Inretail Pharma S.A — Res. 635-2022

Mediante Orden de Inspección N° 2815-2020-SUNAFIL/IRE-LAM, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo1. Las actuaciones inspectivas culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 63-2021-SUNAFIL/IRE-LAM (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión de una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva, por su negativa a presentar ante el inspector actuante, la documentación solicitada mediante requerimiento de información notificado el 28 de diciembre de 2020, que consistía en lo siguiente: 1. Poderes de representación para comparecer, vigencia de poder, copia de escritura pública o partida registral y copias del DNI del representante legal, del representado y/o apoderado; 2. Formato SUNAT TR5 del Т-Registro de la planilla electrónica; 3. Lista de trabajadores del establecimiento, y; 4. Acreditar la implementación

Mediante Imputación de Cargos N° 127-2021/SUNAFIL/IRE-LAM/SIAI, de fecha 26 de febrero de 2021, notificada el 01 de marzo de 2021, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).

De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 143-2021/SUNAFIL/IRE-LAM/SIAI, de fecha 12 de marzo de 2021 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de la conducta infractora imputada a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de Lambayeque, la que mediante la Resolución de Sub Intendencia N° 288-2021-SUNAFIL/IRE-LAM/SIRE, de fecha 26 de abril de 2021, notificada el 30 de abril de 2021, multó a la impugnante por la suma de S/ 11,309.00, por haber incurrido en la siguiente infracción:

Con fecha 21 de mayo de 2021, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 288-2021-SUNAFIL/IRE-LAM/SIRE, argumentando lo siguiente:

Mediante Resolución de Intendencia N° 232-2021-SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE, de fecha 26 de noviembre de 20212, la Intendencia Regional de Lambayeque declaró infundado el recurso de apelación interpuesto por la impugnante por considerar los siguientes puntos:

Con fecha 30 de diciembre de 2021, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Lambayeque, el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 232- 2021-SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE.

La Intendencia Regional de Lambayeque admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante Memorándum N° 002-2022- SUNAFIL/IRE-LAM, recibido el 04 de enero de 2022 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.

Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.

Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 17 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del

El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley de N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.

Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo 55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017- TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.

El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias8.

En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.

En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.

De la revisión de los actuados, se ha identificado que INRETAIL PHARMA S.A. presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia Nº 232-2021-SUNAFIL/IRE LAMBAYEQUE, que confirmó la sanción impuesta de S/ 11,309.00 por la comisión de una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.3 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; el 07 de diciembre de 2021.

Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por INRETAIL PHARMA S.A.

En el ejercicio de la labor inspectiva, los inspectores de trabajo se encuentran facultados a realizar sus labores orientadas a la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, por lo que pueden adoptar acciones orientadas a ello, entre las que se encuentra la emisión de los requerimientos de comparecencia y de las medidas inspectivas de requerimiento. Así lo estipula el numeral 3.1 del artículo 5 de la LGIT: “En el desarrollo de las funciones de inspección, los inspectores de trabajo que estén debidamente acreditados, están investidos de autoridad y facultados para proceder a practicar cualquier diligencia de investigación, examen o prueba que considere necesario para comprobar que las disposiciones legales se observan correctamente y, en particular, para requerir información, solo o ante testigos, al sujeto inspeccionado o al personal de la empresa sobre cualquier asunto relativo a la aplicación de las disposiciones legales, así como a exigir la identificación, o razón de su presencia, de las personas que se encuentren en el centro de trabajo inspeccionado.”

En similar sentido, el artículo 11 del mismo dispositivo legal establece que “Las actuaciones inspectivas de investigación se desarrollan mediante requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica, visita de inspección a los centros y lugares de trabajo, mediante requerimiento de comparecencia del sujeto inspeccionado ante el inspector actuante para aportar documentación y/o efectuar las aclaraciones pertinentes o mediante comprobación de datos o antecedentes que obren en el Sector Público”.

En esa línea, el artículo 15 numeral 15.1 del RLGIT establece que “durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos obligados al cumplimiento de las normas sociolaborales, prestarán la colaboración que precisen los inspectores del trabajo para el adecuado ejercicio de las funciones encomendadas, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 9 de la Ley”.

De acuerdo a lo señalado en el artículo 9 de la LGIT: “Los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los Supervisores- Inspectores, los Inspectores del Trabajo y los Inspectores Auxiliares cuando sean requeridos para ello. En particular y en cumplimiento de dicha obligación de colaboración deberán: (...)

Consecuentemente, y en virtud al artículo 36 de la LGIT, son infracciones a la labor inspectiva contrarias al deber de colaboración, las acciones u omisiones de los sujetos obligados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores, que perjudiquen la labor de los Supervisores–Inspectores, Inspectores del Trabajo o Inspectores Auxiliares. Tales infracciones pueden ser graves o muy graves, de conformidad a lo establecido en los artículos 45 y 46 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo (RLGIT), aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR.

Las infracciones a la labor inspectiva pueden consistir en: 1) La negativa injustificada o el impedimento a que se realice una inspección en un centro de trabajo o en determinadas áreas del mismo, efectuado por el empleador, su representante o dependientes, trabajadores o no de la empresa, por órdenes o directivas de aquél. El impedimento puede ser directo o indirecto, perjudicando o dilatando la labor del inspector actuante de manera tal que no permita el cumplimiento de la fiscalización, o negándose a prestarle el apoyo necesario.

Constituye acto de obstrucción, obstaculizar las investigaciones del inspector y obstaculizar o impedir la participación del trabajador o su representante o de los trabajadores o la organización sindical; 2) El abandono de la diligencia inspectiva, que se produce cuando alguna de las partes, luego de iniciada ésta, deja el lugar de la diligencia, o; 3) La inasistencia a la diligencia, cuando las partes hayan sido debidamente citadas, por el Inspector del Trabajo o la Autoridad Administrativa de Trabajo y éstas no concurren.

Con respecto a los incumplimientos en la entrega de información requeridos por el inspector, podrían admitirse dos (2) tipificaciones: i) el primero de ellos, regulado en el artículo 45.2 del RLGIT, se configura con la demora en la entrega de información al inspector de trabajo y es sancionable por cuanto genera retraso y/o perturbación en el ejercicio de las funciones inspectivas de los fiscalizadores actuantes; ii) el segundo, está tipificado en el artículo 46.3 del RLGIT y se configura con la negativa del sujeto inspeccionado de entregar información al inspector de trabajo (énfasis añadido).

Sobre el particular, los Vocales integrantes de la Primera Sala del Tribunal de Fiscalización Laboral de la SUNAFIL, reunidos en Sala Plena, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 2 del Reglamento del Tribunal, emitieron el Acuerdo Plenario contenido en la Resolución de Sala Plena N° 001-2021-SUNAFIL/TFL-PRIMERA SALA, de fecha 30 de julio de 2021 , el cual, incorpora un conjunto de criterios resolutivos cuya observancia y aplicación resulte obligatoria a todas las entidades conformantes del Sistema de Inspección del Trabajo. En dicho Acuerdo Plenario, se estableció como criterio

De lo anterior se colige que para atribuir las conductas estipuladas en el numeral 45.2 del artículo 45 y en el numeral 46.3 del artículo 46, resulta necesario hacer un juicio de motivación puntual, conciso y suficiente, lo cual, aunado a lo acreditado en el procedimiento, permita determinar fehacientemente si el comportamiento del inspeccionado ha perturbado, retrasado o frustrado la investigación. Tal situación debería constar expresamente en el Acta de Infracción, siendo obligación de las autoridades del procedimiento sancionador sustentar adecuadamente la tipificación de la infracción.

La impugnante alega que se ha aplicado indebidamente el artículo 46.3 de la LGIT, y con el fin de acreditar que no hubo una negativa de su parte, viene alegando reiteradamente ante las distintas instancias, el cumplimiento integral de lo solicitado por el inspector.

De la revisión del expediente inspectivo, se aprecia que la Orden de Inspección fue emitida, con la finalidad de verificar el ordenamiento jurídico sociolaboral en materia de gestión interna de seguridad y salud en el trabajo, específicamente, la sub materia: registro de accidentes de trabajo e incidentes peligrosos:

En ese sentido, en fecha 28 de diciembre de 2020, la Inspectora actuante notificó un requerimiento de información, solicitándole a la impugnante, que en el plazo máximo de tres (3) días hábiles y vía correo electrónico, remita la siguiente información: 1. Poderes de representación para comparecer, vigencia de poder, copia de escritura pública o partida registral y copias del DNI del representante legal, del representado y/o apoderado; 2. Formato SUNAT TR5 del Т-Registro de la planilla electrónica; 3. Lista de trabajadores del establecimiento, y; 4. Acredite haber implementado los registros de accidentes de trabajo, incidentes e incidentes peligrosos. Cabe precisar, que dicha notificación se efectuó de manera física, conforme se aprecia a continuación:

No obstante, al vencimiento del plazo asignado, no se aprecia ninguna evidencia de alguna comunicación que hubiera efectuado la impugnante. Por dicha razón, en fecha 13 de enero de 2021, la inspectora actuante, volvió a notificar, un requerimiento de información, solicitándole remita por vía electrónica y en el plazo máximo de tres (3) días hábiles, la documentación detallada en el párrafo anterior. Cabe precisar, que dicha notificación también se efectuó de manera física, habiendo suscrito la recepción del mismo, una trabajadora del establecimiento.

Al respecto, de folios 6 al 19 del expediente inspectivo, se advierte la impresión de un correo electrónico de fecha 18 de enero de 2021, suscrito por una representante de la impugnante, en el cual, se indica el envío de la información solicitada, con relación a la Orden de Inspección N° 2815-2020-SUNAFIL/IRE-LAM. A través de dicho correo electrónico, la impugnante adjuntó toda la documentación solicitada por la Inspectora actuante, y dio cumplimiento al requerimiento de información.

Posterior a ello, el 19 de enero de 2021, la inspectora actuante emitió el Acta de Infracción N° 63-2021-SUNAFIL/IRE-LAM, en cuyo numeral 4.5, señala lo siguiente:

Con lo anterior, queda evidenciado, que al término de las actuaciones inspectivas, sí se cumplió el objetivo de la Orden de Inspección, que era verificar la implementación del registro de accidentes de trabajo, incidentes e incidentes peligrosos en el centro de trabajo.

En tal sentido, lo alegado por la impugnante guarda cierto sentido, ya que no resulta razonable atribuir “negativa”, o que su conducta haya frustrado el objetivo de la investigación, cuando, por el contrario, en la realidad de los hechos, se verifica el cumplimiento del objetivo de las actuaciones inspectivas dispuestas en la Orden de Inspección. Por lo que, corresponde acoger los argumentos expuestos en este extremo.

Empero, se reitera que el cumplimiento tardío a las medidas de requerimiento no constituye necesariamente una negativa al deber de colaboración, pero sí configura un comportamiento sancionable por los efectos que produce en la labor inspectiva. Lo cual ha ocurrido en el presente caso.

Y es que, la demora en la presentación de la documentación requerida por la inspectora actuante, retrasó y perturbó el ejercicio de sus facultades inspectivas, esto es, la verificación de cumplimiento de la normativa sociolaboral, las cuales, sólo se pudieron llevar a efecto, cuando la impugnante remitió la información solicitada, es decir, después del plazo otorgado en el requerimiento de fecha 28 de diciembre de 2020. Tal situación evidencia, que la conducta desplegada por la impugnante dentro del procedimiento inspectivo, se encuadra más bien, en la infracción tipificada en el numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT.

No obstante, es necesario hacer hincapié en que los criterios vinculantes de tipificación para identificar la infracción muy grave prevista en el numeral 46.3 del artículo 46, se dilucidaron recién a través de la publicación oficial de la Resolución de Sala Plena N° 001- 2021-SUNAFIL/TFL, del 30 de julio de 2021. Esto resulta posterior a la emisión de la Resolución de Sub Intendencia N° 288-2021-SUNAFIL/IRE-LAM/SIRE, de fecha 26 de abril de 2021, por cuanto no resultaba exigible a esa fecha, efectuar tales razonamientos.

Atendiendo los hechos producidos en el presente caso, se evidencia que el comportamiento de la impugnante no constituye una negativa, pero sí ha configurado un comportamiento sancionable. En ese sentido, en estricta aplicación de los artículos 14 y 17 del Reglamento del Tribunal, corresponde adecuar la infracción imputada en los siguientes términos:

En consecuencia, la conducta de la impugnante se encontraría subsumida bajo los alcances del numeral 45.2 del artículo 45 del RLGIT, y la multa confirmada por la instancia inferior se adecuaría, siendo el monto total de S/. 6,751.00 (Seis mil setecientos cincuenta y uno con 00/100 soles).

Con relación al cuestionamiento de la modalidad efectuada dentro del procedimiento inspectivo, se advierte que la inspectora actuante, notificó los requerimientos de información en fechas 28 de diciembre de 2020 y 13 de enero de 2021, respectivamente, siendo en ambos casos recepcionados y suscritos por trabajadores de la impugnante, conforme consta a folios 04 y 05 del expediente inspectivo.

Con relación al procedimiento inspectivo, el artículo 11 de la LGIT, prevé: “Las actuaciones inspectivas de investigación se desarrollan mediante requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica; visita de inspección a los centros y lugares de trabajo, mediante requerimiento de comparecencia del sujeto inspeccionado ante el inspector actuante para aportar documentación y/o efectuar las aclaraciones pertinentes o mediante comprobación de datos o antecedentes que obren en el Sector Público. Cualquiera que sea la modalidad con que se inicien, las actuaciones inspectivas pueden proseguirse o completarse sobre el mismo sujeto inspeccionado con la práctica de otra u otras formas de actuación de las definidas en el apartado anterior, pueden estas ser efectuadas de manera presencial v/o a través de sistemas de comunicación electrónica, mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación (virtual), según les resulte aplicable”.

Asi, mediante Resolución de Superintendencia N° 114-2020-SUNAFIL, se aprobó el cronograma de implementación a nivel nacional del sistema informático de notificación electrónica de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral-SUNAFIL, estableciéndose que, en cuanto a los requerimientos de información de las Actuaciones Inspectivas de Investigación, la fecha de implementación regiría a partir del 31 de diciembre de 2020.

Ahora bien, es preciso aclarar que ni la Directiva N° 001-2020-SUNAFiL/INII, “Directiva sobre el Ejercicio de la Función Inspectiva" aprobado por Resolución de Superintendencia N° 31-2020-SUNAFIL; y el Protocolo N° 005-2020-SUNAFIL/INII, "Protocolo sobre el ejercicio de la inspección del trabajo dentro del marco de la declaratoria de emergencia sanitaria y nacional por las graves circunstancias que afectan las actividades laborales y económicas a consecuencia del coronavirus (covid-19) en el territorio nacional” aprobado por Resolución de Superintendencia N° 103-2020-SUNAFIL, obligan a los inspectores de trabajo a requerir la información por medio del sistema de comunicación electrónica, máxime si aún no regía

Así pues, se aprecia que la inspectora actuante notificó el primer requerimiento de información, que fuera materia de incumplimiento, el 28 de diciembre de 2020, es decir, en fecha anterior a la vigencia de la implementación de los requerimientos electrónicos, siendo que, no resultaba exigible al 28 de diciembre de 2020, la notificación vía casilla electrónica del requerimiento de información por cuanto aún no se encontraba implementada la misma. Por tanto, el argumento de que la notificación se llevó a cabo, contraviniendo la normativa interna de la SUNAFIL, no resulta atendible.

Finalmente, se advierte que la notificación física y personal efectuada por la inspectora actuante, se ha llevado a cabo de forma correcta, siendo que en ella consta la identificación de quien la recibe, la fecha y firma de su recepción. En tal sentido, esta ha producido sus efectos de forma válida. Por lo que, no se acoge este extremo de su recurso.