| Resolución N° | 0196-2023-SUNAFIL/TFL-Primera Sala |
|---|---|
| Expediente sancionador | 027-2021-SUNAFIL/IRE-ICA |
| Procedencia | INTENDENCIA REGIONAL DE ICA |
| Impugnante | Corporación Agrícola Milagritos S.A.C |
| Acto impugnado | RESOLUCIÓN DE INTENDENCIA N° 030-2022- |
| Materia | LABOR INSPECTIVA |
| Región | Ica |
| Fecha | 06 de marzo de 2023 |
El fallo
SE RESUELVE:
PRIMERO. – Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por CORPORACIÓN AGRÍCOLA MILAGRITOS S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 030-2022-SUNAFIL/IRE-ICA, de fecha 29 de marzo de 2022, emitida por la Intendencia Regional de Ica, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 027-2021-SUNAFIL/IRE-ICA, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.
SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 030-2022-SUNAFIL/IRE-ICA, en el extremo referido a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.
TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.
CUARTO. - Notificar la presente resolución a CORPORACIÓN AGRÍCOLA MILAGRITOS S.A.C. y a la Intendencia Regional de Ica, para sus efectos y fines pertinentes.
QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).
KATTY ANGÉLICA CABALLERO SEGA
20230301RAN
Texto de la resolución
Antecedentes
Mediante Orden de Inspección N° 2136-2020-SUNAFIL/IRE-ICA, se dio inicio a las actuaciones inspectivas de investigación, con el objeto de verificar el cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud en el trabajo (en adelante, SST)1, que culminaron con la emisión del Acta de Infracción N° 11-2021-SUNAFIL/IRE-ICA (en adelante, el Acta de Infracción), mediante la cual se propuso sanción económica a la impugnante por la comisión, entre otra, de una (01) infracción muy grave a la labor inspectiva, por incumplir con la medida inspectiva de requerimiento notificada el día 30 de diciembre de 2020, en
1 Se verificó el cumplimiento sobre las siguientes materias: Gestión Interna de Seguridad y Salud en el Trabajo (Sub materias: Libros de Actas de Seguridad y Salud en el Trabajo, Comité (o Supervisor) de Seguridad y Salud en el Trabajo, Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo); Estándares de Higiene Ocupacional (Sub materias: Comedor – vestuario – servicios higiénicos y Botiquín); Condiciones de Seguridad: En lugares de trabajo, instalaciones civiles y maquinaria (Sub materias: Condiciones seguridad, Avisos y señales de seguridad); Equipos de protección personal (Sub materia: Incluye todas); Formación e Información sobre seguridad y salud en el trabajo (Sub materia: Incluye todas) e Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (IPER) (Sub materia: Prevención de Riesgos).
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razón del “Operativo de Fiscalización en SST - Sector Agrario – Diciembre 2020” llevado a cabo por la Intendencia Regional de Ica.
Que, mediante Imputación de Cargos N° 28-2021-SUNAFIL/SIAI-IRE-ICA, de fecha 15 de febrero de 2021, notificada el 17 de febrero de 2021, se dio inicio a la etapa instructiva, remitiéndose el Acta de Infracción y otorgándose un plazo de cinco (05) días hábiles para la presentación de los descargos, de conformidad con lo señalado en el literal e) del numeral 53.2 del artículo 53 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo – Decreto Supremo N° 019-2006-TR (en adelante, el RLGIT).
De conformidad con el literal g) del numeral 53.2 del artículo 53 del RLGIT, la autoridad instructora emitió el Informe Final de Instrucción N° 57-2021-SUNAFIL/SIAI-IRE-ICA, de fecha 20 de marzo de 2021 (en adelante, el Informe Final), que determinó la existencia de las conductas infractoras imputadas a la impugnante, recomendando continuar con el procedimiento administrativo sancionador. Por lo cual procedió a remitir el Informe Final y los actuados a la Sub Intendencia de Resolución de la Intendencia Regional de Ica, la cual mediante Resolución de Sub Intendencia N° 274-2021-SUNAFIL/IRE-SIRE-ICA, de fecha 12 de noviembre de 2021, notificada el 15 de noviembre de 2021, multó a la impugnante por la suma de S/ 338,195.00, por haber incurrido en las siguientes infracciones:
- Una (01) infracción GRAVE en materia de seguridad y salud en el trabajo, por contar con comedores en condiciones sanitarias inadecuadas y servicios higiénicos no diferenciados, tipificada en el numeral 27.9 del artículo 27 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 112,316.00.
- Una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, por no haber cumplido con la medida inspectiva de requerimiento notificada el día 30 de diciembre de 2020, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT. Imponiéndole una multa ascendente a S/ 225,879.00.
Con fecha 06 de diciembre de 2021, la impugnante interpuso recurso de apelación contra la Resolución de Sub Intendencia N° 274-2021-SUNAFIL/IRE-SIRE-ICA, argumentando lo siguiente:
i. Del contenido de la resolución sancionadora, se debe desprender una motivación detallada y sustentada con hechos y pruebas, para determinar que la supuesta conducta infractora cometida ha comprendido a cada uno de los 1,681 trabajadores, pues en base a ello se determina la cuantía de la multa. Sin embargo, la impugnante alega que ello no ha sucedido, sobre todo si en las visitas inspectivas realizadas no verificó adecuadamente la totalidad de los comedores del fundo, contraviniendo las normas que regulan un debido procedimiento.
ii. Asimismo, sostiene que contraviene el principio de tipicidad, al evidenciar una incorrecta aplicación del numeral 27.9 del artículo 27 del RLGIT pues, en ella, no fundamenta sus razones por las cuales se trataría de un grave riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores, respecto a las condiciones de los comedores.
iii. También, señala que no toma en consideración el principio de legalidad, al no mencionar alguna norma o referente objetivo que determine con exactitud cuáles son las condiciones que determinaban que un comedor sea o no adecuado.
iv. Sostiene que no se ha valorado adecuadamente la presentación de medios probatorios por parte de la Sub Intendencia de Resolución; por ejemplo, se resta mérito a las características técnicas de la instalación temporal de la tela arpillera en el suelo de los comedores como primera fase del proceso de mejora de las condiciones de éstos, sin justificarse en documentos técnicos especializados o estudios, entre otras.
v. Respecto a la infracción por no cumplir con la medida inspectiva de requerimiento, señala que no es razonable que se gradúe la multa, en base a los 1,681 trabajadores; así como tampoco es razonable el plazo otorgado para implementar totalmente una nueva infraestructura de los comedores.
vi. Por último, señala que debe aplicarse los principios de concurso de infracciones y non bis in ídem, que tiene la finalidad de imputar la infracción más grave y que no existe doble sanción por lo mismo.
Mediante Resolución de Intendencia N° 030-2022-SUNAFIL/IRE-ICA, de fecha 29 de marzo de 20222, la Intendencia Regional de Ica, declaró fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por la impugnante, adecuando el monto de la multa a S/ 259,573.80, por considerar los siguientes puntos:
i. Respeto al número de trabajadores afectados, se observa de la web de SUNAT que la impugnante, en diciembre de 2020 (período fiscalizado), contaba con un total de 2166 trabajadores, pero la inspección determinó únicamente a 1681 trabajadores en calidad de obreros de campo, a quienes les causa perjuicio directo el hecho de que no cuente con comedores en buenas y adecuadas condiciones de sanidad.
ii. Respecto de la medida inspectiva de requerimiento y a la razonabilidad del plazo otorgado, a juicio y criterio de los inspectores, 08 días hábiles resultaría más que suficiente para la enmienda, por lo que no se resta mérito al hecho de que la impugnante haya implementado un nuevo comedor para los trabajadores obreros, sin embargo, lo establecido por los inspectores responde a un hecho que pudo subsanarse en el plazo otorgado sin la necesidad de implementar un comedor distinto, que demoraría mucho más tiempo en su construcción.
iii. Respecto de la tipificación propuesta, la Intendencia observa que el incumplimiento imputado a la impugnante responde a contar con comedores sin condiciones adecuadas de sanidad, al derivar de un riesgo para la salud de los trabajadores obreros de campo, encontrándose correctamente subsumida esta conducta en el numeral 27.9 del artículo 27 del RLGIT, al vulnerarse lo dispuesto en el literal f) del artículo 37 de la Resolución Ministerial N° 375-2008-TR.
2 Notificada a la impugnante el 31 de marzo de 2022, véase folios 272 del expediente sancionador.
iv. Respecto de la implementación de nuevos comedores, observa que la tela arpillera colocada en el suelo de los comedores no resultó ser la medida más adecuada para evitar el polvo, ya que únicamente favorecería la generación de tropiezos en los trabajadores, generado así un accidente de trabajo.
v. Sostiene que el Informe N° 01-2022/SUP de SST presentado por la impugnante da cuenta de la implementación de un nuevo comedor, en donde se advierte que las instalaciones cuentan con pisos de cemento, que facilitan la limpieza y reducen la generación de polvo, paredes de malla, iluminación natural y artificial, señales preventivas frente al COVID-19, entre otros.
vi. En tanto que detecta que esta implementación es progresiva, a la fecha de emisión de la resolución de Intendencia, este comedor se encuentra finalizado, enmendándose lo advertido por los inspectores comisionados en las actuaciones inspectivas llevadas a cabo a razón de la orden de inspección N° 2136-2020.
vii. Por ello, señala que se debe reformar la sanción impuesta por la autoridad de primera instancia, al encontrarse dentro de los presupuestos requeridos por el artículo 40 de la LGIT.
Con fecha 21 de abril de 2022, la impugnante presentó ante la Intendencia Regional de Ica el recurso de revisión en contra de la Resolución de Intendencia N° 030-2022-SUNAFIL/IRE- ICA, solicitando el uso de la palabra.
La Intendencia Regional de Ica admitió a trámite el recurso de revisión y elevó los actuados al Tribunal de Fiscalización Laboral, mediante MEMORANDUM-000332-2022-SUNAFIL/IRE- ICA, recibido el 27 de abril de 2022 por el Tribunal de Fiscalización Laboral.
De La Competencia Del Tribunal De Fiscalización Laboral
Mediante el artículo 1 de la Ley N° 299813, se crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (en adelante, SUNAFIL), disponiéndose en el artículo 7 de la misma Ley, que, para el cumplimiento de sus fines, la SUNAFIL contará dentro de su estructura orgánica con un Tribunal de Fiscalización Laboral.
Asimismo, de conformidad con el artículo 15 de la Ley N° 299814, en concordancia con el artículo 41 de la Ley General de Inspección del Trabajo5 (en adelante, LGIT), el artículo 17
3 “Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), modifica la Ley 28806, Ley General de Inspección del Trabajo, y la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Artículo 1. Creación y finalidad Créase la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), en adelante SUNAFIL, como organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, responsable de promover, supervisar y fiscalizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico sociolaboral y el de seguridad y salud en el trabajo, así como brindar asesoría técnica, realizar investigaciones y proponer la emisión de normas sobre dichas materias.” 4 “Ley N° 29981, Artículo 15. Tribunal de Fiscalización Laboral El Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver en las materias de su competencia. El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión. Expide resoluciones que constituyen precedentes de observancia obligatoria que interpretan de modo expreso y con carácter general el sentido de la legislación bajo su competencia. (…)”. 5 "Ley N° 28806, Ley General de Inspección del Trabajo Artículo 41.- Atribución de competencias sancionadoras (…)
del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR6, y el artículo 2 del Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR7 (en adelante, el Reglamento del Tribunal), el Tribunal de Fiscalización Laboral es un órgano resolutivo con independencia técnica para resolver con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión, constituyéndose en última instancia administrativa.
Del Recurso De Revisión
El artículo 217 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobada por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), establece que frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce o lesiona un derecho o interés legítimo, procede la contradicción en la vía administrativa mediante recursos impugnativos, identificándose dentro de éstos al recurso de revisión, entre otros. A diferencia de los otros recursos establecidos en dicha Ley, para su interposición, el legislador debe de otorgarle esta facultad al administrado mediante una ley o decreto legislativo específico, siéndole aplicable los términos generales para los recursos impugnativos, esto es, que el término de su interposición y el plazo para su resolución -en días hábiles- es de quince (15) y treinta (30) días, respectivamente.
Así, el artículo 49 de la LGIT, modificado por el Decreto Legislativo N° 1499, define al recurso de revisión como un recurso administrativo del procedimiento administrativo sancionador con carácter excepcional, interpuesto ante la autoridad que resolvió en segunda instancia a efectos de que lo eleve al Tribunal de Fiscalización Laboral, estableciéndose en el artículo
El Tribunal de Fiscalización Laboral resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que se interponga recurso de revisión. Las causales para su admisión se establecen en el reglamento. El pronunciamiento en segunda instancia o el expedido por el Tribunal de Fiscalización Laboral, según corresponda, agotan con su pronunciamiento la vía administrativa.” 6 “Decreto Supremo N° 010-2022-TR, Decreto Supremo que aprueba la Sección Primera del Reglamento de Organización y Funciones de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL Artículo 17. Instancia Administrativa El Tribunal constituye última instancia administrativa en los casos que son sometidos a su conocimiento, mediante la interposición del recurso de revisión” 7 “Decreto Supremo N° 004-2017-TR. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral Artículo 2.- Sobre el Tribunal El Tribunal es un órgano colegiado que resuelve, con carácter excepcional y con competencia sobre todo el territorio nacional, los procedimientos sancionadores en los que proceda la interposición del recurso de revisión, según lo establecido en la Ley y el presente Reglamento. Sus resoluciones ponen fin a la vía administrativa. El Tribunal tiene independencia técnica en la emisión de sus resoluciones y pronunciamientos, no estando sometido a mandato imperativo alguno. Los pronunciamientos que así se determinen en Sala Plena del Tribunal constituyen precedentes administrativos de observancia obligatoria para todas las entidades conformantes del Sistema.”
55 del RLGIT, modificado por Decreto Supremo N° 016-2017-TR, que los requisitos de admisibilidad y procedencia se desarrollarían en el Reglamento del Tribunal.
El Reglamento del Tribunal establece que la finalidad del recurso de revisión es “la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral al caso concreto y la uniformidad de los pronunciamientos del Sistema. Se sustenta en la inaplicación, así como en la aplicación o interpretación errónea de las normas de derecho laboral, o en el apartamiento inmotivado de los precedentes de observancia obligatoria del Tribunal. El recurso de revisión se interpone contra las resoluciones de segunda instancia emitidas por autoridades del Sistema que no son de competencia nacional, que sancionan las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias”8.
En ese sentido, es el mismo reglamento el que delimita la competencia del Tribunal a las infracciones muy graves previstas en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, aprobado por Decreto Supremo Nº 019-2006-TR, y sus normas modificatorias, estableciéndose en el artículo 17 del Reglamento del Tribunal que se encuentra facultado para rectificar, integrar, excluir e interpretar la resolución emitida por la segunda instancia administrativa, debiendo motivar la realización de cualquiera de las acciones antes descritas.
En esta línea argumentativa, la adecuada aplicación del ordenamiento jurídico sociolaboral comprende también la adecuación a la Constitución, a las leyes y al derecho, de conformidad con el principio de legalidad, que debe de caracterizar al comportamiento de las autoridades administrativas.
IV. DE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE REVISIÓN POR PARTE DE CORPORACIÓN AGRÍCOLA MILAGRITOS S.A.C.
De la revisión de los actuados, se ha identificado que CORPORACIÓN AGRÍCOLA MILAGRITOS S.A.C., presentó el recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 030-2022-SUNAFIL/IRE-ICA, emitida por la Intendencia Regional de Ica, que adecuó la sanción impuesta a S/ 259,573.80 por la comisión, entre otra, de una (01) infracción MUY GRAVE a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, dentro del plazo legal de quince (15) días hábiles, computados a partir del día hábil siguiente de la notificación de la citada resolución; el 01 de abril de 2022.
Así, al haberse identificado que el recurso interpuesto por el solicitante cumple con los requisitos legales previstos en el Reglamento del Tribunal y en las normas antes citadas, corresponde analizar los argumentos planteados por CORPORACIÓN AGRÍCOLA MILAGRITOS S.A.C.
Fundamentos Del Recurso De Revisión
Con fecha 21 de abril de 2022, la impugnante fundamenta su recurso de revisión contra la Resolución de Intendencia N° 030-2022-SUNAFIL/IRE-ICA, señalando los siguientes alegatos:
i. Refiere que la resolución de Sub Intendencia, así como la resolución impugnada aplican retroactivamente las normas legales que rigen la actividad agraria, pues considera que es obligatorio – para el sector Agrario – contar con un comedor a partir de la publicación
8 Decreto Supremo N° 016-2017-TR, artículo 14.
del Decreto Supremo N° 006-2021-TR; es decir, recién desde el 30 de marzo de 2021, siendo las fechas de emisión de la Medida Inspectiva de Requerimiento, del Acta de Infracción y de la Imputación de Cargos, previas a tal hecho, por lo que sostiene aún no se encontraba vigente tal obligación.
ii. Por ello, considera que se han vulnerado los principios de legalidad, irretroactividad y de predictibilidad o de confianza legítima, incurriéndose en un supuesto de nulidad por contravenir a la normativa vigente.
Análisis Del Recurso De Revisión
De conformidad con lo señalado en el fundamento 3.4 de la presente resolución, esta Sala sólo se pronunciará sobre los alegatos del recurso de revisión vinculados a las infracciones calificadas como muy graves, a la luz del precedente administrativo aprobado mediante Resolución de Sala Plena N° 002-2022-SUNAFIL/TFL, del 22 de abril de 2022, publicado el 06 de mayo de 2022 en el diario oficial El Peruano:
“6.8 Así, los expedientes sancionadores que se tramitan en el Sistema de Inspección del Trabajo no son, sin embargo, unos que permitan distinguir imputaciones que solamente contengan casos “muy graves”, “graves” o bien “leves”, siendo habitual que en los casos sometidos a este Tribunal se encuentren imputaciones que contemplen infracciones calificadas normativamente como “muy graves” y alguna o algunas más de distinto grado. Ante este tipo de plataformas impugnatorias, el Tribunal de Fiscalización Laboral se encuentra obligado a distinguir lo que es materia de su estricta competencia de aquello que no lo es, conforme con la normativa glosada.
En ciertos casos —como el que es objeto de la presente resolución—el recurso de revisión propone el análisis de infracciones a la labor inspectiva consistentes en el incumplimiento de la medida de requerimiento contenidas en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, pero las materias objeto de la medida de requerimiento son calificadas por la normativa como faltas “graves” o “leves”, lo que deposita a tales causas fuera de la competencia material de este Tribunal.
De esta forma, la evaluación de los recursos de revisión interpuestos contra sanciones administrativas por inejecución de medidas de requerimiento deberá circunscribirse a un análisis estrictamente referido a la proporcionalidad, razonabilidad y legalidad de tales medidas, sin invadir una competencia administrativa vedada, como son las infracciones calificadas como graves y leves, que en expedientes como el presente, han adquirido firmeza con la expedición (y notificación) de la resolución de segunda instancia” (el resaltado es nuestro).
En ese sentido, el análisis de la infracción calificada dentro del numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT solamente se realizará bajo estos alcances, toda vez que la impugnante sostiene que la medida ha sido emitida vulnerando el ordenamiento sociolaboral vigente, respecto de los principios de razonabilidad y proporcionalidad.
Sobre el deber de colaboración a la labor inspectiva y la medida inspectiva de requerimiento 6.3 Sobre el particular, el TUO de la LPAG establece que “la autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y, en general, todos los partícipes del procedimiento realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. La autoridad administrativa no puede actuar contra sus propios actos, salvo los supuestos de revisión de oficio contemplados en la presente Ley. Ninguna regulación del procedimiento administrativo puede interpretarse de modo tal que ampare alguna conducta contra la buena fe procedimental”9 (énfasis añadido). 6.4 Del mismo modo, el numeral 15.1 del artículo 15 del RLGIT establece que “durante el desarrollo de las actuaciones inspectivas los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos obligados al cumplimiento de las normas sociolaborales, prestarán la colaboración que precisen los inspectores del trabajo para el adecuado ejercicio de las funciones encomendadas, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 9 de la Ley”.
En ese sentido, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la LGIT: “los empleadores, los trabajadores y los representantes de ambos, así como los demás sujetos responsables del cumplimiento de las normas del orden sociolaboral, están obligados a colaborar con los Supervisores-Inspectores, los Inspectores del Trabajo y los Inspectores Auxiliares cuando sean requeridos para ello. En particular y en cumplimiento de dicha obligación de colaboración deberán: (...) e) Facilitarles la información y documentación necesarias para el desarrollo de sus funciones”.
Cabe señalar que, conforme al artículo 1 de la LGIT, las actuaciones inspectivas “son las diligencias que la Inspección del Trabajo sigue de oficio, con carácter previo al inicio del procedimiento administrativo sancionador, para comprobar si se cumplen las disposiciones vigentes en materia sociolaboral y poder adoptar las medidas inspectivas que en su caso procedan, para garantizar el cumplimiento de las normas sociolaborales”. Asimismo, “la función inspectiva, es entendida como la actividad que comprende el ejercicio de la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo”. En ese entendido, el comportamiento del inspector comisionado debe orientarse al cumplimiento de las funciones establecidas en la LGIT y su reglamento, tutelando el fin perseguido por dichas normas y debiendo adoptar medidas y acciones en el marco del principio de razonabilidad10.
En ese orden de ideas, los inspectores de trabajo se encuentran facultados a realizar sus labores orientadas a la vigilancia y exigencia del cumplimiento del ordenamiento sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, por lo que pueden adoptar acciones
9 TUO de la LPAG, Título Preliminar, Artículo IV, Numeral 1.8. 10 TUO de la LPAG, Título Preliminar, “Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: (…) 1.4. Principio de razonabilidad. - Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido.”
orientadas a ello, entre las que se encuentra la emisión de medidas inspectivas de requerimiento.
Así, el artículo 14 de la LGIT, establece:
“(…) Las medidas inspectivas de advertencia y requerimiento se reflejarán por escrito en la forma y modelo oficial que se determine reglamentariamente, debiendo notificarse al sujeto inspeccionado a la finalización de las actuaciones de investigación o con posterioridad a las mismas. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, requerirá al sujeto responsable de su comisión la adopción, en un plazo determinado, de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. En particular y en materia de prevención de riesgos laborales, requerirá que se lleven a cabo las modificaciones necesarias en las instalaciones, en el montaje o en los métodos de trabajo para garantizar el derecho a la seguridad y salud de los trabajadores. Los requerimientos que se practiquen se entienden siempre sin perjuicio de la posible extensión de acta de infracción y de la sanción que, en su caso, pueda imponerse” (el subrayado es añadido).
En similar sentido, el artículo 17 del RLGIT, establece en su numeral 17.2:
“Si en el desarrollo de las actuaciones de investigación o comprobatorias se advierte la comisión de infracciones, los inspectores del trabajo emiten medidas de advertencia, requerimiento, (…), según corresponda, a fin de garantizar el cumplimiento de las normas objeto de fiscalización (…)” (el subrayado es añadido).
Conforme lo establece el numeral 5.3 del inciso 5 del artículo 5 de la LGIT, “los inspectores del trabajo están investidos de autoridad y facultados para: requerir al sujeto responsable que, en un plazo determinado, adopte medidas en orden al cumplimiento de la normativa del orden sociolaboral, incluso con su justificación ante el inspector que ha realizado el requerimiento.” Sobre ello, el inciso 13.5 del artículo 13 del RLGIT establece que, “dichas medidas, se adoptan dentro del plazo establecido para la realización de las actuaciones de investigación o comprobatorias a que se refiere los numerales 13.3 y 13.4 del artículo 13 del mismo reglamento.”
A su vez, el numeral 20.3 del artículo 20 del RLGIT, ha establecido que “las medidas de requerimiento son órdenes dispuestas, por la inspección del trabajo, para el cumplimiento de las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo. Así como que éstas pueden consistir en ordenar al empleador, siempre que se fundamente en el incumplimiento de la normatividad legal vigente, la paralización o prohibición inmediata
de trabajo o tareas por inobservancia de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, entre otras.”
Como se evidencia de las normas glosadas, la naturaleza jurídica de la medida inspectiva de requerimiento es la de ser una medida correctiva que tiene como objeto revertir los efectos de la ilegalidad de la conducta cometida por el inspeccionado de manera previa al inicio del procedimiento administrativo sancionador (PAS).
Cabe indicar que, la inobservancia o incumplimiento de la medida de requerimiento genera la infracción calificada como muy grave a la labor inspectiva, prevista en el inciso 46.7 del artículo 46 del RLGIT, por no cumplir oportunamente con el requerimiento de la adopción de medidas para el cumplimiento de la normativa de orden sociolaboral. Asimismo, cabe precisar que, esta infracción a la labor inspectiva se generaría con independencia y en forma adicional a las identificadas dentro del marco de ejecución a la labor inspectiva en materias sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo. 6.14 En ese sentido, se aprecia que la medida inspectiva de requerimiento de fecha 30 de diciembre de 202011, dispuso lo siguiente:
Figura N° 01 Medida inspectiva de requerimiento
Consecuentemente, del expediente inspectivo se observa la recepción de la medida inspectiva de requerimiento por parte de los representantes de la impugnante12:
11 Véase folios 16 a 36 del expediente inspectivo. 12 Véase folio 36 del expediente inspectivo.
Figura 02: Notificación de la medida inspectiva de requerimiento
En ese orden de ideas, no se advierte del expediente inspectivo que la impugnante haya atendido dentro del plazo otorgado la medida inspectiva de requerimiento, incurriéndose en la vulneración a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT, la cual fue debidamente notificada.
Respecto de la presunta ilegalidad en el mandato contenido en la medida inspectiva de requerimiento, basado en la publicación a posteriori del Decreto Supremo N° 006-2021- TR, denominado “Reglamento de Negociación Colectiva y Condiciones Mínimas de Trabajo de la Ley Nº 31110, Ley del Régimen Laboral Agrario y de Incentivos para el Sector Agrario y Riego, Agroexportador y Agroindustrial”, toda vez que el artículo 16 de dicho reglamento desarrolla las características con las que debe de contar un comedor del sector; es importante señalar que a la fecha de emisión de la medida inspectiva de requerimiento ya se encontraban vigentes y obligatorias de cumplimiento otros dispositivos legales aplicables a la impugnante, tales como la Norma Básica de Ergonomía y de Procedimiento de Evaluación de Riesgos Disergonómicos (aprobada por Resolución Ministerial N° 375-2008-TR), así como los “Lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición al SARS-CoV-2” (aprobada por Resolución Ministerial N° 448-2020-MINSA), así como la propia Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, Ley N° 29783 la cual reconoce como un pilar fundamental y transversal al Principio de Prevención, entendido como la obligación que tiene el empleador de garantizar que la permanencia del trabajador en el centro de labores así como el desempeño de las funciones asignadas no van a significar en él un menoscabo en su salud, en su bienestar o la pérdida de la vida en un caso extremo; por el contrario, las condiciones de trabajo deben de permitirle su realización como persona y garantizar el alcance del bienestar social13.
13 Lo cual se encuentra estrechamente vinculado al artículo 22 de nuestra Carta Magna, el cual refiere que “el trabajo es un deber y un derecho. Es la base del bienestar social y un medio de realización de la persona.”
En ese sentido, no es invocable el señalar - como una supuesta vulneración a la legalidad por parte de la medida inspectiva de requerimiento - que recién a partir de la publicación del reglamento contenido en el Decreto Supremo N° 006-2021-TR eran exigibles las obligaciones relativas a contar con un comedor con condiciones mínimas, conforme lo identificó el inspector comisionado y la propia impugnante lo reconoció, a través de la implementación de un comedor con condiciones adecuadas, conforme lo señala en el Informe N° 01-2022/SUP de SST.
Por ello, no se identifica una presunta vulneración al principio de legalidad identificado, ni mucho menos la aplicación retroactiva de una norma aduciendo que una obligación – que antecede a la emisión de la misma – recién se encuentra contenida en uno de sus artículos.
Tampoco se observa la relación con los otros principios invocados (predictibilidad y confianza legítima) por la impugnante, no correspondiendo amparar lo señalado en el presente recurso de revisión.
Información Adicional
Finalmente, a título informativo se señala que, conforme fluye del expediente remitido, las multas subsistentes como resultado del procedimiento administrativo sancionador serían las que corresponden a las siguientes infracciones:
N° Materia Conducta infractora Tipificación legal y clasificación Relaciones Laborales Contar con comedores en condiciones sanitarias inadecuadas. Numeral 27.9 del artículo 27 del RLGIT
GRAVE Labor inspectiva Incumplimiento de la medida inspectiva de requerimiento notificada el día de diciembre de 2020. Numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT
MUY GRAVE
Cabe precisar que este detalle se provee a título informativo y cualquier error de hecho o de derecho durante la tramitación del expediente que resultara en un error, omisión o imprecisión en las materias, cantidad, conducta, tipificación legal, clasificación o cuantía, resulta de exclusiva responsabilidad de la Intendencia respectiva.
POR TANTO
Por las consideraciones expuestas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29981 – Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, la Ley N° 28806 – Ley General de Inspección del Trabajo, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 019-2006-TR, el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL, aprobado por Decreto Supremo N° 010-2022-TR y el Reglamento del Tribunal de Fiscalización Laboral, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2017-TR;
SE RESUELVE:
PRIMERO. – Declarar INFUNDADO el recurso de revisión interpuesto por CORPORACIÓN AGRÍCOLA MILAGRITOS S.A.C., en contra de la Resolución de Intendencia N° 030-2022-SUNAFIL/IRE-ICA, de fecha 29 de marzo de 2022, emitida por la Intendencia Regional de Ica, dentro del procedimiento administrativo sancionador recaído en el expediente sancionador N° 027-2021-SUNAFIL/IRE-ICA, por los fundamentos expuestos en la presente resolución.
SEGUNDO. - CONFIRMAR la Resolución de Intendencia N° 030-2022-SUNAFIL/IRE-ICA, en el extremo referido a la infracción muy grave a la labor inspectiva, tipificada en el numeral 46.7 del artículo 46 del RLGIT.
TERCERO. - Declarar agotada la vía administrativa debido a que el Tribunal de Fiscalización Laboral constituye última instancia administrativa.
CUARTO. - Notificar la presente resolución a CORPORACIÓN AGRÍCOLA MILAGRITOS S.A.C. y a la Intendencia Regional de Ica, para sus efectos y fines pertinentes.
QUINTO. - Disponer la publicación de la presente resolución en el portal institucional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral – SUNAFIL (www.gob.pe/sunafil).
KATTY ANGÉLICA CABALLERO SEGA
20230301RAN
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