 5.4 de los hechos constatados en el Acta de Infracción, el Inspector comisionado dejó constancia de lo siguiente:

En ese entendido, debe tenerse presente que la diligencia de comparecencia se encontraba válidamente notificada, incluyendo el apercibimiento expreso de sanción en caso de inasistencia. En el presente caso, pese a estar debidamente notificado con el requerimiento de comparecer acreditando su representatividad y facultades en nombre del sujeto inspeccionado, concurrió el ciudadano Sr. F.M.C., sin acreditar su representación suficiente.

En esa línea, debe tenerse presente que en la versión 02 de la Directiva N° 001-2020- SUNAFIL/INII, Directiva sobre el Ejercicio de la Función Inspectiva, aprobado por Resolución de Superintendencia N° 215-2021-SUNAFIL, contempla en el numeral 7.14.1.3., lo siguiente: “(…) También se considera inasistencia a la comparecencia cuando una persona acude a este tipo de diligencias, pero sin capacidad o no acredita representación suficiente en nombre del sujeto inspeccionado”. Por otro lado, en el literal b) del numeral 7.14.2.3., respecto a las reglas de acreditación de la representación de personas jurídicas de derecho público que “El representante de la persona jurídica de derecho público acredita su condición al exhibir su Documento de Identidad y debiendo encontrarse facultado para ello según la resolución o documento público que le otorga o delega dichas facultades”. (énfasis añadido).

De esto último, como en el presente caso se apersonó a la comparecencia una persona sin las facultades debidamente acreditadas, se considera como inasistencia. En consecuencia, se encuentra determinada la inasistencia de la impugnante a la comparecencia virtual programada para las 09:00 horas el día 31 de marzo de 2023, lo cual constituye infracción muy grave a la labor inspectiva, conforme a lo dispuesto por el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT.

Sin perjuicio de lo antes señalado, debe señalarse que no se advierte del escrito de revisión algún alegato planteado en contra del presente incumplimiento o en relación al cumplimiento.

Por tanto, se encuentra plenamente acreditada la comisión de la infracción tipificada en el numeral 46.10 del artículo 46 del RLGIT, por lo que corresponde confirmar la infracción en dicho extremo.

Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a las siguientes infracciones:

Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho y de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.