Kalsat E.I.R.L — Res. 1950-2025

Mediante Orden de Inspección N° 27467-2021-SUNAFIL/ILM, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 14423-2021-SUNAFIL/ILM (en adelante, el Acta de Infracción). En mérito al operativo denominado “OP FISCALIZACION COMITE SST Y PLAN COVID 19 JULIO 2021 ILM” .

Que, mediante Imputación de Cargos N° 1999-2022-SUNAFIL/ILM/SINS/AI3, de fecha 10 de 2022, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción, y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos a la administrada, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del

Conforme al literal g) del numeral 53.2 del artículo 53° del RLGIT, la Autoridad Instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 2725-2022-SUNAFIL/ILM/SINS/AI3, de fecha 25 de noviembre de 2022 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de la conducta infractora imputada a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual, procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Subintendencia de Sanción 3 de la Intendencia de Lima Metropolitana, la que mediante Resolución de Subintendencia de Sanción N° 0967-2023- SUNAFIL/ILM/SISA3, de fecha 09 de marzo de 2023, multó a la impugnante, por haber incurrido en la siguiente infracción:

Con fecha 23 de marzo de 2023, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Subintendencia de Sanción N° 0967-2023-SUNAFIL/ILM/SISA3.

Mediante Resolución de Intendencia N° 692-2023-SUNAFIL/ILM, de fecha 05 de junio de 2023, la Intendencia de Lima Metropolitana declaró infundado el recurso de apelación interpuesto.

Con escrito de fecha 19 de junio de 2023, la impugnante presentó ante la Intendencia de Lima Metropolitana el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 692-2023-SUNAFIL/ILM.

La Intendencia de Lima Metropolitana admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, recibido el 05 de diciembre de 2023 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1° de la Ley N° 299812, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7° de la misma Ley que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15° de la Ley N° 299813, en concordancia con el artículo 41° de la Ley General de Inspección del Trabajo4 y modificatorias (en adelante, LGIT), el artículo 17° del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR5, y el artículo 2° del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR6 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.

El artículo 217° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS y

Así, el artículo 49° de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55° del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”7.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17° del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes, al derecho, y de conformidad con el Principio de Legalidad, y que caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que KALSAT E.I.R.L., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 692-2023-SUNAFIL/ILM, que confirmó la sanción impuesta por la comisión de una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.6 del artículo 46° del RLGIT; dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 09 de junio de 2023.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por KALSAT E.I.R.L.

Dado los argumentos expresados por la impugnante, este Tribunal debe realizar un análisis respecto a la aplicación del Principio del Debido Procedimiento en el presente caso, y su relación con la validez de los actos administrativos emitidos en el marco del expediente administrativo sancionador.

Sobre el particular, el numeral 1.2 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG precisa lo siguiente:

A su vez, el numeral 2 del artículo 248° del TUO de la LPAG señala que:

Concordante a ello, la LGIT, desarrolla en su artículo 44°, los principios generales del procedimiento sancionador, entre ellos: “(…) a) Observación del debido proceso, por el que las partes gozan de todos los derechos y garantías inherentes al procedimiento sancionador, de manera que les permita exponer sus argumentos de defensa, ofrecer pruebas y obtener una decisión por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo debidamente fundada en hechos y en derecho (…)”.

Por otro lado, el Tribunal Constitucional –máximo intérprete de la Constitución– se ha pronunciado en numerosas oportunidades en relación con el derecho al debido procedimiento, estableciendo una reiterada y uniforme jurisprudencia al respecto, como lo recuerda la Sentencia recaída en el Expediente N° 04289-2004-AA/TC:

En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional, en el quinto fundamento jurídico de la Sentencia recaída en el Expediente N° 02098-2010-PA/TC señaló que, no solo existe base constitucional o jurisprudencial para la configuración y desarrollo del derecho al debido procedimiento, sino que existe sustento convencional, a saber:

Conforme a ello, dada la claridad expositiva del Tribunal Constitucional, así como de la norma contenida en el TUO de la LPAG, respecto de los alcances del derecho al debido procedimiento, debe analizarse el caso concreto en relación con la vulneración alegada.

Con relación al derecho o garantía de la motivación de las decisiones que afecten los intereses de la impugnante, es importante recalcar que el Principio de Debido Procedimiento se encuentra relacionado con la exigencia de la debida motivación del acto administrativo. Lo anterior se desprende de la necesidad de que sea una garantía a favor de los administrados de: exponer sus argumentos, ofrecer y producir pruebas y, a su vez, a obtener una decisión por parte de la autoridad administrativa motivada y fundada en derecho. (Énfasis añadido).

En ese contexto, en el mencionado principio, se establece como uno de los elementos esenciales que rigen el ejercicio de la potestad sancionadora administrativa, el atribuir a la autoridad que emite el acto administrativo la obligación de sujetarse al procedimiento establecido, y a respetar las garantías consustanciales a todo procedimiento administrativo.

Partiendo de ello, resulta relevante traer a colación el requisito de la motivación de las resoluciones, señalado en el numeral 4 del artículo 3° del TUO de la LPAG, en concordancia con el artículo 6° del citado instrumento; en virtud del cual, todo acto administrativo debe estar motivado en proporción al contenido y conforme al ordenamiento jurídico.

Por otra parte, el Tribunal Constitucional ha tenido la oportunidad de pronunciarse en más de una ocasión estableciendo criterios jurisprudenciales que deben ser tenidos en cuenta por quienes deban administrar justicia, al momento de resolver, de acuerdo al artículo VII del Código Procesal Constitucional. A este entender, en la Sentencia recaída en el Expediente N° 00312-2011-PA/TC, estableció una serie de elementos vinculados a la motivación de los actos administrativos, resaltando la definición de la naturaleza jurídica de la motivación de actos administrativos: una garantía constitucional que busca evitar la arbitrariedad de la Administración. Señalando, además, lo siguiente:

Así, las cosas, la motivación deberá ser expresa a efectos de que el acto administrativo que sustenta sea emitido a partir de una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso, y donde se expongan las razones jurídicas que justifiquen su adopción; no siendo admisibles como motivación las fórmulas que, por su contradicción, no resulten esclarecedoras para la motivación del acto.

En efecto, nuestro ordenamiento jurídico ha establecido algunos alcances sobre la exigencia de la motivación de las resoluciones en el ámbito de la actuación administrativa, siendo que, en los numerales 1.2 y 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG se establecen dos reglas generales vinculadas a la motivación: (i) la obligación de la motivación en las decisiones que tome la Administración Pública, conforme al Principio del Debido Procedimiento; y, (ii) la obligación de verificar plenamente los hechos que sustentan la decisión adoptada por la Administración Pública, conforme al Principio de Verdad Material8.

Del marco expuesto se concluye que la motivación exige que, en la justificación de la decisión adoptada por parte de la Autoridad Administrativa respecto a la determinación de responsabilidad por conductas contra el ordenamiento administrativo, se realice la exposición de la valoración de los medios probatorios y/o argumentos que el administrado formule durante el desarrollo del procedimiento administrativo sancionador, en aras de desvirtuarlos conforme a la normativa vigente; ello como garantía del debido procedimiento administrativo.

En el caso concreto, se advierte que la controversia gira en torno a la afectación al debido procedimiento, toda vez que la SUNAFIL no habría efectuado una correcta emisión de las alertas respecto a la notificación realizada en la casilla electrónica con fecha 24 de agosto de 2021. En ese sentido, corresponde analizar la legalidad de las notificaciones efectuadas a la impugnante en el presente caso, cuya inobservancia podría acarrear la nulidad del procedimiento administrativo.

Sobre el particular, cabe indicar que, en todo procedimiento administrativo sancionador, existe la obligación de observar las reglas que informan y regulan el procedimiento administrativo. En esa línea, conforme lo ha señalado el Tribunal Constitucional, el fundamento de dicha obligación emana de la propia Constitución Política del Perú, que en el inciso 3 del artículo 139°, reconoce como un derecho de la función jurisdiccional – aplicable en sede administrativa– la “observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional”.

El Tribunal Constitucional, en su calidad de máximo intérprete de la Constitución, en numerosos pronunciamientos –como en la sentencia recaída en el Expediente N° 01709- 2011-PA/TC–, ha establecido que: “(…) los actos administrativos deben tener como requisito de validez la notificación con la finalidad de que el administrado tenga la posibilidad de conocer el contenido de los actos administrativos, más aún en el caso que se apliquen sanciones o que se limiten los derechos del ciudadano; incumplir este requisito vulnera el derecho de defensa”. (Énfasis añadido).

En ese mismo sentido, respecto al derecho a la debida notificación, el Tribunal Constitucional ha precisado, en la sentencia recaída en el expediente N° 02540-2012- PA/TC, en su fundamento jurídico 4, lo siguiente: “En cuanto al derecho a las notificaciones, es necesario precisar que la notificación reviste un rol central en los

Ahora bien, respecto a la omisión del envío de las alertas correspondientes, la debida notificación y la vulneración a su derecho de defensa, esta Sala se ha pronunciado en numerosas resoluciones, sobre los alcances de la notificación electrónica a través del Sistema Informático de Notificación Electrónica de la SUNAFIL (en adelante, SINEL- SUNAFIL), aprobado a través del Decreto Supremo N° 003-2020-TR, en concordancia con los alcances del numeral 20.4 del artículo 20° del TUO de la LPAG9.

Así, desde el primer pronunciamiento de esta Sala, contenido en la Resolución N° 129- 2021-SUNAFIL/TFL-Primera Sala, de fecha 22 de julio de 2021 hasta la actualidad, han quedado plenamente acreditados los siguientes conceptos:

En el presente caso, la impugnante sostiene que hubo una falta de notificación efectiva, pues no se le comunicaron las alertas correspondientes, este argumento en el fondo cuestiona la inaplicación del artículo 6° del Decreto Supremo N° 003-2020-TR, que

No es la primera vez que la Sala ha revisado la materia en cuestión, esto es, alegaciones respecto a lo descrito precedentemente, lo que motivó a la posición mayoritaria de esta Sala, en estricta aplicación del Principio de Verdad Material, debido a los diversos expedientes en los que se repetían estos hechos, de volver a reexaminar los alcances del segundo párrafo del artículo 6° del Decreto Supremo N° 003-2020-TR, en relación al artículo 11° de la misma norma.

Siendo así, la posición mayoritaria de esta Sala considera que el artículo 6° de la norma antes acotada establece que la Administración, por medio de su Sistema Informático de Notificación Electrónica (SINEL-SUNAFIL), comunicará al usuario o administrado cada vez que se le notifique un documento a la casilla electrónica, mediante una alerta enviada al correo electrónico y/o a través del servicio de mensajería. Se concluye, entonces, que los administrados tienen una expectativa justificada de que tendrán conocimiento de cualquier notificación depositada en la casilla electrónica por medio de la mencionada alerta. (énfasis añadido).

Sin embargo, el artículo 11° del Decreto Supremo N° 003-2020-TR, al regular la validez y los efectos de la notificación vía casilla electrónica, establece lo siguiente:

En consecuencia, se advierte que, por un lado, el sólo depósito del documento en la casilla electrónica constituye una notificación válida; y, por otro, que el administrado posee el derecho a recibir una alerta que le indique la existencia de dicho depósito, conforme a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 6° del Decreto Supremo N° 003-2020-TR.

En este contexto, la lectura conjunta de ambas disposiciones revela que, corresponde a quien tiene el deber de interpretar esas disposiciones, hacerlo de modo tal que evite la contraposición. Logrando su armonización. En el caso específico del Procedimiento Administrativo Sancionador, dicha integración se debe realizar en base a los principios que lo rigen y, en particular, al derecho fundamental al debido procedimiento.

Así tenemos que, el Principio de Predictibilidad o de Confianza Legítima, previsto en el numeral 1.15 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, dispone que: “La autoridad administrativa brinda a los administrados o sus representantes información veraz, completa y confiable, sobre cada procedimiento a su cargo, de modo tal que, en todo momento, el administrado pueda tener una comprensión cierta sobre los requisitos, trámites, duración estimada y resultados posibles que se podrían obtener. (…)”. En el caso de la notificación a través de la casilla electrónica, la SUNAFIL ha previsto que su Sistema Informático enviará una alerta al administrado por medio del correo electrónico proporcionado o del servicio de mensajería. En consecuencia, dicho mecanismo constituye un requisito concurrente con el establecido en el artículo 11° del Decreto Supremo N° 003-2020-TR. (Énfasis añadido).

De acuerdo al numeral 14 del artículo 139° de la Constitución Política del Perú, se reconoce el derecho de defensa, disponiéndose que nadie puede “ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso”. En esa línea, el Tribunal Constitucional ha precisado, en reiterada jurisprudencia, que: “[...] el fundamento principal por el que se habla de un debido proceso administrativo encuentra sustento en el hecho de que tanto la Administración como la jurisdicción están indiscutiblemente vinculadas a la Carta Magna, de modo que si esta resuelve sobre asuntos de interés del administrado, y lo hace mediante procedimientos internos, no existe razón alguna para desconocer las categorías invocables ante el órgano jurisdiccional. (Cfr. STC 4889-2004- AA)”10.

En concordancia con lo anterior, el Tribunal Constitucional ha declarado que, para poder ejercer el derecho de defensa, es indispensable que las partes tengan un conocimiento, previo y oportuno, de los diferentes actos que los pudieran afectar, a fin de que tengan la oportunidad de ejercer, según la etapa procesal de que se trate, los derechos procesales que les correspondan11. Por tanto, las “exigencias que se derivan del significado constitucional del derecho de defensa no se satisfacen con la posibilidad de que, in abstracto, las partes puedan formalmente hacer ejercicio de los recursos previstos en la ley, sino también con la garantía de que puedan interponerlos de manera oportuna. (…)”12.

En consecuencia, la posición mayoritaria de esta Sala considera que mientras que los administrados no reciban la alerta que la Administración se ha comprometido a enviarles, su derecho de defensa podría verse vulnerado, al no tener el conocimiento, previo y oportuno, de la medida o requerimiento que le impone determinadas obligaciones. De esta manera se les impediría, de modo injustificado, “argumentar a favor de sus derechos e intereses legítimos, con el consiguiente perjuicio para tales derechos o intereses”13.

Esta interpretación se sustenta, además, en la aplicación del Principio de Informalismo amparado en el numeral 1.6 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG, el cual dispone que: “Las normas de procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e intereses no sean afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro del procedimiento, siempre que dicha excusa no afecte

Del mismo modo, los integrantes de este Tribunal son plenamente conscientes de su deber de resolver los procedimientos sancionadores de manera independiente, esto es, sin estar sometidos a presiones internas o externas que dobleguen su voluntad para determinar el sentido de lo resuelto. En definitiva, deben contar con todas las garantías necesarias para resolver conforme a Derecho, las controversias que se sometan a su consideración”14. Es por esta razón que, no es posible negar eficacia a una conducta que la propia Administración ha previsto como parte de su comportamiento, durante el trámite de notificación: la emisión de las alertas. Negar esta obligación sería contrario también al Principio de Buena Fe Procedimental, que exige tanto a la Administración como al administrado realizar “sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe”15. (Énfasis añadido).

En el caso concreto, del análisis del expediente digital se advierte que, se le requiere a la administrada, con fecha 24 de agosto de 2021, asistir a la comparecencia programada en modalidad virtual para el día 01 de septiembre de 2021, a efectos de emitir su declaración y presentar ciertos documentos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo16.

Que, el comisionado concluye en su Acta de Infracción, que la inspeccionada pese haber sido válidamente notificada, no concurre a la citación programada para las 15:00 horas del día 01 de setiembre, habiendo esperado 27 minutos a que cumpliera con presentarse, sin que la administrada lo hiciese, por lo que determina el tipo infractor contenido en el

En atención a lo expuesto, y en aplicación al Principio de Verdad Material, se aprecia que, aunque el sujeto inspeccionado, durante todo momento cuestiona la falta de emisión de las alertas correspondientes sobre la citación a la comparecencia programada, ni en el Informe Final N° 2725-2022-SUNAFIL/ILM/SINS/AI3, ni en la Resolución de Subintendencia de Sanción N° 0967-2023-SUNAFIL/ILM/SISA3, analizan dichas cuestiones, y por el contrario se efectúa una motivación aparente en dicho sentido.

Es la Intendencia, mediante la emisión de la Resolución de Intendencia N° 692-2023- SUNAFIL/ILM, quien, a través de sus considerandos 3.6., 3.7 y 3.8, analiza las cuestiones sobre las alertas remitidas, precisadas por la impugnante. La Intendencia manifiesta que se habrían registrado por parte de la administrada dos contactos de forma previa, aludiendo que se verificaba que el requerimiento fue diligenciado debidamente, toda vez la notificación de la Comparecencia fue remitida al contacto registrado por la recurrente.

Al respecto, y como es de advertirse de la captura de los correos a los contactos a los que fueron remitidas las alertas de la notificación de fecha 24 de agosto de 2021, se logra evidenciar que si bien se remite a uno de los correos consignados como parte de la lista de contactos registrados por la administrada, los cuales fueron: fact- bodysecret@hotmail.com y TEOCASTILLO911@YAHOO.ES, al primero de ellos dicha alerta no le llegó, habiendo sido remitido además a un correo signado como BSHEHADEH@americatelnet.com.pe , por lo que se comprueba que es cierto lo alegado por la impugnante respecto a que no le llegó al indicado correo (fact- bodysecret@hotmail.com) la alerta de notificación de comparecencia de fecha 24 de agosto de 2021, por tanto, no resulta posible afirmar que hubiera tenido conocimiento efectivo de dicha notificación a través del referido correo.

En ese contexto, no se puede imputar a la impugnante la no concurrencia a la comparecencia programada con fecha 01 de septiembre de 2021, y con ello el incumplimiento al numeral 46.6 del artículo 46 del RLGIT, pues no recibió las notificaciones de los documentos remitidos a la casilla electrónica a través de las alertas del Sistema Informático de Notificación Electrónica, en su correo electrónico consignado.

En consecuencia, la posición de esta Sala considera que, independientemente de la eficacia de la recepción de la notificación electrónica y la obligación que tiene el usuario de revisar de forma periódica la casilla electrónica –según los alcances antes referidos–, en el presente caso la impugnante no recibió las alertas a través del correo electrónico y/o el sistema de mensajería, tal como lo dispone el artículo 6° del Decreto Supremo N° 003-2020-TR. Pues, resulta razonable considerar que el cumplimiento de la obligación de revisar periódicamente la casilla electrónica, prevista en el artículo 8° del citado cuerpo normativo, se encuentra estrictamente ligado a la efectiva recepción de las alertas que el Sistema Informático de la SUNAFIL debe emitir.

Sin embargo, de los actuados, se advierte que la conducta antes mencionada fue sancionada mediante la Resolución de Subintendencia de Sanción N° 0967-2023- SUNAFIL/ILM/SISA3, de fecha 09 de marzo de 2023, como negativa al deber de colaboración a la labor inspectiva, determinándose el reproche administrativo en contra de la impugnante por la comisión de una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.6 del artículo 46 del RLGIT.

En tal sentido, se verifica que ni la Subintendencia de Sanción ni la Intendencia respectiva verificaron que todas las actuaciones realizadas en el procedimiento inspectivo y sancionador se ajustaran a los principios contemplados en el artículo IV del Título Preliminar del TUO de la LPAG.

Así las cosas, la ausencia de un análisis adecuado y suficiente por parte de las instancias precedentes respecto de las notificaciones efectuadas por medio de la casilla electrónica, constituye una vulneración al Principio de Buena Fe Procedimental. Dado que, la autoridad administrativa ha realizado actuaciones interpretando la regulación contraria al administrado, afectando su derecho de defensa como parte integrante del derecho al debido procedimiento, al no motivar debidamente la validez y eficacia de las notificaciones efectuadas ni justificar su razonabilidad, conforme al análisis desarrollado por la posición mayoritaria de esta Sala, en los fundamentos precedentes. Esta omisión vulnera, además, los Principios de Informalismo, Motivación y Debido Procedimiento Sancionador.

En tal sentido, al resultar necesario que la instancia de sanción motive adecuadamente el extremo antes señalado, respecto a la correcta notificación de las actuaciones inspectivas realizadas, argumentos que no se advierte haya sido evaluado y motivado por la Subintendencia. Por lo que la Resolución de Subintendencia de Sanción N° 0967-2023- SUNAFIL/ILM/SISA3, incurre en una falta de motivación y análisis de las actuaciones realizadas, vulnerando el debido procedimiento.

A consideración de esta Sala, la imposición de sanción, sin que se haya verificado previamente la veracidad y confiabilidad de los hechos, genera serios cuestionamientos respecto a la adecuada aplicación de la potestad sancionadora en el presente caso.

Es imperativo recalcar que las instancias del sistema responsables de la tramitación del Procedimiento Administrativo Sancionador deben garantizar que la motivación comprenda todas las alegaciones de los administrados, analizando sus fundamentos de hecho y de derecho; así como sustentando adecuadamente la aplicación, interpretación o integración normativa que corresponda a la absolución de cada una de las alegaciones planteadas, conforme a los precedentes o jurisprudencia constitucionalmente establecidos.

Respecto de la forma específica del vicio del acto administrativo identificado, debe precisarse que el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia no solo ha identificado sino ratificado el contenido constitucionalmente garantizado del derecho a la debida motivación de las resoluciones, por ejemplo, en la Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente N° 00728-2008-PHC/TC, precisa:

En consecuencia, está Sala encuentra acreditada la vulneración al debido procedimiento, sustentado en una motivación aparente, la cual se configura ya que la Autoridad Instructora, la Subintendencia e Intendencia, si bien dan la apariencia de motivación, al citar normas, en el caso de la Subintendencia, y reiterar los hechos constatados por el personal inspectivo para el caso de la Intendencia, no se verificó adecuadamente la validez de las notificaciones, ni la ausencia de alertas remitidas, aspectos esenciales para determinar la atribución de responsabilidad.

Cabe precisar que, realizado el análisis de conservación del acto conforme al artículo 14° del TUO de la LPAG, el vicio resulta trascendente y no comprendido en las causales taxativamente consideradas en el precitado artículo, por no tratarse de una motivación insuficiente o parcial sino una aparente. Por ello, conforme al numeral 2 del artículo 10° del TUO de la LPAG, el acto deviene en nulo.

Por tanto, resulta imposible convalidar la incongruencia advertida en la actuación de la Subintendencia e Intendencia, las cuales debieron evaluar de manera adecuada los hechos que motivaron el presente Procedimiento Administrativo Sancionador, y advertir los errores incurridos en las actuaciones inspectivas. Debe recordarse que recae en la Administración el deber de acreditar fehacientemente cada conducta antijuridica en el imputado, luego de un procedimiento llevado con las garantías constitucionalmente reconocidas y reseñadas líneas arriba.

Estando a lo expuesto, este Tribunal ha identificado que la Resolución de Subintendencia de Sanción N° 0967-2023-SUNAFIL/ILM/SISA3, de fecha 09 de marzo de 2023, confirmada por la Resolución de Intendencia N° 692-2023-SUNAFIL/ILM, de fecha 05 de junio de 2023, incurren en vicios de nulidad, y se encuentra dentro del supuesto de hecho contemplado en el numeral 2 del artículo 10° del TUO de la LPAG, dada la existencia de un vicio en el acto administrativo constituido por la motivación aparente.

El artículo 15° de la Ley N° 29981 señala que el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. En ese sentido, el artículo 14° del Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema”. Precisa, además, que se sustenta en la “inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal”.

En el presente caso, se han identificado vicios al debido procedimiento que acarrean la nulidad de los actos administrativos expedidos por las autoridades del Sistema de Inspección del Trabajo.

En tal sentido, considerando que, la Resolución de Subintendencia de Sanción N° 0967- 2023-SUNAFIL/ILM/SISA3, de fecha 09 de marzo de 2023, ha sido emitida vulnerando el derecho al debido procedimiento administrativo, de conformidad con el numeral 1 del artículo 12° y el numeral 13.1 del artículo 13° del TUO de la LPAG. Por tanto, tal resolución carece de efectos y, en consecuencia, conforme al numeral 2 del artículo 10° del citado cuerpo normativo17, corresponde declarar la nulidad de la citada resolución, y de los sucesivos actos u actuaciones del procedimiento, al haberse vulnerado el debido procedimiento.

Conforme a lo anterior, se deberá retrotraer el procedimiento administrativo sancionador, al momento en el cual se produjo el vicio inicial; esto es, al momento de emisión de la Resolución de Subintendencia respectiva, a efectos que dicha instancia, emita una nueva decisión considerando los argumentos contenidos en la presente Resolución, conforme a lo prescrito en el numeral 12.1 del artículo 12° del TUO de la LPAG.

En consecuencia, corresponde remitir los actuados del presente procedimiento sancionador al Intendente respectivo, y a la Gerencia General de SUNAFIL, a efectos que –de ser el caso– procedan conforme a sus competencias, en el marco del ejercicio de la potestad disciplinaria de la Administración regulada en el Sistema Administrativo de Gestión de los Recursos Humanos y conforme al Título V del TUO de la LPAG.

Finalmente, por las consideraciones antes dichas, no corresponde pronunciarse sobre los otros alegatos planteados en el recurso de revisión, al haberse advertido la procedencia de la nulidad.