Inversiones El Hornero Sociedad Anónima Cerrada

Mediante Orden de Inspección N° 1981-2014-SUNAFIL/ILM, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento del ordenamiento jurídico en materia de relaciones laborales1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 434-2014-SUNAFIL/ILM (en adelante, el Acta de Infracción). En mérito a la denuncia formulada en aplicación del inciso c) del artículo 12 de la Ley General de Inspección del Trabajo (en adelante, LGIT).

Que, mediante proveído de fecha 25 de julio de 2014, notificado el 11 de agosto de 2014, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un

La Sub Intendencia de Resolución 1 de la Intendencia de Lima Metropolitana, mediante Resolución de Sub Intendencia N° 419-2014-SUNAFIL/ILM/SIRE1, notificada el 22 de diciembre de 2014, multó a la impugnante por haber incurrido en las siguientes infracciones:

Con fecha 26 de diciembre de 2014, la impugnante presentó recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 419-2014-SUNAFIL/ILM/SIRE1.

Mediante Resolución de Intendencia N° 004-2015-SUNAFIL/ILM, notificada el 27 de febrero de 2015, la Intendencia de Lima Metropolitana, declaró fundado en parte el recurso de apelación, revocar la multa impuesta por la infracción muy grave en materia de relaciones laborales, tipificada en el numeral 25.19 del artículo 25 del RLGIT, y confirmó en lo demás que contiene; agotando la vía administrativa por cuanto constituye la última instancia administrativa en las materias de su competencia.

En el marco del Expediente N° 14798-2015-0-1801-JR-LA-59, el 16° Juzgado Especializado de Trabajo Transitorio de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante Resolución N° 23, de fecha 20 de enero de 2023, resuelve declarar consentida la Resolución N° 23 (Sentencia N° 451) que declaró fundada en parte la demanda interpuesta por la impugnante, declarando la nulidad parcial de la Resolución de Sub Intendencia N° 419- 2014-SUNAFIL/ILM/SIRE1, de fecha 22 de setiembre de 2014 y la Resolución de Intendencia N° 004-2015-SUNAFIL/ILM, de fecha 16 de enero de 2015, ordenando a la demanda emitir nueva resolución administrativa dejando sin efecto la sanción impuesta en materia de relaciones laborales, subsistiendo la sanción referente a la infracción de labor inspectiva.

La Sub Intendencia de Sanción 1 de la Intendencia de Lima Metropolitana, mediante Resolución de Sub Intendencia N° 751-2023-SUNAFIL/ILM/SISA1, notificada el 13 de marzo de 2023, se resuelve adecuar la multa impuesta mediante Resolución de Sub Intendencia N° 419-2014-SUNAFIL/ILM/SIRE1.

Con fecha 22 de marzo de 2023, la impugnante presentó recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 751-2023-SUNAFIL/ILM/SISA1.

Mediante Resolución de Intendencia N° 797-2023-SUNAFIL/ILM, notificad a el 23 de junio de 2023, la Intendencia de Lima Metropolitana, declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante y confirmó la Resolución de Sub Intendencia N° 751-2023-SUNAFIL/ILM/SISA1, que adecuo la multa impuesta.

Con fecha 11 de julio de 2023, la impugnante presentó ante la Intendencia de Lima Metropolitana el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 797- 2023-SUNAFIL/ILM.

La Intendencia de Lima Metropolitana, admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORANDUM-000656- 2024-SUNAFIL/ILM, recibido el 28 de febrero de 2024 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299812, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299813, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo4 (en adelante, LGIT), el artículo 17

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de estos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016- 2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que Inversiones El Hornero Sociedad Anónima Cerrada, presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 797-2023-SUNAFIL/ILM, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 26 de junio de 2023.

Así, al haber el órgano competente realizado el análisis respecto de si el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos de admisibilidad previstos en el Reglamento del Tribunal corresponde analizar si se encuentra en alguna de las causales de improcedencia establecidas en el artículo 16° del citado instrumento.

En el marco del procedimiento administrativo sancionador derivado de las actas de infracción emitidas por la autoridad de inspección del trabajo, se admite la posibilidad de interponer el recurso de revisión, el cual permite modificar, revocar, sustituir o confirmar un acto administrativo que fuere conocido por dos instancias administrativas que no son de competencia nacional. Así, mediante la LGIT, se estableció la posibilidad de accionar excepcionalmente el recurso de revisión, en el marco de un procedimiento

Asimismo, el recurso de revisión es un recurso excepcional que parte de una interpretación escrita de los motivos invocados –las causales legalmente previstas-, impidiendo examinar cuestiones que debieron invocarse en la vía de los recursos ordinarios o en el jurisdiccional contra el acto que puso fin a la vía administrativa, pues lo contrario, atentaría contra la seguridad jurídica, dejando en suspenso sine die la firmeza de los actos administrativos, a la vez que permitiría soslayar la vía de los recursos ordinarios, por lo que, no cabe con ocasión de su interposición la admisión de argumento alguno que suponga el examen, más allá de los motivos específicos invocados en el recurso extraordinario.

En consecuencia, al ser un recurso extraordinario, solo procede por motivos específicamente determinados por la ley que lo limita, debiendo basar su fundamento en causales taxativas, las que no pueden extenderse mientras no medie un interés superior que deba ser protegido.

En atención a lo señalado, debemos tener en cuenta a los alcances establecidos en el artículo 14 del Reglamento del Tribunal:

Conforme a lo desarrollado en la normativa de la materia, el recurso de revisión sólo procede contra las resoluciones de segunda instancia que se pronuncian sobre la imposición de sanciones por la comisión de infracciones tipificadas como muy graves en el RLGIT -relevando de tal esfera, a las infracciones leves y graves-, y en tanto, se sustenten únicamente en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o; el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal.

Sobre ello, es oportuno invocar los precedentes administrativos de observancia obligatoria establecidos mediante Resolución de Sala Plena N° 003-2022-SUNAFIL/TFL, de fecha 18 de agosto del 20228, a través de la cual, la Sala Plena del Tribunal emitió los siguientes criterios vinculantes:

Por lo tanto, la interposición del recurso de revisión debe sustentarse en las causales expresamente señaladas, las cuales deben estar vinculadas directamente con las infracciones muy graves, que son de competencia de este Tribunal, así como deberán estar debidamente fundamentadas y delimitadas de acuerdo al precedente administrativo antes mencionado.

En el caso en particular, la impugnante interpone su recurso de revisión, solicitando se revoque la Resolución de Intendencia N° 797-2023-SUNAFIL/ILM, en el extremo que resuelve sancionar a la impugnante, por infracciones calificadas como muy graves.

Al respecto, la Resolución de Intendencia N° 797-2023-SUNAFIL/ILM, resolvió confirmar la Resolución de Sub Intendencia N° 751-2023-SUNAFIL/ILM/SISA1, que adecuó la multa impuesta a la impugnante mediante Resolución de Sub Intendencia N° 419-2014- SUNAFIL/ILM/SIRE1; siendo que la autoridad sancionadora cumplió lo ordenado por el órgano jurisdiccional.

Cabe precisar que, la Resolución de N° 23 de fecha 30 de setiembre de 2022, emitida en el marco del expediente N° 14798-2015-0-1801-JR-LA-59 por el 16° Juzgado Especializado de Trabajo Transitorio con Sub Especialidad en Procesos Contenciosos Laborales de la Corte Superior de Justicia de Lima, resuelve lo siguiente:

Cabe indicar que la nulidad parcial de un acto administrativo se produce cuando el vicio que la causa afecta solo a una parte de dicho acto y no a su totalidad, siendo necesario que la parte afectada y el resto del acto administrativo sean claramente diferenciables e independizables para que se pueda seccionar solo la parte que adolece de nulidad9.

La nulidad parcial permite anular una parte del acto y dejar intacta la otra, separando según la independencia que las mismas puedan brindar respecto de la otra parte. De igual manera permite reconocer otros efectos distintos al acto nulo10.

Por tanto, cuando se afirma que existe un acto que sufre de nulidad parcial, también se afirma, implícitamente, que en ese mismo acto existe, necesariamente, un acto parcialmente válido, en la parte que no adolece de vicio alguno, tal como se evidencia en el presente caso.

Asimismo, el numeral 45.1 del artículo 45 del Decreto Supremo N° 011-2019-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 - Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo; establece lo siguiente:

En ese sentido, la Resolución de Sub Intendencia N° 751-2023-SUNAFIL/ILM/SISA1 es un acto emitido por la Sub Intendencia de Sanción 1 de la Intendencia de Lima Metropolitana, cumpliendo lo ordenado por el órgano jurisdiccional, dejando sin efecto la sanción interpuesta al actor por infracciones en materia de relaciones laborales, y dejando subsistentes las sanciones referentes a las infracciones a la labor inspectiva conforme a los fundamentos 10.1 al 10.6 de la Resolución N° 23 (Sentencia N° 541); por tanto, la Sub Intendencia de Sanción 1 no calificó el contenido o fundamentos, o interpretó sus alcances.

Así pues, la finalidad de la Resolución de Sub Intendencia N° 751-2023- SUNAFIL/ILM/SISA1, fue dejar sin efecto las infracciones en materia de relaciones laborales, adecuando la sanción conforme a lo ordenado en el mandato judicial, y conservar los extremos confirmados judicialmente. Por tanto, la Resolución de Intendencia N° 797-2023-SUNAFIL/ILM, que confirma la Resolución de Sub Intendencia N° 751-2023-SUNAFIL/ILM/SISA1, no resolvió nuevamente el fondo del asunto, limitándose a señalar que las infracciones a la labor inspectiva ya fueron objeto de pronunciamiento judicial. En consecuencia, constituye un acto confirmatorio de un acto previamente firme y consentido, en tanto, las infracciones a la labor inspectiva ya fueron revisadas judicialmente, y existe cosa decidida judicialmente sobre su validez.

Ahora bien, el artículo 16 del Decreto Supremo N° 004-2017-TR, Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral; establece las siguientes causales de improcedencia del recurso de revisión:

Por los fundamentos expuesto, se advierte que el recurso de revisión no se encuentra comprendido dentro de los alcances del artículo 14 del Reglamento del Tribunal, en virtud del literal d) del artículo 16 del mismo texto normativo; por tanto, corresponde declarar la improcedencia del recurso al carecer, este Tribunal, de competencia para resolver el mismo.