Fabrica de Embutidos la Granjita E.I.R.L

Antecedentes

1 Se deja constancia de que dicha denominación figura en la Partida Electrónica N° 01076501 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Islay - Mollendo, motivo por el cual será empleada en adelante en la presente resolución. Esta información puede ser vista a través del portal web: https://conoce- aqui.sunarp.gob.pe/conoce-aqui/inicio. Por consiguiente, toda referencia obrante a nombre “FÁBRICA DE EMBUTIDOS LA GRANJITA E.I.R.L.” se deberá entender que es dirigida a “Fabrica de Embutidos la Granjita E.I.R.L.”.

2 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Planes y programas de seguridad y salud en el trabajo (Sub Materia: Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo); y Gestión interna de seguridad y salud en el trabajo (Sub Materia: Registro de accidente de trabajo e incidentes).

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por no contar con el registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, en el que deben constar la investigación y las medidas correctivas de los hechos detallados en el numeral 4.30 del Acta de Infracción; tipificada en el numeral 27.6 del artículo 27° del RLGIT.

- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, dado que el sujeto inspeccionado no ha acreditado que el Plan Covid 19 actualizado cumpla con los requisitos conforme a la normativa de la materia; tipificada en el numeral 27.7 del artículo 27° del RLGIT.

- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no cumplir con lo dispuesto en la medida inspectiva de requerimiento de fecha 04 de julio de 2022, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT.

3 Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. (…).

4 Decreto Supremo N° 019-2006-TR, Aprueban Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 55.- De los recursos administrativos Los recursos administrativos previstos en el procedimiento sancionador son los siguientes: (…). b) Recurso de apelación: se interpone ante la autoridad que emitió la resolución en primera instancia a fin de que lo eleve a su superior jerárquico, el que resolverá sobre el mismo. El recurso debe indicar los fundamentos de derecho que lo sustenten. El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días hábiles perentorios, (…).

5 Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS

de primera instancia. El recurso fue interpuesto dentro del plazo establecido y ante la autoridad que emitió la resolución apelada, la cual procedió a elevarlo a la Intendencia Regional de Arequipa para el trámite correspondiente.

De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral

Artículo 220.- Recurso de apelación El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico. 6 Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1.- Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), en adelante Sunafil, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.

Del Recurso De Revisión

7 Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 15.- Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…).

8 Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…) El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.

9 Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Decreto Supremo que aprueba la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL Artículo 17.- Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión.

10 Decreto Supremo N° 004-2017-TR, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.

IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE LA Fabrica de Embutidos la Granjita E.I.R.L.

11 Artículo 14° del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del primer día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; esto es, el 04 de enero de 2024.

Fundamentos Del Recurso De Revisión

Con fecha 23 de enero de 2024, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 307-2023-SUNAFIL/IRE-AQP, señalando los siguientes alegatos:

i. Con fecha 30 de mayo de 2022, la inspectora comisionada inició actuaciones bajo la modalidad de Visita al centro de trabajo. Durante el recorrido dejó constancia de que el punto de lavado y desinfección de manos ubicado en el ingreso no contaba con jabón líquido y que el tacho para residuos peligrosos no tenía bolsa roja, pese a que en el establecimiento no se utilizan sustancias químicas. Asimismo, señaló que no existía suficiente señalética de sensibilización para la COVID-19. No obstante, en las propias fotografías tomadas durante la diligencia —así como en las adjuntadas posteriormente al expediente— se aprecia la existencia de dicha señalización en los distintos ambientes. En lo demás, el centro de trabajo fue hallado conforme.

ii. En atención al requerimiento de información notificado, con fecha 29 de junio de 2022 se presentó la totalidad de la documentación solicitada en diecisiete archivos. La revisión fue realizada con posterioridad, dejándose constancia del periodo vacacional y descanso médico de la comisionada. De dicha verificación solo se formuló una observación referida a un archivo que contendría el TR5 en formato texto, señalándose que aparentemente no se encontraba completo, sin precisarse el extremo faltante. No se consignó observación alguna respecto del “Plan para la vigilancia, prevención y control de COVID- 19 en el centro de trabajo” ni del documento “Control de accidentes y enfermedades”. Posteriormente, en la Visita de fecha 01 de julio de 2022, se reiteraron observaciones sobre el jabón líquido, la bolsa roja y la señalética; en esa misma actuación se proporcionó el TR5, quedando subsanada la observación advertida. Finalmente, en la diligencia virtual de fecha 12 de julio de 2022, se constató que el punto de lavado contaba con jabón líquido, alcohol en gel, papel toalla, agua potable, tacho rojo con bolsa roja y señalización visible en el ingreso, ambientes administrativos, comedor, patio y área de producción.

iii. En consecuencia, de las actuaciones inspectivas —tanto de Visita al centro de trabajo como de Comprobación de Datos— se advierte la verificación in situ de los hechos, en aplicación del Principio de Primacía de la Realidad, así como el análisis documentario correspondiente, quedando acreditado el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo y demás obligaciones sociolaborales. Pese a ello, en el segmento de Hechos Constatados se incorporan consultas posteriores sobre el RUC y el registro en el REMYPE, consignándose que la empresa se encuentra en estado activo, condición “habido” y acreditada como pequeña empresa, así como que al 01 de julio de 2022 contaba con 52 trabajadores según el Formato TR5. Habiéndose subsanado todas las observaciones formuladas, correspondía la emisión del informe de cierre del procedimiento.

iv. Por otra parte, en lo que concierne al Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de la COVID-19 en el Trabajo, de las actuaciones efectuadas bajo las modalidades de Visita al centro de trabajo y Comprobación de Datos se advierte que se acreditó oportunamente la existencia y vigencia del referido documento, el cual no fue observado en su primera revisión. Posteriormente, en el numeral 4.16 se indicó que el documento ya no se

encontraba organizado conforme a las disposiciones de la Directiva Administrativa N° 321-MINSA/DGIESP-2021 y que no contemplaría expresamente la disposición relativa a asegurar la ventilación de los centros de trabajo, entre otros aspectos. Ello evidencia que, en su versión inicial, el plan sí se encontraba estructurado conforme a dicha Directiva, y que cualquier variación posterior respondió a recomendaciones efectuadas en el marco de la mejora del instrumento de gestión. v. Pese a ello, en una segunda oportunidad se formuló observación respecto de la versión modificada del plan, aun cuando dicha modificación no obedeció a iniciativa propia. No obstante, se cumplió nuevamente con presentar el documento en su versión original; sin embargo, se impuso sanción de multa —aunque reducida— bajo el criterio de subsanación posterior. Tal decisión resulta desproporcionada, toda vez que el cumplimiento fue acreditado durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas, vulnerándose el Principio de Razonabilidad y el Principio de Verdad Material. vi. En cuanto a la imputación por el presunto incumplimiento en la implementación del Registro de Accidentes de Trabajo, Enfermedades Ocupacionales, Incidentes Peligrosos y otros Incidentes, se encuentra acreditado que la empresa cuenta con la documentación correspondiente en materia de gestión interna y Seguridad y Salud en el Trabajo. Respecto de los hechos atribuidos en relación con dos trabajadoras que habrían sufrido un resbalón cuando se retiraban a sus domicilios, corresponde precisar que tales sucesos no generaron lesión alguna, conforme a lo verificado en su oportunidad. De acuerdo con la Ficha Técnica del Registro de Accidentes de Trabajo, numeral 27, referido a la gravedad del accidente, los accidentes leves implican la existencia de una lesión que, previa evaluación médica, puede generar descanso con retorno máximo al día siguiente a las labores habituales. En el presente caso no se produjo lesión ni descanso médico alguno, por lo que los hechos descritos no encuadran en la tipificación de accidente de trabajo con lesión personal, careciendo de sustento la imputación formulada. vii. En cuanto al presunto incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento, se advierte que esta fue notificada vía casilla electrónica otorgando un plazo de cinco (05) días para acreditar la elaboración, implementación y ejecución del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de la COVID-19 en el Trabajo conforme a la Directiva Administrativa N° 321-MINSA/DGIESP-2021, así como para acreditar contar con el Registro de Accidentes de Trabajo y demás documentos señalados en los numerales 10 al 14. Dicho plazo resulta manifiestamente irrazonable, considerando que la subsanación implicaba la elaboración o adecuación del documento, su aprobación por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y su difusión entre todos los trabajadores, lo que materialmente excede el término concedido. Ello desnaturaliza la finalidad de la medida de requerimiento, cuya esencia no es sancionadora sino correctiva, criterio desarrollado en la Resolución del Tribunal de Fiscalización Laboral N° 235-2021-SUNAFIL/TFL. viii. Por otro lado, de sostenerse la existencia de un accidente de trabajo —hecho que no ha sido acreditado— resulta aplicable lo previsto en la Resolución Directoral N° 029-2009- MTPE/2/11.4, la cual establece que, tratándose de incumplimientos en materia de seguridad y salud en el trabajo que hayan causado un accidente, no corresponde extender

medida de requerimiento respecto de la afectación al trabajador accidentado por tratarse de infracciones insubsanables. En tal sentido, se evidencia una incorrecta aplicación e interpretación de la normativa sociolaboral, así como un apartamiento inmotivado de precedentes de observancia obligatoria del Tribunal de Fiscalización Laboral. ix. Asimismo, conforme al Principio de Legalidad y al derecho de todo administrado a obtener una decisión debidamente motivada en hechos y en derecho, recogidos en la Ley General de Inspección del Trabajo, la actuación inspectiva debe sujetarse estrictamente al marco normativo, limitando la discrecionalidad a los supuestos expresamente permitidos. Lo contrario configura arbitrariedad, entendida como decisión caprichosa, carente de sustento jurídico o contraria a los Principios de Razonabilidad y Proporcionalidad. En consecuencia, la autoridad administrativa se encuentra obligada a realizar un análisis previo y exhaustivo del Acta de Infracción, verificando el cumplimiento de los requisitos legales y emitiendo una resolución debidamente motivada, no bastando la simple adhesión a lo consignado en instancias previas sin mayor fundamentación.

Análisis Del Recurso De Revisión

Sobre la naturaleza y finalidad del recurso de revisión

“Artículo 49.- Recursos administrativos Los recursos administrativos del procedimiento administrativo sancionador son aquellos previstos en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. El Recurso de revisión es de carácter excepcional y se interpone ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral. El Reglamento determina las demás condiciones para el ejercicio de los recursos administrativos”.

“(…) la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”. (Énfasis añadido).

“6.17. Sobre la base de lo previsto en el literal a) del artículo 16 y el inciso 18.1 del artículo 18 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral (Decreto Supremo N° 004-2017-TR), tras el control de admisibilidad del recurso de revisión interpuesto, a cargo de la autoridad emisora de la decisión impugnada, este órgano de revisión tiene el deber de efectuar el control de procedencia del recurso. Así, se declarará la improcedencia del recurso de revisión en los siguientes supuestos: i) Cuando el acto impugnado no corresponda a resoluciones de segunda instancia que se pronuncian sobre la imposición de sanciones; ii) Cuando la infracción materia de sanción que se impugna, no esté tipificada como muy grave en el RLGIT; o iii) Cuando el recurso de revisión no se sustente en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria emitidos por este Tribunal. 6.18. Lo anterior exige al administrado una mayor rigurosidad en la formulación de sus escritos de revisión, en la medida que, al tratarse de un recurso extraordinario, para que los fundamentos contenidos en este puedan ser conocidos y evaluados por el Tribunal, no basta que la resolución recurrida contenga la imposición de sanciones por infracciones muy graves, sino que su impugnación debe ceñirse estrictamente a los presupuestos básicos establecidos en el artículo 14 del Reglamento del Tribunal, esto es: 1) Debe cuestionar al menos una infracción tipificada y calificada como muy grave, en el RLGIT, o en caso de omisión, el razonamiento empleado es suficiente para deducir ello, y; 2) Este cuestionamiento debe sustentarse necesariamente, en la inaplicación, o aplicación o interpretación errónea de las normas que rigen el derecho laboral, y/o en el apartamiento inmotivado de algún precedente de observancia obligatoria emitido por este Tribunal, que haya incidido directa o indirectamente, en la determinación de las infracciones. 6.19. Y es que, en ciertos casos, se aprecia la existencia de recursos de revisión donde, impugnándose una resolución que confirma la imposición de una sanción económica por la comisión de alguna infracción tipificada como muy grave en el RLGIT; no se cuestiona expresamente dicha infracción de forma directa o siquiera indirecta (cuando no se plantea algún razonamiento que pueda permitir deducir ello). Tal situación implica que tales recursos promueven asuntos fuera de la competencia material de este Tribunal, debiendo éste órgano colegiado declarar la improcedencia, conforme a la normativa que rige su actuación. (…)”.

Sobre la supuesta vulneración al debido procedimiento y motivación

“Principio del debido procedimiento. - Los administrados gozan de los derechos y garantías implícitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantías comprenden, de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener una decisión motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los afecten. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo”. (Énfasis añadido).

“2. El Tribunal Constitucional estima oportuno recordar, conforme lo ha manifestado en reiterada y uniforme jurisprudencia, que el debido proceso, como principio constitucional, está concebido como el cumplimiento de todas las garantías y normas de orden público que deben aplicarse a todos los casos y procedimientos, incluidos los administrativos, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlos. Vale decir que cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea este administrativo -como en el caso de autos- o jurisdiccional, debe respetar el debido proceso legal”. (Énfasis añadido).

para satisfacer el deber de motivación. Estos criterios, por su naturaleza garantista, son plenamente aplicables al ámbito administrativo, y deben ser considerados en el análisis del presente expediente. Los requisitos son los siguientes: 1) coherencia interna, para comprobar que lo decidido se deriva de premisas establecidas por el órgano resolutivo en su fundamentación; 2) justificación de las premisas externas, que aluden al respaldo probatorio de los hechos y sobre el derecho considerado por el órgano al resolver; 3) la suficiencia, que refiere a que se hayan expuesto razones que sustenten lo decidido en función de los problemas relevantes determinados y necesarios para la resolución del caso; y 4) la congruencia, como elemento que permite establecer si las razones especiales requeridas para adoptar determinada decisión se encuentran recogidas en la resolución en concreto.

Sobre la medida inspectiva de requerimiento

“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada. 6.9 En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT10, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal. 6.10 De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales

medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia”. (Énfasis añadido).

“6.26 La medida La medida inspectiva de requerimiento, al ser una “orden dispuesta por la inspección de trabajo para el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo”, debe contener un mandato claro y su entendimiento debe regirse por la razonabilidad, el deber de colaboración y la buena fe procedimental. En ese sentido, la medida de requerimiento debe cumplir con expresar el ámbito subjetivo y objetivo, siendo estos extremos suficientes para producir el resultado esperado por la medida: la rectificación de una situación antijurídica.

a) Ámbito subjetivo: En primer lugar, debe individualizar a los trabajadores afectados por el incumplimiento reprochado al sujeto inspeccionado;

b) Ámbito objetivo: En segundo lugar, a) debe identificar la afectación resultante de un comportamiento imputable al empleador —como ocurre en el caso de autos, al describirse el número de horas en sobretiempo laboradas, así como su incumplimiento en el pago— y, b) establecer cómo es que debe cumplirse dicha medida, es decir, qué acciones debe ejecutar el inspeccionado a fin de revertir la conducta reprochada. En ese sentido, el ámbito objetivo de la medida de requerimiento no se agota con la mención de la normativa legal vigente afectada o inobservada por el sujeto inspeccionado, sino que incluye el mandato de su cumplimiento, en la forma y modo esperado.

(…)”.

12 Esto al momento de las actuaciones inspectivas realizadas.

FIGURA N° 01

“6.10 Sin embargo, existen supuestos específicos —como el caso materia de autos— en el cual la naturaleza de los incumplimientos y la reincidencia en el incumplimiento de las conductas obligan a efectuar un análisis que comprenda tanto al plazo otorgado por los inspectores comisionados (evaluando si el mismo era suficiente para el cumplimiento de lo conminado), como al lapso transcurrido durante en el que el sujeto inspeccionado pudo adoptar acciones tendientes a cumplir con conductas que le eran conocidas de antemano, al haber sido objeto de sanción previamente o al haber tomado conocimiento de los acontecimientos constituyentes de incumplimiento durante las actuaciones inspectivas. (…). 6.14 Un análisis circunscrito únicamente al plazo otorgado en la medida inspectiva de requerimiento conllevaría a concluir, apriorísticamente, el quiebre del principio de razonabilidad (arguyéndose a la “razonabilidad” del tiempo otorgado al sujeto inspeccionado como fundamento). Sin embargo, tal conclusión constituye un resultado que es contradictorio al contenido de dicho principio, como manifestación de una adecuada proporción entre los medios y fines dispuestos ante un caso concreto. Por ello, el plazo otorgado en la medida inspectiva de requerimiento debe analizarse de acuerdo con el contexto en el que dicha facultad de la inspección del trabajo es ejercida, lo que incluye a los hechos derivados del propio expediente así como a situaciones directamente acreditadas en otros expedientes que puedan ser un antecedente concretamente invocable. (…). 6.16 En ese sentido, al expedirse la medida inspectiva de requerimiento no solo se debe de contemplar el plazo a otorgar al sujeto inspeccionado frente al plazo restante de las actuaciones inspectivas, sino también las particularidades del caso concreto, lo cual implica la gravedad de la infracción o las infracciones al ordenamiento jurídico sociolaboral debidamente comprobadas (por el impacto que causen hacia el trabajador o los trabajadores afectados) y el comportamiento previo del sujeto inspeccionado (si conocía de antemano la infracción, o si había sido sancionado previamente bajo la misma causa); y otros supuestos derivados del contexto en el que se desarrolló el procedimiento inspectivo, que justifiquen la adopción de dicha medida”.

marco de las actuaciones de investigación, máxime cuando la infracción materia de análisis en esta instancia es la prevista en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT, referida al incumplimiento del mandato inspectivo, cuya configuración responde a presupuestos propios y diferenciados. Por ello, el cuestionamiento planteado no desvirtúa la exigibilidad de la medida ni incide en la verificación del incumplimiento imputado.

13 Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR Artículo 22.- Precedentes de observancia obligatoria Los pronunciamientos de la Sala Plena que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia constituyen precedentes de observancia obligatoria para las entidades del Sistema cuando así se precise expresamente, siempre que una norma con rango de ley o decreto supremo no establezca lo contrario. Cuando el Tribunal resuelva apartándose de un precedente anterior, modificándolo o revocándolo, debe expresar los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la resolución y las razones del apartamiento. Para dichos efectos se deberá contar con mayoría calificada. Artículo 23.- Publicación de resoluciones y de los precedentes de observancia obligatoria Sin perjuicio de su notificación al impugnante, el texto íntegro de las resoluciones y de los precedentes de observancia obligatoria que emita el Tribunal se publica obligatoriamente en el portal institucional de la SUNAFIL. Los precedentes de observancia obligatoria además se publican en el Diario Oficial El Peruano, entrando en vigencia al día siguiente de su publicación, salvo que el Tribunal expresamente disponga su vigencia diferida. La publicación en el Diario Oficial El Peruano de los precedentes de observancia obligatoria se hace dentro de los quince (15) días hábiles de expedidos, bajo responsabilidad del Titular de la SUNAFIL.

de sus funciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14° de la LGIT y en el numeral 17.2 del artículo 17° del RLGIT. Dicha medida fue válidamente notificada y contenía mandatos expresos, razonables y proporcionales, orientados a revertir las situaciones antijurídicas previamente constatadas durante la etapa inspectiva. Por tanto, al no advertirse vulneración alguna a los principios del procedimiento administrativo sancionador, corresponde confirmar la sanción impuesta por la comisión de la referida infracción, desestimándose en consecuencia los alegatos formulados por la impugnante en su integridad.

Información Adicional

N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación

No contar con el registro de accidentes

de trabajo, enfermedades

1 Seguridad y ocupacionales, incidentes peligrosos y Numeral 27.6 del salud en el otros incidentes, en el que deben artículo 27° del RLGIT constar la investigación y las medidas trabajo correctivas de los hechos detallados en GRAVE

el numeral 4.30 del Acta de Infracción.

El sujeto inspeccionado no ha

Seguridad y acreditado que el Plan Covid 19 Numeral 27.7 del

2 salud en el actualizado cumpla con los requisitos artículo 27° del RLGIT

trabajo conforme a la normativa de la materia. GRAVE

3 Labor No cumplir con lo dispuesto en la Numeral 46.7 del inspectiva medida inspectiva de requerimiento de artículo 46° del RLGIT fecha 04 de julio de 2022. MUY GRAVE

POR TANTO

Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006- TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR.

SE RESUELVE:

PRIMERO. – Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por la Fabrica de Embutidos la Granjita E.I.R.L., en contra de la Resolución de Intendencia N° 307-2023- SUNAFIL/IRE-AQP, notificada el 03 de enero de 2024, emitida por la Intendencia Regional de Arequipa, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 744-2022-SUNAFIL/IRE-AQP, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

SEGUNDO. – CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 307-2023-SUNAFIL/IRE-AQP, en el extremo referente a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT.

TERCERO. – Declarar agotada la vía administrativa, respecto a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46° del RLGIT, debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa en las materias de su competencia.

CUARTO. – Notificar la presente resolución a la Fabrica de Embutidos la Granjita E.I.R.L., y a la Intendencia Regional de Arequipa, para sus efectos y fines pertinentes.

QUINTO. – Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).

LUIS GABRIEL PAREDES MORALES

20260304MABJ – HR: 28017-2022